Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio 629/2023, la Jueza demandada dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria y la imposición de una fianza económica; decisión que, impugnó mediante recurso de apelación incidental; sin embargo, una vez que el Ministerio Público emitió en su favor resolución de sobreseimiento, al tiempo de renunciar al referido recurso, solicitó a la Jueza demandada la emisión del mandamiento de libertad correspondiente; no obstante, dicha autoridad no dio respuesta a su memorial ni emitió el referido mandamiento. Por su lado, la Jueza demandada señala que, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, las cuales no fueron cumplidas por el accionante; asimismo, el Fiscal de Materia asignado al caso presentó una resolución de sobreseimiento; sin embargo, la misma no está ejecutoriada en atención a lo previsto en el art. 324 CPP; razón por la cual, no era pertinente la emisión del mandamiento de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo los efectos de la decisión del Tribunal de garantías conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional, siempre y cuando, por el transcurso del tiempo, la situación del accionante se hubiese visto modificada por una resolución posterior.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0494/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58456-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Alejandro Román Coimbra en representación sin mandato de Walter Gustavo Muñoz Soleto contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 12 a 16 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 9 de septiembre de 2022, en audiencia de consideración de medidas cautelares, se le impuso detención preventiva por el término de ciento ochenta días; en esas circunstancias, el 29 de junio de 2023, pidió audiencia de consideración a dicha medida extrema, solicitud reiterada el 3 de julio del mismo año, que, gracias a la concesión de tutela impetrada en una primera acción de libertad, se llevó adelante el 26 del indicado mes y año, en la que, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio 629/2023 de la misma fecha, ordenó la cesación de su privación de libertad, disponiendo en su lugar la detención domiciliaria, fianza económica de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), fianza juratoria, entre otras; determinación que, impugnó a través del recurso de apelación incidental. Sin embargo, culminada la referida audiencia, el Fiscal de Materia asignado al caso presentó resolución de sobreseimiento; por lo que, a fin de obtener su libertad, el 28 de julio de 2023, a tiempo de renunciar al recurso de apelación incidental que interpuso, solicitó se emita mandamiento de libertad; no obstante, desde la fecha señalada no existió respuesta alguna al “expediente” -se entiende a su petición-, lo que -a su criterio- ocasionó su detención prolongada e ilegal por aproximadamente once meses hasta la interposición de la presente acción tutelar por no disponerse la emisión del respectivo mandamiento.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 116 la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo “…SE DEJE SIN EFECTO EL MANDAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, EN FAVOR DE WALTER GUSTAVO MUÑOZ SOLETO Y SU RECTITUDES, por tanto, SOLICITO SE EMITA DE MANERA INMEDIATA EL MANDAMIENTO DE LIBERTAD DE, WALTER GUSTAVO MUÑOZ SOLETO y sea con las formalidades de rigor” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 4 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad, y ampliando en audiencia de garantías señaló que: a) Si bien la Jueza demandada dispuso medidas cautelares personales entre ellas, fianza económica de Bs30 000.-, dicha decisión fue impugnada; b) Producto de la Resolución de Sobreseimiento presentada por el Fiscal de Materia asignado al caso, por memorial solicitó se emita mandamiento de libertad, y en el mismo, renunció al recurso de apelación incidental; sin embargo, no obtuvo respuesta en ningún momento sobre la emisión de dicho mandamiento; y, c) No tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional, lo que hizo imposible cumplir las medidas impuestas.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 36 vta., sostuvo que: 1) Dispuso medidas cautelares personales menos gravosas, las cuales el accionante no cumplió y, por el contario, interpuso recurso de apelación incidental en contra de esa determinación; y, 2) El representante del Ministerio Público presentó resolución de sobreseimiento, la cual fue resuelta mediante decreto de 27 de julio de 2023, ordenando al fiscal dar cumplimiento al art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decisión que, al momento de esta acción tutelar no fue acatada; por lo que, no correspondía emitir mandamiento de libertad.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 23/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 38 vta., concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante no pido cumplir las medias impuestas, debido a que no tenía acceso al cuaderno de control jurisdiccional; ii) No consta firma del Secretario en el acta de cesación a la detención preventiva de 18 de mayo de 2022, ni en el decreto de 2 de agosto de 2023 -que responde a la renuncia del recurso de apelación-, por lo que concluyó que el expediente se encontraba en despacho; iii) La no exhibición del expediente implicaría una dilación innecesaria a la obtención de libertad del accionante; y, iv) La pretensión del impetrante no era la emisión del mandamiento de libertad, sino que no tenía acceso al cuaderno de control jurisdiccional para cumplir con las medidas cautelares impuestas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución de Sobreseimiento de 25 de “junio” -siendo lo correcto y en adelante julio- de 2023, presentada por el Fiscal de Materia asignado al caso en cumplimiento de la conminatoria efectuada por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, mediante la cual se determinó el sobreseimiento en favor de Walter Gustavo Muñoz Soleto -hoy accionante- (fs. 30 vta. a 34). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 629/2023 de 26 de julio, por el cual la Jueza demandada declaró fundada la solicitud de cesación a la detención preventiva requerida por del accionante, aplicando medidas menos gravosas (fs. 29 a 30).
II.3. Mediante decreto de 27 de julio de 2023, la autoridad demandada ordenó al Fiscal de Materia asignado al caso, dar cumplimiento al art. 324 del CPP y remitir una resolución debidamente ejecutoriada (fs. 34 vta.). II.4. Cursa memorial presentado el 28 de julio de 2023, por el accionante ante la Jueza demandada, mediante el cual renunció al recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 629/2023; y, asimismo, solicitó la expedición del mandamiento de libertad, al existir resolución de “acción de libertad” y resolución de sobreseimiento (fs. 35). II.5. Cursa decreto de 2 de agosto de 2023, por el cual, la autoridad demandada admitió el desistimiento del recurso de apelación e impuso una multa de Bs1 000.- (un mil bolivianos) a favor del tesoro judicial; y, sobre la emisión del el mandamiento de libertad solicitada por el accionante, estableció que: “…Estese a lo resulto en audiencia de fecha 26 de julio del presente año” (sic [fs. 36]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio 629/2023, la Jueza demandada dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria y la imposición de una fianza económica; decisión que, impugnó mediante recurso de apelación incidental; sin embargo, una vez que el Ministerio Público emitió en su favor resolución de sobreseimiento, al tiempo de renunciar al referido recurso, solicitó a la Jueza demandada la emisión del mandamiento de libertad correspondiente; no obstante, dicha autoridad no dio respuesta a su memorial ni emitió el referido mandamiento. Por su lado, la Jueza demandada señala que, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, las cuales no fueron cumplidas por el accionante; asimismo, el Fiscal de Materia asignado al caso presentó una resolución de sobreseimiento; sin embargo, la misma no está ejecutoriada en atención a lo previsto en el art. 324 CPP; razón por la cual, no era pertinente la emisión del mandamiento de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, señaló que: “…para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias…”. Dicho razonamiento jurisprudencial fue reiterado mediante las SSCC 0550/2010-R, 1194/2011-R y 1468/2011-R; y, la SCP 0388/2012 de 22 de junio, entre otras. Es decir, en caso de disponerse la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, la misma sólo podrá hacerse efectiva una vez que se haya cumplido las medidas cautelares personales impuestas por la autoridad judicial competente. De lo contrario, la negativa a emitir el mandamiento de libertad no resulta arbitraria, puesto que responde al incumplimiento de dichas medidas exigidas para la materialización del beneficio concedido. Así también, el art. 245 del CPP, refiere que, la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza.
De la revisión del expediente constitucional se tiene que, mediante Auto Interlocutorio 629/2023 de 26 de julio, Walter Gustavo Muñoz Soleto -ahora accionante- fue beneficiado con medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, imponiéndole en su lugar el arresto domiciliario, fianza juratoria, obligación de presentarse ante el juez, prohibición de acercarse y contactarse con la víctima y su familia, fianza económica de Bs30 000.- y arraigo (Conclusión II.2); determinación que, según refiere, impugnó a través de un recurso de apelación incidental. En la misma fecha, y a la conclusión del indicado verificativo, el representante del Ministerio Público presentó ante la Jueza demandada Resolución de Sobreseimiento de 25 de julio de 2023, mediante la cual dispuso sobreseimiento a favor del accionante (Conclusión II.1); Resolución fiscal que mereció el decreto de 27 del mismo mes y año, a través del cual, la indicada autoridad ordenó al Fiscal de Materia asignado al caso dar cumplimiento a lo previsto en el art. 324 del CPP y remitir la referida Resolución debidamente ejecutoriada ante su autoridad (Conclusión II.3). El accionante, conociendo la referida Resolución fiscal, presentó memorial el 28 de julio de 2023, mediante el cual, renunció al recurso de apelación incidental interpuesto contra el referido Auto Interlocutorio y, asimismo, solicitó la emisión del mandamiento de libertad, al existir Resolución de Sobreseimiento (Conclusión II.4). Ante ello, la Jueza demandada emitió decreto de 2 de agosto de 2023, por el cual admitió el desistimiento del indicado recurso e impuso una multa de Bs1 000.- a favor del tesoro judicial; y, sobre la solicitud de emitir el mandamiento de libertad, estableció que: “…Estese a lo resuelto en audiencia de fecha 26 de julio del presente año” (sic [Conclusiones II.5]).
En ese contexto, la problemática jurídica radica en establecer si la Jueza demandada incurrió en una actuación lesiva al no emitir el mandamiento de libertad solicitado por el accionante. Cabe aclarar que, el impetrante de tutela solicitó la emisión del mandamiento de libertad en atención a la existencia la Resolución de Sobreseimiento; pues, en su memorial de 28 de julio de 2023, expresó su renuncia al recurso de apelación que interpuso contra la Resolución que le benefició con la cesación a la detención preventiva, entendiendo que la sola emisión de la Resolución de Sobreseimiento automáticamente conllevaba a su libertad. En consecuencia, previamente, corresponde analizar si dicha Resolución generaba por sí misma la obligación de emitir mandamiento de libertad.
La autoridad demandada, un día anterior a la solicitud del peticionante de tutela, mediante decreto de 27 de julio de 2023, ordenó al representante del Ministerio Público, dar cumplimiento a lo previsto en el art. 324 del CPP y enviar una resolución debidamente ejecutoriada ante su autoridad, decisión que, no fue controvertida por el accionante mediante recurso de reposición, ni cuestionado en audiencia de acción de libertad, pese a que durante dicho acto se dio lectura al informe de la Jueza demandada, mediante el cual ratificó esa determinación. En consecuencia, la Resolución de Sobreseimiento no adquirió firmeza, al encontrarse aún sujeta a la posibilidad de ser ratificada o revocada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz; por ello, no correspondía que dicha autoridad demandada emitiera el mandamiento de libertad solicitado, debiendo aguardarse previamente el pronunciamiento de la autoridad fiscal jerárquica para determinar la firmeza o no de la referida Resolución y, a partir de ello, adoptar la actuación procesal que corresponda. En tal situación, para obtener la emisión del mandamiento de libertad, el accionante debía acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas en el Auto Interlocutorio 629/2023, debido a que renunció al recurso de apelación incidental que interpuso contra esa determinación;
sin embargo, no demostró que no tenía acceso al expediente, ni haber satisfecho las exigencias para efectivizar su libertad, limitándose a sostener que la Jueza demandada no respondió a su memorial de 28 de julio de 2023; no obstante, como se advierte, dicha autoridad sí emitió pronunciamiento en el decreto de 2 de agosto de 2023, aceptando su renuncia al recurso de apelación incidental y sobre la emisión del mandamiento de libertad indicó: “…Estese a lo resuelto en audiencia de fecha 26 de julio del presente año” (sic); es decir, al cumplimiento previo de las medidas impuestas en el citado Auto. En ese contexto, el accionante solo podía modificar su situación jurídica si cumplía las medidas impuestas; debido a que, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para emitir el mandamiento de libertad, luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, sólo es exigible el cumplimiento de las medidas cautelares personales que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición prevista por el legislador. Por lo expuesto, al no haberse acreditado el cumplimiento de las medidas cautelares personales impuestas y no encontrarse ejecutoriada la Resolución de Sobreseimiento, no correspondía que la Jueza demandada expida el mandamiento de libertad solicitado por el accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo los efectos de la decisión del Tribunal de garantías conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional, siempre y cuando, por el transcurso del tiempo, la situación del accionante se hubiese visto modificada por una resolución posterior. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0494_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1344e4d393204c399aa2f8955827b040285a2141e682040c41860bbf8b86e3bb
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