Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al acceso a la información; toda vez que, habiendo solicitado una autorización para recolectar castaña en tierra fiscal colindante con su Comunidad Indígena, hasta la presentación de esta acción de defensa, no tiene una respuesta formal por parte del INRA. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: i) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 093/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29, emitida por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto del derecho de petición, en los términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos expuestos precedentemente; y, 2º DENEGAR respecto a la vulneración del derecho al acceso a la información, conforme a los argumentos señalados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0495/2024-S1 Sucre, 29 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51719-2022-104-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 093/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edilberto Manu Luricy en representación de la Comunidad Indígena Takana “RINCONCITO PANDINO” del municipio de Sena, de la provincia Madre de Dios, del departamento de Pando contra Braulio Coarite Quispe, Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del mismo departamento.
Mediante memoriales presentados el 31 de octubre y 4 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 5 a 8 vta. y 20; el impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que ante la proximidad de la zafra de castaña, se constituyó ante el INRA del departamento de Pando, a objeto de recabar una autorización para recolectar castaña en tierra fiscal colindante con su Comunidad Indígena; así, el 14 de octubre de 2022, presentó memorial adjuntando documentación que acreditaba su legitimidad; empero, hasta la presentación de esta acción de defensa, no tiene una respuesta formal. Refiriendo que, “EL ACCIONANTE” como servidor público se olvidó que tiene la obligación de responder el pedido y a brindar información fundamentada; puesto que, de no hacerlo estaría vulnerando los derechos señalados -de petición y a la información- y de otros terceros, “…como en el caso presente de oda una comunidad que está esperando el visto bueno de INRA PANDO para poder organizar sus actividades ancestrales, como es la recolección de castaña” (sic).
El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición y al acceso a la información, conforme a los arts. 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, ordenándose que en el plazo de veinticuatro horas “…nos respondan al pedido, así como también la información solicitada” (sic).
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 10 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 25 a 26, produciéndose los siguientes actuados:
El solicitante de tutela de tutela, a través de su abogado, se ratificó de manera íntegra en el tenor de su memorial de acción de amparo constitucional; y ampliándola en audiencia, indicó que la autoridad demandada debería tener más consideración tratándose de comunidades campesinas que vienen desde lejos para presentar sus notas “…y no les da una respuesta pronta, les hace gastar en hospedaje en alimentación y todo el tiempo que no pueden trabajar por esperar su respuesta y en caso de existir alguna omisión en la nota o falta algún requisito de manera inmediata deberían hacerle conocer, en este caso es una solicitud para aprovechar la época de castaña que para ellos es muy importante pero hasta la fecha no le dan respuesta…” (sic).
Braulio Coarite Quispe, Director del INRA Pando, en audiencia por intermedio de su abogada, refirió que: a) No se cumplió a cabalidad con el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), “no se agotó” la vía administrativa; b) Ya se le dio respuesta, de forma verbal y escrita, la misma que se encuentra en secretaría desde el 16 de octubre de 2022; c) Además, “…a la fecha Braulio asume el cargo como responsable administrativo financiero y no así como director, pese a eso le dio respuesta y ahora que el señor no haya venido a recogerla eso ya es responsabilidad de él, además también se le dio respuesta verbal” (sic); d) Respecto a la solicitud de aprovechamiento de la castaña no es cuestión del INRA sino de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la primera entidad dota de tierras fiscales disponibles “…no da permisos, esos permisos los tiene que solicitar en ABT no aquí” (sic); y, e) El “26 de octubre” su persona tomó contacto vía telefónica con el peticionante de tutela, haciéndole conocer la respuesta, explicándole que no dan ese tipo de autorización y que el espacio que está solicitando “…es tierra expectaticia por lo que no es nuestra competencia, ahí él me dijo que precisaba una respuesta escrita y le dije que pase por el INRA para recoger su respuesta que ya está lista” (sic). A la pregunta realizada por la Presidente de Sala si hubiese -el INRA- enviado alguna documentación que respalde su informe, la parte demandada respondió negativamente.
La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución 093/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas la autoridad demandada otorgue respuesta y notifique con la misma a la petición de 14 de octubre de 2022, con base a los siguientes fundamentos: 1) En consideración a que los pueblos indígenas originarios se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, corresponde la abstracción del principio de subsidiariedad, para analizar el fondo del problema planteado; 2) Del análisis de antecedentes evidenciaron que Edilberto Manu Luricy -ahora accionante- en su calidad de Presidente de la comunidad indígena Takana “Rinconcito Pandino” del municipio del Sena, provincia Madre de Dios del departamento de Pando, por memorial de 14 de octubre de 2022, solicitó se otorgue autorización para el aprovechamiento y recojo de castaña en tierras fiscales Zafra 2021 a 2022 en una superficie de 5 ha.; y, 3) Existiendo una petición escrita, sin respuesta por parte de la autoridad demandada, debido a que, si bien, a través de su apoderada, el demandado manifestó la existencia de una respuesta, la cual se encontraría en oficinas del INRA; sin embargo, no existe una constancia documentada, y aún existiere la mencionada respuesta, no existe prueba alguna que acredite la notificación al ahora impetrante de tutela; a pesar que, el demandante de tutela en el escrito de 14 de octubre de 2022, hizo conocer el número de su celular a los fines referidos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el memorial de 14 de octubre de 2022, dirigido a “SEÑORES INRA PANDO”, por el cual el ahora peticionante de tutela solicitó la autorización en tierra fiscal disponible para el aprovechamiento de recolección de castaña para la “ZAFRA 2021-2022”, en una superficie de “CINCO MIL HECTARES”, en el área colindante de tierra fiscal entre la Comunidad Indígena Takana “RINCONCITO PANDINO” (fs. 3 a 4).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al acceso a la información; toda vez que, habiendo solicitado una autorización para recolectar castaña en tierra fiscal colindante con su Comunidad Indígena, hasta la presentación de esta acción de defensa, no tiene una respuesta formal por parte del INRA. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: i) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:
El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordará las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: a) Contenido esencial; b) Requisitos de procedencia; c) Legitimación activa; d) Legitimación pasiva; e) Plazo para emitir respuesta.
La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: 1) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; 2) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; 3) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.
Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).
La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:
…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.
Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.
En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas.
Sobre el particular, es necesario señalar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, señaló que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconoció su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”.
En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las Autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares.
La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: a) En el término establecido por ley; y, b) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al acceso a la información; toda vez que, habiendo solicitado una autorización para recolectar castaña en tierra fiscal colindante con su Comunidad Indígena, hasta la presentación de esta acción de defensa, no tiene una respuesta formal por parte del INRA. De antecedentes se tiene el memorial de 14 de octubre de 2022, dirigido a “SEÑORES INRA PANDO”, por el cual el peticionante de tutela solicitó la autorización en tierra fiscal disponible para el aprovechamiento de recolección de castaña para la “ZAFRA 2021-2022”, en una superficie de “CINCO MIL HECTARES”, en el área colindante de tierra fiscal entre la Comunidad Indígena Takana “RINCONCITO PANDINO” (Conclusión II.1). Por su parte, la autoridad demandada informó que ya se le dio respuesta, de forma verbal y escrita, la misma que se encuentra en secretaría desde el 16 de octubre de 2022; además, la solicitud de aprovechamiento de la castaña no es cuestión del INRA sino de la ABT; empero, no acreditó de forma alguna su aseveración, no desvirtuando lo denunciado a través de esta acción de defensa. En ese sentido, se desprende que la petición se encuentra consagrada en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, y su ejercicio supone que una vez planteada, cualquier sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener una pronta respuesta, y las autoridades, como sujetos pasivos, están obligadas a resolver la petición, otorgando una respuesta sea positiva o negativa dentro de los plazos establecidos en su normativa interna y a falta de ella, en un plazo razonable, con la debida fundamentación. Dicho ello, es necesario dejar establecido que el contenido esencial del derecho de petición, consiste en: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y, 4) La obligación por parte de la autoridad o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Por otro lado, constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho. En ese orden de ideas, de los antecedentes remitidos a este Tribunal, lo expresado en la demanda y en la audiencia de consideración de la acción tutelar que se revisa, así como lo descrito en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que en efecto, el impetrante de tutela presentó ante la autoridad ahora demandada, solicitud de autorización para recolectar castaña en tierra fiscal colindante con su Comunidad Indígena; sin embargo, la contestación no fue entregada con prontitud dentro de un plazo razonable, no acreditándose su existencia, incumpliéndose con los requisitos del núcleo esencial del derecho a la petición y su alcance desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En síntesis, la autoridad demandada, vulneró el derecho a la petición del ahora solicitante de tutela; toda vez que, su respuesta no fue otorgada en un plazo oportuno.
Respecto a la supuesta vulneración del derecho al acceso a la información, supuestamente vulnerado, se advierte que no se presentó mayor argumentación sobre cómo éste fue lesionado por la autoridad demandada, más allá de su simple mención, por lo que no es posible analizar el fondo de lo solicitado, correspondiendo ante la omisión de argumentos por el impetrante de tutela, disponer la denegatoria de la tutela impetrada. Por lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 093/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29, emitida por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto del derecho de petición, en los términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos expuestos precedentemente; y, 2º DENEGAR respecto a la vulneración del derecho al acceso a la información, conforme a los argumentos señalados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus
6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”.
7 El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas). 8El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.
9 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0495_2024-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5b1cd787a1f70b1335d056266257a3cd7bdf5159fb853121ed2b1a6b3ec00ccc
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