B.IA.LEGAL

SCP 0491/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
45521-2022-92-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como el principio de legalidad; toda vez que, el Juez accionado mediante Resolución de Control Jurisdiccional de 6 de enero de 2022, dispuso la ampliación del plazo de su detención preventiva por veinte días y señaló audiencia para el 26 del mes y año indicados, a horas 10:30, para resolver su situación jurídica; sin embargo, en la fecha y hora mencionadas, dicho Juez indicó que la audiencia no se llevaría a cabo debido a la presentación de la acusación formal por parte del Fiscal de Materia el día anterior y porque dispuso su remisión para el respectivo sorteo ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, motivo por el cual ya habría perdido competencia; y pese a ser informado de que la acusación remitida no fue radicada y no contaba con el Auto de radicatoria correspondiente, reiteró ser incompetente, aclarando que no pronunciaba ninguna resolución al respecto, sino que de manera simple y llana suspendía ese actuado procesal al haber perdido competencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 69 vta. a 72, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso y a la libertad, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, respecto al señalamiento de nueva audiencia en el plazo de veinticuatro horas por parte del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, para considerar la situación procesal del accionante; siempre y cuando, el acto procesal extrañado no se hubiera ya realizado y la definición de su situación procesal ya hubiese sido resuelta; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al principio de legalidad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Competencia para conocer solicitudes relativas a la cesación a la detención preventiva y la aplicación, modificación o sustitución de las medidas cautelares, así como todo lo concerniente a la
  2. III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0491/2023-S3 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45521-2022-92-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 69 vta. a 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marisol Callapa Romana de Clemente en representación sin mandato de Richard Willy Clemente Callapa contra Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de enero de 2022, cursante de fs. 24 a 31, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP); el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí -ahora accionado-, emitió el Auto Interlocutorio de 22 de agosto de 2021, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Santo Domingo de Cantumarca del indicado departamento, por el plazo de tres meses; señalando la mencionada autoridad, audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva por cumplimiento del plazo establecido para el 22 de noviembre del mismo año. Apelado ese fallo, fue confirmado en segunda instancia, quedando ratificado además, el señalamiento del referido actuado. El 22 del mes y año indicados, se llevó a cabo dicha audiencia, en la cual el Juez accionado dispuso la ampliación del plazo de su detención preventiva por cuarenta y cinco días, señalándose audiencia para considerar la cesación de esa medida cautelar personal para el 6 de enero de 2022. Decisión que una vez apelada, fue confirmada por el Tribunal de alzada. En la fecha indicada se instaló la audiencia; en la misma, la referida autoridad judicial nuevamente amplió el plazo de duración de su detención preventiva por veinte días más, señalando audiencia de control jurisdiccional del plazo y de cesación de esa medida cautelar personal para el 26 de igual mes y año, a horas 10:30; siendo ese fallo confirmado en apelación a través del Auto de Vista 19 de 20 del mismo mes y año, por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. El 26 de enero de 2022, se apersonó al mencionado Juzgado preguntando sobre la instalación de la audiencia fijada para ese día, habiéndose permitido que ingrese a la sala de audiencias, donde el Juez accionado dispuso que por Secretaría se informe sobre la notificación y presencia de las partes, indicando la misma que todas las partes fueron debidamente notificadas, encontrándose simplemente su persona y su abogado defensor; no obstante de ello, dicha autoridad judicial indicó que la audiencia no se llevaría a cabo porque el día anterior el Fiscal de Materia presentó acusación formal en su contra y que conforme a procedimiento dispuso su remisión ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno previo sorteo, por lo que ya habría perdido competencia. En ese sentido, su defensa pidió que la Secretaria del Juzgado, revisando el “Sistema”, informe si la acusación remitida ya se encontraba radicada y si existía el respectivo Auto de Radicatoria; siendo informados que la causa aún no fue radicada y que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del Departamento de Potosí -donde fue sorteada la causa-, no pronunciaron el correspondiente Auto de Radicatoria; motivo por el cual se solicitó al Juez accionado que, al mantenerse vigente su competencia, tenía la obligación de desarrollar la audiencia señalada para ese día; empero, la autoridad accionada indicó que no era competente por la remisión del proceso penal ante la acusación presentada, y que no estaba pronunciando ninguna resolución al respecto, sino que de manera simple y llana, suspendía ese actuado procesal al haber perdido competencia. La determinación asumida por el Juez accionado es ilegal y arbitraria, ya que sin respaldo legal ni jurisprudencial, simplemente suspendió la audiencia en la cual debía considerarse si era o no procedente la continuación de su detención preventiva, con base a una interpretación ilegal de la norma, que establece que el juez cautelar pierde competencia cuando queda radicado el proceso o la acusación en el tribunal o juzgado de sentencia, lo que en este caso no ocurrió, incumpliendo lo estipulado por el art. 235 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que le obliga a fijar con precisión la duración de la detención preventiva indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y la hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada. Además, de acuerdo a lo determinado por el art. 113 del CPP citado, las audiencias señaladas no pueden ser suspendidas.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como el principio de legalidad; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.I, III y IV, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); 9.1, 10, 11, 12 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga: a) Restituir sus derechos a la libertad y el debido proceso, ya que no corresponde la suspensión de la audiencia -de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva- de manera pura y simple, por el motivo ilegal y arbitrario de haberse perdido competencia por presentación y remisión de la acusación -Fiscal- que en los hechos permite una ampliación ilegal de la duración de su detención preventiva, por vulneración de lo establecido por los arts. 113 y 235 ter del CPP y no ser concurrentes los requisitos previstos en el art. 233 concordante con el art. 239.2 del mismo Código, modificado por la Ley 1173 y la Ley de Modificación a esa Ley -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-; b) Dejar sin efecto la determinación asumida el 26 de enero de 2022 por el Juez accionado; y, c) Que la autoridad judicial accionada, inmediatamente concluida la presente acción de libertad, señale nueva audiencia con el mismo fin, a desarrollarse en el día, por no existir motivo legal por medio del cual hubiese perdido competencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública y virtual el 27 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 69 vta., presentes el impetrante de tutela y su representante sin mandato, asistido de sus abogados y la tercera interviniente; ausente el Juez accionado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de sus abogados, en audiencia ratificó el contenido de la acción de libertad planteada y ampliándolo, señaló que: 1) El art. 233.3 del CPP, estableció que es un requisito para la detención preventiva, el determinar la duración de la misma; y por su parte, el art. 239.2 del mismo Código, estipuló que cesará la detención preventiva cuando el plazo de su duración se haya cumplido, excepto cuando el Fiscal solicite su ampliación de manera fundamentada; 2) Con base en esa normativa y lo determinado en el art. 235 ter de la referida norma adjetiva, el Juez accionado señaló día y hora de audiencia -para resolver su situación jurídica-; esa audiencia se constituye, en los hechos, en una audiencia de cesación a la detención preventiva, al señalarse que cesará la misma cuando el plazo se haya cumplido, momento en el cual dicha autoridad judicial debe hacer una revisión, excepto si hubo ampliación; 3) Al haberse señalado audiencia para el 26 de enero de 2022, el indicado Juez accionado debía desarrollarla, pese a la presentación de la acusación en su contra, ya que la misma aún no estaba radicada en el Tribunal de Sentencia de turno al cual fue remitida y por eso no había perdido competencia; 4) En el presente caso de acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional, se tiene simplemente el cargo de recepción de la acusación presentada, la cual y todos sus demás antecedentes ni siquiera ingresaron a despacho del Tribunal de Sentencia, habiendo transcurrido cuarenta y ocho horas de su remisión, lapso de tiempo en el que no se tiene el control jurisdiccional respectivo; 5) Al suspenderse el desarrollo de la audiencia programada, el Juez accionado vulneró su derecho a la libertad, porque en esa audiencia se hubiese debatido si era viable o no la continuación de su detención preventiva; y, 6) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho interpuesta, tiene el objetivo de hacer que se cumpla la formalidad legal establecida en las normas aludidas, en concordancia con lo previsto en el art. 250 del señalado Código; debiendo el Juez accionado sustanciar la audiencia señalada y suspendida de manera ilegal. Por lo expuesto, se debe conceder la tutela impetrada, disponiendo que el Juez accionado señale audiencia de control de plazo suspendida y en el plazo de veinticuatro horas se desarrolle la misma, y se debata si es o no viable la continuación o la cesación de su detención preventiva.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, por informe escrito cursante a fs. 63, indicó que: i) Dentro del proceso penal seguido -por el Ministerio Público- a instancias de Noemí Coria Rentería contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, previsto y sancionado por los arts. 308 y 310 inc. d) del CP; este último se encuentra con detención preventiva; ii) El mencionado proceso penal fue remitido ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la referida Capital; por cuanto, la Fiscal de Materia, el 24 de enero de 2022, presentó la acusación fiscal en contra del peticionante de tutela emitiéndose el Auto de 25 del mes y año indicados, mediante el cual se dispuso por cumplido y finalizado el control jurisdiccional en la etapa preparatoria de juicio, por lo que se ordenó la remisión en el día de los antecedentes de la causa ante la oficina Gestora de Procesos o por la sección que corresponda, para el respectivo sorteo ante el Tribunal de Sentencia de turno que corresponda; iii) Si bien se tenía programada una audiencia de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva, para el 26 de igual mes y año, la misma fue suspendida simple y llanamente, debido a la remisión del proceso al Tribunal de Sentencia, en virtud a lo dispuesto en el Auto ya mencionado y de conformidad a lo establecido por los arts. 325.I y 340 del CPP; y, iv) Si bien existe una línea jurisprudencial que indica que deben llevarse a cabo las audiencias de cesación a la detención preventiva cuando no se encuentra radicado el proceso en un juzgado o tribunal de sentencia; sin embargo, ello no sucede en el presente caso, tomando en cuenta que la audiencia suspendida el 26 de enero de 2022, “…NO FUE UNA AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA…” (sic), formulada por la parte imputada; al contrario, fue una audiencia de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva a efectos de que el Ministerio Público realice actos de investigación; es decir, los actos o audiencias mencionadas, son totalmente diferentes -sobre la- que no se establece línea jurisprudencial “menos el C.P.P.”. Por lo expuesto, el acto denunciado de falta de fundamentación y motivación no resulta ser evidente; en tal sentido, se debe rechazar la acción tutelar planteada.

I.2.3. Participación de la tercera interviniente

Noemí Coria Rentería, denunciante en el proceso penal de referencia, a través de sus abogados en audiencia manifestó que: a) Tanto el representante del Ministerio Público como el Juez accionado incurrieron en errores; toda vez que, el accionante fue privado de su libertad en agosto de 2021, por el lapso de tres meses, y antes de que se cumpla ese plazo y se realice la audiencia de control del mismo, obtuvo la cesación de su detención preventiva; determinación que lograron que fuera revocada; b) Lamentablemente el Fiscal de Materia titular falleció y la que se hizo cargo del proceso no conocía los antecedentes y que hubo una cesación a la detención preventiva que fue revocada y cuando eso sucede el Juez ya no establece un plazo; c) Durante el transcurso del proceso, la Fiscal de Materia solicitó la ampliación de la detención preventiva cuando la misma ya estaba revocada y extrañamente el Juez accionado dio curso a esa ampliación ilegal inicialmente por cuarenta y cinco días; d) El impetrante de tutela se encuentra detenido por efecto del Auto de revocatoria de la cesación a la detención preventiva, el cual no puede estar sujeto a control jurisdiccional; e) Si hubo o no una audiencia en ese sentido, se debe determinar si la misma es o no ilegal; y al producirse la ampliación se considera que esa actuación si fue ilegal, porque la ley no establece que cuando se revoca una medida cautelar de detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal tenga que establecer un plazo; f) En este caso el Auto de ampliación de plazo no anuló el Auto de revocatoria de medidas cautelares, el cual se encuentra vigente; g) Se produjo una nueva ampliación por veinte días, señalándose una audiencia de control de plazo para el 26 de enero de 2022, siendo que se trata de revocatoria de otras medidas personales que le impusieron; h) El Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación el 21 de enero de 2022, que fue decretado por el Juez accionado el 25 de ese mismo mes y año, y de acuerdo a lo establecido por el art. 325.I del CPP, debe remitir el expediente ante el Tribunal llamado por ley en el plazo máximo de veinticuatro horas; i) De conformidad a lo estipulado por el art. 54.1 del mismo Código, el Juez de Instrucción Penal solamente tiene que realizar el control jurisdiccional en etapa investigativa, y al existir un pliego acusatorio, esa etapa ya concluye, por lo que debe sortear la causa, lo que en este caso se produjo el 25 de enero de 2022; j) El mismo día de la audiencia -26 de enero de 2022- se emitió el Auto de radicatoria por parte del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, el cual no se encuentra foliado; k) La jurisprudencia constitucional se refiere a solicitudes de cesación a la detención preventiva que no fueron atendidas por los jueces de instrucción penal. Las dos Sentencias mencionadas por el peticionante de tutela no se refieren a una audiencia de control de plazos; en este caso, al haberse dado curso a la cesación de la detención preventiva, no correspondía una audiencia de control de plazo. Tampoco existe una solicitud de cesación a la detención preventiva que fuera expedida y no atendida; l) Se reclama que el Juez accionado injustificadamente suspendió la audiencia programada, siendo evidente que no existe el acta de esa audiencia; m) No se cumplió el principio de subsidiariedad para ingresar a resolver el fondo de la acción de libertad, puesto que no se demostró haberse agotado los mecanismos respectivos, realizando los reclamos sobre el particular. Si se pronunció un decreto debieron interponer recurso de reposición, haciéndole notar su error a dicho Juez; n) Tampoco existe una prueba que demuestre haberse realizado algún tipo de reclamo, porque al parecer no se instaló ninguna audiencia; pero si ya se presentó la acusación y el expediente fue remitido, con base a qué antecedentes se hubiera resuelto; o) No se debe confundir una audiencia de cesación a la detención preventiva, que se solicitó antes de que se remita el expediente, con un audiencia de control de plazo, que es completamente diferente; y los elementos presentados se relacionan con una solicitud de cesación a la detención preventiva; p) No se puede establecer la hora, el momento ni las circunstancias en que fue emitido el Auto de Radicatoria por el Tribunal de Sentencia; sin embargo, existe ese Auto pronunciado el mismo día de la audiencia en que se tenía que desarrollar el control de plazos; y, q) Al encontrarse radicada la causa, el Juez accionado perdió competencia, asumiéndola el referido Tribunal de Sentencia. Al no existir lesión a los derechos denunciados como vulnerados, debe denegarse la tutela impetrada o declararse improcedente la acción tutelar planteada y el proceso penal continúe con su tramitación.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del Departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 69 vta. a 72, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez accionado, en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación, señale nuevo día y hora de audiencia para considerar los aspectos inherentes a la situación procesal del acusado hoy accionante, y otros aspectos reflejados conforme “sale” del cuaderno procesal, debiendo tomar en cuenta todos los aspectos mencionados en audiencia tutelar por las partes que intervinieron en la misma y notificarse a la brevedad posible a dicha autoridad para que dé cumplimiento a la presente resolución; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) En la audiencia de “12” -siendo lo correcto 6- de enero de 2022, se emitió una resolución en cuya parte resolutiva se aceptó una solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva por veinte días, señalándose audiencia para el 26 del mismo mes y año a horas 10:30; 2) El referido actuado fue programado con la debida anticipación, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 233.3 y 235 ter del CPP, que de manera clara preven que es el juez contralor quien señalará esa audiencia para controlar la situación procesal del imputado; 3) Si no pudiera realizarse esa audiencia, queda expedita la posibilidad de que el imputado pueda solicitar ante el Juez cautelar la correspondiente cesación de su detención preventiva con base en lo establecido por el art. 239.2 del indicado Código; 4) Cursa en el cuaderno procesal, constancia de presentación del requerimiento conclusivo de acusación ante el Juez accionado, el 25 de enero de 2022, quien remite el proceso ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí por sorteo, el cual fue recepcionado y providenciado el 26 del mes y año indicado; 5) Mediante el sistema de interoperatividad con el que cuenta el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se observa que la causa fue remitida “…el día de ayer…” (sic) -26 de enero de 2022- a horas 11:30 al indicado Tribunal, y providenciada su radicatoria a horas 15:09; en ese sentido, es evidente lo señalado por los abogados del impetrante de tutela, respecto a cuándo pierde competencia el Juez accionado; 6) Se advierte que el Juez accionado se negó de manera simple y llana a efectivizar la audiencia señalada; es decir, sin ningún fundamento válido, siendo que de conformidad a lo establecido por el art. 113 del CPP, no se puede disponer la suspensión de las audiencias sin su previa instalación; 7) Dicha autoridad judicial debía verificar a través de su Secretaria que si el expediente ya fue remitido y si se encontraba radicado; 8) De una revisión de la “…planilla electrónica…” respectiva, se evidencia que el 26 de enero de 2022, a la hora señalada para la audiencia, la causa no se encontraba radicada en el mencionado Tribunal de Sentencia Penal Segundo; por lo que la competencia del Juez accionado aún permanecía vigente conforme al razonamiento de la SCP 0413/2020-S4 de 2 de septiembre; 9) Al tener conocimiento de la audiencia señalada, dicha autoridad no llevó a cabo la misma, pese a que era su obligación hacerlo, ya que estaba relacionada con la libertad del peticionante de tutela; por lo que, en la audiencia que dispondrá el Tribunal de garantías, dicho Juez debe tomar en cuenta y contemplar todos los aspectos referidos y las aseveraciones de los abogados de la víctima y los abogados del accionante, para considerar si efectivamente se dará lugar a una posible suspensión de la detención preventiva y lo estipulado por el art. 239.1 del CPP; y, 10) En la audiencia que debía desarrollarse “…el día de ayer…” (sic) -26 de enero de 2022 a horas 10:30- se encontraba en juego la libertad del impetrante de tutela, cuya acusación radicó en horas de la tarde ante el Tribunal de Sentencia correspondiente; por lo que no podía el Juez accionado suspender la audiencia sin su previa instalación y asimismo, no constató si la causa remitida al Tribunal de Sentencia ya se encontraba radicada de forma material y no solamente formal; en ese sentido, la actuación del Juez accionado vulneró el derecho a la libertad del peticionante de tutela. En la vía de complementación, el abogado de la tercera interviniente solicitó se manifiesten sobre la subsidiariedad invocada que no fue considerada, y si se estaba ordenando la realización de una audiencia de control del plazo. Los miembros del Tribunal de garantías señalaron que teniendo en cuenta lo establecido por la SCP 0073/2020-S3 de 16 de marzo, “…de ninguna manera…” cualquier memorial de reclamo que podría haber presentado la parte accionante sobre la suspensión hubiera sido rechazado por el Juez cautelar, pues él se consideraba incompetente para tramitar cualquier tipo de situación; en ese sentido, se hubiera vulnerado más aún el derecho a la libertad que tenía el acusado y eso está previsto en dicha Sentencia, que se refiere a los principios de la subsidiariedad en la acción de libertad. En cuanto al otro punto, existe una providencia emitida por el Juez accionado y corresponderá a la víctima establecer si será una audiencia de control jurisdiccional, o para considerar si es pertinente o no la cesación a la detención preventiva con base en el tiempo que hubiera solicitado el Fiscal de Materia y otros argumentos referidos en audiencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta el Acta de Audiencia de Control Jurisdiccional y Resolución de Control Jurisdiccional, ambas de 6 de enero de 2022, haciendo constar en esta última, la aceptación de la solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva de Richard Willy Clemente Callapa -ahora accionante-, realizada de manera oral por el representante del Ministerio Público, disponiendo Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí -ahora accionado-, la ampliación del plazo por el lapso de veinte días y señalando audiencia para el 26 del mismo mes y año, a horas 10:30. Determinación contra la cual el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 19 de 20 de enero de 2022, Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el peticionante de tutela, confirmando la Resolución recurrida (fs. 11 a 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como el principio de legalidad; toda vez que, el Juez accionado mediante Resolución de Control Jurisdiccional de 6 de enero de 2022, dispuso la ampliación del plazo de su detención preventiva por veinte días y señaló audiencia para el 26 del mes y año indicados, a horas 10:30, para resolver su situación jurídica; sin embargo, en la fecha y hora mencionadas, dicho Juez indicó que la audiencia no se llevaría a cabo debido a la presentación de la acusación formal por parte del Fiscal de Materia el día anterior y porque dispuso su remisión para el respectivo sorteo ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, motivo por el cual ya habría perdido competencia; y pese a ser informado de que la acusación remitida no fue radicada y no contaba con el Auto de radicatoria correspondiente, reiteró ser incompetente, aclarando que no pronunciaba ninguna resolución al respecto, sino que de manera simple y llana suspendía ese actuado procesal al haber perdido competencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Competencia para conocer solicitudes relativas a la cesación a la detención preventiva y la aplicación, modificación o sustitución de las medidas cautelares, así como todo lo concerniente a la

situación jurídica procesal de la persona cautelada cuando se presenta acusación Al respecto, la SCP 0254/2019-S1 de 15 de mayo, citando a su vez a la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, que aplicó el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, precisó que: «…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…’”» (las negrillas nos pertenecen).

De lo expuesto, se puede concluir que presentada la solicitud de cesación a la detención preventiva, o cuando se trate de la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares ante el Juez de Instrucción de la causa, o se relacione con la situación jurídica procesal de la persona cautelada; las mismas deben ser resueltas por esa autoridad, aun se haya presentado el requerimiento conclusivo de acusación y se hubieren remitido los antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia, en tanto no se haya radicado la causa.

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 1589/2022-S3 de 2 de diciembre, haciendo referencia a la SCP 0197/2021-S3 de 6 de mayo, y asumiendo el entendimiento jurisprudencial citado en la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, señaló que: «…en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”. (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…) La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado es añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como el principio de legalidad; toda vez que, el Juez accionado mediante Resolución de Control Jurisdiccional de 6 de enero de 2022, dispuso la ampliación del plazo de su detención preventiva por veinte días y señaló audiencia para el 26 del mes y año indicados, a horas 10:30, para resolver su situación jurídica; sin embargo, en la fecha y hora mencionadas, dicho Juez indicó que la audiencia no se llevaría a cabo debido a la presentación de la acusación formal por parte del Fiscal de Materia el día anterior y porque dispuso su remisión para el respectivo sorteo ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, motivo por el cual ya habría perdido competencia; y pese a ser informado que la acusación remitida no fue radicada y no contaba con el Auto de radicatoria correspondiente, reiteró ser incompetente, aclarando que no pronunciaba ninguna resolución al respecto, sino que de manera simple y llana suspendía ese actuado procesal al haber perdido competencia. De la revisión de antecedentes, se advierte que el 22 de agosto de 2021, el Juez accionado dispuso la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario de Santo Domingo de Cantumarca del departamento de Potosí, habiendo obtenido este la cesación a su detención preventiva, que luego fue revocada; asimismo, se tiene que el 22 de noviembre del mismo año, se realizó una audiencia de control jurisdiccional, en la cual se amplió el plazo de la detención preventiva por cuarenta y cinco días más a efectos de que puedan realizarse los actos de investigación respectivos, fijándose nueva audiencia para el 6 de enero de 2022 (fs. 2 y vta.). En la fecha señalada, nuevamente se desarrolló una audiencia de control jurisdiccional en la cual el Fiscal de Materia de manera oral solicitó la ampliación del plazo de la detención preventiva, con la finalidad de realizar los actos de investigación pendientes; motivo por el cual, a través de la Resolución de Control Jurisdiccional de 6 de enero de 2022, el Juez accionado aceptó la solicitud realizada por el representante del Ministerio Público y dispuso la ampliación del plazo de la detención preventiva del accionante por el lapso de veinte días, señalando audiencia de control jurisdiccional para el 26 del mismo mes y año, a horas 10:30; determinación que una vez apelada incidentalmente por el impetrante de tutela (Conclusión II.1), fue confirmada por Auto de Vista 19 de 20 de enero de 2022, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, quien declaró improcedente el mencionado recurso de apelación incidental (Conclusión II.2). Asimismo, también se puede evidenciar que el Juez accionado, en su informe emitido a razón de esta acción tutelar, refirió que el 24 de enero de 2022, la Fiscal de Materia presentó su requerimiento conclusivo de acusación contra el peticionante de tutela, motivo por el cual el 25 del mismo mes y año emitió el Auto respectivo, ordenando la remisión en el día de los antecedentes de la causa ante la oficina Gestora de Procesos o por la sección que corresponda, para su correspondiente sorteo ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno; habiéndose sorteado la misma ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; así también, indicó que si bien se tenía programada una audiencia para el 26 del mes y año indicados -a horas 10:30-, la misma fue suspendida simple y llanamente, debido a la remisión del proceso al referido Tribunal de Sentencia. Finalmente, manifestó que al haber sido suspendida una audiencia de control jurisdiccional de plazo de la detención preventiva a efectos de que el Ministerio Público realice actos de investigación, y no así una audiencia de cesación a la detención preventiva formulada por la parte imputada, no se debe tomar en cuenta la línea jurisprudencial que indica que deben llevarse a cabo las audiencias de cesación a la detención preventiva cuando no se encuentra radicado el proceso en un juzgado o tribunal de sentencia. Al respecto, corresponde aclarar y dejar establecido que de acuerdo al entendimiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en los procesos penales en los cuales el representante del Ministerio Público presente requerimiento conclusivo de acusación, el juez a cargo del control jurisdiccional continúa ejerciendo competencia para conocer y resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, o cuando se trate de la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias; y teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y la Ley 1226, también pueden tomar conocimiento y resolver la situación jurídica procesal de la persona cautelada cuando se amplíe el plazo de su detención preventiva, se produzca el cumplimiento del mismo y lo relacionado con el verificativo de la audiencia pública de control jurisdiccional señalada al efecto; entre tanto la causa no radique en un determinado tribunal o juzgado de sentencia penal, determinación que tiene sustento normativo en lo establecido por el art. 54.1 del CPP, pues tratándose del régimen de medidas cautelares personales, la presentación de la acusación fiscal por sí misma, así como la remisión de antecedentes no resultan un impedimento para que la jueza o el juez de instrucción penal puedan conocer algunas de las circunstancias antes anotadas que se hubiesen programado con anterioridad, que estén pendientes de definición y que deban realizarse en una fecha posterior a la presentación de la acusación. Bajo ese contexto jurisprudencial, de los antecedentes referidos precedentemente y de lo manifestado por el Juez accionado en su informe escrito, se tiene que el 6 de enero de 2022, debido a la solicitud oral realizada por el representante del Ministerio Público, se amplió el plazo de la detención preventiva del accionante por veinte días y se programó la respectiva audiencia de control jurisdiccional para resolver su situación jurídica. Y de manera posterior a ese actuado, concretamente el 24 del mes y año indicados, recién se produjo la presentación del requerimiento conclusivo de acusación, ordenando al día siguiente la mencionada autoridad judicial, la remisión de los antecedentes de la causa en el día para su correspondiente sorteo ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno; y si bien reconoce en su informe que se encontraba programada una audiencia de control jurisdiccional para el 26 de enero de 2022 a horas 10:30; sin embargo, alega que suspendió simple y llanamente dicha audiencia debido a la remisión del proceso. Así también, de acuerdo a lo mencionado por el impetrante de tutela en su memorial de acción de libertad, y que no fue negado ni desvirtuado por el Juez accionado, se tiene que a través de la Secretaria del Juzgado, verificaron “Sistema”, constatando que la causa no se encontraba radicada y que los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del Departamento de Potosí, donde fue sorteada esa causa, no habrían pronunciado el correspondiente Auto de Radicatoria en la fecha y hora indicadas, y pese a solicitarle al mencionado Juez que lleve a cabo la audiencia, el mismo se declaró incompetente por la remisión del proceso penal ante la acusación presentada. De lo expuesto, se advierte una actuación irregular del Juez accionado, al considerar que perdió competencia para resolver la audiencia de control jurisdiccional programada para el 26 de enero de 2022, a horas 10:30, siendo que la misma fue fijada con mucha antelación a la presentación del requerimiento conclusivo de acusación por parte del representante del Ministerio Público y la consiguiente remisión de los antecedentes al Tribunal de Sentencia de turno para el sorteo respectivo; además que en la fecha y hora indicadas, esa acusación y los antecedentes del proceso penal seguido en contra del peticionante de tutela, aún no se encontraban radicados en el Tribunal de Sentencia al que fueron sorteados, y tampoco se contaba con el correspondiente Auto de Radicatoria, hecho comprobado a través de una verificación del “Sistema” por parte de la Secretaria del Juzgado el mismo día y hora de audiencia, y de la “planilla electrónica” por los miembros del Tribunal de garantías en la audiencia de acción de libertad; lo que demuestra que el referido Juez accionado el 26 de enero de 2022, a horas 10:30, aún se encontraba a cargo del proceso penal seguido contra el accionante y sus emergencias; es decir, todavía era competente para conocer la audiencia de control jurisdiccional y resolver la situación jurídica del accionante, teniendo en cuenta los actos concretos que debían desarrollarse hasta esa fecha y la cesación de las medidas cautelares personales de conformidad a lo establecido por el art. 239.2 del CPP. Asimismo, dado el señalamiento de la audiencia de control jurisdiccional con la debida anticipación a la presentación del requerimiento conclusivo de acusación, la indicada autoridad judicial no podía alegar la pérdida de competencia, más aún, si cuando correspondía celebrar dicha audiencia, continuaba a cargo del control de la causa respecto a un actuado procesal fijado por él mismo, por no haberse radicado dicha causa y emitido el respectivo Auto de Radicatoria en el Tribunal de Sentencia al que fue sorteada; tal como lo determina la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, al señalar que cuando se presenta la acusación fiscal y la causa aún uno no fue radicada formalmente, esto es a través del Auto de Radicatoria, el control del proceso y sus emergencias continúan bajo competencia del Juez de Instrucción Penal. Por otro lado, al reconocer el Juez accionado que suspendió simple y llanamente la audiencia de control jurisdiccional fijada para el 26 de enero de 2022, a horas 10:30, se evidencia el incumplimiento de lo determinado por el art. 113 del CPP, modificado por la Ley 1173, que indica que no podrá disponerse en ningún caso la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. En ese sentido, era obligación de la indicada autoridad judicial de instalar la indicada audiencia, para exponer y fundamentar los motivos de su decisión, y emitir una resolución al respecto que permita a las partes hacer uso de los medios de impugnación que consideren adecuados en busca del restablecimiento de sus derechos, al no haber obrado de esa manera, se apartó del marco de sus obligaciones y atribuciones establecidas en la norma procesal penal. Aspecto que desvirtúa el argumento del incumplimiento del principio de subsidiariedad expuesto por el abogado de la tercera interviniente, puesto que al no emitirse resolución alguna, no podían hacerse uso de los mecanismos idóneos para revertir esa situación. En definitiva, resulta evidente la denuncia de que el Juez accionado asumió una determinación ilegal y arbitraria al suspender simple y llanamente la audiencia en la cual debía resolverse la situación jurídica procesal del impetrante de tutela, siendo que independientemente de la presentación del requerimiento conclusivo de acusación, la remisión de antecedentes, y ante su falta de radicatoria, debía celebrar dicha audiencia fijada con antelación y emitir un pronunciamiento puntual al tener competencia para ello, máxime, si se trataba de una persona privada de su libertad por una medida cautelar de carácter personal impuesta en su contra, y que requería que se resuelva y defina de manera urgente su situación procesal, con eficiencia, diligencia y la debida celeridad por encontrarse restringido ese derecho fundamental; autoridad judicial que al no haber obrado de esa manera, ocasionó un perjuicio y una dilación que vulneró el derecho a la libertad del peticionante de tutela, y se apartó de la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese mismo sentido, también se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado a su libertad, en el marco del entendimiento referido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, por la dilación ocasionada que impidió se defina y resuelva de manera rápida y oportuna su situación procesal al encontrarse detenido; motivos por los cuales, corresponde conceder la tutela impetrada, solo a efectos de que se celebre la audiencia de control jurisdiccional programada por el Juez accionado y se resuelva la situación jurídica del accionante conforme corresponda en derecho. Finalmente, con relación al principio de legalidad, al no haberse expuesto un argumento valedero que demuestre su vulneración que motive un desarrollo jurisprudencial al respecto, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 69 vta. a 72, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso y a la libertad, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, respecto al señalamiento de nueva audiencia en el plazo de veinticuatro horas por parte del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, para considerar la situación procesal del accionante; siempre y cuando, el acto procesal extrañado no se hubiera ya realizado y la definición de su situación procesal ya hubiese sido resuelta; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al principio de legalidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0491_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): ba84085f155d6331da98068d2a0e27b3baaf59d6993972bc7d7b1e79deb1eda2

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