Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de junio de 2025
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la vivienda, a la educación, a la salud y a la dignidad, señalando en calidad de arrendatarios, desde septiembre de 2015, que ocupan el bien inmueble ubicado en el Condominio Sevilla Norte II, en virtud de un acuerdo verbal que establece un canon mensual de Bs4 200.-, incluyendo las expensas comunes. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2025 de 12 de marzo, cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0492/2025-S3 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 72305-2025-142-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 48/2025 de 12 de marzo, cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Teddy Azevedo Terrazas, Sonia Olivia Barrientos Mucarzel por sí y en representación de sus hijos, niño AA y niña BB contra Ruth Patricia Callaú Viveros.
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2025, cursante de fs. 30 a 36, los accionantes expresaron que:
Desde septiembre de 2015, ocuparon un bien inmueble de titularidad de la demandada y su cónyuge, en virtud a un acuerdo verbal con un canon de arrendamiento mensual de Bs4 200.- (cuatro mil doscientos bolivianos), incluido el pago de expensas comunes; asimismo, a pesar de haber insistido en formalizar y firmar un contrato entre partes, nunca se suscribió contrato alguno; además, durante dicho periodo de posesión, nacieron sus dos hijos, lo que consolidó su residencia habitual en el bien inmueble referido. El 21 de septiembre de 2024, tras el fallecimiento de Carlos Augusto Mertens Urlbrich -cónyuge de la ahora demandada-, esta última cambió su actitud con sus inquilinos, exigiendo pagos adicionales, sin respaldo documental ni emisión de facturas, incurriendo en conductas coercitivas, orientadas a obtener sumas en moneda nacional y extranjera, sin justificación contractual ni liquidación objetiva; no obstante de ello, realizaron todos los pagos convenidos al mencionado causante, incluyendo los relativos a expensas. El 30 de septiembre del mismo mes y año la arrendadora, de manera unilateral, instruyó a la administración del Condominio Sevilla Norte II, que se impidiera el ingreso de los accionantes y de su familia a la vivienda que ocupaban, medida que fue formalizada mediante notificación con carta notariada; posteriormente, el 1 de octubre de igual año, la demandada ejecutó actos materiales consistentes en la colocación de cerramientos metálicos en las puertas y ventanas del inmueble, lo que imposibilitó el acceso de los solicitantes de tutela a sus pertenencias personales, medicamentos, víveres, documentos y útiles escolares; tales acciones afectaron de manera directa el ejercicio de sus derechos fundamentales. Refieren que los actos descritos constituyen medidas de hecho, mismos que adquieren mayor gravedad en relación con los hijos menores de edad de los impetrantes de tutela, quienes quedaron privados de elementos indispensables para su educación y bienestar puesto que, la conducta asumida por la demandada se encontraba en contradicción con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que los arrendadores no pueden ejercer acciones por mano propia, como el cierre de ambientes, correspondiendo en su caso acudir a las vías legales pertinentes si se pretende resolver el contrato.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la propiedad privada, a la vivienda, a la educación, a la salud y a la dignidad, citando al efecto los arts. 19.I, 22 y 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 21 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 8, 11 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 11.1 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 11, 23 y 26 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que: a) La demandada, de forma inmediata, permita el ingreso al inmueble, con el fin de recuperar documentos personales, prendas de vestir y demás enseres; b) Se ordene al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, el despliegue de efectivos para hacer cesar los actos ilegales, librando el mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en el Condominio Sevilla Norte II, diligencia que deberá efectuarse con inventario realizado por la Oficial de Diligencias o Notario de Fe Pública; y, c) Sea con imposición de costas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de marzo de 2025, según consta en acta cursante de fs. 109 a 112, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron íntegramente en audiencia los términos de su acción tutelar.
Ruth Patricia Callaú Viveros, presentó informes escritos el 7 de marzo de 2025; y, 11 de similar mes y año, cursantes a fs. 100; y, 107, y en audiencia de garantías, señaló que: 1) Los accionantes pretenden invocar la vía constitucional para evadir obligaciones contractuales derivadas de una relación de arrendamiento, pues los impetrantes de tutela admitieron la existencia de una deuda por concepto de alquiler; 2) Actualmente se encuentra en curso una demanda de conciliación, en razón de la controversia no resuelta a la fecha; 3) Los impetrantes de tutela alegan la vulneración de sus derechos; sin embargo, abandonaron voluntariamente el inmueble a objeto de eludir los pagos por alquiler y expensas; y, 4) La presentación de esta acción tutelar solamente tiene por objeto eludir las obligaciones contractuales asumidas durante más de ocho años, acumulando una deuda por concepto de alquiler de más de Bs40 000.-(cuarenta mil bolivianos), bajo el pretexto de recuperar sus bienes, intentan hacer inducir en error a las autoridades. En virtud de ello, solicitó se deniegue la tutela.
Wilberth Brandon Hoyos Rojas, a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: i) Desde enero de 2024, es el administrador del Condominio Sevilla Norte II, aclarando que su persona no tiene responsabilidad directa en los hechos objeto de la presente acción de amparo constitucional; sin embargo, la restricción de ingreso conoce que obedecía a una deuda por expensas comunes de parte de los arrendatarios; ii) Actuó conforme al Reglamento Interno del Condominio, cumpliendo funciones administrativas, sin conocimiento previo de los hechos denunciados; y, iii) Se adhirió a la parte demandada y pidió se deniegue la tutela solicitada por los accionantes.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 48/2025 de 12 de marzo, cursante de fs. 112 a 114 vta., concedió la tutela; por lo que, se ordenó que la demandada y la actual Administración del Condominio Sevilla Norte II, permitan el ingreso a los peticionantes de tutela, a objeto de recoger todos sus bienes muebles que se encuentren dentro del domicilio del aludido Condominio, en el plazo de veinticuatro horas, bajo conminatoria de la intervención de la fuerza pública. Decisión adoptada con base en los siguientes fundamentos: a) En el caso concreto, los accionantes denunciaron la lesión del derecho a la propiedad privada, debido a que, tras el fallecimiento del cónyuge de Ruth Patricia Callaú Viveros, esta de manera arbitraria, les prohibió el ingreso al domicilio alquilado ubicado en el Condominio Sevilla Norte II; dicha restricción fue ejecutada mediante nota presentada a la Administración del Condominio, a fin de impedir que los solicitantes de tutela recuperen sus bienes muebles; b) La demandada, dentro del informe presentado reconoció que se impidió el ingreso al inmueble objeto de esta acción tutelar, debido a supuestos adeudos por alquiler, respaldándose para sus actos en un proceso de conciliación que se hubiera iniciado el 6 de marzo de 2025, del cual solo se presentó el memorial de solicitud, sin resolución judicial alguna. Asimismo, se adjuntaron capturas de mensajes sobre cobros y una nota de prohibición de retiro de bienes, respondida por la Administración del Condominio, que claramente actuó conforme a la solicitud de la demandada y con base en el Estatuto del citado Condominio; y, c) El objeto de la acción tutelar no fue la restitución del inmueble, sino el ingreso para recuperar sus bienes personales; empero, la negativa unilateral de permitir el retiro de sus pertenencias constituye una vía de hecho, al no existir orden judicial de retención ni medida legal que justifique tal restricción, lo que vulneró el derecho a la propiedad privada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 117 a 122), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de la nota de 30 de septiembre de 2024, presentada por la ahora demandada y dirigida al Directorio de la Asociación de Copropietarios del Condominio Sevilla Norte II, mediante la cual solicitó que, en cumplimiento de la normativa interna, se brinde auxilio para que los deudores morosos -accionantes- no procedan al retiro de sus bienes muebles de la casa Este 3 del referido Condominio (fs. 16).
II.2. Consta carta notariada de 1 de octubre de 2024, presentada por la impetrante de tutela y dirigida a Gary Rosales, entonces Administrador del Condominio Sevilla Norte II, en la que solicitó información respecto al impedimento de ingreso al citado Condominio (fs. 13 a 14). II.3. Por nota de 3 de octubre de 2024, la Administración del mencionado Condominio respondió a la carta notariada presentada por la accionante, señalando que sus actos se encontraban enmarcados en la solicitud formulada por Ruth Patricia Callaú Viveros, ahora demandada y conforme a las facultades conferidas por el Estatuto del Condominio; actuando en función de precautelar los intereses del copropietario (fs. 15). II.4. Por memorial presentado el 6 de marzo ante el Conciliador de Turno en lo Civil-Comercial de la Capital, Ruth Patricia Callaú Viveros, solicitó convocatoria a conciliación previa a los señores Juan Teddy Azevedo Terrazas y Sonia Olivia Barrientos Mucarzel (fs. 74 a 76 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la vivienda, a la educación, a la salud y a la dignidad, señalando en calidad de arrendatarios, desde septiembre de 2015, que ocupan el bien inmueble ubicado en el Condominio Sevilla Norte II, en virtud de un acuerdo verbal que establece un canon mensual de Bs4 200.-, incluyendo las expensas comunes. A raíz del fallecimiento de Carlos Augusto Mertens Urlbrich -cónyuge de la ahora demandada- Ruth Patricia Callaú Viveros, cambió unilateralmente las condiciones del acuerdo, exigiendo pagos adicionales sin respaldo documental y finalmente solicitó a la Administración del citado Condominio restringir el ingreso al inmueble, ejecutando dicha acción mediante cerramientos de ventanas y puertas, impidiendo con tal acto arbitrario el acceso a sus pertenencias esenciales, lesionando los derechos fundamentales de toda su familia, incluidos sus hijos niños AA y BB, configurando tales actos como vías de hecho; motivo por el cual solicitaron se les conceda la tutela, disponiendo que: 1) La demandada, de forma inmediata, permita el ingreso al inmueble, con el fin de recuperar documentos personales, prendas de vestir y demás enseres; 2) Se ordene al Comandante Departamental de la Policía el despliegue de efectivos para hacer cesar los actos ilegales, librando el mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en el Condominio Sevilla Norte II, diligencia que deberá efectuarse con inventario realizado por la Oficial de Diligencias o Notario de Fe Pública; y, 3) Sea con imposición de costas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 58 de CPE establece: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la CPE, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”
Continuando con el entendimiento que precede, el art. 60 de la CPE señala: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Esta calidad de sujetos de protección reforzada, de las niñas, niños y adolescentes, tiene sustento en los mencionados postulados de la CPE, así como de los instrumentos internacionales que reconocen el principio del interés superior de los menores de edad, y que integran el bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-, encontrándose entre estos la CDN y la CADH, ambas ratificadas por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990. Así, la CDN en su art. 3.1 refiere: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá es el interés superior del niño”. En ese contexto, la CADH, ha desarrollado ampliamente normas fundamentales vinculadas con el fin de garantizar los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes y resoluciones para su protección, partiendo del art. 19 de la mencionada normativa establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; sobre el particular, en una solicitud de opinión consultiva promovida por la misma CADH, para determinar si las medidas especiales establecidas en el art. 19 de dicho cuerpo normativo constituyen límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los estados, en relación a los niños, se solicitó la formulación de criterios sobre dicha materia en el marco de la Convención citada.
A raíz de ello, fue emitida la Opinión Consultiva OC-017/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A 17 respecto a la “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, que disgrega la naturaleza contenida del artículo 19 de la CADH, hace énfasis sobre “principio del interés superior del niño”, con relación directa de la CDN ratificada por nuestro país, que conforme se estableció, dentro de su art. 3 núm. 1, señala que en todas las medidas concernientes a los niños, debe darse una consideración primordial al interés superior del niño, principio que fue catalogado por la CIDH como un principio regulador de la normativa relacionado a este sector vulnerable, que se funda en la dignidad misma del ser humano, a la vez, en las características propias de los niños, como en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos. De todo lo señalado, se entiende que el interés superior del niño, implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como rectores para la elaboración de las normas y la aplicación de éstas, en todos los órdenes relativos a su vida y su existencia; por tanto, el Estado asume un rol protagónico en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, a cuyo fin, ha sido emitida la normativa infra constitucional relacionada a los derechos e interés superior del mencionado grupo vulnerable, como ser el Código Niña, Niño y Adolescente CNNA -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, que en su art. 12 inc. a), dicta: “Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas;(…)” Al respecto, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido a través de la SCP 0284/2014 de 12 de febrero, los alcances de los derechos de la niñez reconocidos en la CPE, expresando que la misma dedicó una sección -arts. 58 a 61-, al reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, demostrando la tendencia proteccionista que debe darse a este grupo vulnerable, estableciendo la preminencia de sus derechos en calidad de titulares de los mismos, por medio del interés superior. Siguiendo con la misma línea la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, señaló que, todas las instancias estatales, deben tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, logrando que se les proporcione una protección integral y que sus derechos sean efectivamente alcanzados y tutelados. Conforme a lo desarrollado, se evidencia que el interés superior del niño cuenta con la finalidad de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos que goza el niño como titular de los mismos, por cuanto el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento del interés superior del mismo en todas las medidas de ejecución, así como en procedimientos administrativos y judiciales, velando justamente porque estas decisiones administrativas o judiciales, políticas o de legislación, dejen claramente establecido que el interés superior del niño es lo primordial, pues toda interpretación normativa debe concluir con la materialización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, siendo una obligación de las autoridades públicas y privadas resolver los procesos legales o administrativos en los que se encuentren involucrados los derechos de menores de edad velando por el interés superior de los mismos, en base a lo dispuesto en la CPE que por principio de primacía debe ser acatada en cada decisión asumida, así como las normas que integran el bloque de constitucionalidad y leyes infra constitucionales.
Entendimiento extraído de la Sentencia Constitucional Plurinacional SPC 0197/2025-S3 de 1 de abril.
2 A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: ´Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado`, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, así como la SCP 0069/2019-S2 de 3 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden). Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que:“…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras); empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificadas. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyan uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0344/2018-S2, reiteradas en las SSCCPP 0373/2018-S2 y 0069/2019-S2; entre otras, asumió el siguiente razonamiento:
La justicia constitucional en varias sentencias relevantes, como la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señaló que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho o, justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho al acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, son al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En efecto, señaló que:
Sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.
En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.
En ese fallo, entre otros reiterados, expresó de manera explícita su preocupación –reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa (amparo constitucional y acción de libertad y acción popular) en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:
i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.);y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema. (Cita de la SCP 1478/2012, de 24 de septiembre, FJ.III.1). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia con un modelo de justicia plural eficiente al servicio de la protección tanto de derechos individuales como colectivos con acceso a la justicia en sentido amplio para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato constitucional prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la Constitución Política del Estado.
En correspondencia con lo anteriormente señalado, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre entendió que el desconocimiento de particulares o servidores públicos que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así señaló que:
El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.
Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la Constitución, esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional; sin exclusión y, por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, en especial, por los órganos jurisdiccionales de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución (SCP 0112/2012) que conforman la función judicial única (art. 179 de la CPE), bajo la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló está compuesta por los órganos judiciales formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas -en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina); y, otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos (SCP 112/2012).
En efecto, la Constitución reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, de comunidades, de sindicatos, de corporaciones en general, etc. que se autorregulan y ejercen un tipo de funciones jurisdiccionales y solucionan conflictos que demuestran que no sólo el Estado crea derecho y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independiente del aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.
Continuando con la jurisprudencia constitucional referida a medidas de hecho, la SCP 0344/2018-S2 así como la SCP 0373/2018-S2, asumieron el siguiente entendimiento:
La jurisprudencia estableció las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo puede ser activada directamente, es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos no expresamente demandados pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos aún en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; y d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el peticionante de tutela quien debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente se evidencia que la demandada presentó una nota de 30 de septiembre de 2024, dirigida al Directorio de la Asociación de Copropietarios del Condominio Sevilla Norte II, solicitando que, en cumplimiento de la normativa interna, se le brinde colaboración en el sentido que sus inquilinos que le debían dinero, no ingresen al inmueble ni procedan al retiro de sus bienes muebles de la casa Este 3 del referido Condominio (Conclusión II.1).
Asimismo, la existencia de una carta notariada de 1 de octubre de igual año, presentada por la impetrante de tutela, dirigida a Gary Rosales, entonces Administrador del referido Condominio, mediante la que solicitó se le informe cuál o cuáles los motivos que le impedían ingresar al domicilio donde vivían (Conclusión II.2).
Consiguientemente, en respuesta a dicha carta, Gary Rosales, en ese momento Administrador, respondió en el sentido que sus actos fueron realizados en función de precautelar los intereses de los copropietarios y que se encontraban enmarcados en las facultades conferidas por el Estatuto del Condominio. (Conclusión II.3). De la descripción de los hechos, se advierte que, resulta necesario hacer referencia a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece la protección reforzada como indica la CPE y la jurisprudencia constitucional, en el caso que se denuncia la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ya que forman parte de un grupo vulnerable y de prioritaria atención.
En primer lugar, se advierte la vulneración del derecho a la vivienda, dado que el acto unilateral de la demandada les impidió a los impetrantes de tutela, como a sus hijos menores de edad, el acceso al inmueble que constituía su domicilio, donde se encontraban sus pertenencias, vestimenta, alimentación y demás enseres indispensables para su vida cotidiana. El art. 19 de la CPE garantiza a toda persona el derecho a una vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria, mientras que el art. 25 de la DUDH reafirma este mismo derecho en el ámbito internacional.
De igual manera, se constata la afectación al derecho a la educación de los indicados menores de edad, puesto que los actos descritos previamente tuvieron como efecto que estos fueran privados de acceder a sus útiles escolares -mochilas, cuadernos y materiales de estudio- siendo perjudicados en sus actividades escolares; se tiene que el art. 17 de la CPE establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación; por lo que corresponde la concesión de la tutela sobre este punto en particular.
Asimismo, se produjo la vulneración del derecho a la salud, tanto en su dimensión física como emocional, al privar a los niños del acceso a los servicios básicos de agua, lo que implica que tampoco tuvieron acceso a los servicios sanitarios; se tiene que el art. 18 de la CPE garantiza la inclusión y el acceso a la salud sin discriminación alguna, en concordancia con la obligación estatal, familiar y social de proteger la integridad de la niñez, conforme al CNNA; por lo que también corresponde la concesión de la tutela sobre este derecho. Finalmente, tales hechos incidieron en el derecho a la dignidad humana, reconocido como inviolable en el art. 22 de la CPE, al someter a los menores a condiciones de humillación y trato indigno frente a su entorno escolar y social. En mérito a lo expuesto, y conforme a los antecedentes cursantes en el expediente, se evidencia que las medidas de hecho ejecutadas por la parte demandada vulneraron de manera directa los derechos a la vivienda, educación, salud y dignidad de los hijos de los peticionantes de tutela, configurando una clara afectación al interés superior del niño, protegido por la normativa constitucional e internacional. En consecuencia, al estar comprometidos los derechos fundamentales de menores de edad, corresponde otorgarles atención prioritaria e inmediata, a fin de evitar la producción de un daño irreparable. Ahora bien, en el caso presente debe considerarse que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2, la tutela provisoria y transitoria constituye un instrumento jurídico necesario para garantizar que los derechos fundamentales no queden en una mera declaración formal, sino que se traduzcan en una protección material y efectiva frente a actos que comprometen la vigencia plena de la Constitución con la finalidad de evitar que la situación lesiva se prolongue en el tiempo y genere consecuencias irreparables o de difícil reparación ulterior. Consiguientemente, en el caso de autos, resulta necesario otorgar a los accionantes una tutela provisoria y transitoria, en atención a la necesidad de resguardar de manera inmediata y eficaz el derecho a la propiedad privada, a la vivienda, la educación salud y dignidad comprometidos, solo hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina, lo que corresponda en derecho.
Asimismo, conforme a los estándares normativos y jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.4, se tienen los presupuestos de la naturaleza jurídica de las medidas de hecho; por consiguiente, se constató que la demandada instruyó la prohibición de ingreso al Condominio a los accionantes y su familia, extremo que fue confirmado tanto por lo declarado por la demandada como por parte del tercero interesado -Administrador de dicho Condominio-. La comisión de tal acto arbitrario se intenta justificar por la existencia de una supuesta deuda por concepto de alquileres y expensas que no hubieran sido cancelados por los peticionantes de tutela, lo que implica que la demandada, en lugar de acudir ante las vías legales idóneas para resolver tal conflicto, desconociendo el derecho de acceso a la justicia de los afectados, procedió a realizar las medidas de hecho previamente descritas, al impedirles el acceso a su domicilio.
Ahora, se tiene que Ruth Patricia Viveros, dentro de su informe, refirió que en el presente caso no se habría agotado el principio de la subsidiariedad; ya que, de manera paralela, se encuentra en trámite una convocatoria de conciliación previa; por lo que, los accionantes deberían de agotar tal medio de resolución a esta controversia, previamente a interponer esta acción tutelar; al respecto, es necesario el advertir que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 7 de febrero de 2025, mientras que dicha convocatoria a conciliación previa fue interpuesta el 6 de marzo del mismo año por parte de la demandada; es decir, que tal demanda fue interpuesta por la demandada de manera posterior a la presentación de esta acción tutelar, y además, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente sentencia, existe la excepción a la subsidiariedad en los casos en los que se demuestre la existencia de medidas de hecho, por lo que lo argüido por la demandada respecto a la falta de cumplimiento del principio de subsidiariedad carece de mérito. Por lo expuesto, resulta cierto y evidente que en base a una decisión unilateral, la demandada, les impidió el ingreso al lugar donde vivían para recuperar sus bienes, situación que se constituye en una vía de hecho, más aún si la prenombrada no contaba con una orden judicial que prohíba el ingreso y el recojo de sus pertenencias; por todo ello, se concluye que, la demandada lesionó el derecho a la vivienda de los accionantes por vías de hecho, correspondiendo conceder la tutela solicitada, de manera provisional; salvando el derecho de la demandada, de acudir a la vía jurisdiccional para efectivizar el cobro de dichas deudas por concepto de alquileres, y sea de acuerdo a lo que establece el Código Civil y de Procedimiento Civil. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2025 de 12 de marzo, cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 La Constitución Política del Estado, dedica toda una sección (arts. 58 a 61) al reconocimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, lo que demuestra una tendencia más proteccionista a este grupo vulnerable, estableciendo derechos que son necesarios para su desarrollo físico y psicológico y la satisfacción de sus necesidades básicas entre otros. Este reconocimiento al interés superior de los menores de edad implica otorgar a este grupo de personas la calidad de titulares de derechos o portador de derechos y a la vez la preferencia para hacer valer sus derechos ('es deber del Estado (…) garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente…'), además que se otorga medios para garantizar el cumplimiento de estos derechos los cuales se pueden colegir deben ser reforzados por su calidad de minoridad y de este modo poder hacer valer sus derechos de manera efectiva y con prioridad a los demás sujetos de derechos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0492_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3d486e8809fc1ce24bc525d6183167b036de802ac07eae721c209092c42ea84f
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