Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 26 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y tutela judicial efectiva, en mérito a que, las autoridades jurisdiccionales demandadas, al momento de resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva de uno de los imputados por el presunto delito de asesinato, siendo los imperantes de tutela víctimas al ser familiares de los fallecidos en el hecho investigado, no fundamentaron ni motivaron su decisión de que se haya desvirtuado la probabilidad de autoría y el peligro hacia las víctimas y la sociedad, tampoco se ha valorado la prueba aportada la efecto, lo que derivó en otorgarle al señalado investigado la cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte, la Resolución 169 de 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 262 a 266, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, salvo que la situación jurídica del accionante haya sido modificada por el trascurso del tiempo; y, 2 DENEGAR en cuanto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia del departamento de Santa Cruz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0493/2024-S4 Sucre, 26 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51562-2022-104-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 169 de 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 262 a 266, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lilian Sánchez Rojas; Roció Magdalena Gonzales Alcocer; y, Líder Candía contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia, todos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 14 de octubre de 2022, cursantes de fs. 223 a 229; y el de subsanación de 26 del mismo mes y año (fs. 236 a 237), los accionantes manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra, Misael Nallar Viveros, Esteban Beltrán Muñoz y Rodrigo Gonzales Arrazola, por el presunto delito de asesinato, siendo las víctimas (fallecidos), Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y José David Candía Orozco; mediante Resolución de 24 de junio de 2022, la autoridad de control jurisdiccional, determinó la detención preventiva de los mencionados imputados, bajo los fundamentos de: a) La probabilidad de autoría, dado que los tres imputados, dieron positivo a la prueba del guantelete, en el caso de Rodrigo Gonzales Arrazola, positivo a dicha prueba efectuada en su mano derecha; b) Riesgo de fuga, al no haberse desvirtuado la concurrencia del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, c) Por la gravedad del hechos – asesinato–, la existencia de riesgo para la sociedad y las víctimas.
Dicha determinación fue apelada por los imputados, y siendo resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista de 12 de julio de 2022, declarando improcedente dicha pretensión y confirmando en todos sus puntos la Resolución de 24 de junio de 2022; no obstante, y de manera separada, Rodrigo Gonzales Arrazola –imputado–, solicitó cesación a su detención preventiva, acompañando al efecto, Certificado de permanencia de conducta del Centro Penitenciario; Declaración voluntaria ante Notario de Fe Pública, por el cual, garantiza la seguridad de las víctimas; Informe psicológico emitido por Régimen Penitenciario; y, Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); empero, en su calidad de familiares de las personas fallecidas, por ende también victimas del hecho investigado, consideran que esta documentación, no enerva el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP; es decir, peligro contra la víctima y la sociedad. Conforme a lo solicitado por el mencionado imputado, mediante Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2022, emitido por, Rodrigo Aldo Veda Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal de la Guardia –hoy demandado– se declaró admisible y fundado la solicitud de cesación a la detención preventiva, disponiendo en favor de Rodrigo Gonzales Arrazola, otras medidas cautelares de carácter personal, entre ellas (la más gravosa), detención domiciliaria, con el único argumento de que el Ministerio Público, hubiera presentado declaraciones de dos testigos encubiertos que mejorarían la situación jurídica del prenombrado, aspecto que también afectaría a la probabilidad de autoría que no fue desvirtuada por los imputados en las precedentes audiencias. No obstante, cuestionan que tanto la Resolución de 24 de agosto de 2022, emitida por el referido Juez de Instrucción, así el Auto de Vista de 20 de septiembre del mismo año, emitido por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandado–, en revisión de la primera decisión: 1) No determinaron con claridad sobre que pruebas desvirtúan el riesgo procesal peligro para las víctimas, previsto en el art. 234.7 del CPP; 2) No contienen una exposición clara de los aspectos facticos pertinentes y fundamentados por los cuales se sustenta el peligro latente contra la víctima; 3) No describieron de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicables al caso, tampoco señala nada sobre el elemento de la prueba de guantelete, misma que fue objeto principal de la imputación del hoy investigado; 4) No describieron de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes; 5) No valoraron de manera concreta y especifica todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor especifico; y, 6) No determinaron el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
Los accionantes denunciaron, la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y tutela judicial efectiva, citando al efecto, los arts. 115, de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se deje sin efecto: i) El Auto de Vista 414 de 20 de septiembre de 2022, emitido por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, ii) La Resolución de 24 de agosto de 2022, emitido por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de octubre de 2022 según consta en el acta, cursante de fs. 252 a 261 vta.; presentes la parte accionante asistida de su abogado y ausentes las autoridades jurisdiccionales demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional, y efectuando algunas aclaraciones en audiencia sostuvo que: a) La Resolución que determinó la detención preventiva del hoy imputado, y que fue confirmada por Auto de Vista emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se funda en que, el procesado, no desvirtuó el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP; es decir, el peligro hacia la víctima y la sociedad, debido a tres razones: la gravedad del hecho, la existencia de víctimas y terceros, y la connotación de la investigación, y tampoco desvirtuó la probabilidad de autoría demostrada con la prueba del guantelete; b) El Juez demandado, al resolver mediante Resolución de 12 de julio de 2022, la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por Rodrigo Gonzales Arrazola, en primer lugar determinó que no ingresar a analizar la probabilidad de autoría de dicho imputado y sostuvo que la situación jurídica de éste hubiere mejorado con la declaración de dos testigos protegidos, pero esas declaraciones versan sobre hechos totalmente ajenos al momento del asesinato, pues dicha declaración tiene que ver con el momento y lugar de haberse repartido las armas de fuego que es muy distinto al tiempo y espacio del lugar del crimen; c) El Juez hoy demandado, establece que el peligro contra la víctima y sociedad quedan enervados, por un Informe Psicológico; no obstante, la SCP 0263/2021-S4, ha señalado que el riego contra la sociedad y la víctima no puede desvirtuarse con un Informe Psicológico; y, d) No se ha efectuado una correcta valoración de la prueba respecto a la probabilidad de autoría del imputado, tampoco de qué modo, se hubiera desvirtuado el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP.
Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a su notificación cursante a fs. 239, no remitió informe alguno. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia del departamento de Santa Cruz, pese a su notificación cursante a fs. 242, no remitió informe alguno.
José Enrique Ramírez, representante del Ministerio Público en audiencia tutelar señaló que: 1) Se adhiere a la solicitud de tutela formulada por la aparte accionante, dado que, las Resoluciones cuestionadas por medio de esta acción de defensa no tiene un debida fundamentación y motivación, pues las autoridades jurisdiccionales demandadas, en ningún momento han establecido con prueba idónea que se hubiera desvirtuado el riesgo procesal, peligro hacia la víctima y la sociedad, pues ambos usan la prueba testifical de un supuesto testigo protegido, que no tiene vinculación alguna con el referido riesgo procesal; y, 2) Se ha lesionado el derecho a una tutela judicial efectiva de las víctimas –hoy accionantes– con la decisión de otorgar a uno de los procesados medidas menos gravosas, que de manera directa afecta a los familiares de las personas fallecidas. Miguel Ángel Medrano, representante del Viceministerio de Transparencia, en audiencia tutelar sostuvo que, en las resoluciones cuestionadas por la presente acción de amparo constitucional, no se advierte una debida motivación, fundamentación y valoración probatoria, por lo que solicitó que al concederse la tutela impetrada por la parte accionante se ordene que se dicte nuevas resoluciones acordes a los estándares y principios constitucionales. Winder Hinojosa, quien no se identificó cuál es su participación como tercero interesado en la audiencia, señaló que: i) El Viceministerio no forma parte del proceso; por lo que, no podría ser tomados en cuenta sus argumentos en la presente acción de amparo constitucional; ii) La parte accionante no ha precisado, de qué modo se hubiere omitido la valoración de la prueba; iii) La pruebas testificales y la del guantelete, prueban dos situaciones que necesariamente deben ser contrastadas, por un lado, se establece que los imputados no estuvieron en el lugar del crimen, y por otro que hubieren efectuado disparos, por lo que para nada establece la probabilidad de autoría; y, iv) La parte accionante no explicó de manera clara y concreta su pretensión, y lo que hace es intentar inducir al tribunal de garantías en error.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 169 de 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 262 a 266, concedió la tutela solicitada, disponiendo “…dejar sin efecto la Resolución N° 414 de 20 de septiembre de 2022, debiendo dictarse una nueva Resolución de acuerdo a los parámetros establecidos” (sic) en los arts. 133, 239 y 221 del CPP y 23 de la CPE, decisión asumida con base en los siguientes argumentos: a) Conforme la jurisprudencia constitucional, toda resolución jurisdiccional debe ineludiblemente, determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, contener una exposición clara de los aspectos facticos pertinentes, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, valorar de manera concreta y explicita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio especifico y determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica; b) Al momento de examinarse una solicitud de cesación a la detención preventiva, las autoridades jurisdiccionales deben establecer que motivos existieron para determinar la detención preventiva, y cuales los hechos o circunstancias que hicieron desaparecer tales motivos, para modificar la situación jurídica de la persona privada de libertad por dicha medida cautelar; c) Cuando se habla de que se debe demostrar que hechos o circunstancias hicieron desaparecer los riesgos procesales, se está hablando de una fundamentación y motivación suficiente en una nueva determinación; d) No siendo pertinente examinar la actuación del Juez de Instrucción, el análisis se subsume a la actuación del Vocal demandado; y, e) Siendo que el Tribunal de alzada, no ha analizado, que motivos existen para establecer que el imputado ha enervado los riesgos procesales que fundaron su detención preventiva, se tiene que el Auto de Vista cuestionado, carece de fundamentación y motivación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguientes: II.1. Por memorial presentado al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia del departamento de Santa Cruz, el 23 de junio de 2022, Luis Alfredo Alba Flores y Marcos Arce Gandarillas, Fiscales de Materia, imputaron formalmente a Misael Nallar Viveros, Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán la presunta comisión del delito de asesinato, siendo víctimas (fallecidos) del hecho investigado, Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y José David Candia Orozco (fs. 2 a 21). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 268/2022 de 23 de junio, emitido por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante el cual dispuso –entre otros– la detención preventiva de Rodrigo Gonzales Arrazola el Recinto Penitenciario Santa Cruz Palmasola por un plazo de ciento ochenta días (fs. 63 a 89). II.3. Mediante Auto de Vista 289 de 12 de junio de 2022, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por Rodrigo Gonzales Arrazola y Esteban Beltrán Muñoz, contra la Resolución 268/2022 de 23 de junio, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia, por la cual, se dispuso la detención preventiva de los prenombrados (fs. 172 a 182). II.4. Por Auto Interlocutorio 340/22 de 24 de agosto de 2022, emitido por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia del departamento de Santa Cruz, se declaró admisible y fundado la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Rodrigo Gonzales Arrazola, imponiéndosele a este las siguientes medidas cautelares de carácter personal: 1) Obligación de presentar al Ministerio Público cada siete días; 2) Prohibición de comunicarse con los co-imputados, victimas- testigos y terceros; 3) Prohibición de consumir alcohol y sustancias controladas; 4) Arraigo nacional; 5) Fianza económica; y, 6) Detención domiciliaria (fs. 185 a 191 vta.). II.5. Cursa Auto de Vista 414 de 20 de septiembre de 2022, firmado por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el cual, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte civil (víctimas) contra el Auto Interlocutorio 340/22 de 24 de agosto de 2022, conformando en todo la referida Resolución (fs. 203 a 210).
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y tutela judicial efectiva, en mérito a que, las autoridades jurisdiccionales demandadas, al momento de resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva de uno de los imputados por el presunto delito de asesinato, siendo los imperantes de tutela víctimas al ser familiares de los fallecidos en el hecho investigado, no fundamentaron ni motivaron su decisión de que se haya desvirtuado la probabilidad de autoría y el peligro hacia las víctimas y la sociedad, tampoco se ha valorado la prueba aportada la efecto, lo que derivó en otorgarle al señalado investigado la cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la 0584/2019-S4 de 29 de julio, sostuvo que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, «…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…» (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’ Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso. 8 III.2. Análisis del caso concreto El accionante a través de su representante sin” (las negrillas son nuestras).
Al respecto la SCP 0014/2018-S4 de 23 de febrero, razonó lo siguiente: “El Tribunal Constitucional refiriéndose a la facultad privativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios o administrativos para valorar la prueba, a través de la SC 0285/2010-R de 7 de junio, estableció como regla general que: ‘(…) la facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios o a las instancias ante las que se tramitaron esos procesos, no siendo pertinente que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de dichas instancias y menos aún atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba efectuada por las autoridades judiciales o administrativas competentes, toda vez que el recurso de amparo constitucional tiene como única finalidad el restablecer los derechos fundamentales que fueron conculcados por autoridades o particulares…’. En relación a los supuestos que la jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de prueba realizada por las autoridades jurisdiccionales ordinarias, la misma SC 0285/2010-R, precedentemente citada, señaló: ‘Siendo la regla general que la valoración de la prueba, corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios; sin embargo el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, ha establecido la SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y, 2) En caso de que se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia, sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales’” (las negrillas nos pertenecen).
Los accionantes alegan la lesión de sus derechos invocados, señalando que, las decisiones jurisdiccionales de ambas autoridades demandadas (Vocal y Juez); transgreden los elementos del debido proceso, no obstante, considerando que, el Auto Interlocutorio 340/22, emitido por el juez demandado, fue objeto de impugnación y revisado por el Vocal hoy demandado, y en virtud a la imposibilidad de revisar nuevamente dicha determinación mediante esta acción de tutela en aplicación del principio de subsidiariedad, el análisis de los aspectos denunciados, únicamente se circunscribirán a la examinación del Auto de Vista 414, siendo esta la última resolución emitida en el proceso, en cuanto a las observaciones expuesta en la presente acción de amparo, en cuyo mérito incumbe denegar la tutela en relación al juez demandado. En ese marco, y describiendo los antecedentes, de las Conclusiones II.1, II.2 y II.3, de este fallo constitucional, se tiene que, Rodrigo Gonzales Arrazola y otras dos personas, el 23 de junio de 2022 fueron imputadas por el presunto delito de asesinato, siendo las victimas (fallecidos) los familiares de los hoy accionantes; por otro lado, el mismo día, mediante Resolución 268/2022, el Juez de Instrucción, dispuso para todos los imputados la detención preventiva; en el caso particular de Rodrigo Gonzales Arrazola, por el plazo de ciento ochenta días; apelada que fue, esta determinación, mediante Auto de Vista 289, la Sala Penal Primera declaró admisible e improcedente la impugnación formulada por los referidos procesados. No obstante, y de manera individual, Rodrigo Gonzales Arrazola, solicitó a la autoridad de control jurisdiccional, cesación a su detención preventiva, misma que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 340/22, emitido por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante el cual declaró admisible y fundada, la solicitud antes referida, disponiendo en favor del prenombrado (imputado), medidas de carácter personal entre ellas, fianza económica, arraigo, prohibiciones expresas, presentación semanal ante el Ministerio Público y detención domiciliaria (Conclusión II.4). Sin embargo, esta decisión fue apelada por las víctimas y el Ministerio Público, impugnación que fue resuelta por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandado–, quien mediante Auto de Vista 414 (Conclusión II.5), declaró admisible e improcedente la apelación activada contra el Auto Interlocutorio 340/22, decisión que los accionantes denuncian como carente de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, ante lo cual corresponde analizar si el citado Auto de Vista, se encuentra transgrediendo los elementos del debido proceso antes citados, y si amerita conceder la tutela solicitada. En ese marco, los accionantes de manera puntual denuncian que, la Resolución de 24 de junio de 2022 (emitida por el Juez a quo), como el Auto de Vista 414 de 20 septiembre del mismo año, i) No determinaron con claridad sobre qué pruebas desvirtúan el riesgo procesal peligro para las víctimas, previsto en el art. 234.7 del CPP; ii) No contienen una exposición clara de los aspectos facticos pertinentes y fundamentados por los cuales se sustenta la decisión sobre el peligro latente contra la víctima; iii) No describieron de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicables al caso, tampoco señala nada sobre la prueba del guantelete, misma que fue objeto principal de la imputación del hoy investigado; iv) No describieron de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes; v) No valoraron de manera concreta y especifica todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor especifico; y, vi) No determinaron el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica; ante lo cual y como bien se pudo delimitar, corresponde verificar si el citado Auto de Vista hoy cuestionado mediante esta acción de tutela, no consideró lo que los hoy accionantes alega como carente de fundamentación y motivación además de una omisión en la valoración de la prueba. Ahora bien, en análisis del Auto de Vista 414 de 20 de septiembre de 2022, que hoy es cuestionado por medio de esta acción de amparo constitucional, se tiene que el mismo se estructura en dos partes, una primera referida a los antecedentes de las apelaciones formuladas, que en el caso, de los accionantes coinciden en relación a no haberse desvirtuado el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, con prueba y fundamentación y motivación idónea; y, una segunda parte referida a la resolución de dicha observación, dividiendo el análisis de ésta en dos partes: a) Con relación a la prueba que el imputado presentó o que se hubiera producido en la investigación con el fin de desvirtuar el peligro contra la víctima y la sociedad, el Auto de Vista cuestionado, sostiene que, existen como pruebas para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, Un informe psicológico realizado a través de requerimiento fiscal; El testimonio de 2 testigos protegidos, ofrecido como anticipo de prueba y que fue obtenida en Cámara Gesell; y, b) Otro aspecto que fue considerado para establecer como desvirtuado el riesgo procesal contra la víctima y la sociedad, se traduce en que, existen otras dos personas investigadas por el mismo hecho, y el testimonio de veintiocho testigos, que no establecen con objetividad que el imputado hubiera participado en el hecho investigado, aunque esto no debe entenderse como la probabilidad de autoría, solo respecto al análisis del peligro contra la víctima y la sociedad. En consideración a ello, del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional se tiene que, toda autoridad jurisdiccional, y en particular aquellas que resuelven la situación jurídica de personas privadas de libertad, deben ineludiblemente, fundamentar de manera suficiente la decisión asumida, es decir, que de manera imperiosa debe exponer los hechos, realizar una fundamentación legal y citar las normas que sustentan su determinación, de forma tal que el justiciable al momento de conocer la decisión lea, comprenda y asuma que no existía otra manera de resolver su solicitud. Por otro lado, la motivación siendo una argumentación externa, no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo, la misma que puede ser concisa pero clara, que debe satisfacer todos los puntos demandados. En ese marco, en relación a la primera y segunda observación [(i) y (ii)], formulada por los accionantes en esta acción de amparo constitucional, referidas a que la autoridad demandada no determinó con claridad que pruebas habrían desvirtuado el riesgo procesal peligro hacia la víctima y la sociedad, además de no exponer de forma concreta que aspectos fácticos sustentan la decisión de dar por desvirtuado el citado riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, el Vocal demandado en el Auto de Vista 414, estableció como elementos de prueba para desvirtuar este riesgo procesal, un informe psicológico realizado a través de requerimiento fiscal el cual indicaría en su parte conclusiva que, “…el evaluado no muestra ninguna psicopatía grave con características introvertidas, presenta rasgos de personalidad que no repercute en estabilidad emocional, se muestra inseguro temeroso y muy desconfiado ante cualquier situación defendible, cree que su posición está amenazada o establecida de un modo inadecuado” (sic); en base a ello, la autoridad demandada señaló que el Juez a quo sostuvo su decisión en que, “…como elemento probatorio para fundar el presente incidente con relación al peligro efectivo para la sociedad que conforme cursa el acta de aplicación de medidas cautelares de otro coimputado, mas propiamente el ciudadano identificado como Álvaro Julio Mejía, está suscrita autoridad y conforme a la declaración de los testigos protegidos que fueron realizados como anticipo de prueba en la Cámara Gesell en fecha 13 de agosto , que fueron todas las partes convocadas a ese acto procesal mismos que al igual que refiero la declaración de los 38 testigos que cursa en cuaderno de investigaciones, en ninguna de las partes refiere la defensa técnica que hubiesen mencionado a los incidentitas ni el momento del hecho” (sic), en cuyo contexto, el Vocal demandado, afirmó que el imputado desvirtuó el riesgo procesal peligro contra la víctima y la sociedad, con dos elementos probatorios, por un lado, un informe psicológico, en el cual se describe el comportamiento de éste, y por otro, la declaración de dos testigos protegidos, en contraste con el testimonio de otros veinte ocho testigos quienes no hubieren identificado al imputado de manera objetiva como partícipe del hecho. Sin perjuicio de lo anterior, incumbe remitirnos para complementar este análisis a la tercera observación (iii) formulada en la presente acción, referida a que no se consideró el elemento de prueba consistente en una prueba de guantelete en la decisión del Vocal demandado; al respecto, es evidente que la parte accionante, en apelación solicitó al Tribunal de alzada, que se haga una consideración de la prueba del guantelete, para que en contrastación de los otros elementos de prueba se pueda establecer la existencia o no del peligro contra la víctima y la sociedad; en ese entendido, el Vocal hoy demandado, al referirse a lo solicitado señaló que, “…de acuerdo al art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, se ha establecido claramente que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos demuestren que no ya no concurren los motivos por los cuales se encuentra detenido, es decir, que el imputado a presentado nuevos elementos con relación al momento de aplicación de la detención preventiva los cuales han sido precisados de manera puntual y sobre esos aspectos la parte apelante, la parte civil y el Ministerio Público o el Ministerio de Gobierno no han indicado por que ha sido valorado de manera incorrecta estos elementos de prueba, porque no sería suficiente esa informe psicológicos, la declaración de los 2 testigos y los 38 testigos y lo afirmado se manera textual por parte del Ministerio Público quien tiene el monopolio de la investigación, simplemente han afirmado que existe una prueba de guantelete y que el hecho sería grave, puesto que han perdido 3 personas la vida y el delito también atribuida al imputado provisionalmente sería el de asesinato, lo cual es totalmente correcto, esos aspectos han sido tomados en cuenta al momento procesal de establecer la concurrencia de este riesgo procesal, pero después de ese momento procesal ya se tiene otros elementos que han sido valorados por la autoridad de instancia de manera precisa y concreta, sobre los cuales no han sido refutados de manera fundamentada por la parte apelante, tanto por la parte civil y el Ministerio de Gobierno” (sic [el resaltado nos pertenece]). En ese sentido, se hace evidente que la autoridad demandada omitió referirse y compulsar dicho elemento probatorio –prueba del guantelete–a los efectos de determinar, en contrastación de los otros elementos de prueba la existencia o no del peligro contra la víctima y la sociedad, contenido en el art. 234.7 del CPP, tal como lo habían solicitado los accionantes en su apelación, limitando su decisión a la consideración supuestamente no observada de otros elementos –informe psicológicos, la declaración de los dos testigos protegidos y los treinta y ocho testigos–, mismos que habrían sido valorados por la autoridad de instancia de manera “precisa y concreta”; los cuales –como reitera la autoridad–, no habrían sido refutados de manera fundamentada por la parte apelante, tanto por la parte civil y el Ministerio de Gobierno, ni el Ministerio Público, razonamientos que, en criterio de este Tribunal de modo alguno pueden suplir la labor valorativa omitida, pues claramente no se otorgó valor alguno al elemento probatorio cuestionado, al considerarlo -se asume-innecesario al existir otros dos elementos que, en criterio de la ahora autoridad demandada, desvirtuaron la concurrencia de este riesgo procesal; lo que implica que la decisión asumida en relación a dicho riesgo carece de fundamentación y motivación al devenir de una evidente omisión valorativa de la prueba invocada de manera expresa e inequívoca por la parte apelante; en cuyo mérito, corresponde conceder la tutela, en relación únicamente a la falta de consideración en la decisión asumida por la autoridad demandada –hoy cuestionada–, en relación a las observaciones [i), ii) y iii) ] Con relación a la cuarta y quinta observación [iv) y v)] referidas a que la autoridad demandada no describió de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes, por ende, no valoró manera concreta y especifica todos y cada uno de los medios probatorios producidos en la investigación, asignándoles un valor; al respecto, los accionantes, de manera generalizada, señalaron que la autoridad demandada no valoró los medios de prueba; empero, no identificaron – fuera de la prueba de guantelete que ya fue analizada– qué otros medios de prueba no fueron valorados o considerados en la resolución; por lo tanto, habiendo omitido la identificación de éstos pruebas, señalando las mismas de una forma generalizada, no corresponde efectuar un análisis de fondo al respecto. Con relación a la sexta observación (vi) referida a que la autoridad demandada, no determinó el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica; dada la forma de resolución asumida en relación a las observaciones precedentes [(i), (ii) y iii) ], en cuyo análisis evidentemente se estableció que la autoridad demandada omitió valorar de manera integral la prueba postulada al efecto, en especial la del guantelete, para asumir una determinación en relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, también corresponde conceder la tutela solicita en cuanto a este aspecto, pues dada la relevancia del efecto valorativo advertido, es que se considera que la decisión asumida por el Vocal demandado, incumple con los cánones de debida fundamentación y motivación de las resoluciones, en cuyo mérito, incumbe disponer la concesión de la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en todo, la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte, la Resolución 169 de 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 262 a 266, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, salvo que la situación jurídica del accionante haya sido modificada por el trascurso del tiempo; y, 2 DENEGAR en cuanto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de la Guardia del departamento de Santa Cruz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0493_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): f1a9ea88fae8f8d1f9b9e2651af965157d1b02ecd6499f3c22909e2e6ee62688
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