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SCP 0493/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58440-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad física y locomoción, y la garantía del debido proceso en su componente derecho a la defensa; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada, le negó de forma parcial, los requerimientos fiscales que solicitó a efectos de desvirtuar los hechos denunciados. Ante ello, la autoridad fiscal demandada señala que existe otro requerimiento fiscal con similitud, y se proporcionó todos los requerimientos fiscales peticionados por el accionante; además, señaló que, no se cumplió el agotamiento en la vía ordinaria antes de acudir a la vía constitucional; es decir, no se superó la subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/23 de 13 de septiembre de 2023, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0493/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58440-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 31/23 de 13 de septiembre de 2023, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Johnsiño Guardia Castillo en representación sin mandato de Julio Luis Deal Barrios contra Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Material.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2023, cursantes a fs. 1, 29 a 34 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, asociación delictuosa, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el 18 de agosto de 2023 se emitió ampliación de imputación formal contra su persona, y el 19 del mismo mes y año se dispuso su detención preventiva. Ante ello, por memorial presentado el 4 de septiembre del citado año, solicitó actos de investigación -requerimientos fiscales- con el fin de desvirtuar los hechos denunciados; empero, Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia -ahora demandada- emitió requerimiento de 4 de septiembre de 2023, y sin ningún fundamento, de manera parcial rechazó un acto de investigación dirigido al Director Departamental de Santa Cruz del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), con la muletilla “AL 2.4. EL IMPETRANTE DEBERÁ ESTAR LOS ANTECEDENTES DEL CUADERNO DE INVESTIGACIONES” (sic).

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad física y locomoción; así como, la garantía del debido proceso en su componente derecho a la defensa, citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga: a) Que la autoridad fiscal demandada complemente el requerimiento fiscal de 4 de septiembre de 2023, con relación a la solicitud de diligencia investigativa para el Director Departamental de Santa Cruz del SEGIP, b) El pago de costas, daños y perjuicios a la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 13 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 55 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia, indicó que: a) Existió un retardo en la emisión de los requerimientos fiscales, ya que su emisión fue posterior a la presentación de la acción de libertad; b) En el SEGIP se falsificó el nombre; razón por la cual, fue imputado por ese motivo solicitaron que se agilice el requerimiento fiscal; y, c) La afirmación del Ministerio Público es falsa, respecto a que cuentan con acceso al cuadernillo de investigación.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia, en audiencia solicitó se deniegue la tutela impetrada, con los siguientes argumentos: 1) En el cuaderno de investigación cursa el informe de SEGIP, y posterior a la misma, pide otro requerimiento con la misma similitud, existe el requerimiento fiscal de agosto de 2023; 2) En una acción de libertad no se puede suplir la materia ordinaria con la constitucional, existe la subsidiariedad excepcional conforme señaló la SCP 0044/2023-S4 de 5 de junio; y, 3) Se proporcionó los requerimientos fiscales que solicitó el accionante.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 31/23 de 13 de septiembre de 2023, cursante de fs. 56 a 58, denegó la tutela solicitada, manifestando al efecto que, el accionante debió acudir ante el juez cautelar para que pueda subsanar, corregir, enmendar los derechos conculcados; empero, no hizo ningún reclamo de la negación ante el control jurisdiccional que es el llamado por ley a hacer respetar la vigencia y los derechos y garantías de las personas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023, Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de Julio Luis Deal Barrios -impetrante de tutela- por el lapso de ciento ochenta días a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento (fs. 17 a 23). II.2. Mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2023, ante la Fiscal de Materia, el accionante solicitó diligencias investigativas dirigidas al: “I (…) RESPONSABLE, ENCARGADO Y/O INTERVENTOR DEL BANCO FASSIL…” (sic); y, “II (…) DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ DEL SERVICIO GENERA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL – SEGIP…” (sic [fs. 24 a 27]). II.3. A través de memorial presentado el 4 de septiembre de 2023, ante la Fiscal de Materia, el accionante señaló que su persona es portadora de una enfermedad, por ello, solicitó “…disponga, que, MÉDICO FORENSE DE TURNO DEL IDIF, realice la valoración médica de mi persona relacionado con los certificados médicos y rectas que cuento…” (sic [fs. 28]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad física y locomoción, y la garantía del debido proceso en su componente derecho a la defensa; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada, le negó de forma parcial, los requerimientos fiscales que solicitó a efectos de desvirtuar los hechos denunciados. Ante ello, la autoridad fiscal demandada señala que existe otro requerimiento fiscal con similitud, y se proporcionó todos los requerimientos fiscales peticionados por el accionante; además, señaló que, no se cumplió el agotamiento en la vía ordinaria antes de acudir a la vía constitucional; es decir, no se superó la subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, estableciendo que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad' …

(…)

…el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implica persecución indebida” (las negrillas nos corresponden). A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.

III.2. Análisis del caso concreto

Del análisis de los antecedentes, se constata que, la privación de libertad del impetrante de tutela deviene de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva dispuesta mediante Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023 (Conclusiones II.1). Así también, se advierte que el 4 de septiembre de 2023, el accionante solicitó ante la autoridad fiscal demandada, la emisión de requerimientos fiscales para desvirtuar los hechos denunciados (Conclusiones II.2 y II.3), siendo uno de ellos rechazado.

Sobre el particular, corresponde señalar que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúe a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de la libertad física o de locomoción; iii) Procesamiento indebido; y, iv) Persecución indebida.

En el caso concreto, el núcleo del reclamo radica en la negativa parcial a las solicitudes de requerimiento fiscal -tanto aquella mediante la cual se pide que el Médico Forense de turno del IDIF realice una valoración médica en relación con los certificados y recetas presentados, como aquella dirigida al Director Departamental de Santa Cruz del SEGIP a efectos de que informe si se emitió una cédula de identidad de extranjero, si se cumplieron los protocolos correspondientes y en su caso, si se incurrió en irregularidades o declaraciones falsas-, las cuales buscan desvirtuar los hechos denunciados; sin embargo, no se evidencia de qué manera su denegación se encuentra vinculada con la libertad personal del accionante, la cual fue restringida en virtud de la medida cautelar impuesta mediante Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2023 emitido por la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.

Tampoco se demuestra una situación de indefensión absoluta, pues la parte accionante presentó los referidos memoriales solicitando requerimientos fiscales dentro del proceso penal sin que se advierta una negativa a su recepción por parte de la autoridad competente. En consecuencia, no se configura una situación que hubiese impedido de manera total el ejercicio de su derecho a la defensa.

En ese sentido, la actuación cuestionada no se adecúa a los presupuestos de activación de la acción de libertad; pues, no involucra un atentado contra su derecho a la vida; tampoco implica la existencia de actos de persecución indebida; ni conlleva la activación del cuestionamiento al supuesto procesamiento indebido. En consecuencia, al evidenciarse que el acto denunciado no se enmarca en ninguno de los presupuestos señalados, corresponde denegar la tutela solicitada.

Por lo expuesto, el accionante debe acudir previamente a los mecanismos ordinarios previstos en la normativa procesal penal, y únicamente de persistir la lesión al debido proceso tras agotar la vía, corresponderá activar la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional, por ser el medio idóneo cuando la afectación alegada carece de una relación directa e inmediata con el derecho a la libertad personal.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/23 de 13 de septiembre de 2023, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0493_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9a790bfc67f45f392dccea075ac8da3594cfff5d7de8b44f992a2835db82f72f

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