Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en su elemento fundamentación; así como, los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, necesidad y utilidad de las medidas cautelares; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente en grado de tentativa, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista de 28 de septiembre de 2023, declaró improcedente la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, sustentado el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, en la diferencia de edad y en la condición de menor de la denunciante; construyendo dicho riesgo procesal, a partir de las circunstancias del hecho investigado y no en elementos objetivos adicionales; y, manteniendo su privación de libertad, pese a que en apelación reclamó que dicho riesgo podía ser neutralizado mediante la aplicación de medidas cautelares menos gravosas, como la detención domiciliaria con escolta policial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 27 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del Departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2023, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
b) La autoridad demandada o quien ejerza ese cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela respecto a la solicitud de libertad inmediata del accionante, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 16 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0496/2026-S3 Sucre, 20 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 59174-2023-119-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Ariel Muriel Escobar contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 2 de octubre de 2023, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación de niño, niña o adolescente en grado de tentativa, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, en virtud de una resolución emitida por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del citado departamento, decisión que fue confirmada en apelación por el Vocal de la Sala Penal Primera -ahora demandado-. Dicha medida fue dispuesta sobre la base de un único riesgo procesal, consistente en el supuesto peligro efectivo para la víctima, sustentado en la diferencia de edad y en la condición de menor de la denunciante; aspecto que, a su criterio, fue construido a partir de las circunstancias del hecho investigado y no en elementos objetivos adicionales; asimismo, en audiencia de apelación, a través de su defensa técnica, cuestionó la existencia del riesgo procesal y solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, como la detención domiciliaria con custodio policial como medida idónea y suficiente para neutralizar el riesgo invocado; sin embargo, le denegaron el recurso; por lo cual, aún permanece con detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en su elemento fundamentación; así como, los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, necesidad y utilidad de las medidas cautelares; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que en el día se ordene su inmediata libertad y la citación de la autoridad recurrida para que preste el informe de ley y remita todos los antecedentes del caso, en especial el acta de audiencia.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de octubre de 2023, según consta en acta cursante a fs. 22 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) Siempre que el peligro de fuga u obstaculización pueda ser modificado con una medida menos gravosa, es imperativo imponer esta última, como ser una detención domiciliaria que cumpla la misma finalidad; b) El Vocal demandado omitió aplicar el “art. 222.7” y la línea constitucional de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1435/2015-S2 de 23 de diciembre, que prohíbe acreditar un riesgo procesal basándose únicamente en el mismo hecho; c) No existen elementos objetivos de probabilidad de autoría; toda vez que, la supuesta víctima -madre-incurrió en contradicciones; d) Las medidas cautelares deben caracterizarse por los principios de necesidad y utilidad; por lo que, la detención preventiva en este caso es evitable y las cárceles no deben ser utilizadas como depósitos de detenidos; y, e) Finalmente, solicitó se declare la procedencia de la acción y se conceda la tutela.
Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 16 a 17 vta., manifestó que: 1) En cumplimiento del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Tribunal de alzada limitó su análisis a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pronunciándose sobre el cuestionamiento relativo al art. 233.1 del CPP; en ese marco, y considerando la etapa indiciaria del proceso, concluyó que existen suficientes elementos de convicción que sustentan la probabilidad de autoría, conforme a los antecedentes descritos en el Auto de 11 de septiembre de 2023; 2) Se consideró que la madre de la víctima habría sorprendido al imputado junto al menor en una situación comprometedora, así como la corroboración efectuada por el propio menor y la verificación realizada por el investigador policial; en base a estos antecedentes, el Ministerio Público efectuó una calificación provisional del hecho como delito de violación de niño, niña o adolescente en grado de tentativa; 3) Respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, se tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima, la asimetría existente y la necesidad de protección reforzada, conforme a la jurisprudencia constitucional y estándares internacionales; asimismo, se estableció que la detención preventiva resulta compatible con el art. 221 del CPP, al ser una medida necesaria para garantizar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; y, 4) Finalmente, se dejó constancia de que la defensa no formuló agravios concretos adicionales; por lo que, el Tribunal no podía pronunciarse ultra petita sobre aspectos no cuestionados; en consecuencia, la Resolución fue emitida con la debida fundamentación y motivación, sin vulneración de derechos ni garantías constitucionales, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.
El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de Garantías, mediante Resolución de 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 27 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) Se evidenció que, al momento de fundamentar el recurso de apelación, el abogado del accionante no precisó ni desglosó claramente los agravios invocados, limitándose a efectuar observaciones respecto al núm. 1 del art. 233 del CPP, relativo a la probabilidad de autoría, y a citar el art. 234 del mismo cuerpo legal, sin desarrollar adecuadamente la concurrencia o no del riesgo procesal de fuga; ii) Los argumentos posteriormente expuestos en la acción de libertad, referidos a la imposibilidad de fundar un riesgo procesal en el propio hecho ilícito, así como la aplicación de los principios de favorabilidad, excepcionalidad y proporcionalidad, no fueron planteados ni explicados de manera clara en la audiencia de apelación, ni vinculados con los hechos concretos y los derechos fundamentales invocados; iii) Ante dicha omisión argumentativa, no correspondía a la autoridad demandada suplir la falta de fundamentación ni establecer de oficio la vinculación entre los derechos alegados y los fundamentos de la resolución que dispuso la detención preventiva, al no existir un nexo de causalidad entre los agravios y la supuesta vulneración de derechos constitucionales; y, iv) En consecuencia, se concluyó que el Auto de Vista impugnado cumplió con el principio de congruencia, la legalidad ordinaria y la debida fundamentación y motivación, al circunscribirse a los puntos efectivamente reclamados en audiencia, sin evidenciarse vulneración de derechos ni garantías.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de violación en grado de tentativa, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares el 11 de septiembre de 2023, mismo que fue resuelto por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital de Cochabamba, ordenando su detención preventivamente en el Centro Penitenciario San Antonio del mismo departamento, resolución que fue apelada (fs. 19 a 21). II.2. Por acta de audiencia virtual de apelación incidental de medida cautelar, de 28 de septiembre de 2023, se advierte que el imputado -ahora accionante- a través de su abogado, señaló los siguientes agravios: a) No existirían elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de autoría conforme al art. 233 núm. 1 del CPP, cuestionando la calificación de tentativa al no evidenciarse actos idóneos, inequívocos ni concluidos, más aún cuando de los antecedentes se tendría versiones contradictorias y la supuesta víctima habría estado dormida sin percatarse de hecho alguno; b) Se pregunta si la detención es el único medio para evitar el riesgo procesal, como la detención domiciliaria en su caso, con escolta policial para precautelar dicho riesgo; c) El riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234 del CPP no se puede sustentar en meras presunciones abstractas; c) No tiene ningún antecedente policial; asimismo, debe considerar que se presentó un memorial donde se aclara que -se entiende el hecho denunciado- no pasó; y, d) Las medidas cautelares tienen carácter excepcional, deben ser aplicados de manera indispensable para la averiguación de la verdad; por lo que, solicitó se revoque el Auto Interlocutorio impugnado y se disponga la aplicación de una medida sustitutiva a la detención preventiva (fs. 12 a 13 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista de 28 de septiembre de 2023, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por Carlos Ariel Muriel Escobar, confirmando la Resolución emitida por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del citado departamento, que dispuso su detención preventiva, bajo los siguientes fundamentos: 1) La autoridad jurisdiccional de instancia realizó una debida fundamentación respecto a la concurrencia de la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP, estableciendo que en la etapa inicial del proceso penal no se exige prueba plena sino la existencia de indicios suficientes que permitan sostener razonablemente la participación del imputado en el hecho investigado; en ese marco, valoró elementos como el informe de acción directa, las declaraciones de la madre de la víctima, el acta de aprehensión por particulares, informe psicológico del menor y, conforme a estos antecedentes la autoridad jurisdiccional considera suficiente para sostener la existencia de la probabilidad de autoría; 2) En relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, referido a que el imputado constituya un peligro efectivo para la víctima, la autoridad jurisdiccional en base a la SCP 394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 001/2019-S2 de 15 de enero, ha tomado en cuenta la situación de la víctima que pertenece a un grupo vulnerable y de protección reforzada en casos de delitos sexuales; es decir, ha considerado que la víctima tiene diez años de edad y que se halla en situación de vulnerabilidad frente al imputado, que es bastante mayor; y, en cuanto a las características del delito, el comportamiento del imputado al momento de realizarse el hecho reprochable; 3) Respecto a los argumentos de la defensa vinculados a la inexistencia de tentativa y a la supuesta insuficiencia de elementos de convicción, el Tribunal de alzada estableció que tales cuestionamientos implican un análisis de fondo sobre la configuración del delito y la responsabilidad penal; lo cual, resulta ajeno a la naturaleza de la etapa cautelar, donde la calificación jurídica es provisional y sujeta a modificación conforme avance la investigación; además, se destacó que existen actos investigativos pendientes que podrían corroborar o desvirtuar las hipótesis planteadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa, por lo que no corresponde en esta fase emitir conclusiones definitivas; y, 4) Finalmente, se evidenció que el apelante no cumplió con la carga de fundamentación exigida para la interposición del recurso de apelación, al no precisar de manera clara, concreta y específica los agravios ocasionados por la resolución impugnada ni identificar la vulneración de derechos o garantías constitucionales, limitándose a exponer apreciaciones subjetivas y criterios personales sobre cómo debió resolverse el caso, sin sustento jurídico suficiente ni vinculación directa con los fundamentos de la decisión apelada; motivo por el cual, el Tribunal concluyó que no correspondía dar curso a la pretensión impugnatoria, manteniéndose firme la detención preventiva al considerarse acorde a la finalidad establecida en el art. 221 del CPP (fs. 13 vta. a 15 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en su elemento fundamentación; así como, los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, necesidad y utilidad de las medidas cautelares; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente en grado de tentativa, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista de 28 de septiembre de 2023, declaró improcedente la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, sustentado el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, en la diferencia de edad y en la condición de menor de la denunciante; construyendo dicho riesgo procesal, a partir de las circunstancias del hecho investigado y no en elementos objetivos adicionales; y, manteniendo su privación de libertad, pese a que en apelación reclamó que dicho riesgo podía ser neutralizado mediante la aplicación de medidas cautelares menos gravosas, como la detención domiciliaria con escolta policial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El entendimiento desarrollado en la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, establecieron lo siguiente:
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos 3El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.
En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
La citada SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, se ha referido al riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima en los casos de violencia, estableciendo el siguiente entendimiento:
[El] peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.
Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7 del CPP] -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente” .
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
4 Ibid., p. 89 b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
En efecto, el accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; así como de los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad de las medidas cautelares; por cuanto, el Auto de Vista emitido por la autoridad demandada confirmó su detención preventiva sustentándose en una fundamentación insuficiente y genérica respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, además de omitir un análisis concreto sobre la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas, como la detención domiciliaria solicitada por la defensa. De la revisión de antecedentes procesales y de lo desarrollado en las conclusiones del presente fallo constitucional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente en grado de tentativa, mediante Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2023, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Cochabamba dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Antonio del mismo departamento, decisión que fue apelada incidentalmente por el imputado (Conclusión II.1); contra dicha determinación, accionante interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante el Auto de Vista de 28 de septiembre del 2023 (Conclusión II.3). Sobre el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP
El accionante cuestionó que el peligro efectivo para la víctima, hubiera sido construido únicamente sobre las circunstancias propias del hecho investigado y la condición de minoridad de la presunta víctima, sin la existencia de elementos objetivos adicionales que permitan sostener razonablemente dicho riesgo procesal. De la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Vocal demandado, fundamentó su decisión invocando la SCP 394/2018-S2 y la SCP 001/2019-S2, señalando que la autoridad judicial -refiriéndose al juez a quo- tomó en cuenta la situación de la víctima en cuanto a su pertenencia a un grupo etáreo vulnerable como es la niñez y adolescencia, ya que solamente tiene diez años y siendo que el imputado es bastante mayor se expresa la situación de vulnerabilidad; asimismo, que debe considerarse las características del delito y el comportamiento del imputado a momento de realizarse la conducta reprochable. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, consideren la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. Si bien dicho entendimiento enfatiza la protección de las víctimas de violación mujeres; el mismo, es aplicable también a los niños; puesto que, estos también forman parte del grupo vulnerable que goza de protección reforzada conforme a la normativa y estándares internacionales de protección sobre la debida diligencia reforzada en casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. En el caso examinado, si bien de forma lacónica existe fundamentación, puesto que se invoca los precedentes jurisprudenciales establecidos por la SCP 0394/2018-S2 relativo a los criterios a considerar para determinar la existencia del riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, que son también aplicables cuando la víctima es un niño, como se tiene señalado, dicha innovación resulta correcta; empero, es evidente que la motivación del Auto de Vista impugnado es arbitraria, ya que se consigna una referencia muy abstracta sobre la situación de vulnerabilidad de la víctima -menor de edad- respecto del imputado -que es persona mayor de edad-; sin embargo, la alusión al hecho investigado, no señala en qué medida las características del delito pueden indicar la probabilidad del peligro efectivo de revictimización para la víctima en el caso concreto; y finalmente, no se hace referencia a la conducta del autor antes o después del hecho investigado que sea indicativa del riesgo para la víctima o el denunciante; en definitiva, no se aplican los criterios jurisprudenciales para la determinación del riesgo de fuga por peligro efectivo para la víctima o el denunciante a partir del caso concreto, lo cual resulta meramente retórico; consecuentemente, es evidente que la motivación, que dicho sea de paso, es lacónica, resulta arbitraria que vulnera el derecho al debido proceso; empero, cabe aclarar que la conclusión que precede no implica la constatación de la falta de concurrencia de ese riesgo procesal, sino únicamente de la defectuosa motivación en la que ha incurrido el Vocal demandado a tiempo de verificar su concurrencia. Sobre la proporcionalidad de la detención preventiva Del contenido del Auto de Vista impugnado, resulta evidente que el Vocal demandado, no se ha pronunciado sobre la proporcionalidad de la medida cautelar de detención preventiva; en efecto, no obstante que el apelante -accionante-, de forma explícita invocó como uno de los agravios el que no se haya considerado la aplicación de otras medidas menos gravosas como la detención domiciliaria considerando la existencia de un solo riesgo procesal; es decir, la desproporcionalidad de la medida, la autoridad demandada simplemente omitió pronunciarse sobre esa reclamación; omisión de pronunciamiento, que no solo vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa, sino, el de la debida motivación en torno al examen de la proporcionalidad de la medida cautelar aplicada, como requisito de validez constitucional de la restricción del derecho a la libertad personal a través de la aplicación de la prisión preventiva; examen que, en todo caso, cuando se trata de delitos de violencia sexual con víctimas menores de edad, debe efectuarse ponderando los derechos de los imputados con los de las víctimas en el marco de los estándares nacionales e internaciones de protección de ese grupo poblacional y en casos de violencia sexual. Finalmente cabe puntualizar que, cuando se trata de resoluciones sobre medidas cautelares, no corresponde efectuar el examen de la relevancia constitucional sobre el defecto advertido, puesto que como establece la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio “…la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar”. En mérito a las consideraciones precedentes corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, respecto a la solicitud de libertad inmediata del accionante, corresponde denegar la tutela solicitada; por cuanto dicha determinación, debe ser asumida por la jurisdicción ordinaria, conforme al análisis integral que realice la autoridad judicial competente al emitir la nueva resolución. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 27 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del Departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2023, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
b) La autoridad demandada o quien ejerza ese cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela respecto a la solicitud de libertad inmediata del accionante, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
1 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 2El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0496_2026-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): e92b59ca0385d002b7423065ccac78e1d71c86d6d008e3e7add799db6c72d218
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →