B.IA.LEGAL

SCP 0494/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 26 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
26 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45127-2022-91-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez de control jurisdiccional a cargo del proceso penal que se le sigue, aceptó como fianza real de carácter cautelar el bien inmueble de su padre; sin embargo, por efecto de la vacación judicial, los antecedentes del caso fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba sin que al presente se haya procedido al gravamen correspondiente en la oficina de Derechos Reales; no obstante, las reiteradas solicitudes realizadas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, analizando los siguientes temas: 1) La legitimación pasiva en la acción de libertad; 2) La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 4) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 19/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto Javier Zurita Vega, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en relación a Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba y Erlinda Carballo Maldonado, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi; ambos del departamento de Cochabamba.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial
  3. III.3. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0494/2023-S1 Sucre, 26 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45127-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 19/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Julio Montero Jiménez en representación sin mandato de Joel Ríos Lozano contra Mauricio Pillco Mamani, Juez y Javier Zurita Vega, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba y Erlinda Carballo Maldonado, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi; todos del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 12 a 14, el accionante, a través de su representante sin mandato expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari mediante Auto Interlocutorio de 3 de diciembre de 2021 aceptó la fianza real de carácter cautelar ofrecida sobre el bien inmueble de su padre, ordenando el registro correspondiente. Posteriormente, el proceso fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, por la vacación judicial; ante esa instancia, por memorial de 13 de diciembre de 2021 solicitó el registro del gravamen correspondiente en la oficina de Derechos Reales y ante la falta de respuesta impetró la priorización en la atención de su solicitud por memorial de 20 de similar mes y año sin obtener respuesta alguna, esto no obstante, la insistencia diaria de su abogado al Secretario del referido despacho judicial a los fines de obtener su libertad.

I.1.2. Derechos y Garantía supuestamente vulnerados

Considera vulnerado su derecho a la libertad; citando al efecto, el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que el Secretario demandado proceda y haga las diligencias correspondientes a efectos de que se cumpla la orden de gravamen de 3 de diciembre de 2021.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 24 de diciembre de 2021; según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante -a través de su representante sin mandato- ratificó in extenso la demanda tutelar presentada y ampliando sus fundamentos señaló: a) En audiencia de 3 de diciembre de 2021 se ordenó a la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) proceda a la anotación preventiva del bien inmueble ofrecido como fianza de carácter real, pero la redacción del acta demoró y el cuaderno se remitió al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba; b) Se le informó que el Juez de dicho despacho judicial se encontraría con baja médica pero como existe orden judicial de anotación preventiva, el Secretario hoy codemandado puede emitir las providencias de mero trámite y expedir los testimonios al efecto; c) La Circular 10/2021, establece que los jueces que no cumplieron un año de funciones deben prestar apoyo a los Juzgados de turno en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por lo que el Secretario debió recurrir ante estas autoridades jurisdiccionales al haber presentado las bajas médicas de los jueces hoy codemandados; y, d) Por objetividad y debido a que los jueces codemandados se encuentran con bajas médicas pide que en cuanto a ellos se deniegue la tutela y se conceda respecto al secretario codemandado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 22 a 23, informó que su juzgado se encuentra de turno durante las vacaciones judiciales, pero por su delicado estado de salud está con bajas médicas desde el 1 de noviembre de 2021 al 7 de enero de 2022.

Erlinda Carballo Maldonado, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi del departamento de Cochabamba mediante informe escrito cursante a fs. 30 a 31 hizo conocer que se encuentra con la enfermedad del coronarivus (COVID – 19) encontrándose sujeta a la asistencia de oxígeno, adjuntando imágenes del estado de salud en el que se encuentra y tres bajas médicas consecutivas que son del 6 de noviembre al 29 de diciembre de 2021. Javier Zurita Vega, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, mediante informe escrito cursante a fs. 29 y vta. señala que el memorial presentado el 13 de similar mes y año fue remitido ante la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi, que se encontraría en suplencia legal sin obtener respuesta alguna; de igual forma, el escrito presentado el 20 de diciembre de 2021 también remitió a dicha autoridad y ahí asumió conocimiento de la baja médica de la referida autoridad jurisdiccional, debiendo considerarse que los citados memoriales están con proyecto de proveído y confeccionada la comisión instruida para la notificación a la oficina de Derechos Reales.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 19/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 40 a 42, concedió la tutela solicitada y dispuso que Javier Zurita Vega, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, que de manera prioritaria realice las gestiones a los fines que se registre el gravamen solicitado por el accionante, tomando en cuenta lo señalado por la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–; respecto a las suplencias legales. Con los siguientes fundamentos: 1) De la documental adjunta se puede advertir que las autoridades accionadas en este caso los jueces Mauricio Pilco Mamani y la Dra. Erlinda Carballo Maldonado, en función a las bajas médicas adjuntas dentro del trámite que ha sido solicitado por la parte accionante, se encontrarían con baja médica, por adolecer enfermedades por lo que no estarían habilitados a los efectos de resolver y efectuar las firmas de las solicitudes efectuadas por la parte accionante para lograr el registro del gravamen en Derechos Reales; 2) Sin embargo, la parte accionante señala en su nota de recepción que ha sido ingresada, en la misma documental el 13 de diciembre de 2021 y que también se tiene el memorial de 20 de diciembre que reitera priorización a dicha solicitud, y quien ha recepcionado y que además está a cargo del juzgado donde se tramita dicha petición con el fin de efectuarse el registro del gravamen en Derechos Reales, resulta ser el secretario del juzgado de instrucción penal N° 2 de Sacaba, en este caso el Dr. Javier Zurita, que en función al propio informe que ha sido remitido por el mismo y por lo propiamente señalado en audiencia, se puede advertir que dicho funcionario ha tenido conocimiento de dicha actuación en fecha 13 de diciembre, reiterado el 20 de diciembre de 2021 y que el mismo ha mencionado que habría remitido los antecedentes ante la falta de autoridad dentro de su juzgado ante el siguiente en número por estar con baja médica, recayendo ante el juzgado de Colomi y que de ese juzgado no se tendría conocimiento de disposición alguna, consiguientemente se puede advertir que dicho funcionario no ha realizado el seguimiento y verificar cuales eran las circunstancias que impedían se emita la respectiva resolución y de esa manera autorizar el registro en Derechos Reales; y 3) Consiguientemente al no haber efectuado ese seguimiento de manera prudente a efectos de gestionar que el trámite pase a una autoridad habilitada y que pueda asumir la suplencia, en este caso por la distancia podría ser la autoridad de la jurisdicción más cercana, que dicho funcionario con esa actitud omisiva, ha generado la vulneración del derecho a la libertad del accionante en su condición de imputado y que guarda detención preventiva a efectos que acceda a la libertad siempre y cuando el registro sea ya materializado ante la oficina de Derechos Reales, consiguientemente ese tipo de omisiones perjudica y lesiona el derecho a la libertad de la parte accionante en su modalidad traslativa o de pronto despacho, por lo que en función a la línea jurisprudencial señalada corresponde otorgarse la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa circular 09/2021 de 20 de octubre y circular 10/2021 de 28 de similar mes y año emitidas ambas por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por las cuales se designa los juzgados de turno para la vacación judicial desarrollada del 7 al 31 de diciembre de 2021 (fs. 2 al 7). II.2. Consta memorial de 13 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, por el cual Joel Ríos Lozano – accionante, solicita registro del gravamen en DD.RR., haciendo referencia que ya se le habría aceptado la fianza real (fs. 8). II.3. Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, el accionante pide se priorice la atención de su solicitud que está vinculada a su derecho a la libertad (fs. 9). II.4. Consta cinco bajas médicas consecutivas de Mauricio Pillco Mamani, expedidas por la Caja Nacional de Salud (CNS) que van desde el 1 de noviembre de 2021 al 7 de febrero de 2022 (fs. 24 al 28). II.5. Cursan tres bajas médicas consecutivas de Erlinda Carballo Maldonado, expedidas por la CNS, que van del 6 de noviembre al 29 de diciembre de 2021 (fs. 32 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez de control jurisdiccional a cargo del proceso penal que se le sigue, aceptó como fianza real de carácter cautelar el bien inmueble de su padre; sin embargo, por efecto de la vacación judicial, los antecedentes del caso fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba sin que al presente se haya procedido al gravamen correspondiente en la oficina de Derechos Reales; no obstante, las reiteradas solicitudes realizadas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, analizando los siguientes temas: 1) La legitimación pasiva en la acción de libertad; 2) La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 4) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0623/2018-S2 de 8 de octubre asumió el siguiente razonamiento: La jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.

Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.

III.2. La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0655/2018-S2 de 15 de octubre -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: Sobre la legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo judicial, que comprende a la conciliadora o el conciliador; la secretaria o el secretario; la o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, de acuerdo a lo descrito en el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, establece inicialmente que dicho personal, carece de legitimación pasiva, excepto si estos hubieran incurrido en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial. En el mismo sentido, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, determina que si la autoridad judicial conoce el acto vulneratorio y no hace nada; es decir, convalida el procedimiento por omisión, se deslinda de responsabilidad al personal subalterno.

Finalmente, modificando los entendimiento descritos anteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, dentro de una acción de libertad, definió que los servidores de apoyo jurisdiccional cuentan con legitimación pasiva para ser demandados, entendiendo que el acto lesivo puede derivar de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o 1El FJ III.2, expresa que: “… los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 2El FJ III.5, refiere que: “… la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno”. 3El FJ III.2, determina: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable…” (las negritas nos corresponden).

inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares y otras obligaciones; empero, la autoridad judicial por las facultades de supervisión que ejerce sobre este personal, no deja de asumir responsabilidad sobre el juzgado.

III.3. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el 4El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 5El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.4. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato acude a la presente acción de defensa alegando vulneración de su derecho a la libertad; ya que se le aceptó la fianza económica con el gravamen del bien inmueble de su padre, sin embargo por la vacación judicial el proceso fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, en tal virtud, mediante memorial correspondiente, el 13 de diciembre de 2021 solicitó se proceda al gravamen del bien inmueble de su progenitor en la oficina de Derechos Reales a efecto que se proceda a la cesación a la detención preventiva, sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad no tiene ninguna respuesta, pese a que el 20 de similar mes y año, impetró se priorice la atención de su solicitud. Previo al análisis de la problemática planteada, debemos señalar que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1, es imprescindible que la acción de libertad esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, empero en el caso particular, Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba se encuentra con cinco bajas médicas que acreditan su impedimento legal desde 1 de noviembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022 (Conclusión II.4.). Por otro lado, la demandada Erlinda Carballo Maldonado, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi; adjuntó baja médica del 6 al 20 de diciembre de 2021 (Conclusión II.5); consecuentemente, ninguna de las referidas autoridades jurisdiccionales se encuentra cumpliendo sus labores judiciales al momento de la presentación de sus solicitudes de registro de gravamen; infiriéndose que carecen de legitimación pasiva en la presente acción de libertad, correspondiendo en cuanto a ellos denegar la tutela. Por otro lado, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente y de las Conclusiones del presente fallo, se tiene que por Circular 09/2021, complementada y modificada por su similar 10/2021 ambas emitidas por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se dispuso que los Juzgados de Instrucción Penal de turno durante la vacación judicial del 7 al 31 de diciembre de 2021 son: i) El Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba que estaría a cargo de los procesos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari; y, ii) El Juzgado Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi, a cargo de los procesos de Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba (Conclusión II.1.). Mediante memorial de 13 de diciembre de 2021 dirigido al Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, Joel Ríos Lozano –accionante-, solicitó registro del señalado gravamen en la oficina de Derechos Reales, haciendo referencia a la aceptación judicial como la fianza real (Conclusión II.2); ante la falta de respuesta, por memorial presentado el 20 de similar mes y año reiteró su petición a fin que se priorice la atención de su solicitud por estar vinculada a su derecho a la libertad (Conclusión II.3.). Conforme lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos.

Acorde con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 2 es posible que el personal de apoyo jurisdiccional, asuma legitimación pasiva en la acción de libertad, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas a dicho personal, así como por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. Ahora bien, en el caso que se examina resulta que no se respondió a los memoriales presentados por el hoy accionante, el 13 y 20 de diciembre de 2021 ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, escritos por los cuales solicita se proceda al registro del gravamen ordenado el 3 del mismo mes y año por el Juez de Instrucción Primero de Villa Tunari - Juez titular de la causa; evidenciándose una dilación en la falta de respuesta a lo solicitado. Por otro lado, del informe prestado por el funcionario de apoyo jurisdiccional demandado se conoce que al encontrarse con baja médica el Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, una vez recepcionado el memorial de 13 de diciembre de 2021, lo remitió ante la autoridad jurisdiccional en suplencia legal -Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi-; sin embargo, cuando tuvo conocimiento de la presentación del segundo memorial de 20 del mismo mes y año, asumió conocimiento de la baja médica de la Jueza de turno; momento a partir del cual, el Secretario codemandado no cumplió con la remisión de los memoriales al despacho del Juez que le corresponde ejercer la suplencia legal, conforme la Ley 025, considerando que por las Circulares 09/2021 y 10/2021 emitidas por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba se designó nueve Juzgados de Instrucción penal en el departamento de Cochabamba. Cabe señalar además que la vacación judicial empezó el 7 de diciembre de 2021 y tanto el Juez de Sentencia Penal Segundo de Sacaba como su suplente legal la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi; se encontraban con bajas médicas consecutivas desde noviembre; por lo que iniciada la vacación judicial el secretario debió representar este aspecto ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, para la designación de otro suplente legal. En ese contexto, al no haber actuado el referido funcionario de apoyo jurisdiccional con la debida diligencia, incumplió lo dispuesto en el art. 94.I.1 de la Ley 025 y causó causado dilación indebida que ha lesionado el derecho a la libertad del accionante, ya que constituida la medida cautelar personal de la fianza real establecida en el art. 244 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el accionante podía recuperar su libertad; correspondiendo conceder la tutela.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 19/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada por Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto Javier Zurita Vega, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Sacaba, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en relación a Mauricio Pillco Mamani, Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba y Erlinda Carballo Maldonado, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Colomi; ambos del departamento de Cochabamba. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

6 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0494_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): d6727cc99b2041b8f9dc985d232bbc143d6e53e53a5f773dd39fb58e3d320248

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