B.IA.LEGAL

SCP 0491/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
45826-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la impugnación, al debido proceso y a la vida, argumentando que: a) El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar de La Asunta del mismo departamento, emitió el Auto Interlocutorio 02/2022 de 18 de enero, sin expresar de qué manera se constituía un peligro para la víctima o desarrollar y valorar la prueba concerniente a su domicilio, familia y trabajo, extendiendo su detención preventiva a solicitud del Ministerio Público que no realizó la menor argumentación; y, b) Bertha María Choque Condori, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, después de haber remitido el legajo procesal en apelación y ser éste observado por falta de piezas procesales por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no remitió la documental extrañada sino hasta después de ser notificada con la presente acción tutelar. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela con relación al debido proceso en su vertiente de celeridad, respecto a la Jueza y a la Secretaria, ambas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, ahora demandadas. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto a los derechos de impugnación, a la vida y al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación, este último sin ingresar al fondo de la problemática. 3° Disponer que la Jueza demandada a través de Secretaría de su Despacho, remita lo solicitado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, más allá de la interpretación realizada en el decreto de 11 de febrero de 2022 (fs. 22).

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La activación paralela en la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0491/2023-S2 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45826-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 11 febrero, cursante a fs. 34 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando en representación sin mandato de Marcisa Oyardo Serrano contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza y Bertha María Choque Condori, Secretaria, ambas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de febrero de 2022, cursante de fs. 9 a 12 vta.; la accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de asesinato, el “18 de septiembre de 2021” -siendo lo correcto 18 de enero de 2022- se llevó adelante la audiencia de consideración de su situación jurídica por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en suplencia legal de su homónima Primera de la Asunta del mismo departamento, audiencia en la cual la Fiscal de Materia no fundamentó su solicitud para la ampliación de la detención preventiva; empero, el Juez de la causa emitiendo una resolución contraria a las normas y violentando sus derechos dispuso ampliar su detención preventiva.

Ante la determinación asumida, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, una vez remitido ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 24 de enero de 2022 y sorteado a la Sala Plena Segunda del mencionado tribunal, fue observado mediante decreto de 25 del mismo mes y año, pero a pesar que esa observación se hizo conocer a la Secretaria hoy demandada, ésta no recogió el legajo para subsanarla; es así que, hasta el 7 de febrero de igual año, no retiraron los documentos de apelación, encontrándose sin fecha y hora de audiencia para hacer valer sus derechos a través de su derecho a la impugnación. Respecto a la procedencia de la acción de libertad debe señalarse que ésta se activa cuando existe una afectación al derecho a la libertad, que en este caso, subyace por mantener una medida cautelar sin que exista fundamentación ni motivación en el Auto Interlocutorio 02/2022 de 18 de enero, en ese sentido la autoridad demandada se limitó a señalar que existe una víctima; sin embargo, no detalla de qué forma representa un peligro efectivo para la misma, de igual manera no refiere una adecuada valoración de los elementos familia, trabajo y domicilio, los cuales se encuentran declarados subsistentes sin fundamento alguno.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, a la impugnación, al debido proceso y a la vida, citando al efecto los arts. 15, 22, 23.I, 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); “1.5”, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se cumplan todos los actos necesarios a efectos que se resuelva el recurso de apelación incidental planteada por la impetrante de tutela en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sea en el plazo de veinticuatro horas; y, b) La responsabilidad civil, penal y administrativa de los demandados, siendo la tercera acción de libertad interpuesta en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de febrero de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 32 a 33, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz, presentó informe escrito -no consta fecha-, cursante a fs. 23 y vta., solicitando se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El 18 de enero de 2022 se llevó adelante la audiencia de consideración de la situación jurídica de Marcisa Oyardo Serrano ahora accionante, por su similar de Chulumani del citado departamento, en suplencia legal, y ante el recurso de apelación incidental formulado por la hoy impetrante de tutela, mediante el personal del Juzgado a su cargo se procedió a la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento el 24 de igual mes y año; 2) El 4 de febrero del indicado año, Bertha Marisa Choque Condori, Secretaria ahora demandada, informó que el personal de la Sala Penal “Tercera” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se comunicó para informar que el recurso de apelación incidental estaba para devolver al Juzgado de origen, pero por la distancia solicitó se apersone; en consecuencia, recogió los antecedentes el 7 de febrero del referido año; 3) Del cuaderno de apelación devuelto se advierte que el citado recurso de apelación incidental -contra la Resolución 71/2021 de 20 de noviembre- fue resuelto mediante la Resolución 28/2022 de 19 de enero, confirmando el fallo impugnado; y, 4) Del informe verbal de la referida Secretaria y la Oficial de Diligencias del Juzgado, se tiene que la Sala Penal Segunda del citado Tribunal, no tomó contacto a través de llamadas u otro medio sobre la observación referida por la accionante, a efectos que ésta sea subsanada, sin perjuicio de ello, teniendo conocimiento de dicha observación, ordenó la remisión de la Resolución extrañada que fue enviada al Juzgado a su cargo el 7 de febrero de 2022. Bertha María Choque Condori, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 14.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías mediante Resolución 14/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, concedió la tutela solicitada, sin costas por ser excusable -con relación al debido proceso en su elemento de celeridad-; y, denegó en cuanto a la responsabilidad civil, penal y administrativa de las demandadas, determinación asumida con los siguientes fundamentos: i) El 18 de enero de 2022, se llevó adelante la audiencia de consideración de la situación jurídica de la accionante, en la que se dictó la Resolución 02/2022 disponiendo ampliar el plazo de la detención preventiva de la impetrante de tutela por un mes; contra la cual la defensa de la precitada, planteó recurso de apelación incidental, disponiéndose la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que se efectuó el 19 de igual mes y año, radicando el 24 del mismo mes y año, en la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal, la cual mediante decreto de 25 de los precitados mes y año, observó los antecedentes del legajo en remisión; ii) El “7 de febrero de 2022, la secretaria, ahora demandada se apersona ante la Sala penal Segunda con la finalidad de recoger el legajo de apelación, que se planteó con anterioridad, en contra de la Resolución medidas Cautelares No. 71/2021 de 20 de noviembre de 2021, y que es resuelta mediante Resolución No. 28/2022, que confirma la Resolución No. 71/2021” (sic); iii) Corresponde dilucidar si es aplicable al caso de autos el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, en ese entendido la Secretaria ahora demandada, se presentó el 7 de febrero de 2022 “…ante la Sala Penal Segunda…” (sic) a efectos de recoger el legajo del recurso de apelación; la misma que encontrándose en dependencias de dicho Tribunal, no se comprende por qué no se remitió también el legajo de apelación interpuesta contra la Resolución 02/2022, motivo de la presente acción de defensa; y, con relación a la autoridad demandada, era obligación de la misma conminar a la citada funcionaria a hacer seguimiento del recurso de apelación incidental planteada contra la resolución mencionada. Si bien, a la fecha de celebración de la audiencia de esta acción de defensa -11 de febrero de 2022- fueron cumplidas las omisiones extrañadas en el decreto de 25 de enero de 2022 y enviado el legajo de apelación, no es menos cierto que no ha sido remitido el legajo de apelación en el plazo que corresponde, máxime, al tratarse de una privada de libertad, se deben acelerar los trámites administrativos y judiciales. Por estos antecedentes y en aplicación del habeas corpus traslativo o de pronto despacho, corresponde otorgar la tutela; y, iv) Con relación al petitorio que se disponga la responsabilidad civil, penal y administrativa, por ser ésta la tercera acción de libertad interpuesta, corresponde denegar la tutela; toda vez que, no se tiene antecedentes de las resoluciones emitidas en las anteriores acciones de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 02/2022 de 18 de enero de consideración de situación jurídica, mediante el cual Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en suplencia legal de su homónima de La Asunta del referido departamento, amplió el plazo de la detención preventiva de Marcisa Oyardo Serrano -ahora accionante- por un mes, determinación que fue recurrida en apelación (fs. 3 a 5 vta.) y remitida mediante nota de 19 de enero de dicho año, ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo recibida el 24 de enero del mencionado año (fs. 6).

II.2. Cursa decreto de 25 de enero del mismo año, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, disponiendo la devolución de los actuados hasta que se subsane la observación relativa al Auto Interlocutorio 71/2021 de 20 de noviembre (fs. 7). II.3. Consta nota de 11 de febrero de 2022 de remisión de Resolución 28/2022 de 19 de enero en fotocopia legalizada (fs. 22 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la impugnación, al debido proceso y a la vida, argumentando que: a) El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar de La Asunta del mismo departamento, emitió el Auto Interlocutorio 02/2022 de 18 de enero, sin expresar de qué manera se constituía un peligro para la víctima o desarrollar y valorar la prueba concerniente a su domicilio, familia y trabajo, extendiendo su detención preventiva a solicitud del Ministerio Público que no realizó la menor argumentación; y, b) Bertha María Choque Condori, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, después de haber remitido el legajo procesal en apelación y ser éste observado por falta de piezas procesales por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no remitió la documental extrañada sino hasta después de ser notificada con la presente acción tutelar. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1. La activación paralela en la acción de libertad

La SCP 0843/2021-S2 de 23 de noviembre, respecto a la activación paralela de dos vías jurisdiccionales, como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, citando a la SCP 0983/2017-S2 de 18 de septiembre refirió que: “El art. 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no procederá: ‘Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas’. En relación a la activación paralela en concreto, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 1164/2016-S2 de 7 de noviembre, haciendo referencia a la interposición de un recurso de alzada por la parte accionante, contra una resolución sancionatoria, determinó que ésta:

‘…activó en forma previa dicho recurso, el cual a momento de plantear la presente acción tutelar, se encontraba en trámite, pendiente de resolución; entonces si las accionantes acudieron a esa vía idónea, deben aguardar que la respectiva autoridad, resuelva el recurso de alzada que fue interpuesto, y posteriormente el recurso jerárquico y una vez agotada dicha vía, y si acaso persiste la lesión al debido proceso y al trabajo que ahora invocan, recién podrá acudir a la jurisdicción constitucional para su reparación. Ahora bien, siguiendo la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, y en aplicación de lo establecido en el art. 53.1 del Código Procesal Constitucional, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto al haber activado las accionantes dos vías paralelas o simultáneas reclamando los mismos hechos, incurrieron en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, motivo por el cual no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática’. De la normativa y la jurisprudencia mencionadas, se concluye que cuando se activen dos vías paralelas, la ordinaria, sean éstas judiciales, administrativas o de otra índole, y la constitucional, denunciando la ilegalidad de un mismo acto, corresponde la aplicación del art. 53.1 del CPCo; pues los supuestos actos lesivos denunciados no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, estando activada de manera simultánea la vía ordinaria. En tal sentido, no es admisible activar dos jurisdicciones de forma simultánea para efectuar similares reclamos, pues de ocurrir esa situación, se inviabilizaría la acción tutelar, ya que al activarse paralelamente la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades que se denuncian, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” . Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” . Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional. Jurisprudencia reiterada

Con relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0464/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez a la SCP 1437/2015 de 23 de diciembre, estableció que: “`La jurisprudencia constitucional 6 estableció que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; toda vez, que no ejercían jurisdicción y que actuaban en cumplimiento de las instrucciones de la autoridad jurisdiccional quien tiene la potestad para determinar su responsabilidad y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; sin embargo, la SCP 0427/2015 de 29 de abril, cambió de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: «…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional»‛ . Es así que a partir del entendimiento jurisprudencial citado, el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas″ .

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la impugnación, al debido proceso y a la vida, argumentando que: 1) El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar de La Asunta del mismo departamento, emitió el Auto Interlocutorio 02/2022 de 18 de enero, sin expresar de qué manera se constituía un peligro para la víctima o desarrollar y valorar la prueba concerniente a su domicilio, familia y trabajo, extendiendo su detención preventiva a solicitud del Ministerio Público que no realizó la menor argumentación; y, 2) Bertha María Choque Condori, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, después de haber remitido el legajo procesal en apelación y ser éste observado por falta de piezas procesales por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no remitió la documental extrañada sino hasta después de ser notificada con la presente acción tutelar. De los antecedentes traídos en revisión consta el Auto Interlocutorio 02/2022, de consideración de la situación jurídica de la accionante, mediante el cual Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar de la Asunta del referido departamento, amplió el plazo de la detención preventiva de la impetrante de tutela por un mes, determinación que fue apelada y remitida mediante nota de 19 de enero de 2022, ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que fue recepcionada el 24 de enero del mencionado año (Conclusión II.1), una vez recibida en la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal , ésta emitió el decreto de 25 de enero de 2022, disponiendo la devolución de los actuados hasta que se subsane la observación relativa al Auto de Vista 71/2021 de 20 de noviembre (Conclusión II.2), observación que no fue asumida sino hasta el 11 de febrero de 2022, cuando el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del indicado departamento remitió la Resolución 28/2022 de 19 de enero en fotocopia legalizada (Conclusión II.3). La presente acción tutelar fue interpuesta contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza; y, Bertha María Choque Condori, Secretaria, ambas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, debiendo establecerse el proceder de cada una a efectos de resolver la presente acción tutelar. i) Respecto a Betty Mamani Aruquipa, Jueza ahora demandada, la impetrante de tutela establece que el Auto Interlocutorio 02/2022, fue emitido por la prenombrada con una total falta de análisis y consideración de la prueba aportada; empero, la citada Resolución de acuerdo a los antecedentes fue apelada por la impetrante de tutela lo que conlleva a establecer que se activó el medio procesal idóneo para que la controversia sea resuelta, viéndose este Tribunal impedido en dicho mérito al estudio de fondo de esta problemática en torno a lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional “…no es admisible activar dos jurisdicciones de forma simultánea para efectuar similares reclamos, pues de ocurrir esa situación, se inviabilizaría la acción tutelar, ya que al activarse paralelamente…” . ii) Sobre el actuar de Bertha María Choque Condori, Secretaria ahora demandada, es evidente la demora injustificada con la que actuó la Secretaria del mencionado Juzgado, más aún tomando en cuenta que se trata de una persona privada de libertad; al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional señala que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, al presente como ya se mencionó, al no haber atendido a la observación de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por más de diez días, misma que requería la remisión de la Resolución 28/2022 de 19 de enero, para la resolución del recurso de apelación, la Secretaria demandada incurrió en una dilación indebida, la cual impide que la situación jurídica de la impetrante de tutela sea definida, debiendo concederse la tutela frente a este reclamo. Sobre el mismo punto de acuerdo al Fundamento III.3 del presente fallo constitucional, la responsabilidad sobre los actos que se traduzcan en vulneraciones de derechos o garantías constitucionales no pueden únicamente recaer sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida sino que también el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, entendiéndose que la responsabilidad en el presente caso no solamente recae en el personal de apoyo judicial sino también sobre la autoridad judicial demandada como titular del Juzgado, de lo que se tiene que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz ahora demandada vulneró el derecho de la impetrante de tutela al debido proceso en su vertiente de celeridad. Sobre el derecho a la vida reclamado mediante la presente acción tutelar, la impetrante de tutea no presento prueba suficiente y pertinente para acreditar dicho extremo motivo por el cual este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis sobre la existencia o no de alguna lesión vinculada con su derecho a la vida.

Respecto al derecho de impugnación, de acuerdo a lo desarrollado en el punto anterior el derecho reclamado fue ejercido por la impetrante de tutela mediante un recurso de apelación incidental que aún se encuentra pendiente de resolución ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por ende, debe denegarse la tutela en este punto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela con relación al debido proceso en su vertiente de celeridad, respecto a la Jueza y a la Secretaria, ambas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, ahora demandadas. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto a los derechos de impugnación, a la vida y al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación, este último sin ingresar al fondo de la problemática. 3° Disponer que la Jueza demandada a través de Secretaría de su Despacho, remita lo solicitado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, más allá de la interpretación realizada en el decreto de 11 de febrero de 2022 (fs. 22).

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0491_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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