B.IA.LEGAL

SCP 0498/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de agosto de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
20 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
51761-2022-104-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; toda vez que, estando desempeñando funciones en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en mérito a la suscripción de varios contratos a plazo fijo, a la conclusión del último se les comunicó que no se procedería con su renovación; por tal motivo, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, instancia que a través de su titular emitió las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 -para Alberto Cruz Zelaes- y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022 -para Marisabel Dina Tarifa Maceda-ambas de 4 de abril, las cuales dispusieron su reincorporación por estabilidad al mismo puesto que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les correspondan; empero, pese a que posteriormente suscribieron nuevos contratos con la indicada entidad edil, sus salarios devengados no fueron cancelados; por tal circunstancia alegan que lo establecido en las referidas Conminatorias fue incumplido en su integridad; por esa situación acuden a la vía constitucional en resguardo de sus derechos y garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 289/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación al derecho a la remuneración justa, disponiendo el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales a favor Alberto Cruz Zelaes y Marisabel Dina Tarifa Maceda, conforme a lo dispuesto por la citada Sala Constitucional; 2° DENEGAR la tutela respecto a los derechos al trabajo, estabilidad laboral y a la seguridad social; y, 3° Llamar la atención a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones señaladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciadas a través de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0498/2024-S2 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51761-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 289/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Cruz Zelaes y Marisabel Dina Tarifa Maceda contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de septiembre y 11 de octubre de 2022, cursantes de fs. 43 a 52 y 57 a 61 vta., los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo ingresado a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Alberto Cruz Zelaes desde el 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021 -como Asistente Administrativo en la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana- y Marisabel Dina Tarifa Maceda desde el 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 -en el cargo de Asistente Administrativo en la Dirección de Prevención Social y Comunitaria de la mencionada Secretaría-, suscribieron cada uno cinco contratos a plazo fijo con la citada entidad municipal; no obstante, a la conclusión de estos, se les comunicó que no se renovarían los mismos. Ante dicha circunstancia, reclamaron ese aspecto ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, entidad que a través de su titular emitió las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 -para Alberto Cruz Zelaes- y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022 -para Marisabel Dina Tarifa Maceda-, ambas de 4 de abril, que dispusieron su reincorporación por estabilidad laboral al mismo puesto que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les corresponda; empero, lejos de cumplir lo dictaminado por las indicadas decisiones administrativas y pese a la existencia de los Informes J.D.T.L.P.-BDFB-VR-167/2022 y J.D.T.L.P.-BDFB-VR-176/2022, ambos de 8 de junio, los cuales concluyeron que el referido Gobierno Autónomo Municipal incumplió lo ordenado; dicha entidad edil interpuso contra las citadas Conminatorias recursos de revocatoria el 4 y 11 de mayo de ese año, que a su vez fueron resueltos mediante las Resoluciones Administrativas (RRAA) 366-22 de 1 de junio del referido año y 379-22 de 8 de igual mes y año, que rechazaron los señalados recursos planteados, confirmando en consecuencia las citadas determinaciones laborales. Posteriormente, ante la convocatoria realizada por parte de la mencionada institución municipal, a efecto de proceder con su reincorporación, se realizó la suscripción de su contrato -el 7 de septiembre de 2022 con Marisabel Dina Tarifa Maceda y el 8 de ese mes y año, con Alberto Cruz Zelaes-; sin embargo, respecto al pago de salarios devengados, la referida entidad edil manifestó que aquellos no serían cancelados, debiendo sus personas limitarse solamente a la firma de su nuevo contrato; por tal motivo, si bien se procedió con la reinserción a sus fuentes laborales; empero, no se cumplió a cabalidad las indicadas Conminatorias con relación a la cancelación de haberes devengados; situación por la cual, acuden a la vía constitucional en resguardo de sus derechos y garantías presuntamente lesionados

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa, a la estabilidad laboral y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 46, 48.II y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo la liquidación y el pago inmediato de los salarios devengados, y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación efectiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Habiéndose celebrado la audiencia pública virtual el 3 de noviembre de 2022; empero, al no constar el acta respectiva; toda vez que, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no adjuntó la misma; al respecto, se extrae de la Resolución 289/2022 de la indicada fecha, que se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido íntegro de su demanda tutelar presentada.

I.2.2. Informe del demandado

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante su representante a través de informe escrito presentado el 3 de noviembre de 2022, cursante de fs. 70 a 77, señaló que: a) En mérito a la naturaleza contractual, no existe la posibilidad de transformar un contrato de plazo fijo en uno indefinido; más aún, teniendo en cuenta que los accionantes ingresaron a trabajar en la referida institución edil como personal eventual, situación que se realizó previo requerimiento presupuestario de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de dicho ente municipal; b) Los prenombrados no pueden solicitar una recontratación indefinida ni el pago de sueldos devengados sin haberse sujetado a lo establecido por el presupuesto institucional del mencionado Gobierno Autónomo Municipal; c) Respecto al derecho a la estabilidad laboral que asiste a los peticionantes de tutela, el mismo fue resguardado durante la vigencia de cada uno de los contratos suscritos con la citada entidad edil; d) En ningún momento existió un despido injustificado en contra de los nombrados; puesto que, lo acontecido en cada caso fue la finalización de la relación contractual; e) En cuanto a la aplicación de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, corresponde precisar que el alcance de la misma está limitado solamente para empresas privadas y aquellas que se encuentren en el ámbito de competencia de la Ley General del Trabajo; circunstancia por la cual, la mencionada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede ser aplicada dentro de las contrataciones de personal que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; f) Las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022, aparte de ser infundadas e inmotivadas, presentaron errores en el fondo; dado que, por medio de estas no sería posible “…OBLIGAR A LA ALCALDÍA AL PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS COMO ACCESORIOS A LA REINCORPORACIÓN POR CUANTO ESTOS SON HECHOS CONTROVERTIDOS…” (sic); y, g) Los solicitantes de tutela al haber sido restituidos en su fuente laboral, no pueden ahora aperturar la vía constitucional para impetrar el cumplimiento de las mencionadas Conminatorias; toda vez que, este mecanismo de defensa no es procedente cuando existen hechos superados.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 289/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 83 a 87 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que el demandado dentro del tercer día hábil de notificado con este fallo genere procedimiento administrativo para liquidar y cancelar los salarios devengados a los accionantes, conforme a lo establecido en las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022; y, denegó respecto a la reincorporación de los mencionados; con base en los siguientes fundamentos: 1) Los prenombrados al suscribir nuevo contrato eventual con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, materializaron su reincorporación laboral; toda vez que, los mismos merced a la firma de dicho documento, se encontrarían desarrollando sus actividades como Asistentes Administrativos; y, 2) En relación a la solicitud de salarios devengados y otros beneficios que otorga una relación laboral; estos al no haber sido cancelados, corresponde que sean honrados, a efectos de dar cumplimiento efectivo a lo establecido en las mencionadas Conminatorias. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el demandado mediante su representante, a través de memorial presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante a fs. 89 y vta., pidió se complemente y aclare los siguientes extremos: i) Por qué la Resolución 289/2022 hizo referencia a la existencia de un despido injustificado; y, ii) “…en que consiste la fundamentación de la conminatoria por cuanto, no se verifica como se señaló en audiencia se haya desvirtuado la aplicación del art. 6to del Estatuto del Funcionario Público, art. 60 del D.S. 26115 y la normativa interna representada por el Decreto Municipal 007 que aprueba el Reglamento Para La Contratación de Personal Eventual en el GAMLP” (sic); en sustanciación y resolución, la mencionada Sala Constitucional declaró “NO HA LUGAR” a dicha solicitud, argumentando que el fallo emitido al contener argumentos claros, no advirtió elemento alguno para ser objeto de aclaración o complementación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022, ambas de 4 de abril -notificadas el 26 de abril de ese año-, Boris Douglas Fernández Bernal, Jefe Departamental de Trabajo La Paz a.i. conminó a Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -demandado-, a reincorporar a Alberto Cruz Zelaes y Marisabel Dina Tarifa Maceda -accionantes-, al mismo cargo que ocupaban al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que les correspondan (fs. 3 a 5 vta. y 25 a 27). II.2. A través de Informes J.D.T.L.P.-BDFB-VR-167/2022 y J.D.T.L.P.-BDFB-VR-176/2022, ambos de 8 de junio -de verificación de reincorporación-, Jaime Walter Alay Alay, Inspector de la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, concluyó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dio cumplimiento a las mencionadas Conminatorias (fs. 6 y vta.; y, 29 y vta.). II.3. Por Resolución Administrativa (RA) 366-22 de 1 de junio de 2022, el Jefe Departamental de Trabajo La Paz a.i., resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto el 4 de mayo de ese año, por el demandado a través de su representante; y en consecuencia, determinó confirmar la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 (fs. 31 a 32 vta.). II.4. Mediante RA 379-22 de 8 de junio de 2022, el mencionado Jefe Departamental, rechazó el recurso de revocatoria presentado el 11 de mayo de igual año por el demandado a través de su representante, disponiendo confirmar la Conminatoria J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022 (fs. 8 a 10). II.5. Cursa Contrato Eventual Para Personal No Permanente C-5471 suscrito el 7 de septiembre de 2022, entre Roger Alejandro Vásquez Paredes, Director de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Marisabel Dina Tarifa Maceda (fs. 21). II.6. Consta Contrato Eventual Para Personal No Permanente C-5491 de 8 de septiembre de 2022, entre el supra referido Director de Gestión de RR.HH. y Alberto Cruz Zelaes (fs. 42).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; toda vez que, estando desempeñando funciones en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en mérito a la suscripción de varios contratos a plazo fijo, a la conclusión del último se les comunicó que no se procedería con su renovación; por tal motivo, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, instancia que a través de su titular emitió las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 -para Alberto Cruz Zelaes- y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022 -para Marisabel Dina Tarifa Maceda-ambas de 4 de abril, las cuales dispusieron su reincorporación por estabilidad al mismo puesto que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les correspondan; empero, pese a que posteriormente suscribieron nuevos contratos con la indicada entidad edil, sus salarios devengados no fueron cancelados; por tal circunstancia alegan que lo establecido en las referidas Conminatorias fue incumplido en su integridad; por esa situación acuden a la vía constitucional en resguardo de sus derechos y garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciadas a través de la acción de amparo constitucional

La SCP 0730/2021-S2 de 3 de noviembre, sostuvo que: “La Sala Plena del Tribunal Constitucional, en el marco de su facultad establecida en el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), ante la existencia de precedentes contradictorios sobre el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, estableciendo en su primer punto: ʽ1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de las trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones’, línea jurisprudencial que respecto al alcance de esa resolución laboral establece: ‘La jurisprudencia constitucional determina las siguientes subreglas ante el planteamiento de una acción de amparo constitucional solicitando el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación: i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas’” (las negrillas y subrayado son nuestros).

III.2. Análisis del caso concreto

De los hechos que motivan la presente acción tutelar se tiene que, los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa, a la estabilidad laboral y a la seguridad social; toda vez que, estando desempeñando funciones en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en mérito a la suscripción de varios contratos a plazo fijo, a la conclusión del último se les comunicó que no se procedería con su renovación; por ello, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, instancia que a través de su titular emitió las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 -para Alberto Cruz Zelaes- y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022 -para Marisabel Dina Tarifa Maceda-, ambas de 4 de abril, que determinaron su reincorporación por estabilidad al mismo puesto que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les correspondan; empero, pese a que posteriormente suscribieron nuevo contrato con el indicado ente edil, sus salarios devengados no fueron cancelados; por esa circunstancia, alegan que lo establecido en las referidas Conminatorias no fue cumplido de manera total; por tal situación, acuden a la vía constitucional en resguardo de sus derechos y garantías. De la compulsa de los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se tienen las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022, mediante las cuales se conminó al demandado a reincorporar a los peticionantes de tutela al mismo cargo que ocupaban al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que les correspondan (Conclusión II.1); así como, los Informes J.D.T.L.P.-BDFB-VR-167/2022 y J.D.T.L.P.-BDFB-VR-176/2022, ambos de 8 de junio -de verificación de reincorporación-, emitidos por Jaime Walter Alay Alay, Inspector de la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, en los que se establecieron que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dio cumplimiento a las citadas Conminatorias (Conclusión II.2); contando las RRAA 366-22 de 1 de junio y 379-22 de 8 del mismo mes y año, a través de las cuales el Jefe Departamental de Trabajo La Paz a.i. resolvió rechazar los recursos de revocatoria interpuestos por el demandado mediante su representante (Conclusiones II.3 y 4); cursando finalmente Contratos Eventuales Para Personal No Permanente C-5471 y C-5491 de 7 y 8 de septiembre de 2022, suscritos entre el Director de Gestión de RR.HH. de dicho ente edil y los impetrantes de tutela (Conclusiones II.5 y 6). Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y en atención a la vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, resulta preciso aclarar los alcances de su aplicabilidad; por tanto, este Tribunal considera necesario establecer que dicha normativa que ingresó en vigencia el 3 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las jefaturas departamentales y/o regionales de trabajo, con anterioridad a la vigencia de la citada Ley; en cuyo caso, las denuncias presentadas a la justicia constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores a la mencionada fecha y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de seis meses previsto en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), deberán resolverse en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 495 de 1 de mayo de 2010 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, considerando que las conminatorias de reincorporación laboral deben ser cumplidas en su integridad. En ese marco, de acuerdo al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional se tiene que, el alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de las trabajadoras y trabajadores, que contempla además de la reincorporación laboral el pago de salarios devengados, así como otros derechos sociales, en mérito al entendimiento asumido en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, vela por el cumplimiento integral de la misma sin omitir ninguna de sus determinaciones; razón por la que, en el marco de la labor de unificación jurisprudencial efectuada por este Tribunal a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, la SCP 0730/2021-S2 en lo concerniente al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral estableció que: “…vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas” (resaltado y subrayado añadidos). En el caso de autos, la problemática venida en revisión, refiere al reclamo efectuado por los accionantes, quienes denuncian que habiendo desempeñado funciones en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en mérito a la suscripción de cinco contratos a plazo fijo, a la conclusión del último, se les comunicó que no se procedería con su renovación; por tal motivo, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz; instancia que a través de su titular emitió las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 -para Alberto Cruz Zelaes- y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022 -para Marisabel Dina Tarifa Maceda-, disponiendo su reincorporación por estabilidad al mismo puesto que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les correspondan; no obstante, lejos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada entidad laboral respecto a la reincorporación de los prenombrados, y pese a la existencia de los Informes J.D.T.L.P.-BDFB-VR-167/2022 y J.D.T.L.P.-BDFB-VR-176/2022, que concluyeron el incumplimiento de dichas determinaciones, el demandado a través de su representante interpuso contra las citadas Conminatorias recursos de revocatoria el 4 y 11 de mayo de 2022; los cuales a su vez, fueron resueltos a través de las RRAA 366-22 y 379-22, que determinaron rechazar los recursos indicados, confirmando en consecuencia lo dictaminado en las Conminatorias. Sin embargo, pese a lo acontecido, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el 7 y 8 de septiembre de 2022, procedió a suscribir nuevos contratos eventuales para personal no permanente con los impetrantes de tutela; empero, en relación a los salarios devengados, la citada entidad edil manifestó que estos no serían cancelados; por esa situación, alegando un incumplimiento a lo establecido en las referidas Conminatorias, los nombrados acuden a la vía constitucional en resguardo de sus derechos y garantías presuntamente lesionados. En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes desarrollados ut supra, y en mérito a la documentación inserta en el legajo procesal, si bien se establece que a través de la suscripción de nuevos contratos con los accionantes, por parte del indicado Gobierno Autónomo Municipal, se habría procedido con la reincorporación laboral de los mismos, no se evidencia que se haya realizado la cancelación de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les corresponda siendo que ello era un componente de la Conminatoria; toda vez que, dicho aspecto no fue considerado al momento de efectivizar la recontratación de los mencionados; circunstancia por la cual, en virtud a lo acontecido, se constata que el demandado lesionó el derecho a la remuneración justa invocado por los peticionantes de tutela; debido a que, actuó en franca contradicción a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al no cumplir de manera íntegra lo dispuesto en las Conminatorias de reincorporación; por tal razón, impele conceder la tutela solicitada, solamente en cuanto al pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les correspondan a los prenombrados; en virtud al fiel y exacto cumplimiento de las Conminatorias J.D.T.-L.P. /BDFB/ 174/2022 y J.D.T.-L.P. /BDFB/ 175/2022, aclarando que la justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si en las mencionadas determinaciones laborales se efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación de los solicitantes de tutela y el pago de salarios devengados de los mismos; ya que, teniendo en cuenta que a la vía constitucional solamente le corresponde velar por el cumplimiento integral de las conminatorias, sin omitir ninguna de sus determinaciones alegadas en las mismas. En ese marco, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es necesario precisar que la conminatoria de reincorporación laboral no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o del trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de la tutela; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como del trabajador. Finalmente, en cuanto a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social invocados, no corresponde efectuar mayor pronunciamiento alguno, concediéndose la tutela únicamente por el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, conforme se tiene explicado precedentemente, por lo que al respecto se debe denegar su tutela.

III.3. Otras consideraciones

En relación a la remisión de obrados que les corresponde cumplir a los vocales constitucionales, tribunales y jueces de garantías ante este Tribunal, el art. 38 del CPCo, establece que: “…La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución. El Auto de aclaración, enmienda o complementación, si lo hubiere, será elevado al Tribunal Constitucional Plurinacional inmediatamente después de la notificación a las partes” (la negrilla es añadida); no obstante, en el presente caso, Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, inobservaron sus funciones de remitir todos los obrados necesarios y pertinentes dentro del plazo previsto en la citada norma; ya que, remitieron un acta de audiencia que no corresponde a la causa venida en revisión; por tal razón, amerita llamar la atención a los prenombrados, advirtiendo que en caso de reincidencia, se remitirán antecedentes a la instancia correspondiente. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 289/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación al derecho a la remuneración justa, disponiendo el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales a favor Alberto Cruz Zelaes y Marisabel Dina Tarifa Maceda, conforme a lo dispuesto por la citada Sala Constitucional; 2° DENEGAR la tutela respecto a los derechos al trabajo, estabilidad laboral y a la seguridad social; y, 3° Llamar la atención a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones señaladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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