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SCP 0493/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54722-2023-110-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia interna; a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; toda vez que, los Vocales demandados a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 38 de 27 de mayo de 2022 confutado, declararon inadmisible su recurso de apelación incidental formulado contra Auto Interlocutorio Motivado 110/22 de 12 de abril de ese año, sin valorar de manera objetiva los argumentos expresados en dicho recurso; máxime, si dicha impugnación, podía ser presentada de forma oral o escrita. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 172 vta. a 177 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por la citada Sala.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0493/2025-S3 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 54722-2023-110-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 172 vta. a 177 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Ríos Salas y Luis Alberto Terceros Ríos contra Gladys Alba Franco y Ever Álvarez Orellana, Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 24 de noviembre y 2 de diciembre ambos de 2022, cursantes de fs. 76 a 79; y, 82 a 84 vta., los accionantes señalaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 18 de abril de 2022, dentro de los plazos establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, presentaron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio Motivado 110/22 de 12 de igual mes y año; que declaró la extinción de la acción penal, dentro del proceso que siguieron contra José Luis Rivero Poiqui, Marcelo Tomicha Soquere, Carlos y Alejandro, ambos Rivero Flores y Carmen Lourdes Herrera Rodríguez -terceros interesados-, por la supuesta comisión de los delitos de daño calificado, tráfico de tierras y avasallamiento. Dicho recurso, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde de forma errónea, a través del Auto de Vista 38 de 27 de mayo de 2022, los Vocales ahora demandados declararon inadmisible su recurso de apelación incidental, sin una valoración objetiva de todos los argumentos expresados en dicha impugnación, siendo que este tipo de recursos pueden ser presentados de manera oral o escrita. Finalmente, habiendo formulado recurso de reposición contra dicha determinación, el mismo fue denegado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia interna; a la tutela judicial efectiva y a la impugnación, citando al efecto los arts. 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 38; en consecuencia, se emita uno nuevo resolviendo el fondo del recurso de apelación incidental interpuesto.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 167 a 172 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los fundamentos de la acción tutelar y ampliándolos señalaron que: a) El recurso formulado contra el Auto Interlocutorio Motivado 110/22, fue presentado en tiempo hábil y oportuno; por lo que, no existió motivo alguno para declarar su inadmisibilidad; y, b) Los Vocales demandados, debieron revisar el fondo de su recurso y analizar si los reclamos son evidente o no, labor que no fue cumplida.

I.2.2. Informe de los demandados

Gladys Alba Franco y Ever Álvarez Orellana, Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no remitieron informe escrito alguno ni concurrieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 92 a 93.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

José Luis Rivero Poiqui, Marcelo Tomicha Soquere, Carlos y Alejandro, ambos Rivero Flores y Carmen Lourdes Herrera Rodríguez a través de su abogado, en audiencia de garantías, señalaron que: 1) El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio Motivado 110/22, declaró probada la excepción de extinción de la acción penal, “…pero en la parte final hay algo que establece claramente el juez, dice: las partes presentes en sala de audiencia son legalmente notificadas con la presente resolución por su lectura…” (sic); es decir, emitió la Resolución en audiencia; 2) El art. 16 de la Ley 1173, en su reforma, establece que se modifican los arts. 403, 404, 405 y 406 -se entiende del CPP-; el art. 403 -se entiende del Código Adjetivo Penal-, señala: “…Resoluciones Apelables.- el recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones 1). la que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2). la que resuelve una excepción o incidente...” (sic); es decir, el acto procesal donde se resolvió declarar probada la excepción de extinción de la acción penal que formularon, se encontraría dentro de lo establecido por el art. 403 de la citada norma legal; 3) “…si teníamos una audiencia de excepción conforme el 403, ésta debió ser apelada, formulada de forma oral en el mismo momento que el juez emitió la resolución…” (sic); sin embargo, conforme demuestra el acta de audiencia de consideración de la excepción de la extinción de la acción penal, los accionantes no activaron ni realizaron su impugnación; 4) Las partes no deberían estar sujetos a una interpretación errónea de la norma Adjetiva Penal; pues, por encima de aquello, se encuentra lo prescrito en la ley; 5) El Auto de Vista 38 es congruente y fundamentado; toda vez que, se sustentó en los arts. 403 y 404 del CPP modificados por el art. 16 de la Ley 1173; 6) Los impetrantes de tutela interpretaron erróneamente los citados preceptos, al presentar de forma escrita y extemporánea su impugnación; y, 7) Se debe valorar el Auto Interlocutorio Motivado 110/22, que refleja lo sucedido en la audiencia de consideración de la extinción de la acción penal de 12 de abril de 2022; en la cual, la parte accionante no apeló la decisión emitida.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 08/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 172 vta. a 177 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Sin que implique realizar una interpretación de la legalidad ordinaria y/o valoración de la prueba, el Auto de Vista 38 estableció de manera taxativa que los arts. 396 y 404 del CPP establecen la forma y el plazo de interposición del recurso de apelación incidental; ii) El precitado Auto de Vista señaló: ‘“De la lectura de esta norma, se extrae que el primer requisito de la apelación incidental es que se presente de manera oral, es decir, que el recurrente tiene la oportunidad de interponer la apelación en audiencia y no así por escrito, por las modificaciones que ha sufrido la normativa penal”” (sic); iii) El tiempo y la forma de plantear el recurso de apelación incidental -con base a los principios de inmediación, oralidad y celeridad-, es en la misma audiencia; y al no haberlo presentado dentro el tiempo y la forma, precluyó su derecho a la impugnación; y, iv) No se advierte que el fallo cuestionado, transgredió los derechos de los impetrantes de tutela; pues, de su lectura, se genera una suficiente comprensión en su determinación; máxime, cuando los prenombrados, no establecieron con claridad por qué consideran que la labor interpretativa establecida en el Auto de Vista 38, resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica o con error evidente; tampoco, identificaron las reglas de interpretación que habrían sido omitidas, el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no haberse aplicado la interpretación que debió efectuarse y los derechos y garantías que fueron lesionados con dicha interpretación. En la vía de aclaración, enmienda y complementación, los accionantes a través de su abogado, solicitaron aclarar respecto a que si se tendría por ciertos los argumentos de la acción de amparo constitucional; toda vez que, los demandados omitieron el respectivo informe. En sustanciación y resolución, la citada Sala Constitucional, declaró no ha lugar a lo impetrado; argumentando, que fueron amplios en la carga argumentativa desarrollada, estableciendo inclusive, el alcance del principio de presunción de veracidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio Motivado 110/22 de 12 de abril de 2022, pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Ríos Salas y Luis Alberto Terceros Ríos -accionantes- contra Carlos y Alejandro, ambos Rivero Flores, Carmen Lourdes Herrera Rodríguez, Marcelo Tomicha Soquere y José Luis Rivero Poiqui -hoy terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de daño calificado, estafa, tráfico de tierras y avasallamiento, declaró probada la excepción de extinción de la acción penal solicitada por los demandados -ahora terceros interesados-, disponiendo el archivo de obrados una vez ejecutoriada dicha determinación; asimismo, determinó que: “Las partes presentes en sala de audiencia son legalmente notificadas con la presente resolución por su lectura, el día de hoy martes 12 de abril de 2022 y tienen el plazo de 3 días a partir de su notificación para su impugnación” (sic [59 a 60]). II.2. Por escrito presentado el 18 de abril de 2022, los impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio Motivado 110/22 (fs. 61 a 66 vta.). II.3. A través del Auto de Vista 38 de 27 de mayo de 2022, Gladys Alba Franco y Ever Álvarez Orellana, Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declararon inadmisible los recursos de apelación incidental interpuestos por el Ministerio Público y los ahora solicitantes de tutela; por lo que, confirmaron el Auto Interlocutorio Motivado 110/22 (fs. 73 a 75).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia interna; a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; toda vez que, los Vocales demandados a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 38 de 27 de mayo de 2022 confutado, declararon inadmisible su recurso de apelación incidental formulado contra Auto Interlocutorio Motivado 110/22 de 12 de abril de ese año, sin valorar de manera objetiva los argumentos expresados en dicho recurso; máxime, si dicha impugnación, podía ser presentada de forma oral o escrita. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso

Al respecto, la SCP 0646/2020-S2 de 9 de noviembre sostuvo que: «“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” . Ahora bien, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada (judicial, administrativa o cualquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, fue desarrollado por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y está dado por sus finalidades, las cuales son: “…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”.

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia, la precitada SCP 2221/2012 desarrolló las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando que: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente’. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia interna; a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; toda vez que, los Vocales demandados a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 38 de 27 de mayo de 2022 confutado, declararon inadmisible su recurso de apelación incidental formulado contra Auto Interlocutorio Motivado 110/22 de 12 de abril de 2022, sin valorar de manera objetiva los argumentos expresados en dicho recurso; máxime, si dicha impugnación, podía ser presentada de forma oral o escrita. Una vez desarrollado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Ríos Salas y Luis Alberto Terceros Ríos -accionantes- contra Carlos y Alejandro, ambos Rivero Flores, Carmen Lourdes Herrera Rodríguez, Marcelo Tomicha Soquere y José Luis Rivero Poiqui, por la presunta comisión de los delitos de daño calificado, estafa, tráfico de tierras y avasallamiento, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, a través del Auto Interlocutorio Motivado 110/22 declaró probada la excepción de extinción de la acción penal solicitada por los ahora terceros interesados, disponiendo el archivo de obrados una vez ejecutoriada dicha determinación; asimismo, subrayó que: “Las partes presentes en sala de audiencia son legalmente notificadas con la presente resolución por su lectura, el día de hoy martes 12 de abril de 2022 y tienen el plazo de 3 días a partir de su notificación para su impugnación” (sic [Conclusión II.1). En ese sentido, mediante escrito presentado el 18 de abril 2022, los impetrantes de tutela, interpusieron recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio Motivado (Conclusión II.2). Al respecto, en sustanciación de dicho recurso, mediante Auto de Vista 38 los Vocales ahora demandados, declararon inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por los ahora impetrantes de tutela; por lo que, confirmaron el citado Auto Interlocutorio Motivado (Conclusión II.3), con base en los siguientes fundamentos: a) Previamente a considerar los agravios que reclaman los recurrentes, es necesario analizar los requisitos de admisibilidad del recurso; es decir, si la parte apelante cumplió con la forma y plazo establecidos por el art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173; “…el art. 396 del CPP, establece: ‘REGLAS GENERALES. Los recursos se regirán por las siguientes reglas generales 3) los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución…’ esto tiene relación con el art. 404 modificado por la Ley 1173 que establece ‘(INTERPOSICIÓN), cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la Jueza, Juez o Tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito debidamente fundamentada dentro de los tres (3) días de notificada la resolución recurrente…” (sic); b) En audiencia de consideración de la excepción de extinción de la acción penal desarrollada el 12 de abril de 2022, en la que se encontraban todos los sujetos procesales, se dispuso declarar, probada la mencionada excepción solicitada por José Luis Rivero Poiqui, Marcelo Tomicha Soquere, Carmen Lourdes Herrera Rodríguez, Alejandro y Carlos, ambos Rivero Flores ordenando el archivo de obrados; c) “…el art. 404 y siguientes del CPP, han sido modificado por el art. 16 de la Ley 1173. Siguiendo con el análisis del caso concreto, el art. 404 de la Ley 1970 modificado por el art. 16 de la Ley 1173 establece la forma y plazo de interposición del recurso: ‘(Interposición) Cuando [la] resolución se dicten audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza o juez o tribunal que la dictó…’, de la lectura de esta norma se extrae que el primer requisito de la apelación incidental es que se presente de manera oral, es decir que el recurrente tiene la oportunidad de interponer su apelación en audiencia y no por escrito por la modificación que ha sufrido la normativa penal adjetiva, entonces el recurso de apelación debi[ó] ser interpuesta de manera oral inmediatamente, porque esta modificación hace la diferencia entre la interposición del recurso de impugnación contra la resolución dictada de manera escrita y oral, en este sentido el tiempo y la forma oportuna de plantearlo, en base a los principios de inmediación, oralidad y celeridad es en la misma audiencia; entonces esta es la regla y al no haber presentado su recurso dentro el tiempo y la forma ha precluido su derecho de impugnación de las resoluciones judiciales conforme lo establece el art. 180 de la CPE” (sic); y, d) El Juez a quo al concluir la audiencia, hizo la advertencia correspondiente para la interposición en la forma y plazo ‘“…y tiene el plazo de 3 días a partir de su notificación’’” (sic), equivocando la tramitación del mismo. Conforme a lo expuesto precedentemente, este Tribunal advierte que, en cuanto a la denuncia de vulneración del debido proceso, por falta de fundamentación, motivación y congruencia del Auto de Vista 38, dicho reclamo no resulta evidente; toda vez que, la decisión asumida por los Vocales demandados, respecto a la inadmisibilidad del recurso de apelación formulado por los accionantes contra el Auto Interlocutorio Motivado 110/22, respondió a la interposición del recurso de apelación “incidental” formulado por los prenombrados -de manera escrita-, estableciendo con precisión que de acuerdo con el art. 404 del CPP modificado por el art. 16 de la Ley 1173 que, el primer requisito para el recurso de apelación incidental es que se presente de manera oral, no así por escrito en la misma audiencia conforme a los principios de inmediación, oralidad y celeridad. En ese sentido, el fundamento asumido en el Auto de Vista 38, referente a que, el recurso de apelación incidental planteado por los impetrantes de tutela, debió ser formulado de manera oral en la audiencia de 12 de abril de 2022, se halla sustentado conforme a la normativa vigente al respecto, no habiendo incurrido, por ende, en omisión ni arbitrariedad alguna; siendo incuestionable, al contrario que, en el Auto de Vista confutado, sí se cumplió con la debida fundamentación, motivación y congruencia en su decisión; no resultando cierta, la lesión del debido proceso en los elementos señalados; correspondiendo tener presente que conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, no implica la exposición ampulosa, exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos; compeliendo más bien, que la decisión asumida sea concisa, clara e íntegra, que satisfaga todos los puntos demandados, expresando las razones que justifiquen la determinación, citando las normas sustantivas y adjetivas al efecto que hagan contundente y sólido el fallo dictado; aspectos que claramente fueron cumplidos por los Vocales demandados. En tal circunstancia, conforme los fundamentos esgrimidos, la decisión asumida por los Vocales demandados, tampoco transgrede los derechos a la impugnación y a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 172 vta. a 177 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por la citada Sala. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0493_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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