Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante alega como lesionado sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones; en mérito a que, la Vocal demandada mediante el Auto de Vista 30/2022, cambiando la fundamentación de la Jueza a quo, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de la detención, sin motivación y sin valorar de manera integral los elementos de prueba presentada por su parte; por el contrario fundó su decisión en meras presunciones arbitrarias determinando la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos señalados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0495/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46127-2022-93-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 007/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Sandoval Ayala en representación sin mandato de Jorge Luis Pardo contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 22 de febrero 2022, cursante de fs. 1 a 10, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue rechazada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto mediante Auto de Vista 30/2022 de 18 de febrero, emitido por María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandada–, declarando procedente en parte su recurso; empero, haciendo una nueva fundamentación estableció la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con argumentos subjetivos que empeoraron su situación jurídica, sin enmarcarse en la Constitución Política del Estado y menos en la jurisprudencia constitucional. La autoridad demandada, en el referido Auto de Vista concluyó que, el Juez a quo fundó la persistencia del riesgo procesal de obstaculización en el elemento de peligro efectivo para la víctima y que la prueba presentada por su parte no fue suficiente para desvirtuar dicho riesgo, sin hacer un razonamiento adecuado en cuanto a su conducta, habiendo presentado el Informe del Investigador al caso, que refiere que se cumplió con las medidas de protección establecidas, además que no existe denuncia en su contra o sus familiares sobre amedrentamientos a la víctima o denunciante. La autoridad ahora demandada mencionó que la amplia jurisprudencia constitucional estableció que, la conducta del imputado al momento de la aprehensión solo puede ser considerada para la aplicación de medidas cautelares; sin embargo, para considerar la cesación de la detención preventiva se debe tener en cuenta si a partir de la detención éste volvió a incurrir en conductas semejantes, que demuestre el riesgo de fuga u obstaculización, aspecto que no aconteció por su parte conforme se tiene respaldado con el Informe de 25 de enero de 2022, emitido por el Investigador al caso, recayendo en un razonamiento incongruente. Con relación a la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, el Auto de Vista cuestionado manifestó que: “en el presente acto se ha escuchado a la abogada de la víctima o denunciante que eventualmente familiares de la víctima estarían realizando actos de confrontación con la madre de la menor víctima, situación que conlleva que en el caso eventualmente se mantenga…” (sic); por lo que, no se respetó los parámetros establecidos como el de razonabilidad; toda vez que, dicho riesgo para ser considerado concurrente debe fundarse en pruebas objetivas que demuestren que su persona esté demostrando algún acto de influencia negativa o confrontación en testigos o víctimas con base en elementos materiales.
La parte accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, y a impugnar el fallo, citando al efecto los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1,3 y 5 parte in fine y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 30/2022 de 18 de febrero, únicamente respecto a los razonamientos relativos al art. 234.7 del adjetivo penal, “y con relación a la disposición de que sea el tribunal ad quo quien resuelva tal situación” (sic); y, b) Ordene la emisión de una nueva resolución dentro del plazo razonable en observancia de la jurisprudencia vinculante y los fundamentos vertidos.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de febrero de 2022, conforme al acta cursante a fs. 44 y vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad y ampliando la misma señaló que, se debe tener presente el principio de presunción de inocencia, el suponer que va huir se encuentra prohibido por la norma, ya que la carga de la prueba es para el acusador y el Ministerio Público; el Tribunal de alzada no tiene prueba para confirmar el rechazo de la cesación de la detención preventiva, si bien citó las “SC 0807/2005 y SC 961/2006” respecto a considerar la conducta del imputado, situación que no existe; por lo que, solo se presume el peligro efectivo para la víctima; no se hizo una valoración integral de los elementos presentados por su parte.
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 43 y vta., manifestó que: 1) Siendo que, la fundamentación y motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales sino exige consideraciones y citas legales y una estructura de forma y fondo que, en el caso analizado fueron debidamente cumplidas; por lo cual, la mera disconformidad de la parte accionante con lo resuelto no constituye en causa suficiente para solicitar se conceda la tutela, más cuando la instancia constitucional no asume un rol de casación, impugnación o supletorio de la actividad de los jueces; y, 2) La SCP 0026/2012 de 16 de marzo, citada por la SCP 0150/2018-S4 de 16 de abril, respecto a los límites de la valoración de la prueba en la acción de libertad, refirió que es atribución privativa de la jurisdicción ordinaria o del juez que conoce la causa, pudiendo la jurisdicción constitucional excepcionalmente valorar prueba, cuando se advierta que en dicha tarea existió apartamiento de los marcos legales de razonabilidad o se haya omitido arbitrariamente tomar en cuenta la evidencia lesionando derechos fundamentales y garantías constitucionales, solicitando en consecuencia, se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Décima del departamento de Cochabamba constituida en Jueza de garantías, por Resolución 007/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: i) Del Auto de Vista 30/2022, se tiene que la autoridad demandada procedió a dar explicación a los argumentos vertidos por la defensa, observándose el cumplimiento de los aspectos señalados que garantiza el derecho a la motivación como elemento del debido proceso, ya que se expuso de manera clara los hechos; así como, los aspectos fácticos puntualizados por el impetrante de tutela y describiendo los agravios expuestos en audiencia; ii) La Vocal demandada, realizó una descripción del Auto Interlocutorio impugnado y determinó que: “habiéndose establecido la vulneración del deber de fundamentación que acogía a la autoridad en relación a los presupuestos, merced de ello de advertirse que únicamente realiza una valoración descriptiva y no así una valoración intelectiva conforme lo exige el compilado procesal y la jurisprudencia citada, resulta evidente para la instancia el agravio que expone el ahora recurrente, habiendo a su vez aperturado el control de legalidad y normativo que asiste a esta instancia, mereced de la solicitud efectuada por el ahora recurrente en sentido de realizar un análisis de los elementos de convicción y advertir la idoneidad de los mismos en la pretensión que fuera solicitada” (sic), consideró los elementos de convicción de manera individualizada, concluyendo que su análisis responde a la SCP “001/2019” y al art. 410 de la CPE, la interpretación relativa a los presupuestos de enfoque interseccional y de género que tiene una consideración extensiva que implica el respeto de grupos vulnerables conforme disposiciones especiales contempladas en la “Ley 586”, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a grupos de niñas, niños y adolescentes; y, iii) Por otra parte, respecto al enfoque interseccional, consideró lo referido por la SCP 0394/2018-S de 3 de agosto, señalando que el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser verificable materialmente, es decir que la situación concreta de la víctima debe ser comprobable; empero, en los casos de violencia contra las mujeres tanto la autoridad fiscal como judicial deben tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad o desventaja en que se encuentre la víctima o denunciante con relación al imputado y otros aspectos para determinar si pone en evidente peligro de vulnerabilidad a la víctima; por lo que, en el caso analizado, se advierte la autoridad ahora demandada en el Auto de Vista impugnado, advirtió que son riesgos y no suposiciones como alega la defensa; en consecuencia, se constata que actuó dentro del marco de razonabilidad previsto en la norma y jurisprudencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el Acta de Registro de Audiencia Pública (virtual) para la Cesación de la Detención Preventiva y el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2022, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante el cual se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de Jorge Luis Pardo – ahora accionante– (fs. 22 a 25). II.2. Consta Auto de Vista 30/2022 de 18 de febrero, pronunciado por María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela; en consecuencia, confirmó el Auto interlocutorio de 1 de febrero de 2022, es decir, mantuvo su detención preventiva (fs. 38 a 41).
La parte accionante alega como lesionado sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones; en mérito a que, la Vocal demandada mediante el Auto de Vista 30/2022, cambiando la fundamentación de la Jueza a quo, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de la detención, sin motivación y sin valorar de manera integral los elementos de prueba presentada por su parte; por el contrario fundó su decisión en meras presunciones arbitrarias determinando la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio, señaló que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, «…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…» (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)”. Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso” (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, la SCP 0451/2023-S4 de 5 de junio, con relación a la congruencia, enunciando a la SCP 0314/2019-S4 de 5 de junio, señaló que: “Otro elemento integrador del debido proceso es la congruencia de las resoluciones y su observancia compele a la autoridad jurisdiccional o administrativa emitir pronunciamientos que guarden una estricta correspondencia entre la petición de las partes y la decisión a emitirse; asimismo, exige que al interior de una misma resolución exista una clara secuencia argumentativa entre las consideraciones y la decisión propiamente dicha.
‘(…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia’.
(…)
‘…la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión ” (las negrillas nos corresponde).
Dentro del proceso penal seguido contra Jorge Luis Pardo –ahora accionante– por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitó cesación de la detención preventiva en virtud del art. 239.1 del CPP, ante lo cual, la Jueza de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2022, rechazó dicha pretensión (Conclusión II.1.); decisión que fue objeto de apelación y resuelto mediante Auto de Vista 30/2022, pronunciado por María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandada–, declarando procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela y confirmó el Auto interlocutorio de 1 de febrero de 2022, manteniendo su detención preventiva (Conclusión II.2.). La parte accionante alega como lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; en mérito a que, la Vocal demandada mediante el Auto de Vista 30/2022, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de la detención, sin motivación y sin valorar la prueba presentada, sino fundó su decisión en presunciones arbitrarias para establecer la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. Delimitado que fue la problemática planteada, considerando que el accionante alega como acto vulnerador de sus derechos los argumentos vertidos por la Vocal demandada a tiempo de establecer la concurrencia del riesgo procesal determinado en el art. 234.7 de la norma procesal penal; en consecuencia, con la finalidad de atender lo denunciado, es pertinente analizar la fundamentación realizada por la autoridad jurisdiccional demandada en el Auto de Vista 30/2022 impugnado, respecto a la fundamentación de dicho riesgo procesal, siendo los siguientes: a) Del análisis de los argumentos que explicita la inferior en grado se evidencia ciertamente la vulneración del debido proceso consagrado en el art. 115.I de la CPE, en su componente derecho a una resolución fundamentada y motivada vinculada a la legalidad procesal, seguridad jurídica que como principios sustentan la labor de todos los operadores de justicia, generándose a su vez un defecto absoluto conforme lo prevé el art. 169 inc. 3) del CPP; ahora bien, establecida la vulneración del deber de fundamentación que acogía a la autoridad en relación a los presupuestos, advirtiéndose que realizó únicamente una valoración descriptiva y no así una valoración intelectiva, situación que apertura el control de legalidad y normativo que asiste a esta instancia; por lo que, de la consideración de los elementos de convicción acompañados, especialmente relativos al certificado de permanencia y disciplina, el informe que fuera acompañado de Juan Carlos Torrico Goitia, el historial de denuncias, la certificación presentada por Aidé Alvarez de la Oficina Gestora de Procesos, en el cual se informa que el imputado tiene como única causa el proceso que es objeto de consideración, las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público a favor de la víctima menor de edad, informe de Mónica Zambrana de 25 de enero de 2022, en el que detalla que no se habría presentado la denunciante ante la autoridad y que el imputado no estaría incumpliendo dichas medidas; mismas que no resultan idóneas en el propósito pretendido, ello por advertirse que la concreción del riesgo procesal que es objeto de análisis fue establecido en relación a la vulnerabilidad de quien se identifica como víctima, pues tendría la edad de trece años, con relación a quien se identifica como imputado que tendría veintiséis años, considerando también el fácil acceso que tendría el prenombrado hacia el adolescente y la facilidad de influencia que ejercería en relación al mismo; dado que, el contacto que habría tenido fue por medios digitales, citarlo e inclusive constituirse en su domicilio de la víctima, lo que lo coloca en una situación de vulnerabilidad; en consecuencia, dichos elementos probatorios no resultan idóneos ni pertinentes en el propósito pretendido, más cuando se advierte en relación a tal presupuesto el ahora recurrente no ejerció ninguna concreción relativo a la carga argumentativa que debió realizar a objeto de desvirtuar de qué modo aquellos documentos permiten excluir los presupuestos; similar circunstancia concurre con relación a la Certificación de TELECEL S.A., que fue presentado, ya que no se hizo ninguna alusión respecto a llamadas telefónicas sino el acceso a los medios digitales, dicho término puede implicar una comunicación o un acceso a través de otros medios diferentes; debido a lo cual, pese a la ausencia de argumentación de la autoridad a quo, se ratifica la conclusión a la que arribó que dichos elementos de convicción no resultan idóneos para desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 de la norma procesal penal, manteniéndose vigente; b) En lo relativo a que, se estaría distorsionando la aplicación del enfoque de género que quien se identifica como víctima no tendría el sexo femenino; la interpretación relativa a los presupuestos de enfoque interseccional y de género tienen una consideración extensiva y a su vez implican la individualización o consideración de grupos de vulnerabilidad que no resulta excluyente en razón de sexo; toda vez que, es identificado como un sector vulnerable conforme a las disposiciones especiales como ser la Ley 548 de 17 de “junio” de 2014, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en lo pertinente a la Convención Belem Do Para; así el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, también mediante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió diferentes pronunciamientos con relación a considerar a las niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo de vulnerabilidad, que requieren una protección reforzada; tales circunstancias fueron desarrolladas en la resolución impugnada por cuando no se advierte la aplicación incoherente o tergiversada; y, c) No resulta plausible ingresar a considerar otros presupuestos relativos a la favorabilidad o incluso la necesidad de la medida; dado que, en relación a tales, el recurrente no cumplió con la carga argumentativa debida, exponiendo de modo concreto, que criterios de favorabilidad resultan atendibles, lo que imposibilita mayor análisis respecto a tal presupuesto.
Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el derecho al debido proceso, exige que toda resolución que decida imponer, modificar o revocar una medida cautelar, o que resuelva una situación jurídica mediante una resolución pronunciada por una autoridad jurisdiccional, ésta tiene la obligación de fundamentar y motivar su decisión, debiendo en consecuencia exponer los motivos que sustentan su determinación exponer los hechos de manera clara, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está regulada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador. Ahora bien, en el caso presente, conforme se analizó el Auto de Vista 30/2022 impugnado, se tiene que, la Vocal demandada cumplió con su obligación de fundamentación y motivación de dicha resolución conforme se tiene determinado en la jurisprudencia constitucional previamente desarrollada; toda vez que, realizó la valoración de cada uno de los elementos probatorios presentados por el ahora accionante, como ser las certificaciones e informes que refieren la permanencia y disciplina del imputado privado de libertad; el historial de denuncias señalando que el impetrante de tutela cuenta con una única causa objeto del proceso que se analiza; con relación al cumplimiento de las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público a favor de la víctima menor de edad; así como el informe de 25 de enero de 2022 emitido por la Investigadora Asignada al caso, en el que detalla que no se habría presentado denuncia de que el imputado no estaría cumpliendo dichas medidas de protección; por lo que, concluyeron que tal documentación no resulta idónea para desvirtuar el riesgo procesal referido; toda vez que, la concurrencia del riesgo procesal que es objeto de análisis fue establecido respecto a la vulnerabilidad de quien se identifica como víctima, pues tendría la edad de trece años, en cuanto a quien se identifica como imputado que tendría veintiséis años. Entonces no sería evidente que la decisión asumida estaría basada en argumentos subjetivos tal como sostiene el accionante. Asimismo, la Vocal demandada tuvo presente el fácil acceso que tendría el imputado hacia el adolescente y la facilidad de influencia que ejercería en relación al mismo; dado que, mantuvo contacto por medios digitales e inclusive constituirse en su domicilio; circunstancias que evidencian la situación de vulnerabilidad de la víctima; añadiendo que, si bien el imputado presentó una certificación de TELECEL S.A. con la finalidad de contrarrestar tal aspecto; empero, la autoridad demandada explicó que no se hizo ninguna alusión respecto a llamadas telefónicas sino el acceso a medios digitales que implica la comunicación o alcance a otros medios que precisamente no se refiere a llamadas telefónicas, concluyendo que tales elementos no generan convicción que desvirtúe el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. Pero además, la Vocal demandada explicó de manera clara y suficiente del porque en el caso analizado fue pertinente y necesario aplicar un enfoque interseccional; ya que, los adolescentes se encuentran dentro de un grupo de vulnerabilidad que no excluye la protección reforzada a la víctima en razón de sexo, habiendo hecho una descripción tanto de la condición de víctima frente al imputado y las circunstancias del hecho y la facilidad de contacto con el mismo por medios digitales; por lo que, se emitió una resolución debidamente fundamentada, motivada pero además congruente; no siendo evidente los extremos denunciados por el accionante, ya que los fundamentos vertidos no se constituyen en argumentos subjetivos sino se enmarcan en los parámetros de razonabilidad e igualdad material, tal como se sostuvo supra; correspondiendo por lo tanto, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 007/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos señalados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0495_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9ccc07562cbe377996aa6d65a39944dfd02b1aa0fbc6fbc5fa08b3e1c5710b37
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