Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Concede la tutela
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso respecto a los principios de celeridad y administración de justicia, a ser protegida oportuna y efectivamente por Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos y a una justicia plural, gratuita, transparente y sin dilaciones, debido a que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución 38/2022, que rechazó el incidente de ejecución diferida formulado por su persona, dicha impugnación fue radicada desde el 8 de febrero de 2022, en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que hasta la fecha, los ahora demandados hubieran señalado audiencia para considerar su apelación, incumpliendo de esa forma los plazos previstos por la normativa procesal penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por dicho Tribunal, sin responsabilidad por ser excusable, exhortándoles que en situaciones similares, actúen conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional; máxime cuando se trate de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0491/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46035-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sonia Rosario Guachalla Viamonte contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Yuri Jesús Gómez Pérez; Vocal y Secretario de Cámara, respectivamente, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de febrero de 2022, cursante a fs. 10 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; por el que, se encuentra detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la Paz, se llevó a cabo audiencia de incidente de ejecución diferida el 6 de febrero de 2022, en la cual se emitió la Resolución 38/2022, que rechazó el citado incidente; por tal motivo, interpuso recurso de apelación incidental contra esa determinación, impugnación que fue sorteada y está radicada en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se encuentra radicada desde el 8 de febrero de 2022 y sin que hasta la fecha hubiera sido resuelta por la autoridad ahora demandada, con la agravante que estaría detenida en el señalado centro penitenciario con su bebé de cuatro meses de edad, quien se encuentra delicado de salud. Las autoridades jurisdiccionales ahora demandados vulneraron sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso respecto a los principios de celeridad y administración de justicia, a ser protegida oportuna y efectivamente por jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos y a una justicia plural, gratuita, transparente y sin dilaciones.
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso respecto a los principios de celeridad y administración de justicia, a ser protegida oportuna y efectivamente por Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos y a una justicia plural, gratuita, transparente y sin dilaciones, citando al efecto, los arts. 23.I, 115.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y por consiguiente, se señale audiencia en el día para considerar el recurso de apelación incidental y que posteriormente, en el plazo de veinticuatro horas, se devuelvan los antecedentes al juzgado de origen para el control jurisdiccional.
Celebrada la audiencia virtual de acción de libertad el 16 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, presente el impetrante de tutela asistido de su abogado; y, ausentes los ahora demandados, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de la acción de defensa y ampliando se refirió que: a) Se encuentra detenida ilegalmente con su bebé de tres meses de edad, en el entendido de que los ahora demandados, al no haber fijado audiencia de forma pronta y oportuna, conculcaron los art. 23 y 115 de la CPE; b) Al no haber salido el expediente hasta la fecha del despacho de la autoridad judicial ahora demandada, ni señalado audiencia de consideración del recurso de apelación, se incumplió los plazos procesales previstos por el Código de Procedimiento Penal; y, c) Se interpuso la impugnación conforme al art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone que la apelación debe ser resuelta en el plazo de tres días; sin embargo, hasta la fecha no se convocó a audiencia, excediéndose el plazo establecido por el procedimiento.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 16 de febrero de 2022, cursante a fs. 15, manifestó lo siguiente: 1) La Sala Penal Segunda, cuenta con una sola Vocal; razón por la que, debe coordinar con otro Vocal para que se pueda establecer el quorum necesario para resolver la apelación incidental; y, 2) Ya se tiene fecha señalada para el 17 de febrero de 2022, a las 08:45, cumpliéndose de esa forma con las formalidades de ley, aclarándose además que los decretos de mero trámite le corresponden a la Secretaría de Cámara, razones por las que se debe denegar la tutela impetrada, al no haberse vulnerado ningún derecho fundamental o garantía constitucional. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 16 de febrero de 2022, cursante a fs. 16 y vta., refirió que: i) El recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 38/2022, se encuentra radicado en despacho desde el 8 de febrero de 2022; ii) La indicada Sala Penal Segunda cuenta con un solo Vocal, existiendo la necesidad de conformar un cuerpo colegiado para que se pueda resolver la apelación incidental; y, iii) Ya se señaló audiencia para el “día de mañana a horas 08:45 am, misma esta para la notificación” (sic).
El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 19 a 21, concedió la tutela solicitada, a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa, recomendado a los ahora demandados, que en el futuro apliquen la debida diligencia y el principio de celeridad en cuanto a los tramites que corren a su cargo; Resolución emitida con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión de la acción de libertad, se puede establecer que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no cumplió lo dispuesto por el art. 406 del CPP ; y, b) Si bien es cierto que dicho trámite fue subsanado en parte, al haberse señalado audiencia para el 17 de febrero de 2022, no es menos cierto que no existió un plazo razonable, al haber transcurrido aproximadamente seis días sin que se hubiera dado la debida diligencia al recurso de apelación reclamado por la ahora accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sonia Rosario Guachalla Viamonte, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se emitió la Resolución 38/2022 de 6 de febrero; por la que, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujeres de El Alto del departamento de La Paz, rechazó el incidente de ejecución diferida interpuesto por la ahora accionante, quien en aplicación de los arts. 403.2 y 404 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental, contra la Resolución referida, siendo concedida por la autoridad judicial antes mencionada, que dispuso su remisión ante el tribunal de alzada de turno (fs. 7 a 8).
II.2. Cursa el proveído de 15 de febrero de 2022, emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por el que, fijó fecha de “AUDIENCIA DE APELACION DE MEDIDAS CAUTELARES PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022 A HORA 08:45” (sic) (fs. 14).
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso respecto a los principios de celeridad y administración de justicia, a ser protegida oportuna y efectivamente por Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos y a una justicia plural, gratuita, transparente y sin dilaciones, debido a que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución 38/2022, que rechazó el incidente de ejecución diferida formulado por su persona, dicha impugnación fue radicada desde el 8 de febrero de 2022, en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que hasta la fecha, los ahora demandados hubieran señalado audiencia para considerar su apelación, incumpliendo de esa forma los plazos previstos por la normativa procesal penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional con relación a la clasificación doctrinal del habeas corpus, actualmente acción de libertad, a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, estableció que este mecanismo de defensa por vulneración a la libertad individual y/o de locomoción puede ser: “…reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida” (las negrillas nos corresponden).
En vigencia de la actual Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, aplicando a la acción de libertad y partiendo de la clasificación doctrinal anteriormente referida, amplió la misma incluyendo al habeas corpus instructivo, restringido y el traslativo o de pronto despacho, estableciendo que este último tiene por objeto “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
Complementando ese entendimiento, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”; concluyendo más adelante que: `(…) todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado”´(las negrillas nos corresponden).
La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló, refiriéndose a la acción de libertad innovativa, dispuso lo siguiente: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas nos corresponden).
El trámite previsto en la Ley 1970 para el recurso de apelación incidental contra las resoluciones enumeradas en el art. 403 de la citada norma legal, vigente con anterioridad a las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 (en vigencia a partir del 4 de noviembre del mismo año) y 1226 de 23 de septiembre, debía ser interpuesto y tramitado observando las previsiones contenidas en los arts. 404, 405 y 406 del CPP; es decir, que se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante la misma autoridad jurisdiccional que pronunció la resolución, dentro de los tres días de su notificación al recurrente, adjuntando y ofreciendo prueba si acaso quiere producir prueba en segunda instancia, indicando además el hecho que pretende probar; debiendo el Juez o Tribunal emplazar a las otras partes para que contesten dentro del plazo de tres días, y en su caso, acompañando y ofreciendo prueba; si se presentan adhesiones durante el emplazamiento, se correrá traslado a las otras partes para que respondan en igual plazo; una vez vencidos los plazos para las respuestas, con la contestación o sin ella, dentro de las veinticuatro horas siguientes, debían remitirse las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia; instancia que una vez recibidas las actuaciones, dentro de los diez días siguientes, tenía que decidir en una sola resolución, la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, salvo lo dispuesto por el art. 399 del citado Código.
Judicial
Respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del Órgano Judicial la SCP 0593/2018-S4 de 2 de octubre, reitera el entendimiento desarrollado en la SCP 1110/2017-S2 de 23 de octubre, que citando la SCP 0427/2015 de 29 de abril, estableció que: “‘(…) es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: «Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial». Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: «El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno»; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa’” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso respecto a los principio de celeridad y administración de justicia, a ser protegida oportuna y efectivamente por jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos y a una justicia plural, gratuita, transparente y sin dilaciones, debido a que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución 38/2022, que rechazó el incidente de ejecución diferida que formuló por su parte, dicha impugnación fue radicada desde el 8 de febrero de 2022, en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que hasta la fecha, los ahora demandados hubieran señalado fecha de audiencia para considerar su apelación, incumpliendo de esa forma los plazos previstos por la normativa procesal penal. De la revisión de antecedentes, según lo afirmado por la ahora impetrante de tutela y confirmado por los demandados en sus respectivos informes, se tiene que el 8 de febrero de 2022, fueron remitidos y radicados ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los antecedentes de la apelación incidental presentada por Sonia rosario Guachalla Viamonte contra la Resolución 38/2022, que rechazó el incidente de ejecución interpuesto de su parte (Conclusión II.1). Ahora por lo denunciado por la solicitante de tutela, el recurso de apelación se encuentra radicado desde el 8 de febrero de 2022, sin que hasta la fecha se hubiera señalado audiencia para resolver la impugnación, dilación identificada que conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, respecto a las demoras injustificadas en los trámites judiciales, se tiene que a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En el caso de autos, en función a las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal por las Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y Ley de Modificación a la Ley 1173 –Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019–, que con relación al trámite de la apelación incidental, el art. 406 del CPP modificado dispone que: “Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito.
La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código”.
Conforme al trámite mencionado, en el acaso analizado se puede establecer una clara demora por parte de la Vocal y el funcionario de apoyo jurisdiccional demandados, respecto al señalamiento de audiencia y resolución de la apelación interpuesta que ocasionó dilación indebida y si bien esta demora procesal fue corregida mediante el proveído de 15 de febrero de 2022, emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por la que, fijó “AUDIENCIA DE APELACION DE MEDIDAS CAUTELARES PARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022 A HORA 08:45” (sic); sin embargo, no desvirtúa que la omisión en cuanto a la falta de señalamiento de audiencia ocasionó una dilación indebida que afectó a la impetrante de tutela, que merece ser tutelada en esta vía a fin de que la actuación judicial no quede impune y se evite una conducta reiterada a futuro, conforme al entendimiento jurisprudencial referido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto de la activación de la acción de libertad innovativa, en procura de tutelar la situación jurídica demorada innecesariamente en su resolución aun esta haya cesado, correspondiendo que la tutela solicitada sea atendida.
En lo que respecta a la actuación del indicado Secretario de Camara de la Sala Penal Segunda, hoy codemandado, en la presente acción de libertad, también es corresponsable de la dilación denunciada, dado que dentro de las obligaciones comunes asignadas por el art. 94.I numeral 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) a los Secretarios (antes de su modificación por la Ley 1173), estaba el controlar e informar de oficio al Tribunal o al Juez, sobre el vencimiento de plazos para dictar resoluciones, bajo responsabilidad; deber propio de la función que desempeña dicho funcionario de apoyo judicial, quien incumplió esa obligación asignada a su función, ignorando que el recurso de apelación incidental, debió ser resuelto dentro de los plazos establecidos por la normativa procesal penal, de ninguna manera le exime de responsabilidad, siendo en este caso aplicable la jurisprudencia establecida en el fundamento Jurídico III.4, referente a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, y que señala que tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, razones por las cuales también se debe conceder la tutela impetrada respecto al Secretario de Cámara ahora codemandado En consecuencia, se establece que el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 16 de febrero, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por dicho Tribunal, sin responsabilidad por ser excusable, exhortándoles que en situaciones similares, actúen conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional; máxime cuando se trate de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0491_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7226e24919db9fc23a4659d21a6ec68f115c5ab2ddc8359dcc7358454c122117
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