Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, denunció sus derechos al debido proceso, a su libertad, y a la igualdad de partes, en mérito a que la autoridad fiscal demandada, no se habría pronunciado sobre sus solicitudes de proposición de diligencias y requerimientos impetrados; dejándole en estado de indefensión para desvirtuar los riesgos procesales, generando de esta manera incertidumbre en la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0496/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46153-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia, en representación sin mandato de Calixto Garnica Rivadineira contra Edwin Jamachi Valdez, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 1 y 6 y vta., el accionante a través de su representante legal, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 21 de febrero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que la Jueza a quo le negó su libertad, observado su documentación con relación al trabajo y domicilio, con el pretexto de que dichas verificaciones notariadas realizadas por la Notaria de Fe Publica 96, no había sido propuesta con el correspondiente requerimiento fiscal, pese a que su persona en reiteradas oportunidades solicitó al Fiscal de Materia, extienda el correspondiente requerimiento ante cualquier Notario de Fe Pública de Santa Cruz, para que realizará las citadas verificaciones, lo cual, la autoridad fiscal ahora demandada no pretende ordenar, bajo el argumento de que el investigador asignado al caso no tiene tiempo, al estar destinado a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) en la ciudad de Cochabamba. Así, se tiene que su persona por intermedio de su abogado, ha presentado diferentes memoriales solicitando las proposiciones de diligencias, como ser la declaración ampliatoria policial y la reconstrucción de los hechos, de lo cual, hasta la presente fecha –se entiende de esta acción tutelar–, no tuvo respuesta satisfactoria, menos sus memoriales merecieron los correspondientes requerimientos fiscales; viéndose afectados sus derechos a la vida y la libertad toda vez que se encuentra muy mal de salud por tener COVID-19.
El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a su libertad, y a la igualdad de partes; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
La parte accionante solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene que la autoridad fiscal demandada decrete las dos solicitudes de requerimiento fiscal, ya que por la falta de éste su libertad ha sido negada, manteniéndose detenido preventivamente.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de febrero de 2022, según consta a fs. 22 a 24 vta., presente la parte impetrante de tutela y la autoridad fiscal demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante ratificó el tenor íntegro de la acción de defensa interpuesta y ampliando la misma señaló que el 13 de enero de 2022, se presentó un memorial solicitándole al director funcional de la investigación que les emita un requerimiento fiscal para cualquier Notario de Fe Pública de la ciudad de Santa Cruz, para que realizara las verificaciones domiciliarias y laboral tal como lo prevé el art. 277 del CPP; de lo cual, la autoridad fiscal, de manera negligente hasta la presente fecha no ha decretado ni ha ordenado los requerimientos fiscales; razón por la que, el 7 de febrero de igual año, se volvió a reiterar al Fiscal de Materia emita el correspondiente requerimiento, como así también las proposiciones de diligencias, como ser la recepción de su declaración informativa policial ampliatoria, la declaración voluntaria ampliatoria, la reconstrucción de los hechos y la verificación del domicilio y de trabajo; sin que dicha petición fuera atendida por el referido Fiscal hoy demandado, no obstante a que las autoridades jurisdiccionales y fiscales tienen veinticuatro horas para decretar un memorial.
Edwin Jamachi Valdez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó lo que sigue:
a) La autoridad judicial que conoce una acción penal tiene el control jurisdiccional, siendo ésta la competente para conocer cualquier denuncia o vulneración de derechos constitucionales, que en el caso concreto resultaría ser el Juez de Instrucción Penal Tercero de Montero ante quien la parte accionante debía acudir previamente, si consideraba que el suscrito Fiscal estaría vulnerando el derecho a la petición del requerimiento; b) La detención preventiva no es un acto ilegal, ya que devino de una resolución emanada por autoridad competente; y, c) Todos los memoriales presentados por plataforma fueron atendidos dentro las veinticuatro horas establecidas por ley, conforme se tiene en el Sistema Cup, es decir que, fueron decretados en el tiempo oportuno y hábil; razón por la que corresponde denegar la tutela, ya que la pare accionante no está actuando con la verdad procesal.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 25 a 26, denegó la tutela solicitada, sustentando su determinación en el entendido de que la parte accionante luego de solicitar la proposición de diligencias y requerimientos al Fiscal de Materia demandado; esta autoridad, conforme consta de la revisión del cuaderno de investigación, actuó de manera inmediata y diligente resolviendo la solicitud de la parte imputada de manera oportuna; no habiendo vulnerado el derecho a la libertad como efecto de una supuesta retardación al resolver los memoriales del peticionario de tutela; conforme se puede evidenciar en los actuados que cursan en el cuaderno de investigación, infiriéndose que al momento de presentación de la de acción de libertad, los supuestos fácticos habrían cesado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 13 de enero de 2022, el accionante Calixto Garnica Rivadineira, solicitó al Fiscal de Materia hoy demandado requerimiento fiscal para que la Notaria de Fe Pública 5 de la localidad de Eterezama del departamento de Cochabamba, realice la verificación domiciliaria laboral; así como la Notaria de Fe Pública 96, efectúe la verificación laboral del taller de tornería Kayi (fs. 2). Por decreto de 14 de enero de 2022, el Fiscal de Materia hoy demandado, en atención al escrito precitado dispuso que el investigador asignado al caso proceda a realizar la verificación laboral del imputado Calixto Garnica Rivadineira (fs. 19). II.2. De igual forma, por escrito de 7 de febrero de 2022, el impetrante de tutela, solicitó al Fiscal de Materia a cargo de su caso, requerimiento fiscal para el Psicólogo Eduardo Ponce, a fin de que se efectúe la pericia como anticipo de prueba; reiterando se señale día y hora para que se le recepcione su declaración ampliatoria policial, la reconstrucción de los hechos, así como la realización de las proposiciones de diligencias; solicitud reiterada mediante memorial de 21 de igual mes y año (fs. 3 a 4). Solicitudes que fueron atendidas mediante providencia de 22 de febrero de 2022, a través de la cual, la autoridad fiscal hoy demandada ordenó que por secretaría se extiendan los requerimientos fiscales impetrados por el hoy accionante, en virtud a que la Jueza de la causa, en audiencia de cesación a la detención preventiva ordenó que las verificaciones y el flujo migratorio se hagan vía requerimiento fiscal (fs. 21).
El impetrante de tutela, denunció sus derechos al debido proceso, a su libertad, y a la igualdad de partes, en mérito a que la autoridad fiscal demandada, no se habría pronunciado sobre sus solicitudes de proposición de diligencias y requerimientos impetrados; dejándole en estado de indefensión para desvirtuar los riesgos procesales, generando de esta manera incertidumbre en la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0781/2020-S4 de 1 de diciembre, citando la SCP 0011/2014 de 3 de enero, sostuvo que: “’La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) (…) busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. (…) Bajo ese entendimiento, la SC 1070/2001-R de 4 de octubre asumió que: ‘todas las peticiones que estén vinculadas al derecho de libertad en cualquier materia, deben ser atendidas de forma inmediata, para el caso de no existir una norma que establezca un plazo y si existe se debe cumplir estrictamente lo determinado, por ser el citado derecho fundamental y primario después de la vida’ (…). Según lo previsto en el art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la garantía judicial del debido proceso, en el ámbito penal, tiene como contenido un conjunto de garantías mínimas como ser: el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a la defensa, el derecho a ser asistido por un intérprete, el derecho a un proceso público por un juez natural, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Entendiéndose un proceso sin dilaciones aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción’. De igual forma, la SCP 0746/2022-S4 de 12 de julio, sobre el particular, señaló que: “Ahora bien, para los casos en los que se presentan dilaciones indebidas e injustificadas en los trámites vinculados con los privados de libertad; se ha instituido la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, antes denominada hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; por medio del cual, se pretende proteger el derecho a la libertad física de las personas, a partir de la exigencia de celeridad en los trámites correspondientes, la cual conforme se vio, no está dirigida únicamente a autoridades judiciales, sino también administrativas, cuando se encuentra restringido este derecho. Así la SCP 0834/2012 de 20 de agosto, estableció: ‘…por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad´. La acción de libertad- traslativa o de pronto despacho, constituye parte de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y por tanto es un mecanismo procesal idóneo, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, concretando así, el principio de celeridad, cuando esté se encuentre vinculado al derecho de la libertad, y el mismo sea vulnerado por actos dilatorios, que eviten considerar la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Por su parte, la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, aclaró que: ‘Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…', e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…’” (las negrillas son nuestras).
Al respecto la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, que moduló a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, expresó lo siguiente: “La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.
Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición…” (las negrillas nos corresponden).
El impetrante de tutela, denunció sus derechos al debido proceso, a su libertad, y a la igualdad de partes, en mérito a que la autoridad fiscal demandada, no se habría pronunciado sobre sus solicitudes de proposición de diligencias y requerimientos impetrados; dejándole en estado de indefensión para desvirtuar los riesgos procesales, generando de esta manera incertidumbre en la resolución de su situación jurídica. De los antecedentes que informan la presente acción de libertad se tiene que el ahora accionante mediante memorial de 13 de enero de 2022, solicitó al Fiscal de Materia hoy demandado requerimiento fiscal para que la Notaria de Fe Pública 5 de la localidad de Eterezama del departamento de Cochabamba, realice la verificación domiciliaria laboral; así como la Notaria de Fe Pública 96, efectúe la verificación laboral del taller de tornería Kayi. De igual forma, por escrito de 7 de febrero de 2022, el impetrante de tutela, solicitó a la autoridad fiscal a cargo de su caso, requerimiento fiscal para el Psicólogo Eduardo Ponce, a fin de que se realice la pericia como anticipo de prueba; reiterando se señale día y hora para que se le recepcione su declaración ampliatoria policial, la reconstrucción de los hechos, así como las proposiciones de diligencias; solicitud reiterada mediante memorial de 21 de igual mes y año. Dichos memoriales, a decir del impetrante de tutela, hasta la presentación de esta acción de defensa (23 de febrero de 2022), no habrían sido atendidos por el Fiscal de Materia ahora demandado, lo que generó que su situación jurídica no hubiera sido modificada. De lo precedentemente señalado y, considerando el desarrollo jurisprudencial desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad que tenga conocimiento sobre solicitudes de personas que se encuentren privadas de libertad, debe atenderlos en el plazo otorgado por norma o con la mayor celeridad posible; caso contrario, el justiciable viéndose afectado por alguna dilación indebida en la tramitación de un actuado procesal que involucre su derecho a la libertad, puede activar esta acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar el procedimiento pendiente. Bajo ese marco jurisprudencial, aplicable al caso concreto, se tiene que en lo concerniente a las solicitudes realizadas por el accionante, respecto de sus requerimientos y proposición de pruebas, a ser utilizadas de manera posterior como prueba para impetrar su cesación de la detención preventiva; una vez puestas a conocimiento de la autoridad fiscal hoy demandada, éste mediante providencia de 14 de enero de 2022, dispuso que el investigador asignado al caso proceda a realizar la verificación laboral del imputado Calixto Garnica Rivadineira; así como mediante decreto de 22 de febrero de igual año, ordenó que por Secretaría se extiendan los requerimientos fiscales impetrados por el hoy accionante, en virtud a que la Jueza de la causa, en audiencia de cesación a la detención preventiva había dispuesto que las verificaciones y el flujo migratorio se hagan vía requerimiento fiscal; encontrándose en tal circunstancia las peticiones del impetrante de tutela atendidas de manera pronta, oportuna y con la celeridad que es exigible ante solicitudes de personas privadas de libertad, aspecto que, no fue sujeto de controversia por el peticionario de tutela; infiriéndose de ello, que efectivamente obtuvo respuesta a sus memoriales, cuya fecha de ingreso real fue el 13 de enero y 21 de febrero de 2022, con proveídos de 14 de enero y 22 de febrero de 2022, lo que permite establecer con certeza que no existió una dilación indebida, más al contrario se advierte que en consonancia a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; que determina la obligación del Ministerio Público a expedir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a impetrar cesación de la detención preventiva; la autoridad demandada emitió una respuesta inmediata, no advirtiendo este Tribunal que concurra vulneración a los derechos invocados en esta acción tutelar por el accionante; pudiendo éste recabar la información requerida del despacho fiscal y hacer uso de ella para el trámite tendiente a revisar su situación jurídica, si así correspondiere. Consiguientemente, en relación a los hechos denunciados incumbe denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0496_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 564dcd7d2e5b538a3c40d807adfa4721c3ba87a871bb9cd9f7f3d1615f7f1452
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