Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0497/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52329-2022-105-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 20/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzáles Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Marco Gonzáles Characayo contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 84 a 87 vta., la parte accionante, expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022, se dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1, 234.7, y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contra el que planteó apelación incidental; instancia en la cual, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ahora accionado, por Auto de Vista de 24 de igual mes y año, la declaró improcedente, señalando que en relación al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, su conducta estaba dirigida a una población vulnerable, como los jóvenes, lo que no es válido e inadecuado, actuando de la misma manera respecto al contenido en el art. 235.2 del Código adjetivo penal, que confirmó su concurrencia, sin que existiere algún elemento probatorio materialmente objetivo presentado por el Ministerio Público, y con base a suposiciones y especulaciones, ni fundamentar qué acciones habría efectuado su persona hasta el momento de la audiencia de aplicación de medidas cautelares que hagan pensar que va a influenciar en otras personas, ni identificarlas y sin considerar que el Ministerio Público no presentó prueba que sustentare la decisión asumida, contando únicamente con la imputación formal que no cuenta con documento respaldatorio alguno. El Auto de Vista ahora impugnado, no tomó en cuenta que el proceso penal de referencia se viene tramitando bajo el procedimiento inmediato en flagrancia, que no merece la investigación de otras personas, solamente de algunos elementos vinculados a los hechos que motivaron la presente investigación, como el dictamen pericial de toxicología forense; tampoco, tuvo presente que para la construcción del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, es requisito indispensable la existencia de antecedentes penales en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) del imputado como lo establecen las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2019-S3 de 30 de abril y 0702/2020-S2 de 19 de noviembre; asimismo, no consideró que para la construcción de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, no existe algún elemento material objetivo para que el juez de instancia se base, siendo solamente meras presunciones y especulaciones. Con referencia al art. 235.2 del Código adjetivo penal, no consideró que no existió detalle de las circunstancias en las que el imputado podría obstaculizar la investigación, que el proceso penal se está tramitando bajo procedimiento inmediato en el que el plazo de la detención solamente es para la elaboración de la pericia sobre las sustancias y no así para la investigación de terceras personas, ni lo resuelto por el ahora Juez de garantías en un caso similar, que concedió la tutela pedida y anuló el auto de vista, porque en el legajo remitido al Tribunal de apelación, no existía elemento material a fin de fundamentar la existencia de riesgos procesales a más de los datos cursantes en la imputación formal.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria, principios de legalidad y presunción de inocencia, sin citar al efecto ningún precepto de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022; y, b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro de las veinticuatro horas, emita nueva resolución, considerando los aspectos cuestionados, bajo apercibimiento de remitirse antecedentes al Ministerio Público por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, con la reparación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 111 a 112, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que:1) Con relación al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, el fundamento esgrimido para su concurrencia no fue válido; puesto que, si bien es un delito que está vinculado a la Ley 108 de sustancias controladas, según la resolución cuestionada, la droga estaría destinada a una población vulnerable de adolescentes y estudiantes, motivo central para establecerlo, lo que es contrario a lo señalado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que invocó; y, 2) Referente al de obstaculización contenido en el art. 235.2 del Código adjetivo penal, el Juez de primera instancia lo construyó en relación a la existencia de otras personas involucradas y que el imputado podría influenciar sobre ellas para que se comporten de manera reticente, aspecto cuestionado al ser este un proceso inmediato y conforme a la SCP 0276/2018 de 22 de junio, deben existir elementos materiales y objetivos para determinar su concurrencia, siendo lo más grave, que en el juzgado de origen solo cursaba la imputación formal, porque el Ministerio Público no presentó ninguno otro, informes ni acta y declaraciones; y en el caso de autos, se debió demostrarse mediante el certificado del REJAP, que su persona tenía antecedentes penales o evidencia de que hubiere cometido delitos anteriores que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, que no es su caso.
Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remitió informe escrito de 2 de diciembre 2022, cursante de fs. 98 a 102 vta., por el que peticionó se deniegue la tutela impetrada, con los siguientes argumentos: i) El accionante en el memorial de demanda de esta acción de defensa, se limitó a efectuar una descripción de los hechos motivantes de la acción de defensa, así como observar -según su criterio-, los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, con argumentos subjetivos que no reflejaron los verdaderos fundamentos del Auto de Vista cuestionado, que fue emitido previa valoración correcta de los elementos probatorios, con la debida fundamentación, sin vulnerar el debido proceso con referencia al principio de legalidad; ii) Con referencia al art. 235.2 del CPP, la parte accionante no argumentó tratarse de un proceso inmediato en flagrancia, o que no merecería la investigación de otras personas sino solamente de algunos elementos vinculados a los hechos que motivaron la investigación, entre ellos el Dictamen Pericial de Toxicología Forense; aclarando que, como Tribunal de alzada confirmó la concurrencia de este riesgo procesal, estableciendo que si bien la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señala que este riesgo no debe fundarse en presunciones o suposiciones, también determina que se debe tomar en cuenta todas las circunstancias que permitan sostener fundadamente que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad, en consideración a que el imputado al momento de ser interrogado por los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), si tenía adherida a su cuerpo alguna sustancia controlada, se dio a la fuga, habiendo luego sido reducido, concluyendo que pretendía darse a la fuga, además que en este tipo de delitos intervienen varias personas con roles diferentes y propios para cada momento y realizar la consumación de los ilícitos de sustancias controladas; por lo cual, consideró que el imputado conocería la identidad de las personas que proveyeron esa sustancia, a las que entregaría y distribuiría, sobre los cuales ejercería influencia negativa, así como también que la venta se la efectúa a niños y estudiantes que son parte de la sociedad, no resultando alejado de la realidad, sino que adquiera certidumbre, que el imputado estando en libertad influya sobre la personas que se dedican a esa actividad delictiva; iii) Con referencia al art. 234.7 del CPP, en la resolución impugnada estableció claramente que el inferior lo estableció correctamente; puesto que, el Ministerio Público sustentó su concurrencia en que la sociedad estaba constituida por la población vulnerable como son los niños, estudiantes y adolescentes a quienes estaría destinada la sustancia controlada, indicando que la misma se la encontraron al imputado distribuida en dieciséis (16) bolsitas de plástico y este peligro de fuga no se basó en la proclividad de la conducta del imputado, sino en la naturaleza del hecho investigado conforme a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, en este caso de tráfico de sustancias controladas; por lo cual, se consideró que la decisión del inferior fue correcta, porque la situación de peligrosidad del imputado resultaba ser efectiva y su existencia real; iv) Sobre el art. 235.2 del Código adjetivo penal, tampoco se fundó en meras presunciones abstractas, sino es producto de la razonabilidad que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad, por los argumentos explicados con referencia a su concurrencia, habiendo declarado por las razones expuestas, improcedente el recurso de apelación planteado por el ahora accionante; y, v) La Resolución cuestionada no vulneró el debido proceso vinculado al principio de legalidad, fundamentación y motivación, habiendo aplicado la norma legal inherente a la materia, a partir de la interpretación objetiva de la misma y si su pronunciamiento no es de agrado de quien ahora activó la jurisdicción constitucional, constituyó repuesta idónea, eficaz, oportuna y pronta a las pretensiones del apelante, habiendo analizado los elementos probatorios cursantes en el legajo de apelación, mereciendo su análisis razonado y suficiente, actuando como Tribunal de alzada dentro de sus competencias y conforme a la jurisprudencia constitucional.
Mediante Resolución 20/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119 vta., la Jueza de Pérdida de Dominio Primera del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) La resolución pronunciada por la autoridad judicial accionada, se encontró debidamente fundamentada en relación al argumento emitido por la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, quien dictó su decisión cumpliendo con los parámetros establecidos en el art. 398 del CPP, máxime si la misma contó con la documentación objetiva que dio lugar a la concurrencia de los referidos riesgos procesales; y, b) Como Jueza de garantías, no puede ser considerada como Tribunal casacional, sin advertirse se hubiere vulnerado o afectado el debido proceso en sus vertientes debida motivación y fundamentación, o el apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, correspondiendo denegar la solicitud impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marco Gonzáles Characayo -accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022, se dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1, 234.1 y 7; y 235.2 del CPP, contra la que planteó apelación incidental en el mismo actuado procesal (fs. 30 a 32). II.2. Resolviendo el recurso de alzada formulado por el ahora accionante, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionado-, por Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, lo declaró improcedente y confirmó en su integridad el Auto Interlocutorio apelado (fs.38 a 40).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria y principios de legalidad y presunción de inocencia; toda vez que, el Vocal accionado mediante el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, declaró improcedente el recurso de apelación que planteó y confirmó la Resolución de la Jueza de la causa, que dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por probable autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 233.1, 234.7 y 235.2 del CPP, decisión asumida sin una correcta fundamentación, motivación y valoración probatoria. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
(…)
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras (…). En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”.
Como se observa del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación y motivación, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental.
El peticionante de tutela a través de la presente acción de libertad, denuncia que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria, de principios de legalidad y presunción de inocencia; puesto que, por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022, se dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1, 234.7, y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contra el que planteó apelación incidental; instancia en la cual, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ahora accionado, por Auto de Vista de 24 de igual mes y año, la declaró improcedente, señalando que en relación al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, su conducta estaba dirigida a una población vulnerable, como los jóvenes, lo que no es válido e inadecuado, actuando de la misma manera respecto a lo contenido en el art. 235.2 del Código adjetivo penal, que confirmó su concurrencia, sin que existiere algún elemento probatorio materialmente objetivo, ni fundamentar qué acciones habría efectuado su persona hasta el momento de la audiencia de aplicación de medidas cautelares ,que hagan pensar que va a influenciar en otras personas, ni identificarlas y sin considerar que el Ministerio Público no presentó prueba que sustentare la decisión asumida, contando únicamente con la imputación formal que no cuenta con documento respaldatorio alguno.
Es así, que dentro del contexto señalado se advierte que el accionante cuestiona a través de esta acción tutelar, el Auto de Vista dictado por el Vocal -hoy accionado-; a cuyo efecto, con el objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción tutelar, es necesario remitirse a lo expuesto por el accionante como agravios en la audiencia de consideración de la apelación incidental, en la que señaló: 1) Vulneración al debido proceso en su vertiente de legalidad establecido en los arts. 115, 124 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la falta de fundamentación, motivación y al principio de inocencia, en cuanto a lo que establece el art. 231.5, en la construcción de los riesgos procesales de los arts. 234.1 y 7 (elemento arraigador del domicilio), y art. 235.II, todos del CPP, en cuanto al peligro de obstaculización; 2) No existió la concurrencia del núm. 1 del art. 234 del Código adjetivo penal, respecto al cual el Auto apelado determinó que no contaba con el elemento arraigador de domicilio, en razón a que existía un informe del funcionario policial quien se constituyó al que su persona señaló, lo que no es evidente, al no cursar el mismo en el legajo procesal, efectuando una mera suposición o especulación, al no existir un elemento probatorio, sino únicamente la imputación formal; 3) Sobre el art. 234.7 del CPP, referido a que es un peligro efectivo para la sociedad, se señaló en el Auto de Vista impugnado que la sustancia controlada que se le encontró haría daño a niñas, niños y adolescentes y no por la gravedad del hecho, fundamentó que no tuvo sustento legal ni valor; puesto que, conforme lo establece la SCP 0702/2020-S2 de 3 de noviembre, en los delitos de narcotráfico para que persista la concurrencia de ese riesgo procesal debe existir una sentencia condenatoria anterior al hecho imputado que se estuviere investigando, aspecto que no fue tomado en cuenta por la Jueza de la causa quien se basó en una mera suposición o especulación, no existiendo en su caso ese riesgo; y, 4) Respecto a que podría influenciar en las personas que le entregaron la sustancia controlada y las que pudieren llegar a él, es una mera suposición o especulación, sin tener presente que la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, establece que ningún riesgo procesal, concretamente el del art. 235.2 del CPP, puede ser fundado en una mera suposición o especulación, como la resolución impugnada que aludió al informe del investigador, elemento que no cursó en el legajo procesal, habiendo sustentado la Jueza de la causa su resolución, en la imputación formal; no concurriendo en el caso presente, el riesgo procesal aludido. El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al asumir conocimiento del recurso de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, declarándolo improcedente y confirmó la resolución apelada, con los siguientes fundamentos: i) Con relación al peligro establecido en el art. 234.7 del CPP, de que se exigiría documental sobre los antecedentes penales, se tiene que en este caso se determinó este riesgo procesal por la naturaleza del delito y la afectación de la actividad ilícita en la sociedad, y conforme a lo referido por el Ministerio Público, esta actividad está destinada a perturbar a la población joven, estudiantil y, niños que son fácilmente convencidos por ser vulnerables; por lo que, aquel que participa en su distribución y comercialización, resulta ser un peligro efectivo para esa sociedad, lo que estaría en consonancia al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, el que fundó también en el hecho de que al conocer a quienes distribuye y entrega, influiría sobre ellos negativamente como de los peritos, víctimas o testigos, criterio que no resultó alejado de la realidad, sino por el contrario adquiere características de certidumbre en tanto el imputado tiene dominio de la actividad delictiva; por lo que, la Jueza del proceso al establecer estos riesgos procesales actuó correctamente, no siendo atendibles las reclamaciones del accionante; y, ii) Finalmente con referencia al riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, respecto al domicilio del imputado, verificado el mismo por el investigador no pudo ser ubicado para certificarlo o dar certidumbre de los aseverado por el él, no habiendo podido establecerse el mismo; teniéndose por no acreditado.
Por lo relacionado precedentemente y de la revisión del Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, se constata que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ahora accionado, procedió correctamente; puesto que, se pronunció si bien no de manera extensa; empero, lo hizo en forma clara y concreta sobre los agravios expuestos por el impetrante de tutela, previo análisis del Auto Interlocutorio apelado, para concluir que la inferior actuó correctamente; en mérito a que respecto a los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 7; y 235.2 del CPP, fueron establecidos explicando las razones por las que consideraba su concurrencia, al señalar que el imputado no acreditó de manera objetiva el domicilio que señaló, ya que no pudo ser ubicado por el Investigador asignado al caso, a quien tampoco los vecinos dieron alguna referencia; de la misma manera, respecto a que se consideraba que el imputado era un peligro efectivo para la sociedad, porque la sustancia controlada que le fue encontraba adherida a su cuerpo, estaba destinada para su comercialización a grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes, argumento vinculado al riesgo procesal del art. 235 del CPP de obstaculización; en el entendido, que conocía a las personas que le entregaron la sustancia controlada, así como por la naturaleza del delito en el que participan varios sujetos con roles diferentes, además de conocer la identidad de los mismos y de los que tenía que distribuir la droga; lo que, conllevaría la posibilidad de que pueda influenciar negativamente sobre ellos, dando respuesta de esta manera a los cuestionamientos de la parte accionante. Consiguientemente, lo denunciado por el impetrante de tutela en sentido que el Vocal demandado pronunció el Auto de Vista impugnado, sin fundamentación, motivación y valoración probatoria; no es evidente, por haberse constatado que actuó con la facultad que la ley le atribuye, resolviendo el recurso de apelación incidental planteado, efectuando la compulsa de los antecedentes procesales, y cumpliendo con las reglas del debido proceso en la emisión de la Resolución cuestionada, si bien no de forma ampulosa, sino de manera concreta, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no siendo cierto que hubieren vulnerado los derechos del accionante a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y valoración probatoria; lo que determina, no se abra el ámbito de protección de la acción de libertad, correspondiendo por ello, se deniegue la tutela impetrada.
Asimismo, respecto al derecho al debido proceso en su vertiente de presunción de inocencia, como del principio de legalidad, alegados como vulnerados por el accionante; cabe señalar que, al encontrarse el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2022, suficientemente motivado y fundamentado, no puede entenderse que se constituya en acto lesivo del indicado derecho y principios; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0497_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 97714d7d083aca78ad264b2aa201a308e30d2d50652a8974d4fc4edef4eea1d5
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