Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, impugnación, doble instancia, trabajo vinculado a la salud, alimentación y vida digna; alegando que la autoridad demandada al momento de emitir el Auto de Vista 091/2022, no dio respuesta a los agravios deducidos en su recurso de apelación, argumentando que la fundamentación fue confusa, oscura e imprecisa; por lo que, no podía ingresarse al fondo. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la incongruencia omisiva advertida, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0493/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46103-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franklin Mamani Guarachi contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 21 de febrero de 2022, cursante de fs. 12 a 20 vta., y el de aclaración el 22 de igual mes y año (fs. 23 y vta.), el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de homicidio en grado de encubrimiento, que surgió a raíz de las muertes suscitadas en la Zona Sur el 11 de noviembre de 2019, momento en el que acontecían conflictos políticos a nivel nacional, caso dentro del cual primero fue citado como testigo en dos oportunidades, pasando posteriormente a tener la calidad de sindicado, fue emitida imputación formal en su contra y otros funcionarios policiales, llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares el 26 de enero de 2022, la Fiscalía fundamentó la existencia de riesgos procesales, impetrando la aplicación de medidas de carácter personal insertas en los numerales 2, 4, 5, 6 y 8 del art. 231 bis. del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, la parte víctima argumentó también riesgos procesales, sumándose a la petición efectuada por el Fiscal de Materia, solicitando además la detención domiciliaria para todos los imputados.
Verificativo donde en su defensa, presentó documentación por medio telemático, consistente en cédula de identidad de sus progenitores ambos de la tercera edad, certificado de matrimonio de los prenombrados, folio real de su domicilio coincidente con el consignado en su cédula de identidad; acto procesal donde fue emitida la Resolución 021/2022 de 26 de enero, donde se declararon concurrentes los numerales 1 y 2 del art. 234; y, 1, 2 y 7 del art. 235 del adjetivo penal, disponiéndose entre otras medidas, la detención domiciliaria sin derecho a salidas laborales, pese a conocer que todos los imputados eran oficiales de la policía; determinación que apeló al considerar que dicha medida sin derecho a salidas laborales era desproporcional, abusiva y vulneradora de derechos fundamentales y garantías constitucionales, para un delito en grado de encubrimiento, señalada la audiencia correspondiente para el 4 de febrero del citado año, donde se procedió a la fundamentación de los siguientes agravios: a) La Jueza a quo no determinó a qué personas se refería cuando se fundamentó la prohibición de comunicarse con “todas las personas” (sic) involucradas en la causa, ya sean testigos, víctimas u otros funcionarios policiales que hayan participado de los hechos, no existiendo certeza a quien se refería, lo cual resulta transgresor de la norma procesal penal que en su art. 231 bis. establece la prohibición de comunicarse con determinadas personas, las cuales no fueron individualizadas ni siquiera por la Fiscal de Materia de la causa menos por la aludida autoridad judicial; b) Desproporcionalidad en la determinación asumida respecto a la detención domiciliaria sin salidas laborales, vulnerando con ello su derecho a la libertad de locomoción y trabajo en conexitud con el derecho a la salud, alimentación, vida digna, favorabilidad y presunción de inocencia; c) Falta de fuerza probatoria en los argumentos expuestos por la parte solicitante, pues la Fiscalía no impetró en ningún momento la detención domiciliaria, sino fue la víctima pero sin especificar que sea sin derecho a la salida laboral, basada únicamente en las declaraciones informativas de los propios imputados, sin ni siquiera haber pedido requerimientos a efectos de verificar si no tenía familia, que no contaba con domicilio o trabajo, como para que la autoridad a quo proceda a determinar para todos los imputados su detención domiciliaria sin salida laboral; d) Incumplimiento de la carga probatoria; y, e) No se valoró la documentación presentada por el imputado por medio telemático. No obstante, el Tribunal de alzada no ingresó a dar respuesta a los mismos, señalando: “…no habiéndose expuesto los agravios por parte del apelante Franklin Mamani Guarachi, y siendo la fundamentación confusa, oscura e imprecisa, este tribunal no puede ingresar al fondo de esta…” (sic), procediendo a declarar infundado su recurso; por lo que, en la vía de explicación y enmienda solicitó se explique si el art. 234.1 y 2 del CPP, fue probado por la víctima al ser la única solicitante de la detención preventiva; no obstante, dicha autoridad se ratificó en la oscuridad e imprecisión en la que presuntamente habría incurrido al momento de exponer sus agravios; razón por la que, no habría ingresado al fondo de los mismos, actuación que lesiona sus derechos fundamentales, sintiéndose re victimizado por la justicia ordinaria, ya que el hecho de determinarse que no se ingresará al fondo bajo los argumentos referidos, resulta un razonamiento ridículo, ilógico e irresponsable que vulnera su derecho a la defensa al no haberse considerado la fundamentación de sus agravios, pues el aludido Tribunal tenía la facultad y obligación de impetrar aclaraciones, complementaciones o resolver cualquier cuestionamiento que no le habría quedado claro a objeto de materializar el derecho a la defensa y a la doble instancia y no guardar silencio ante la supuesta incomprensión para posteriormente argumentar oscurantismo u omisión de exposición de agravios, impidiéndole el acceso a la doble instancia, no siendo admisible que bajo ningún parámetro exista la posibilidad de denegar el derecho que le asiste a cualquier persona el acceso a la revisión de un fallo que considera lesivo a sus derechos; máxime, cuando se encuentran ligados al derecho a la libertad de locomoción, salud, alimentación, trabajo y vida digna, no sólo de su persona sino de sus padres, quienes son de la tercera edad y dependen de su trabajo, impidiendo la determinación asumida que desarrolle una actividad laboral que le permita llevar una vida digna tanto a su persona como a su familia.
El accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, impugnación, doble instancia, trabajo vinculado a la salud, alimentación y vida digna, citando al efecto el art. 21.7 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas emitir nueva resolución fundamentada, sea con base en los argumentos expuestos en audiencia de apelación de medidas cautelares de 4 de febrero de 2022.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39 vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela mediante su abogado, ratificó el memorial de acción de libertad, y ampliándola señaló que: 1) La Vocal demandada no se pronunció respecto a los agravios que fundamentó en la audiencia de apelación, bajo un argumento irresponsable, evasivo e irrisorio, señalando que no escuchó los agravios; por lo que, considerando sus argumentos debió aunque sea rechazar el mismo, emitiendo una resolución fundamentada y no limitarse a argüir que no escucho los reclamos efectuados; debido a lo cual, no podía pronunciarse en el fondo, pues tampoco la aludida autoridad pidió aclaración de que es lo que sería oscuro o confuso para su entendimiento, para así haber absolver sus dudas, evadiendo su responsabilidad de resolver el recurso conforme las facultades que le asisten; 2) El derecho a la impugnación se encuentra garantizado normativamente, el cual se encuentra en conexitud con la doble instancia como vertientes del debido proceso; y, 3) Finalizó, solicitando se conceda la tutela impetrada, ordenándose a la autoridad demandada emita nueva resolución fundamentada y motivada, con base en los fundamentos expuestos en audiencia de apelación, los cuales fueron grabados por los medios telemáticos correspondientes.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 35 a 36 vta., manifestó que: i) De la revisión de la acción de libertad interpuesta, se puede evidenciar que el ahora accionante incurre nuevamente en error, haciendo una vaga confusa, oscura e imprecisa fundamentación de su solicitud, realizando una descripción de los antecedentes del caso, copia de jurisprudencia constitucional, reiterando de forma continua que se hubieran vulnerados sus derechos al emitir un fallo donde supuestamente se habría considerado sus agravios oscuros y confusos, confirmando la Resolución apelada; lo cual no resulta evidente pues del contenido del fallo aludido, el cual es claro y debidamente fundamentado, se tiene respuesta a cada uno de sus agravios, explicándose porque se le negó su solicitud de acuerdo al art. 124 del CPP; por lo que, extraña la activación de esta acción tutelar, pues no sólo el Juez o Tribunal tiene la obligación de fundamentar sus decisiones sino también el apelante debió dar una correcta motivación a su recurso; ii) Con relación al principio de proporcionalidad la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a través de la Resolución 40/34, normas a partir de las cuales se concluyó que el proceso penal no debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado a favor del incriminado, sino que debe procurar los derechos de la víctima, haciendo compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, no pudiendo el perjudicado con el delito convertirse en una pieza suelta por la política criminal, pues sus derechos constituyen valores y principios reconocidos en la Constitución Política del Estado; y, iii) Finalizó, aclarando que las medidas cautelares tienen la característica de temporalidad y variabilidad, no causando estado; debido a lo cual, pueden ser modificadas conforme varíen las circunstancias; argumentos en torno a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 091/2022 de 4 de febrero, únicamente con relación a Franklin Mamani Guarachi, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de tres días pronuncie nuevo fallo en observancia a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0183/2020-S2 de 24 de julio y 0683/2018-S2 de “8 de octubre”; así como, de los arts. 124 y 398 del CPP, resolviendo en forma positiva o negativa el recurso de apelación deducido por el accionante; con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del Auto de Vista cuestionado, se verifica que la parte accionante expuso sus agravios, resumidos en los siguientes puntos: 1) Que la Resolución emitida por la Jueza quo, no cumplió con el art. 124 del adjetivo penal; 2) Que la detención preventiva sin salida laboral era desproporcional al hecho imputado; 3) Que la determinación asumida no especifica con qué personas no debe comunicarse; 4) No se valoró la prueba documental; y, 5) No se demostró objetivamente la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los numerales 1 y 2 tanto del art. 234 y 235 de la norma procesal penal; agravios a los cuales no se dio respuesta; máxime, cuando la apelación de medidas cautelares se rige por el principio pro actione, que obliga a desechar todo rigorismo o formalismo excesivo; b) El fallo confutado no cumple con los parámetros establecidos en la SCP 0183/2020-S2, pues no se expresaron los motivos de hecho y derecho en los que se basó la determinación asumida, tampoco se mencionó cuál el valor otorgado a los elementos de convicción que llevaron a confirmar la Resolución apelada, y pese a haberse fundamentado los agravios por la parte apelante hoy impetrante de tutela, no se pronunció al respecto, eludiendo dar una respuesta indicando que no se ingresará a la revisión de fondo al no estar debidamente fundamentado el recurso de apelación; debido a lo cual, confirmó el mismo sin reparar los agravios del apelante, lo que evidencia que se incumplió con su deber de fundamentación y motivación; y, c) El informe presentado por la Vocal demandada no desvirtúa la denuncia efectuada por el solicitante de tutela respecto a la falta de respuesta a sus agravios, como de la valoración de la prueba y fundamentación del Auto de Vista cuestionado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 021/2022 de 26 de enero, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz, dispuso entre otras medidas la detención domiciliaria de Franklin Mamani Guarachi −ahora accionante− y otros (fs. 28 a 34 vta.) II.2. Se tiene Auto de Vista 091/2022 de 4 de febrero, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, compuesto por la Vocal ahora demandada, a través del cual declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela, contra la Resolución 021/2022 (fs. 4 a 9).
El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, impugnación, doble instancia, trabajo vinculado a la salud, alimentación y vida digna; alegando que la autoridad demandada al momento de emitir el Auto de Vista 091/2022, no dio respuesta a los agravios deducidos en su recurso de apelación, argumentando que la fundamentación fue confusa, oscura e imprecisa; por lo que, no podía ingresarse al fondo. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0674/2020-S4 de 4 de noviembre, señaló que: “La referida norma procesal penal, prevista en la parte general de los Recursos (Libro Tercero), dispone: ‘(Competencia). Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’. La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia en sus vertientes interna y externa, como el: ‘…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentesʼ. La SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ʽ…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión‛. La jurisprudencia precitada, se encuentra íntimamente ligada a lo previsto en el art. 398 del CPP; es decir, que la competencia de los tribunales de alzada está circunscrita a los aspectos cuestionados de la resolución de la autoridad inferior, pues lo contrario, acarrearía una inseguridad jurídica en las partes que acuden a la revisión de sus fallos. En consecuencia, el defecto o vulneración al principio de congruencia se puede presentar por: 1) Incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, lesionando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también a la defensa; y, 2) Por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos invocados en la presente acción tutelar, alegando que la Vocal ahora demandada al momento de resolver su apelación, no se pronunció con relación a los agravios expuestos en su recurso. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que mediante Resolución 021/2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz, dispuso entre otras medidas la detención domiciliaria de Franklin Mamani Guarachi −hoy accionante− y otros (Conclusión II.1.); determinación que al ser objeto de apelación por los imputados, entre ellos el impetrante de tutela, mereció la emisión del Auto de Vista 091/2022, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, compuesto por la autoridad ahora demandada, quién declaró improcedente el recurso interpuesto por el hoy solicitante de tutela (Conclusión II.2.). Ahora bien, identificada la problemática jurídica la cual versa en una presunta incongruencia omisiva, ya que la autoridad demandada no hubiera dado respuesta a los puntos que fueron objeto de agravio en alzada, corresponde inicialmente ingresar a conocer los mismos, para posteriormente verificar si resulta ser evidente o no lo alegado; sin embargo, para tal efecto, debe aclararse que al no contar este Tribunal con el acta de audiencia, los agravios explanados por el apelante −hoy accionante−, serán extraídos del Auto de Vista del cual se solicita el control tutelar, entonces remitidos a su contenido, los fundamentos de los recursos de apelación fueron consignados en el CONSIDERANDO III, habiéndose señalado en cuanto al recurso del accionante, que: i) “…con relación al recurso de apelación planteado por la defensa de Franklin Mamani Guarachi, la misma manifiesta que se ratifica en el recurso de apelación tomando en cuenta que no sólo transgrede el Art. 124, sino dicha resolución se vulnera el principio de proporcionalidad no se enmarca en el principio de inocencia en cuanto a las garantías constitucionales el tipo penal que se investiga es de encubrimiento de una pena de 6 seis meses a 2 dos años consecuentemente observa en cuanto al numeral 3 respecto a la prohibición de comunicarse con todas las personas que se encuentren involucradas dentro de la presente causa ya sean testigos, víctimas u otros funcionarios policiales, que hayan participado en el día de los hechos manifestando que no se habría determinado qué personas no tendría que comunicarse la parte procesada” (sic); ii) Respecto “al numeral 6 donde se termina la detención domiciliaria que en caso de incumplimiento a las medidas antes impuestas se determinará una medida más grave, en este caso sería la detención preventiva” (sic), existiendo imprecisión en los fundamentos fácticos por parte de la Jueza a quo; máxime cuando no se fundamentó la concurrencia del art. 235.1 del CPP, habiendo sólo manifestado que en su condición de Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) destruirá los documentos que se encontraban en el cargo que ocupaba, haciendo hincapié que el proceso dataría de hace tres años; por lo que, no se podría cargar la prueba al imputado, únicamente porque no se tendría los memorandos de designaciones; iii) Con relación al art. “135.2” del adjetivo penal, que influya negativamente sobre personal de la UTOP, debiendo recepcionarse inclusive declaraciones del personal de la aludida institución, le extrañó que aun el Ministerio Público no haya recabado dichas declaraciones informativas, ni mucho menos los habría identificado; y, iv) En cuanto a que no se habría acreditado el art. 234.1 y 2 del CPP, manifestó que adjuntó la cédula de identidad de sus progenitores; así como, el certificado de matrimonio que advierte que tiene familia constituida, folio real a nombre de su padre; sin embargo, la Jueza a quo, señaló que no se acreditó dichos elementos, pese a que la carga de la prueba le corresponde a la parte víctima “ y que el a quo hace una omisión valorativa y señala que concurre el elemento domicilio, asimismo señala que la víctima habría solicitado la aplicabilidad del Art. 231 numeral 9 en cuanto a que el imputado sería soltero y el mismo no habría sido probado que tenga familia y que tenga domicilio” (sic); debido a lo cual, solicitó la revocatoria de la resolución con relación a los “numerales 3 y 6 de la parte dispositiva de la resolución venida en grado de apelación” (sic). En torno a ello, la Vocal demandada pronunciándose respecto al aludido recurso, refirió en el mismo acápite que: a) Debe existir un análisis razonado de la decisión apelada y existencia de motivos suficientes para revocar el fallo apelado, para considerar que la determinación de la Jueza a quo era errónea, y no sólo manifestar que es desproporcional y transgrede el art 124 del CPP, vulneración que fue señalada de manera generalizada y ambigua, por cuanto de acuerdo a la SC “1306”: “El accionante tiene el deber de fundamentar los agravios, para que no sólo la parte contraria pueda en todo momento refutar éstos sino también para que el Tribunal de alzada pueda resolver en total orden y coherencia los agravios denunciados en los que habría incurrido la autoridad jurisdiccional” ; por lo que, el recurso interpuesto no cuenta con los fundamentos fácticos y jurídicos que permita ingresar a la revisión de fondo, al no existir una crítica razonable ni suficiente conforme señala el Tribunal Supremo de Justicia, pues el deber de fundamentación no es propio del Juez o Tribunal sino también de la parte apelante, que debe dar una correcta motivación a su recurso, pues el pronunciamiento será en forma proporcional a la motivación del mismo, evidenciándose que la parte apelante no expresó de manera clara y jurídica lo que denuncia y pretende, imposibilitando ingresar al fondo; y, b) En la vía de complementación la parte apelante solicitó se explique si el riesgo procesal con relación al art. 234.1 y 2 del CPP, fue probado plenamente por la víctima; puesto que, fue con base en ese fundamento que fue impuesta la detención domiciliaria, por lo que teniendo presente que la carga probatoria le pertenece a la víctima, solicitó se aclare si ésta probó completamente esos riesgos procesales; a lo que la Vocal demandada respondió que, debía tomarse en cuenta que los fundamentos del recurso de apelación no habían sido claros “en cuanto a la solicitud de ingresar al análisis de la resolución venida en grado de apelación tomando en cuenta que no se ha escuchado los fundamentos fácticos por parte de la defensa en cuanto a la denuncia y en cuanto a lo que pretende en su Resolución de recurso de apelación este Tribunal de Alzada no puede ingresar en este momento a establecer la complementación o enmienda a la solicitud impetrada por el cual NO HA LUGAR a lo solicitado” (sic). Ahora bien, antes de ingresar al análisis respectivo, debe tenerse presente que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el principio de congruencia como elemento del debido proceso, es entendido como la concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto; contexto por el cual, cuando una autoridad jurisdiccional emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, incurre en incongruencia omisiva, lesionando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también a la defensa. Entendimiento bajo el cual, se tiene como cierta la denuncia efectuada por la parte impetrante de tutela, pues de la revisión de los fundamentos expuestos, es evidente la exposición de agravios formulados por el imputado hoy solicitante de tutela, identificados en los siguientes puntos: 1) El fallo apelado, transgrede el art. 124 del CPP y no resulta proporcional con la pena establecida para el delito de encubrimiento, que tiene una pena de seis meses a dos años; 2) Observó en cuanto al “numeral 3” respecto a la prohibición de comunicarse con todas las personas que se encuentren involucradas dentro de la presente causa ya sean testigos, víctimas u otros funcionarios policiales, que hayan participado el día de los hechos; que no se determinó específicamente con qué personas no debe comunicarse; 3) No se fundamentó la concurrencia del art. 235.1 del adjetivo penal, ya que sólo se manifestó que en su condición de Comandante de la UTOP destruirá los documentos que se encontraban en el cargo que ocupaba; sin embargo, debía considerarse que el proceso dataría de hace tres años; por lo que, no se le podría cargar la prueba, únicamente porque no se tendría los memorandos de designaciones; y, en torno al numeral 2 del art. “235” de la misma normativa, con relación a influir negativamente sobre el personal de la UTOP, de quienes aún debía recepcionarse sus declaraciones, extrañó la razón por la que el Ministerio Público no recabó dichas declaraciones informativas, ni mucho menos los habría identificado; y, 4) En cuanto a que no se habría acreditado el art. 234.1 y 2 de la norma procesal penal, señaló que adjuntó la cédula de identidad de sus progenitores; así como, el certificado de matrimonio de los mismos, de lo que se advertiría que tiene familia constituida, también presentó el folio real a nombre de su padre, los cuales fueron omitidos en su valoración por la Jueza a quo, quien habría referido que no se acreditó dichos elementos. Agravios a los cuales no se dio respuesta, bajo el argumento que no se habría expresado de manera clara y jurídica lo que denunciaba y pretendía el apelante −hoy accionante−, lo que imposibilitaba el análisis de fondo, y pese a que se solicitó en la vía de complementación que, se aclaren aspectos en torno a los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP, se reiteró la ambigüedad y falta de claridad en la que había presuntamente incurrido el ahora impetrante de tutela al momento de exponer sus agravios; restringiendo con dicho razonamiento los derechos fundamentales y garantías constitucionales que le asisten, pues conforme bien puede evidenciarse del contenido del Auto de Vista cuestionado, las reclamaciones efectuadas en alzada resultan entendibles respecto a lo que se pretende cuestionar. Por lo expuesto, teniendo certeza que la autoridad demandada a tiempo de emitir el fallo confutado, incurrió en incongruencia omisiva al no haber considerado ni dado respuesta a los puntos que fueron cuestionados por la defensa del accionante en su recurso de apelación, corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 091/2022, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, compuesto por la Vocal demandada, sólo con relación a Franklin Mamani Guarachi, debiendo la aludida autoridad judicial emitir nuevo fallo con base en los lineamientos establecidos precedentemente, debiendo pronunciarse de forma positiva o negativa en torno a las reclamaciones efectuadas en el recurso de apelación deducido por el accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la incongruencia omisiva advertida, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0493_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d5b2412e60b6a4a7aaa69f9261102d7ae57e0d94cb3b359e29e5d593fcc1b3b
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