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SCP 0498/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 19 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
19 de junio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
40101-2021-81-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso como derecho y garantía, relacionado con el acceso a la justicia, alegando que el ex Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 240; por el que, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por la impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio que dispuso la ampliación de su detención preventiva, incurrió en “incongruencia omisiva”, debido a que si bien advirtió que el Juez de la causa aplicó de forma errónea el art. 239.4 del CPP, para disponer la ampliación de su detención preventiva; no obstante, confirmó el fallo apelado utilizando erróneamente el art. 301.II del adjetivo penal, convalidando la ampliación de su detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 159 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:
  2. III.2. De la acción de libertad y su ámbito de protección: Derecho a la vida y a la libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0498/2023-S4 Sucre, 19 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 40101-2021-81-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 31/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 159 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dora Vallejos Vallejos contra Arminda Méndez Terrazas, Ever Álvarez Orellana y Mirael Salguero Palma, actuales y ex Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, respectivamente.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 de febrero de 2021, cursante de fs. 100 a 109; y de subsanaciones de 23 de igual mes y año y 10 de marzo de dicho año (fs. 111 a 113; y, 139 y vta.) la accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, fue imputada formalmente el 13 de febrero de 2020, habiéndose realizado al día siguiente la audiencia de consideración de medidas cautelares, donde fue dispuesta su detención preventiva por el plazo de seis meses, decisión ratificada mediante el Auto de Vista 89 de 25 de mayo del citado año. Posteriormente, mediante memorial de 14 de julio del referido año, el Ministerio Público solicitó la ampliación de su detención preventiva por seis meses más, argumentando que aún debían realizarse múltiples actos investigativos, audiencia que fue llevada a cabo el 8 de septiembre de igual año, donde el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio “193/2020” de la misma fecha, por el que resolvió autorizar tal ampliación, sin considerar que no existía ampliación de la etapa preparatoria basando su decisión en el art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), invirtiendo dicho articulado, pues gramaticalmente el mismo es considerado como un derecho que tiene cualquier imputado para solicitar la cesación a su detención preventiva; determinación que recurrió en apelación, en cuyo efecto fue emitido el Auto de Vista 240 de 6 de octubre de 2020, pronunciado por Mirael Salguero Palma, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ‒ahora demandado‒, quien declaró improcedente su recurso, señalando que la ampliación de la etapa preparatoria “está de por si ampliada” (sic), incurriendo en incongruencia omisiva debido a que si bien analizó el fallo de primera instancia y advirtió que el Juez de la causa aplicó de manera errónea el art. 239.4 del CPP, para disponer la ampliación de su detención; no obstante, pese a que de manera categórica señaló que dicho razonamiento era incorrecto, de manera incongruente y omisiva, utilizó otro instituto jurídico previsto en el art. 301.II del mismo cuerpo legal, confirmó el fallo apelado, convalidando la ampliación de su detención preventiva sin que exista una ampliación oportuna de la etapa preparatoria, generando que se encuentre sometida al poder punitivo del Estado con una ilegal ampliación de su detención preventiva, cuya etapa preparatoria venció el 14 de agosto de 2020, por tanto la audiencia donde se dispuso la ampliación fue desarrollada cuando ya venció dicho plazo. Lesionando con su accionar la doctrina legal aplicable expresada en los Autos Supremos 259/2017-RRC de 17 de abril y 218/2015-RRC-L de 28 de mayo, relacionados con la nulidad que se encuentra subordinada a la afectación y violación de derechos fundamentales, como ocurre en el presente caso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante, denunció como lesionado el debido proceso, relacionado con el acceso a la justicia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule el Auto de Vista 240 de 6 de octubre de 2020, debiendo emitirse nuevo fallo conforme a procedimiento.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 15 de marzo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 146 a 152, presentes la parte accionante y terceros interesados a excepción del Ministerio de Gobierno y ausente las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional, señalando que: a) El 14 de julio de 2020, el Fiscal de la causa solicitó ampliación de su detención preventiva de la solicitante de tutela, cuyo verificativo fue llevado a cabo recién el 8 de septiembre de igual año, es decir que la audiencia de ampliación se realizó cuando ya venció el plazo de la etapa preparatoria, la cual concluía en agosto del referido año; no obstante, el Juez de la causa el aludido 8 de septiembre de dicho año unificó dos actos, una cesación a la detención preventiva solicitada y una petición de ampliación por el Ministerio Público, rechazando la primera y aceptando la segunda, utilizando para ello el art. 239.4 del adjetivo penal, cuando el mismo fue utilizado para solicitar la cesación a la detención preventiva, invirtiéndola en su contra y sin que exista base legal para disponerla; agravios que fueron deducidos en el recurso de apelación, alegándose que el Juez de la causa no podía utilizar un derecho e invertirlo en contra de la accionante, tampoco podía disponer la ampliación de la cesación a la detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria; no obstante, el ex Vocal hoy demandado a momento de resolver el recurso, incurrió en incongruencia omisiva, pues si bien advirtió el error en el que incurrió el inferior, al utilizar el art. 239.4 del CPP, decidió confirmar el fallo apelado y en consecuencia la ampliación de la detención preventiva; y, b) El referido Vocal ahora demandado, alegó que si bien es cierto que no existiría ampliación de la etapa preparatoria, existiría una imputación formal en contra de Félix Vallejos Vallejos –hermano de la accionante‒; por lo que, conforme el art. 134 de la norma procesal penal, la ampliación de la etapa preparatoria por si sola ya estaría ampliada, aspecto totalmente incongruente, ya que ninguna etapa preparatoria en el marco del debido proceso se amplía de por sí, pues deben existir actos formales, materiales y legales que den cuenta de ello; sin embargo, no cursa en el cuaderno una ampliación por parte del Ministerio Público o autoridad jurisdiccional; c) Aclaró que el reclamo de la impetrante de tutela versa en la incongruencia omisiva en la que incurrió el citado Vocal demandado, pues si bien identificó que el Juez de primera instancia utilizó de manera errónea el art. 239.4 del CPP; empero, pese a esa omisión procesal advertida, decidió confirmar la ampliación de la detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria, utilizando el art. 130.II del adjetivo penal, para confirmar el fallo apelado; y, d) Argumentos con base en los cuales ratificó su petitorio de que se deje sin efecto el Auto de Vista 240 y se emita uno nuevo en el marco de lo previsto por el procedimiento penal, el cual fue complementado solicitando que no se utilice el art. 239.4 del adjetivo penal y que no se dé por sí la ampliación de la etapa preparatoria, la cual no existe en el caso.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mirael Salguero Palma, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 9 de marzo de 2021, cursante de fs. 134 a 135 vta., refirió que: 1) La accionante pretende que la justicia constitucional ingrese a revisar la labor de la jurisdicción ordinaria, incumpliendo los presupuestos para su consideración, debido a que no señaló las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica sino que a lo largo de toda la acción interpuesta realiza una relación de antecedentes que no son coincidentes con los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista confutado; 2) Basó su determinación en el art. 301 del CPP, ya que conforme obrados se evidencia que Félix Vallejos Vallejos fue imputado y cautelado; por lo que, no podía decirse que la etapa preparatoria duraría seis meses y se encontraría agotada, resultando en el caso la investigación compleja, existiendo multiplicidad de imputados, por cuanto en esa clase de delitos debe encontrarse patrimonio y vincularlo con actividades ilícitas, siendo otros imputados buscados a la fecha, mencionándose cuatro personas incluido Bismark Padilla, complejidad en razón de la cual se encuentra vigente el art. 134 del CPP, habiéndose posteriores imputaciones como el caso de Félix Vallejos Vallejos; por lo que, aunque la defensa refiera que no se amplió formalmente la etapa preparatoria resolvió ampliar el plazo conforme el art. 301 del adjetivo penal, al existir una imputación reciente, por lo tanto la situación de la imputada no se encuentra en el vacío, encontrándose de por sí ampliada dicha etapa, corriendo el plazo de la detención preventiva de la imputada; 3) No se basó en el art. 239.4 del CPP, al constituir el mismo un derecho por el que se solicita la cesación a la detención preventiva por vencimiento del plazo, aspecto que fue reflejado en el Auto de Vista, señalándose que no era correcto, pues daría a entender que se está permitiendo la detención por el lapso de doce meses, por cuanto se amparó en el art. 301.II del CPP ; y, 4) La SCP 1608/2013 de 19 de septiembre, establece que a los Tribunales de apelación no se les está permitido anular obrados, por cuanto deben resolver el caso llevado a apelación precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión, aspecto que fue cumplido al emitirse el Auto de Vista, habiéndose respetado las garantías del debido proceso, enmarcado en el principio de congruencia y verdad material; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Arminda Méndez Terrazas y Ever Álvarez Orellana, actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no remitieron escrito alguno ni se conectaron a la audiencia virtual de esta acción tutelar, pese a su citación cursante de fs. 141 a 142 de obrados.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Fredy Guzmán Zapata, en representación del Ministerio Público, señaló que: i) Dentro del proceso penal de referencia no solamente fue imputada la hoy accionante, existiendo a la fecha cuatro imputaciones formales; ii) La etapa preparatoria de acuerdo al art. 134 del CPP es de seis meses; sin embargo, la misma, puede ser ampliada, así la SCP 1780/2011-R de 7 de noviembre, en el apartado III, establece que en caso de existir varias imputaciones como en el caso, el término establecido por norma debe computarse desde la notificación con la última imputación formulada por el Ministerio Público, el cual además determina que no se requiere de la presentación de un requerimiento fiscal motivado solicitando la ampliación de la etapa preparatoria, requiriéndose simplemente la presentación de otra imputación formal para interrumpir el plazo de los seis meses, para que nuevamente sea computado, habiendo ocurrido ello en el caso presente; y, iii) La solicitante de tutela a la fecha no se encuentra con detención preventiva, obteniendo su libertad con base en el art. 239.1 de la norma procesal penal, cesación concedida el 8 de noviembre de 2020, anterior a la presentación de esta acción de defensa, por cuanto habiendo recobrado su libertad no era posible interponer una acción constitucional, argumentos por los que solicitó se deniegue la tutela impetrada y se mantenga vigente el Auto de Vista impugnado. Félix Vallejos Vallejos a través de su abogada, señaló que se adhiere a la solicitud de la accionante, pues el Ministerio Público para ampliar el plazo de la detención preventiva tendría que haber solicitado la ampliación de la etapa preparatoria al encontrarse investigando una organización criminal, aspecto que no ha sucedido; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada. Vidal Vallejos Vallejos, mediante su abogado, refirió que, si bien el Ministerio Público alega que existen cuatro imputaciones formales; empero, el caso no trata de una organización criminal para establecer la complejidad, teniendo toda la facultad para solicitar la ampliación de la etapa preparatoria; debido a lo cual, se adhirió a los fundamentos expuestos por la parte impetrante de tutela. Bismark Carlos Padilla través de su abogado, manifestó que la parte solicitante de tutela de manera concreta determinó la vulneración en la que incurrió el ex Vocal demandado; sin embargo, el Ministerio Público pretende determinar que la presente acción tutelar no cumple con el principio de inmediatez, lo cual no resulta cierto, pues el Auto de Vista es del 6 de octubre de 2020; por lo que, a la fecha habrían transcurrido aproximadamente cinco meses; por otro lado, haciendo referencia al art. 134 del CPP, señaló que dicha norma instituye que cuando la investigación resulte compleja y los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, el Fiscal podrá solicitar la ampliación de la etapa preparatoria; empero, en el caso no cursa memorial o requerimiento impetrando tal aspecto al Juez de la causa, existiendo únicamente una solicitud para ampliar la detención preventiva de la hoy accionante, aspectos que lesionan el debido proceso en su vertiente seguridad jurídica que la ley debe otorgar a las partes, también el principio de legalidad, ya que las actuaciones del Ministerio Público y Jueces deben encontrarse sujetas a la Constitución Política del Estado y los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Penal; argumentos con base en los cuales impetró declare “procedente” la acción de defensa interpuesta; y en consecuencia, se anule el Auto de Vista 240. El Ministerio de Gobierno, no remitió escrito alguno.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 31/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 159 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 240, disponiendo la emisión de nuevo fallo que deberá ser sustentado en derecho de acuerdo a las disposiciones legales y constitucionales señalado en esta Resolución constitucional, basándose en los siguientes fundamentos: a) El Juez cuando ejerce control jurisdiccional debe realizar control sobre los plazos procesales, el cual constituye un derecho, por cuanto en el caso el hecho de que el Juez de la causa y el Vocal demandado hayan argüido que automáticamente se genera o empieza a computar el plazo con la presentación de la imputación, dicha postulación resulta contraria a los entendimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la jurisprudencia constitucional contenida en la “Sentencia N° 1036 del año 2002” (sic), en sentido de que de ninguna manera es requisito cumplir los seis meses de la etapa preparatoria, sino que considerando la naturaleza del proceso y ejerciendo control jurisdiccional debe fijarse un plazo al efecto, por cuanto a momento de la imputación es cuando debe decidir sobre la duración de la etapa preparatoria; por lo que, una vez recibida una segunda imputación o ampliación de imputación, el Juez no está exento de generar nuevamente el control jurisdiccional encontrándose obligado a fijar un plazo dentro esta etapa preparatoria; b) El Vocal demandado transgredió el art. 134 y 301 del CPP, ya que debió corregir la interpretación que creyó errada, disponiendo la revocatoria o nulidad del fallo de primera instancia, pues se le tiene permitido dictar nuevo fallo; c) Negó la existencia de control jurisdiccional del plazo, pues conforme lo señalado una vez recibida la imputación el Juez de Instrucción está obligado a fijar un plazo que no exceda los seis meses, de acuerdo a la naturaleza del proceso; por cuanto de ninguna manera es excusable el hecho de que el Juez ejerza un control jurisdiccional en cuanto al término y no opera una continuación automática, sin el ejercicio del control jurisdiccional; y, d) En la actuación del Vocal demandado se advierte vulneración al debido proceso en su vertiente de garantía jurisdiccional “además en su vertiente de una no adecuada valoración y motivación por existir una incongruencia” (sic), existiendo motivación insuficiente en relación a la decisión asumida, pues después de advertir el error emitió criterio distinto, olvidándose del control efectivo que debe realizar el Juez con relación a la duración de la etapa preparatoria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 29 de abril de 2022 (fs. 163), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 31 de mayo de 2023 (fs. 291); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 8 de septiembre de 2020, el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, denegó la solicitud de cesación a la detención preventiva por las causales 239.1 y 2 del CPP, solicitada por Dora Vallejos Vallejos –ahora accionante‒; aceptó y autorizó la ampliación de la detención preventiva impetrada por el Ministerio Público, por el plazo de seis meses en relación a la prenombrada (fs. 58 vta. a 65). II.2. A través de Auto de Vista 240 de 6 de octubre de 2020, Mirael Salguero Palma, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ‒autoridad hoy demandada‒ constituido en Tribunal de alzada, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por la solicitante de tutela; en cuya consecuencia, confirmó la Resolución apelada (fs. 70 vta. a 74 vta.). II.3. Cursa memorial de 23 de octubre de 2020, presentado la misma fecha ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, en el que la accionante solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva; que mereció el decreto de 27 de igual mes y año, por el que se dispuso audiencia para el 30 del citado mes y año, a las 13:00 (fs. 167 a 169 vta.; y, 170). II.4. Consta Acta de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, celebrada el 30 de octubre de 2020, donde fue emitido el Auto Interlocutorio 256/2020 de igual fecha, por el que el Juez de Instrucción Penal Sexto de dicho departamento, concedió la cesación a la detención preventiva por la causal del art. 239.1 del CPP modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 ‒Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres‒, y en aplicación del art. 231 bis. del mismo cuerpo legal, dispuso entre otras medidas la detención domiciliaria de la hoy impetrante de tutela (fs. 270 a 277 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso como derecho y garantía, relacionado con el acceso a la justicia, alegando que el ex Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 240; por el que, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por la impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio que dispuso la ampliación de su detención preventiva, incurrió en “incongruencia omisiva”, debido a que si bien advirtió que el Juez de la causa aplicó de forma errónea el art. 239.4 del CPP, para disponer la ampliación de su detención preventiva; no obstante, confirmó el fallo apelado utilizando erróneamente el art. 301.II del adjetivo penal, convalidando la ampliación de su detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:

Todos los demás derechos no protegidos por otras acciones de defensa

La SCP 0087/2020-S4 de 14 de julio, al respecto precisó: “Conforme a la norma constitucional contenida en el art. 128, la acción de amparo constitucional ʽ…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la leyʼ. De acuerdo a ello, se puede afirmar que la citada acción, es un mecanismo constitucional de defensa con un amplio margen de protección, por cuanto no especifica de manera concreta, detallada y limitada qué derechos son susceptibles de ingresar a su ámbito de resguardo; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, se establecen ciertas restricciones en concordancia con las demás acciones de defensa constitucional reconocidas por la Constitución Política del Estado. Así, como una de las causales de improcedencia, prevé ʽCuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popularʼ (art. 53.5), entendiéndose de ello que todos los demás derechos no protegidos por las otras acciones constitucionales, son amparados por la presente acción tutelar”.

III.2. De la acción de libertad y su ámbito de protección: Derecho a la vida y a la libertad

La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la CPE, está al alcance de: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. En cuanto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: “La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad”.

Conforme al art 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo): “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. En la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, se estableció que: “…para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley”. Por su parte, la SC 0687/2000-R de 14 de julio, citada por la SCP 0390/2012 de 22 de junio, sostuvo respecto al derecho a la vida que: “(…) es el bien jurídico más importante de cuanto consagra el orden constitucional (…). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya la titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: Su respeto y su protección”.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso como derecho y garantía, relacionado con el acceso a la justicia; alegando que el ex Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 240, por el que declaró improcedente el recurso de apelación que formuló contra el Auto Interlocutorio que dispuso la ampliación de su detención preventiva, incurrió en “incongruencia omisiva”, debido a que si bien advirtió que el Juez de la causa aplicó de forma errónea el art. 239.4 del CPP, para disponer la ampliación de su detención preventiva; no obstante, confirmó el fallo apelado utilizando erróneamente el art. 301.II del adjetivo penal, convalidando la ampliación de su detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria. En ese contexto, conforme los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, mediante Auto Interlocutorio de 8 de septiembre de 2020, el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, denegó la solicitud de cesación a la detención preventiva por las causales 239.1 y 2 del CPP, solicitada por Dora Vallejos Vallejos –ahora solicitante de tutela‒ y aceptó y autorizó la ampliación de la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público, por el plazo de seis meses en relación a la prenombrada (Conclusión II.1.); determinación que al ser apelada, mereció la emisión del Auto de Vista 240, pronunciado por el ex Vocal demandado constituido en Tribunal de alzada, quien declaró improcedente el recurso de apelación formulado por la hoy impetrante de tutela, en cuya consecuencia, confirmó la Resolución apelada (Conclusión II.2.). Asimismo, consta que por memorial de 23 de octubre de 2020, presentado la misma fecha ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, la hoy accionante solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva; que mereció el decreto de 27 de igual mes y año, por el que se señaló audiencia para el 30 del citado mes y año, a las 13:00 (Conclusión II.3.); verificativo donde fue emitido el Auto Interlocutorio 256/2020, por el que el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, concedió la cesación a la detención preventiva por la causal del art. 239.1 del adjetivo penal modificado por la Ley 1173, y en aplicación del art. 231 bis. del mismo cuerpo legal, dispuso entre otras medidas la detención domiciliaria de la accionante (Conclusión II.4.). Ahora bien, con carácter previo a ingresar a analizar la presente acción tutelar, es menester aclarar que de acuerdo al contenido del memorial de acción de amparo constitucional y la documental con la que cuenta este Tribunal –desglosada precedentemente‒, se evidencia que la solicitante de tutela funda su pretensión en la modificación de su situación jurídica, pues denuncia específicamente que se amplió su detención preventiva sin que exista ampliación de la etapa preparatoria, cuestionando el Auto de Vista 240, verificándose que incluso después de su emisión, solicitó nuevamente la modificación de sus medidas cautelares. En ese contexto, cabe señalar que si bien la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo constitucional de defensa con contenido amplio, al proteger todos los derechos fundamentales conforme glosa el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; no obstante, el diseño constitucional vigente en Bolivia, reconoce expresamente otras acciones tutelares, conforme a sus propias configuraciones constitucionales, entre ellas, la acción de libertad constituida como el medio constitucional de defensa que protege el derecho a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de locomoción, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual posee una configuración carente de formalismos y rigurosidades que hace posible, de ser pertinente, la tutela inmediata y eficaz ante la lesión de los derechos invocados. Bajo la diferenciación expuesta precedentemente, conforme el contexto del problema jurídico planteado, se tiene que la acción tutelar idónea a efectos de considerar la pretensión de la hoy impetrante de tutela, es la acción de libertad, al resultar está el mecanismo constitucional de defensa que se adecúa a la naturaleza de los hechos denunciados, extremo que al ser inobservado por la parte accionante genera que el planteamiento de esta acción de amparo constitucional resulte equivocado, lo que imposibilita ingresar al fondo de la denuncia efectuada, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2021 de 15 de marzo, cursante de fs. 152 vta. a 159 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0498_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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