Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 y Auto Complementario de 23 de junio de 2023, cursantes de fs. 29 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 143/2023 de 7 de febrero, emitido por Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, sin esperar turno ni sorteo, dicha Sala Penal, convoque a audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante contra el Auto Interlocutorio 013/23 de 16 de enero, siempre y cuando la situación jurídica de la impetrante de tutela, no haya cambiado por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0492/2026-S3 Sucre, 20 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58573-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 57/2023 y su Auto Complementario de 23 de junio del mismo año, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Blady Choquetilla Mayta en representación sin mandato de Gladys Yesenia Rodríguez Gutiérrez contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos celeridad e impugnación; y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de estafa, habiéndose declarado infundada su solicitud de modificación de medidas cautelares personales, en la misma audiencia a través de su defensa interpuso recurso de apelación incidental, fundamentando incluso los agravios principales; remitido el legajo ante la Sala Penal Tercera, la Vocal demandada de manera directa y sin convocar a audiencia, emitió el Auto de Vista 013/2023 de 16 de enero, declarando inadmisible la apelación interpuesta, por no haberse presentado la misma oralmente en el acto, como exige la norma; asimismo, consideró que la expresión “voy a interponer recurso de apelación” expresa una intención futura y no una acción concreta, situación que vulnera sus derechos. Por lo que, solicita la nulidad del citado Auto de Vista, y que en el día se señale audiencia para la consideración del recurso planteado. Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante informe escrito de 23 de junio de 2023, cursante de fs. 19 a 23 vta., manifestó que: a) Mediante Auto de Vista 143/2023, se declaró inadmisible la apelación incidental y se confirmó el Auto Interlocutorio 013/2023; toda vez que, dicho recurso no fue interpuesto oralmente en audiencia, conforme establecen los arts. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -Ley 1173-, sino que la ahora accionante solo expresó su intención futura de hacerlo; b) Dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada y motivada; y que la impetrante de tutela no agotó los mecanismos ordinarios previos, al no solicitar explicación, complementación y enmienda, dando a entender tácitamente su conformidad con el fallo; c) La accionante no individualizó de manera clara los actos lesivos ni demostró el nexo entre la actuación de la Sala Penal y los derechos invocados que fueron vulnerados; y, d) Solicitó que corridos los trámites de ley, se deniegue la tutela impetrada. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 57/2023 y Auto Complementario, ambos de 23 de junio de 2023, cursantes de fs. 29 a 31, concedió la tutela solicitada, disponiendo que se dicte nuevo Auto de Vista considerando de forma íntegra la grabación del Juzgado de origen. Resolución dictada bajo el siguiente fundamento: La Vocal demandada sustentó la inadmisibilidad del recurso de apelación formulado por la accionante, en una transcripción parcial e incompleta del acta de audiencia de modificación de medidas cautelares, pues de la grabación se advirtió que la defensa no solo anunció la apelación, sino que también fundamentó la misma, conforme establece el art. 251 del CPP, de lo que se colige, que se vulneró el debido proceso en su vertiente del derecho a la impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
La SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido].
La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, al respecto señala que:
[El] derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: `I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental. Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras.
De los antecedentes del caso, se tiene que, dentro del proceso penal que se sigue contra la ahora accionante Gladys Yesenia Rodríguez Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de estafa, se tiene que el 16 de enero de 2023, se llevó a cabo la audiencia de modificación de medidas cautelares, actuado procesal en el cual el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 013/23 declaró infundada la solicitud de modificación de medidas cautelares; lo que provocó que la impetrante de tutela a través de su defensa en dicho actuado procesal manifieste su voluntad de interponer recurso de apelación a dicha determinación, al expresar: “…voy a interponer recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP”, además de hacer referencia a los agravios principales (fs. 3 a 4 vta.). Remitidos los actuados ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 7 de febrero de 2023, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 143/2023, declaró inadmisible la apelación interpuesta con base al siguiente fundamento: “…por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales …”(sic), sosteniendo que la expresión “voy a interponer” se refiere a un acto futuro que puede o no ser realizado; en cambio, la interposición en el acto de un recurso de apelación, es un acto procesal presente y cierto (fs. 6 a 7). De la revisión de antecedentes se establece que, al concluir la audiencia de modificación de medidas cautelares de 16 de enero de 2023, y luego de ser notificada verbalmente con la decisión judicial, la accionante a través de su defensa interpuso de inmediato recurso de apelación incidental, al amparo del art. 251 del CPP, manifestando textualmente: “...voy a interponer recurso de apelación…”(sic); señalando posteriormente: “...estableciendo como agravios principales la falta de motivación, de fundamentación de su resolución...” (sic); de dichas expresiones no existe duda de que la accionante manifestó de manera clara, inequívoca e inmediata su voluntad de impugnar el Auto Interlocutorio que rechazó la modificación de medidas cautelares; de lo cual se colige, que la apelación fue planteada oralmente en audiencia, en estricta observancia del marco normativo aplicable. En ese contexto, la interpretación asumida por la Autoridad demandada devino en incorrecta, pues en lugar de atender la voluntad impugnatoria expresada por la parte apelante, incurrió en un entendimiento excesivamente literal y formalista de las palabras empleadas por la defensa al momento de recurrir, con lo cual, se restringió el derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad e impugnación, y el principio de seguridad jurídica; al haberse impedido la revisión de la decisión de primera instancia; asimismo, se vulneró el derecho a la libertad de locomoción de la accionante, al obstaculizarse la definición de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 y Auto Complementario de 23 de junio de 2023, cursantes de fs. 29 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 143/2023 de 7 de febrero, emitido por Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, sin esperar turno ni sorteo, dicha Sala Penal, convoque a audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante contra el Auto Interlocutorio 013/23 de 16 de enero, siempre y cuando la situación jurídica de la impetrante de tutela, no haya cambiado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0492_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0ea6f84505ea9f59f5f24d8d6af65d3be0e1505814f088eaa4ebb73ebea31ea1
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