Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, libertad de locomoción y a la dignidad; toda vez que, la autoridad jurisdiccional demandada, una vez cumplidas las medidas sustitutivas dispuestas, no libró el mandamiento de libertad, con el argumento de que existe un recurso de apelación pendiente desde el 20 de octubre de 2022, mismo que no fue resuelto. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto; b) Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad; y, c) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 18 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia;
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Llamar la atención al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0497/2025-S1 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52363-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Limber Justiniano Torrez en representación sin mandato de Carlos Jhonny Del Castillo Bonilla contra Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs.1 y 42 a 43, el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, se emitió el Auto Interlocutorio 112/22 de 16 de septiembre de 2022, que luego fue revocado parcialmente por el Auto de Vista 421 de 28 de septiembre de mencionado año, quedando latente el peligro de fuga inserto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 20 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso la cesación a su detención preventiva, posteriormente el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto mediante Auto Interlocutorio 595/22 de 14 de noviembre de citado año, determinó y aceptó la sustitución de fianza económica por la fianza real y ordenó que se inscriba el inmueble en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), motivo por el cual solicitó mandamiento de libertad; empero, el mismo fue negado porque a través del memorial de 18 del mencionado mes y año, se le hizo notar que existe un recurso de apelación pendiente desde el 20 de mismo mes y año, que no fue resuelto.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, refirió como lesionados sus derechos a la libertad, libertad de locomoción y a la dignidad citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponga la inmediata libertad “del adolescente” se conmine al demandado la remisión del cuaderno.
Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2022; según consta en acta cursante de fs. 56 a 60 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, se ratificó in extenso en la acción tutelar, en audiencia señaló que, a la fecha no existe una resolución que detenga la emisión del mandamiento de libertad por lo que pide se conceda la tutela.
Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito cursante a fs. 53 y vta., señalando que: a) Del análisis de los elementos que cursan en el cuaderno procesal, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital de citado departamento, mediante Auto Interlocutorio de 20 de octubre de 2022, concedió en la cesación de la detención preventiva al impetrante de tutela y le impuso el cumplimiento de las medidas cautelares con carácter previo a emitirse el mandamiento de libertad; b) Mediante Auto de 7 de noviembre de mencionado año, la causa radicó en el despacho judicial a su cargo, donde a solicitud de 14 del mismo mes y año, se llevó a cabo la audiencia de modificación de fianza concediéndose lo solicitado y ordenando la anotación preventiva por el monto de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos) sobre el inmueble propuesto; c) El 24 de noviembre -supone del mismo año-, el accionante cumplió lo ordenado y solicitó mandamiento de libertad a lo cual mediante la providencia de 28 de igual mes y año dispuso que con carácter previo por Secretaría se oficie al Tribunal de Alzada a objeto de tener certeza sobre la revocatoria de la cesación a la detención preventiva que se concedió al solicitante de tutela; d) Una vez que remitió el oficio el 2 de diciembre de dicho año, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, envió el acta de audiencia de apelación a la cesación de la detención de 15 de noviembre, en la cual se dispuso anular la Resolución de 20 de octubre de 2022; e) Al haber sido revocada la resolución que concedió la cesación al demandante de tutela, implica la imposibilidad de la emisión del mandamiento de libertad que se originó en una resolución que ya no tiene efecto; por lo que, se actuó conforme a procedimiento, más si se considera la jurisprudencia de la pérdida del objeto tutelar, precautelando el debido proceso y observando la vigencia de resoluciones del cuaderno procesal, por lo que solicitó se deniegue la acción tutelar.
Nancy Campero Antezana, representante de la empresa Monterrey Sociedad Anónima (S.A.) en audiencia, a través de su abogado, señaló: 1) Lo dispuesto por el Juez demandado fue bajo la condicionante de que existía una apelación al Auto de cesación a la detención preventiva; y 2) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó la cesación dispuesta así como las medidas que le fueron otorgadas al accionante, así pese al conocimiento de dicha situación, el impetrante de tutela solicitó se expida mandamiento de libertad de manera ilegítima y desleal, tratando de hacer incurrir en error, por lo que solicitó se declare “improcedente” la acción.
El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 18 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 57 a 60 vta., denegó la tutela solicitada con imposición de costas en base a los siguientes fundamentos: i) Es evidente lo que afirma la autoridad demandada, dado que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de mencionado departamento, declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la victima contra el Auto de 20 de octubre del mismo año, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de dicho departamento, revocándose la resolución de concesión de la cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela; ii) La autoridad jurisdiccional actuó correctamente; toda vez, que se dio prevalencia a los principios ético morales que deben regir en la administración de justicia, aplicando el art. 180 de la (CPE), referido a los principios de eficacia, debido proceso en cuanto a garantizar los derechos del imputado y de la víctima así como el principio de verdad material, porque fue de su conocimiento el Auto de Vista de revocatoria del Auto Interlocutorio que dispuso la cesación a la detención preventiva, toda vez que se debe asegurar la imposición de la medida cautelar más adecuada para garantizar la finalidad de las medidas cautelares conforme al art. 221 del CPP, en cuanto a asegurar la averiguación de la verdad, la aplicación de la ley, el normal desarrollo del proceso; y, iii) El peticionante de tutela después de celebrada la audiencia de apelación que fue de su pleno conocimiento y donde supo que se le revocó la cesación a la detención preventiva, solicitó la emisión del mandamiento de libertad, por lo que la autoridad no vulneró los derechos del demandante de tutela, dado que el mismo reclama la emisión de un mandamiento de libertad cuando era consciente que la resolución que lo sustenta fue revocada previamente; por lo que, se evidencia que transgredió el principio ético moral de no mentir; así como, la lealtad procesal, por lo que no concurren los presupuestos para conceder la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de octubre de 2022, celebrado por la Jueza de Instrucción penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 24/22 que dispuso conceder la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela Carlos Jhonny Del Castillo Bonilla, ordenando el arraigo nacional y departamental, la presentación ante el Ministerio Público una vez por semana y fianza económica de Bs 50 000.- (cincuenta mil bolivianos) para ser cumplidas en el plazo de quince días. Asimismo, se advierte que el accionante y la víctima interpusieron recurso de apelación (fs. 13 a 18). II.2. Consta Acta de audiencia de apelación contra el Auto de cesación a la detención preventiva de 15 de noviembre de 2022 celebrado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la que se emitió el Auto de Vista 634, que declaró admisible y procedente la apelación interpuesta por la parte civil contra el Auto Interlocutorio 24/2022 de 20 de octubre, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la capital, revocó la decisión emitida en tanto y en cuanto se acredite la pericia para el trabajador para desempeñar la función por el cual ha sido contratado, referido a la certificación para ejercer esas funciones (fs. 49 a 52vta.). II.3. Mediante memorial presentado por el peticionante de tutela el 24 de noviembre de 2022, solicitó se libre mandamiento de libertad (fs. 54)
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, libertad de locomoción y a la dignidad; toda vez que, la autoridad jurisdiccional demandada, una vez cumplidas las medidas sustitutivas dispuestas, no libró el mandamiento de libertad, con el argumento de que existe un recurso de apelación pendiente desde el 20 de octubre de 2022, mismo que no fue resuelto. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto; b) Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad; y, c) Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0306/2020-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente entendimiento: En el Voto Disidente de la SCP 0204/2018-S2 de 22 de mayo, sobre la base de lo señalado por Víctor Manuel Rodríguez Rescia, en su libro: Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, indicó que:
El debido proceso es una garantía procesal que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, a los derechos y garantías constitucionales, dentro de cualquier tipo de proceso, entendido éste como “…aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto...”. En el proceso penal, que es el medio por el cual se investigan hechos delictivos -para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio-, se permite establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y sobre la base del principio de proporcionalidad, teniendo siempre en cuenta, el respeto del derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello justificó que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que por su propia naturaleza, no le serían aplicables.
En ese sentido, el tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le da al debido proceso, está contemplado fundamentalmente en su art. 8, que desarrolla algunos principios del debido proceso penal, asumidos por los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un garantismo del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él, el del Estado, que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Siendo por ello, necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad, al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial, en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y el proceso penal que se genera en la propia naturaleza de este tipo de proceso, donde se compromete la libertad personal del imputado. Como aspectos generales, el derecho a la defensa en materia penal, debe ser no solo formal, sino también material; es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, el derecho de hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura alguna, por ese ejercicio. Las exigencias del principio del debido proceso se extreman en el campo del proceso penal, en el cual se manifiestan, entre otros, los principios de legalidad, de juez natural, de inocencia, indubio pro reo, de doble instancia y los derechos de defensa en sí, a una sentencia justa, a la cosa juzgada, a la valoración razonable de la prueba, a la fundamentación de las resoluciones, etc. Ahora bien, ante la lesión de los elementos que componen la garantía del debido proceso, es posible acudir a la justicia constitucional, a través de las acciones de defensa, denunciando el acto ilegal lesivo de dicha garantía; sin embargo, respecto a qué acción de defensa es la idónea para su tutela, no existe unanimidad de criterios en la jurisprudencia constitucional, en especial en cuanto a su protección a través de la acción de libertad.
Efectivamente, sobre la protección del debido proceso vía acción de libertad, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, la cual, estableció que la protección al debido proceso a través del 1El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal.”
2El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.
3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción; es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad.
Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señaló que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, señalando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso.
Este entendimiento, fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.
4El FJ III.1, expresa: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.
A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: `Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…´; lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella”.
y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, establece en su Fundamento Jurídico III.1, que:
Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.
En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (el resaltado es añadido). Asimismo, la referida Sentencia señala que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.
Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos con la libertad y la existencia de absoluto estado de indefensión.
Ahora bien, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos y garantías fundamentales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, garantizar un real acceso a la justicia constitucional; por consiguiente, cuando se trate de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, debe aplicarse el 5El FJ III.3, refiere: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.
En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre.
estándar jurisprudencial más alto, que es el entendimiento más favorable al acceso a la justicia constitucional, que fue desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembrey 0087/2014-S3 de 27 de octubre, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.
A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-, determina que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0348/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento:
La SC 1447/2004-R de 6 de septiembre señaló que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, solo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren ordenado; dicho entendimiento fue reiterado en las SSCC 0550/2010-R de 12 de julio y 1468/2011-R de 10 de octubre; y, confirmado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio, entre otras. La SCP 0745/2013 de 7 de junio fijó además que el único requisito para materializar la libertad del imputado, es el cumplimiento de las medidas impuestas, diferenciando las que deben ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, la fianza, el arraigo y garantía real o personal, con cuyo cumplimiento, ya se efectiviza la libertad del detenido; y por otro lado, están las posteriores, como las presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales; las cuales, por su naturaleza, no son un requisito previo para efectivizar la libertad. De la jurisprudencia desarrollada, se evidencia que la efectivización de la libertad de la persona detenida preventivamente, en casos en los que se dispone la cesación de dicha medida cautelar, solo depende del cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; por lo que, una vez que el imputado cumplió con ellas, se materializa el derecho a exigir su libertad.
8El FJ III.1, expresa: “Este Tribunal en problemáticas como la planteada, haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa ha viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva”.
9El FJ III.5, señala: “De la normativa y jurisprudencia glosadas, se concluye que para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá resolverlo de inmediato, o en su caso, dadas las circunstancias, dentro de un plazo razonable y la libertad en caso de concesión de una medida sustitutiva, se hará efectiva sólo cuando se hubieran cumplido los requisitos impuestos por la autoridad judicial competente, pues de lo contrario el rechazo se torna injustificado, convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”.
10El FJ III.2, indica: “En ese sentido la SC 0044/2010-R de 20 de abril, igualmente ha señalado:`… la regla general es que luego de la audiencia de medidas sustitutivas a la detención preventiva, en la que se debe observar el art. 246 del CPP, y una vez cumplidos los requisitos señalados por el juez, se disponga la libertad del imputado, salvo que la naturaleza de las medidas sustitutivas impuestas y la necesidad de escuchar a la otra parte, obliguen al juzgador, excepcionalmente, a fijar una posterior audiencia´”.
11El FJ III.2, refiere: “La SC 1194/2011-R de 6 de septiembre, expresó que: `Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: «...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva» (SC 1447/2004-R de 6 de septiembre)…´”.
12El FJ III.2, manifiesta: “Teniendo en cuenta que el recurso de apelación incidental planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar no tiene efecto suspensivo, entonces se entiende que la misma provocará la inmediata ejecución de la decisión adoptada sin perjuicio de aguardar los resultados de parte del Tribunal de alzada. En consecuencia, siguiendo ese razonamiento, cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales.
Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad”.
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, libertad de locomoción y a la dignidad; toda vez que, la autoridad jurisdiccional demandada, una vez cumplidas las medidas sustitutivas dispuestas, no libró el mandamiento de libertad, con el argumento de que existe un recurso de apelación pendiente desde el 20 de octubre de 2022, mismo que no fue resuelto.
Con carácter previo, es necesario aclarar que si bien en la acción tutelar se hace referencia como imputado a un adolescente; sin embargo, de la documental adjunta se evidencia que el proceso penal es seguido contra una persona mayor de edad. De los antecedentes anotados en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Jhonny Del Castillo Bonilla por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, en audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de octubre de 2022, celebrado por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, se emitió el Auto Interlocutorio 24/22 que dispuso conceder la cesación a la detención preventiva del imputado -ahora accionante-ordenando el arraigo nacional y departamental, la presentación ante el Ministerio Público una vez por semana y fianza económica de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos) para ser cumplidas en el plazo de quince días. Asimismo, se advierte que el accionante y la víctima interpusieron recurso de apelación (Conclusión II.1). Una vez remitida la apelación, en audiencia de 15 de noviembre de 2022, celebrada en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, se pronunció el Auto de Vista 634 de igual fecha que declaró admisible y procedente la apelación interpuesta por la parte civil contra el Auto Interlocutorio 24/2022 de 20 de octubre, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital, revocando la decisión emitida en un tanto y en cuanto se acredite la pericia para el trabajador para desempeñar la función por el cual ha sido contratado referido a la certificación para ejercer esas funciones (Conclusión II.2).
Sin embargo; de lo ya dispuesto, mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, el peticionante de tutela solicitó se libre mandamiento de libertad (Conclusión II.3).
Si bien, de conformidad al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; una vez que, se cumplan con las medidas sustitutivas a la detención preventiva corresponde se libre mandamiento de libertad; sin embargo, en el caso se advierte que el Juez demandado al rechazar la emisión del mandamiento de libertad solicitado por el accionante adoptó una decisión enmarcada dentro del debido proceso toda vez que, fue como consecuencia directa y lógica de la determinación adoptada por el Auto de Vista 634 de 15 de noviembre de mencionado año emitido por el Tribunal de alzada que en grado de apelación, revocó el Auto Interlocutorio dictado por el Juez a quo que dispuso la cesación de la detención preventiva y ordenó que la medida cautelar de detención preventiva se mantenga vigente hasta que se acredite la pericia para el trabajador para desempeñar la función por el cual ha sido contratado referido a la certificación para ejercer esas funciones.
Tal decisión del Tribunal de alzada es la que debe ser cumplida por el juez inferior, lo contrario es incurrir en desobediencia a resoluciones superiores lo que conllevaría a la violación del debido proceso y la seguridad jurídica; más aún cuando en el presente caso, el propio demandado solicitó se libre mandamiento de libertad, ya tenía conocimiento que la decisión inicial que concedió la cesación de la medida cautelar fue revocada en audiencia por el tribunal de alzada dado que en la secuencia de los actos procesales la audiencia de apelación fue celebrada el 15 de noviembre de citado año y la solicitud presentada por el impetrante de tutela fue realizada el 24 del mismo mes y año; en consecuencia, se evidencia que la autoridad demandada al negar la emisión del mandamiento de libertad no ha vulnerado el derecho a la libertad, locomoción ni a la dignidad del solicitante de tutela, razón por la que corresponde denegar la tutela solicitada.
Una vez resuelta la controversia planteada, corresponde analizar la actuación de José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien actuó como Vocal de garantías en el presente caso pronunciándose y resolviendo la demanda tutelar de forma unipersonal mediante Resolución 18 de 2 de diciembre de 2022.
Actuación que desconoce que la competencia para resolver acciones de libertad debe ser por mayoría absoluta de los miembros del Tribunal; toda vez que, la modificación introducida por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- al art. 251 del CPP no alcanza a las resoluciones que se emiten en acciones de libertad; al efecto, se debe tener presente que la acción de libertad está prevista y regulada por el artículo 125 de la CPE y el Código Procesal Constitucional, y constituye una garantía jurisdiccional de carácter extraordinario, tutelando derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, la integridad física y la libertad de locomoción. Por su naturaleza, trascendente al proceso penal ordinario, las acciones de libertad pueden ser conocidas y resueltas por un Juez Constitucional -juzgado unipersonal- o por un Tribunal de garantías, caso en el que dicha instancia de justicia debe actuar como un Tribunal Colegiado (es decir, conformado por al menos dos vocales en sala), garantizando la pluralidad de criterio y la deliberación colegiada que exige la complejidad de los derechos fundamentales en juego. La aplicación extensiva del artículo 251 del CPP a una acción constitucional desnaturaliza la especialidad de la jurisdicción constitucional y representa una vulneración al debido proceso, específicamente en sus componentes de juez natural y la doble instancia, al reducir la deliberación judicial a una sola voluntad cuando la Constitución y la Ley exigen un análisis más robusto. Empero, por la característica de sumariedad que rige en la acción de libertad en el caso particular, no se dispondrá la nulidad de obrados, sino que se resolvió el fondo de la controversia planteada debido a la suficiencia de la documentación acompañada al expediente constitucional.
Sin embargo, por la gravedad de su actuación, corresponde llamar la atención al referido Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, pues al ser parte y conformar un Tribunal colegiado, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia y celeridad, de convocar al Vocal llamado por ley para poder conformar el Tribunal de Garantías -colegiado, correspondiente a una Sala de justicia departamental- y no resolver la presente acción de libertad de forma individual. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 18 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia;
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Llamar la atención al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
6 Tribunal Constitucional Plurinacional, Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional, SCP 2233/2013. Disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/16434 7El FJ III.1, indica: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0497_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 633f02a8e493ec419d0095e25e4d288c30b2d52348ae2030bacea88eca91a7ce
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