B.IA.LEGAL

SCP 0490/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58437-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante AA a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la vida e integridad física y psicológica; toda vez que, el 3 de abril de 2023, se dictó medidas de protección a su favor dentro del proceso penal con CUD 201103052300847, en el cual, tiene calidad de víctima, determinándose entre ellas la prohibición a Nathaly Gabriela Aguilar Chambi -su madre- el ingreso al domicilio donde habita; sin embargo, el Fiscal de Materia demandado en el caso penal con CUD 01102012210244 a través del acta de ampliación de medidas de protección de 5 de igual mes y año, dispuso la restitución al domicilio de la prenombrada con base en los informes expedidos por la funcionaria policial asignada al caso, aspecto que provoca su revictimización y pone en riesgo su integridad, ya que, la prenombrada ejerce una actitud hostil y agresiva en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 130/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 90 a 94 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la vida e integridad física y psicológica del accionante y del Fiscal de Materia demandado acorde a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 2° Disponiendo:

a) Dejar sin efecto el acta de ampliación de medidas de protección de 5 de abril de 2023 a favor de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi, dictado por el Fiscal de Materia demandado, en el cual, ordenó la restitución de domicilio ubicado en la calle Obispo Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso cuarto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz del departamento de La Paz. b) Que el Fiscal de Materia demandado que de acuerdo a sus competencias legales realice el análisis pertinente de las casos CUD 01102012210244 y CUD 201103052300847 de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. c) Exhortar al Fiscal General del Estado que de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales elabore un protocolo de actuación sobre denuncias penales de delitos de violencia familiar o doméstica para evitar su duplicidad procesal en la jurisdicción penal e investigativa conforme a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada concerniente a Dania Fabiola Flores Huampo, funcionaria policial, según los Fundamentos Jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación de las autoridades judiciales y fiscales de actuar con perspectiva de género y generacional
  2. III.2. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes
  3. III.3. De la obligación del Ministerio Público de identificar y acumular procesos penales simultáneos que emerjan de denuncias de violencia familiar o doméstica
  4. III.4. La falta de legitimación pasiva en la acción de libertad
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0490/2026-S3 Sucre, 20 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58437-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 130/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 90 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Simón Palacios Palacios en representación sin mandato de AA contra Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia; y, Dania Fabiola Flores Huampo, funcionaria policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 63 a 68, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi -su madre- contra Simón Palacios Palacios -su padre-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual también fuese víctima, se aperturó el caso con el número con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012210244, encontrándose a cargo de la investigación el Fiscal de Materia demandado, teniendo como funcionaria policial para el mismo efecto a la ahora codemandada, siendo el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz. Se le practicó “…una entrevista psicológica en la cámara Gessel…” (sic), en presencia de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (DNA), en la cual, señaló que “es mi progenitora (…) quien ejerce violencia en contra de mi persona, desde que era un niño y que tengo una buena relación con mi padre (…) reclamando la presencia de su progenitor” (sic), ante ello, se aperturó el caso CUD 201103052300847 dictándose el 3 de abril de 2023, medidas de protección a su favor, entre las cuales se prohibió el ingreso al domicilio familiar ubicado en la calle Obispo Balderrama 1267, zona, parque del Niño Jesús, piso 4 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz del citado departamento, de comunicarse directa o indirectamente por cualquier medio y de intimar por cualquier medio o a través de terceras personas a Nathaly Gabriela Aguilar Chambi, sin embargo, las mismas fueron incumplidas por la prenombrada, puesto que, ingresó al inmueble a propinarle gritos, amenazas y empujones bruscos, aspecto acreditado por el informe expedido por el funcionario policial asignado al caso; no obstante, de ello el Fiscal de Materia demandado el 5 del citado mes y año, amplió las medidas de protección a favor de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi determinando la desocupación de su padre del señalado inmueble y la restitución de la misma a éste, actuado procesal programado para el 28 de agosto del aludido año, empero, en el momento que se pretendió su ejecución por la funcionaria policial codemandada el representante de la DNA se opuso al advertir que efectivamente sufría violencia por parte de la nombrada, por ende, el indicado actuado pondría en riesgo su vida y su integridad psicológica. Puso en conocimiento del referido incumplimiento de medidas de protección al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia la Mujer “Cuarto” de la Capital del indicado departamento, solicitando se sancione Nathaly Gabriela Aguilar Chambi de acuerdo al art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin embargo, no emitió ninguna sanción citando una ambigüedad sobre las mencionadas medidas de protección descritas en los arts. 389 bis del Adjetivo Penal y 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, decisión que lo dejó en indefensión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida e integridad física y psicológica, citando al efecto los arts. 15.I, 58, 59, 60, 61 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Requerimiento Fiscal de 5 de abril de 2023, que determinó la ampliación de medidas de protección a favor de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 25 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 86 a 89 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) El Fiscal de Materia demandado dentro del caso 201102012210244 emitió Resolución de Rechazo JSAR 124/2023 de 4 de mayo, respecto a su persona, prosiguiendo el caso penal a favor de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi; por consiguiente, el 5 de abril de 2023 se ordenó la desocupación del domicilio familiar de su padre, quien de manera voluntaria salió del mismo, siendo ese el motivo por el cual quedo viviendo solo en el citado inmueble; b) Se encuentra en medio de un procesamiento penal sustanciado entre sus progenitores, por lo cual, es víctima de un procesamiento indebido estando desprotegido e indefensión; y, c) Solicita se conceda la tutela y se evite su revictimización por su progenitora.

I.2.2. Informe de los demandados

Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 69 a 70, manifestó que: 1) El accionante hace referencia a dos procesos penales diferentes con CUD 201102012210244 el cual tiene como denunciante y víctima a Nathaly Gabriela Aguilar Chambi y AA por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica contra Simón Palacios Palacios; y, el caso con CUD 201103052300847 figurando como víctima el adolescente AA contra Nathaly Gabriela Aguilar Chambi por la supuesta comisión del citado delito; 2) El caso CUD 201102012210244 se encuentra bajo su dirección investigativa estando en la etapa preparatoria, por ende, el 4 de mayo de ese año se emitió imputación formal contra el denunciado y resolución de rechazo respecto al menor AA; 3) La denunciante solicitó la ampliación de medidas de protección, por lo que, la Trabajadora Social de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) emitió informe de 20 de marzo del citado año, con base en el mismo y precautelando la integridad física y psicológica de la nombrada el 5 de abril de ese año, expidió acta de ampliación de medidas de protección ordenando su restitución al departamento ubicado en la calle Obisto Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso 4 de la señalada ciudad, por consiguiente, la decisión tomada no fue arbitraria, fue dispuesta a acorde a la normativa legal e internacional referida a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer; y, 4) Sobre el caso CUD 201103052300847 desconoce las medidas de protección determinadas a favor de AA, dado que, el mismo no está bajo su autoridad y cualquier reclamo de incumplimiento deben ser dirigidas ante la Fiscal de Materia que conoce ese proceso penal o a la autoridad que tiene el control jurisdiccional. Dania Fabiola Flores Huampo, funcionaria policial, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 84.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 130/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 90 a 94 vta., denegó la tutela impetrada, sin embargo, ordenó la remisión de oficio a la DNA, en resguardo de los derechos del adolescente AA, con base en los siguientes fundamentos: i) Al demandarse el derecho a la vida “en correlación al derecho a vivir una vida libre de violencia” (sic) la jurisdicción constitucional puede aperturar sus competencias para su resolución; ii) Advirtió que efectivamente el adolescente AA se encuentra involucrado en las denuncias reciprocas de sus progenitores, por ende, es víctima de violencia por sus padres, dado que, existe dos procesos penales de uno contra el otro y viceversa; iii) El proceso penal en contra de Simón Palacios Palacios ya se encuentra con imputación formal, por lo cual, existe la probabilidad de la comisión del indicado delito; iv) El Fiscal demandado realizó sus actuaciones en aplicación de la Ley 348 y las modificaciones del Código de Procedimiento Penal, específicamente del art. 389 bis, que refiere a las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, y con base en el informe de la Trabajadora Social de la UPAVT, quien advirtió que la denunciante habitaba una habitación en el segundo piso el cual solamente contaba con una cama y sus demás pertenencias se encontraban en el departamento conyugal, al cual no podía ingresar porque estaba presente el imputado proceso; v) Respecto a la funcionaria policial codemandada, tiene facultades para dictar informes y sugerencias investigativas dirigidas hacia el Fiscal de Materia, ante ello, el informe que expidió dentro del caso en el que Nathaly Gabriela Aguilar Chambi tiene calidad de víctima no vulneró ningún derecho; y, vi) Existe un error u omisión en la forma de la presente acción de libertad, puesto que, no explicó de qué manera su vida está en peligro, ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad personal; en consecuencia, no explicitó el riesgo que corre su derecho a vivir libre de violencia del adolescente y tampoco la relación circunstancial del hecho denunciado con sus derechos a la libertad o a la vida. En vía de aclaración, complementación y enmienda la parte accionante mencionó que, de acuerdo a lo estipulado en el art. 34 -del Código Procesal Constitucional (CPCo)- hasta que no se ha resuelto el presente caso por el Tribunal Constitucional Plurinacional “se pueda congelar cualquier otra medida planteada respecto al requerimiento fiscal observado y cuya ejecución debe dar el 28 de agosto de 2023, disponiendo la presencia de la DNA. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el precitado Juez de garantías, señaló que, la peticionado conlleva al fondo de la acción de libertad, por lo que, no da ha lugar al mismo, no obstante, ordenó se envié oficio a la DNA en protección de los derechos del adolescente AA ante el riesgo que puedan ocasionarle sus progenitores.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi contra Simón Palacios Palacios por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, con CUD 201102012210244, se tiene que Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia -demandado- emitió Acta de Otorgamiento de Medidas de Protección de 29 de diciembre de 2022, a favor de la prenombrada y de AA -accionante-, debiendo ser cumplidas por el denunciado, prohibiéndole de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima, de intimar a través de terceras personas con la víctima, así como, a cualquier integrante de la familia; de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima; y, ordenó al agresor se someta a terapia psicológica en un servicio de rehabilitación (fs. 10). II.2. Consta Entrevista Informativa de 13 de febrero de 2023, realizada a AA por la Psicóloga Forense del Departamento de Psicología del Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Policía Boliviana, en la que, el accionante manifestó hechos de violencia generados en su contra por Nathaly Gabriela Aguilar Chambi -su madre- (fs. 14 a 29). II.3. Por acta de medidas de protección de 3 de abril de 2023, expedido por Godelia Vásquez Almuguer, Fiscal de Materia, en el caso con CUD 201103052300847, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica contra Nathaly Gabriela Aguilar Chambi, se dispuso medidas de protección a favor del menor víctima AA, por lo que, se ordenó la prohibición de ingreso al domicilio del prenombrado, aunque se trate del domicilio familiar; de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; de intimar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima (fs. 48). II.4. Cursa Acta de Ampliación de Medidas Protección de 5 de abril de 2023, firmado por el Fiscal de Materia demandado, aduciendo que, con base en el Informe de la Trabajadora Social de la UPAVT, en sus recomendaciones mencionó que Nathaly Gabriela Aguilar Chambi habita en un cuarto sin ducha y sus enceres y ropa se encuentran el departamento conyugal, por lo cual, ordenó la salida o desocupación del denunciado del domicilio ubicado en la calle Obispo Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso cuarto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, otorgándole el plazo de setenta y dos horas; asimismo, ordenó la restitución al mencionado inmueble de la prenombrada (fs. 30 y vta.).

II.5. Se tiene, Resolución de Rechazo JSAR 124/2023 presentado el 5 de mayo de 2023, por el Fiscal de Materia demandado, al Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en el que, resolvió rechazar la denuncia de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi contra Simón Palacios Palacios, con relación al menor AA, así también, por el delito de violencia económica (fs. 31 a 37). II.6. Por memorial de 25 de julio de 2023, Simón Palacios Palacios objetó el requerimiento de restitución al Fiscal de Materia demandado, señalando que en resguardo de la integridad física, emocional y psicológica del menor AA, se dispuso medidas de protección a su favor de 3 de abril de ese año; su persona en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas el 5 del mismo mes y año, desocupó el domicilio de la calle Obispo Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso cuarto del aludida ciudad, ante ello, su hijo AA vive solo en el cuarto piso del ese inmueble; empero, Nathaly Gabriela Aguilar Chambi incumplió las referidas medidas ingresando al citado domicilio propinándole insultos, amedrentándolo y ejerciendo medidas coercitivas en su contra dañando su autoestima revictimizándolo, así corroborado por el informe del investigador asignado al caso de 30 de junio del citado año (fs. 38 a 40). II.7. Mediante Informe de 8 de agosto de 2023, Dania Fabiola Flores Huampo, funcionaria policial asignada al caso CUD 201102012210244 mencionó que el 1 de ese mes y año, se constituyó al inmueble ubicado en la calle Obispo Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso cuarto de la mencionada ciudad, en el cual no se encontró a Simón Palacios Palacios, por lo cual, no puedo dar cumplimiento del “requerimiento fiscal”, por ende, sugirió que emita requerimiento fiscal para restitución y esté presente en el momento del mismo (fs. 44 a 45). II.8. Cursa Certificado de Nacimiento, con fecha de expedición de 25 de agosto 2023, de AA con fecha de nacimiento de 19 de noviembre de 2005, teniendo como padre a Simón Palacios Palacios y como madre a Nathaly Gabriela Aguilar Chambi (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante AA a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la vida e integridad física y psicológica; toda vez que, el 3 de abril de 2023, se dictó medidas de protección a su favor dentro del proceso penal con CUD 201103052300847, en el cual, tiene calidad de víctima, determinándose entre ellas la prohibición a Nathaly Gabriela Aguilar Chambi -su madre- el ingreso al domicilio donde habita; sin embargo, el Fiscal de Materia demandado en el caso penal con CUD 01102012210244 a través del acta de ampliación de medidas de protección de 5 de igual mes y año, dispuso la restitución al domicilio de la prenombrada con base en los informes expedidos por la funcionaria policial asignada al caso, aspecto que provoca su revictimización y pone en riesgo su integridad, ya que, la prenombrada ejerce una actitud hostil y agresiva en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación de las autoridades judiciales y fiscales de actuar con perspectiva de género y generacional

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, estableció la relevancia primordial de la protección a las víctimas en violencia de género en todas las etapas del proceso penal, así como la obligación que tienen las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia en los casos de violencia de género y generacional, estableciendo lo siguiente:

Ante esta situación de vulnerabilidad, la SCP 0152/2021-S4 de 17 de mayo, entre otras, ha remarcado la obligación de juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia en los casos de violencia de género y generacional; así como, la aplicación preferente de la Ley 348, con base en la normativa nacional y convencional emitida al efecto; señalando que: “La violencia contra la mujer, y más aún cuando se trata de víctimas niñas, niños o adolescentes, se reviste de primordial atención para todas las instancias del Estado, que es el llamado a prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia de género y generacional, en todas sus especies…” De este modo, con base en la normativa y jurisprudencia desglosada previamente; se concluye que, con la finalidad de materializar los presupuestos de protección a las víctimas de violencia de género, mediante el cumplimiento del marco legal citado supra, no como una mera obligación sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana, logrando de este modo trascender del ámbito individual repercutiendo a la restitución de los valores de la sociedad en su conjunto, en el marco del vivir bien, el Estado boliviano, tiene la obligación de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en todas sus instancias; más aún, en los procesos judiciales, donde mediante el procesamiento y sanción efectiva de los autores de estos delitos, se materializa la potestad de impartir justicia delegada por el pueblo boliviano a las autoridades jurisdiccionales competentes; aspecto que, no se encuentra restringido a una fase procesal, sino de forma permanente; debiendo por ello, las autoridades de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, juzgar siempre con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia a objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Así, el referido Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de Órgano judicial, estableció que el enfoque diferencial en el juzgamiento en los casos en los que se encuentren involucradas mujeres o grupos vulnerables, debe ser aplicado en todos los procesos judiciales, señalando al efecto lo siguiente:

[D]ebe quedar claro que la perspectiva de género debe ser utilizada en todos los procesos judiciales, en las diferentes materias, ya sean civiles, familiares, penales, etc., de manera transversal y no únicamente en los procesos penales por violencia contra la mujer o en la denominada violencia por perjuicio, pues si bien en estos casos es donde se manifiesta con mayor fuerza la discriminación y violencia contra las mujeres y contra las personas con diversa orientación sexual o de género, sin embargo, tanto la discriminación como la violencia, conforme se ha visto en la primera parte del Protocolo, son estructurales y, por ende corresponde que sea adoptada en todos los casos (énfasis añadido).

III.2. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes

La SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.3, realizó una sistematización integral de los estándares nacionales e internacionales relacionados con la debida diligencia reforzada y la protección especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; siendo que, en su Fundamento Jurídico III.3.3, este Tribunal se vinculó a los mismos, estableciendo sus componentes y elementos que configuran la debida diligencia reforzada, sobre la base del interés superior y la obligación internacional asumida por el Estado boliviano de proteger con carácter prioritario los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; en ese sentido, con relación a la tutela judicial efectiva y a la celeridad que deben imprimir las autoridades judiciales en las tramitaciones donde de por medio se encuentren dilucidándose derechos de este sector poblacional, víctima de violencia sexual; señaló lo siguiente:

La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional. La debida diligencia reforzada, contiene los siguientes elementos: (…)

ii.1) El acceso a una administración de justicia gratuita, material, directa, pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, flexible y con asistencia de personal especializado; donde no se exija el cumplimiento de requisitos formales o materiales que limiten el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual; y más bien, se apliquen criterios diferenciados que aseguren el ejercicio de sus derechos; (…)

ii.5) Todos los casos relacionados con violencia o violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, deben ser analizados desde un enfoque diferenciado e interseccional tomando en cuenta su condición de género y niñez -edad-, discapacidad, condición económica -según el caso-, asumiendo la situación de doble vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a ser una persona menor de 18 años, no solo frente a su perpetrador, sino, ante todo un proceso judicial; a efectos de aplicar la protección especial y reforzada; ii.6) Las jurisdicciones ordinaria y constitucional, tienen la obligación de adoptar procedimientos adaptados a las niñas, niños y adolescentes, pues al tiempo de observarse la garantía del debido proceso, deben aplicarse componentes diferenciados, tomando en cuenta que su participación dentro del proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto; que implique un acceso a la justicia accesible y apropiado a cada uno de ellos, por su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, capacidades en evolución y sin discriminación de ninguna índole, prevaleciendo el interés superior de este sector poblacional; (…) ii.11) Es exigible la aplicación de un criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden un caso de violencia o violación sexual a una niña, niño o adolescente; y, de atención prioritaria y absoluta en la tramitación de los casos. (…) ii.15) Ninguna de las instancias estatales administrativas ni judiciales deben cometer actos revictimizantes; de lo contrario, se convertiría en un segundo agresor, generando violencia institucional, que implica en un trato, cruel, inhumano, degradante y de revictimización contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual; lo cual, genera responsabilidad internacional.

Finalmente, en caso de no cumplirse con los presupuestos de la debida diligencia reforzada y protección especial a favor de las niñas, niños y adolescentes, se estaría incurriendo en su revictimización, incluso de acuerdo al grado de lesión de sus derechos y omisión de los componentes de la misma, en violencia institucional; lo cual, genera responsabilidad internacional.

III.3. De la obligación del Ministerio Público de identificar y acumular procesos penales simultáneos que emerjan de denuncias de violencia familiar o doméstica

Al respecto, la SCP 0117/2025-S3 de 26 de marzo de 2025, al efectuar la exegesis del caso concreto de esa acción tutelar, evidenció que de un mismo hecho de violencia familiar o doméstica denunciada, se generaron dos procesos penales simultáneamente con diferentes CUD, Fiscales de Materia asignados y autoridades judiciales que llevaban el control jurisdiccional, ocasionando la aplicación de medidas de protección iguales, empero, también en simultaneo para la víctima en el primer proceso; y, a la denuncia en el segundo caso, en el cual, tenía calidad de víctima, por ende, determinó que:

Tratándose de delitos de acción penal pública, como es el caso que ha motivado la tutela demandada, la actuación del Ministerio Público es trascendental; de ahí que, la Fiscal de Materia demandada, como encargada de la investigación, desde el inicio debió ser la autoridad responsable de obtener elementos de convicción suficientes que no solo acrediten los hechos denunciados, sino la responsabilidad de quienes participaron en los mismos, para ello, tiene la obligación de considerar la situación de las personas intervinientes, que en el presente caso se trata de dos mujeres que se encuentran en hechos de violencia, situación que ya por si sola ameritaba y amerita la aplicación del enfoque integral. El hecho de que exista un proceso en el que la impetrante de tutela sea la parte sindicada y en otro la misma sea la víctima; o a la inversa, que esté en calidad de víctima en este proceso quién en uno anterior es la parte sindicada, por los hechos de violencia que se habría suscitado (…) son aspectos que no pueden ser dejados de considerar, por las autoridades que conocen el caso, no solo de quién está a cargo del control de la investigación como es el juez de instrucción penal, sino también de quién de manera directa está a cargo de esa investigación como es la autoridad fiscal demandada, quién con un enfoque integral del problema jurídico suscitado, puede realizar requerimientos investigativos, ampliando elementos que contribuyan a la investigación no solo vinculado al hecho en concreto que dio lugar a la denuncia, sino a otros hechos estrechamente relacionados al mismo, máxime si hay denuncias de violencia entre mujeres. Una correcta aplicación del enfoque integral del problema jurídico, por parte de la Fiscal de Materia demandada, bien puede contribuir de manera directa a que en situaciones como ésta se pueda contar con los elementos que sean necesarios para asumir las medidas adecuadas que la investigación sugiere a efectos de determinar la acumulación de actuados, investigaciones u otras medidas que la averiguación penal exija en el marco de una adecuada utilización de una perspectiva de género, conforme se exige en los casos de violencia.

…la autoridad fiscal demandada (…) en el proceso investigativo que está a su cargo, tiene el deber de realizar un análisis integral del contexto en el que se ha dado y tramitado el proceso penal, a fin de asegurar una cabal resolución de los derechos en conflictos de los sujetos procesales, sean considerados como víctimas de violencia o como imputados, cuidando el equilibrio que deben guardar hacia ambas partes, conforme una correcta aplicación de la normativa interna e internacional, como de los estándares más altos que deben asegurar, para todas las mujeres que como la accionante, se encuentra implicada en procesos penales vinculadas a una denuncia de violencia.

III.4. La falta de legitimación pasiva en la acción de libertad

La sistematización de la línea jurisprudencial sobre la falta de legitimación pasiva en la acción de libertad ha sido realizada por la SCP 0078/2018-S2, de 23 de marzo, que establece lo siguiente:

[R]especto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril,estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo,se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que éste se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que 2En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 3El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 4El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 5El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SCP 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante AA a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la vida e integridad física y psicológica; toda vez que, el 3 de abril de 2023, se dictó medidas de protección a su favor dentro del proceso penal con CUD 201103052300847, en el cual, tiene calidad de víctima, determinándose entre ellas la prohibición a Nathaly Gabriela Aguilar Chambi -su madre- el ingreso al domicilio donde habita; sin embargo, el Fiscal de Materia demandado en el caso penal con CUD 01102012210244 a través del acta de ampliación de medidas de protección de 5 de igual mes y año, dispuso la restitución al domicilio de la prenombrada con base en los informes expedidos por la funcionaria policial asignada al caso, aspecto que provoca su revictimización y pone en riesgo su integridad, ya que, la prenombrada ejerce una actitud hostil y agresiva en su contra. Expuesta la problemática planteada, y al ser el peticionante de tutela un adolescente de diecisiete años y nueve meses al momento de la presentación de esta acción tutelar (Conclusión II.8), es concerniente la aplicación de la subsidiariedad excepcional de este mecanismo de defensa, al pertenecer a un grupo de vulnerabilidad y atención prioritaria por el Estado, acorde al entendimiento jurisprudencial citado en la SCP 0051/2018-S2 de 15 de marzo, y al tratarse de un delito de violencia familiar o doméstica, por consiguiente, se ingresará a la exegesis de lo que se denuncia.

Respecto a la actuación del Fiscal de Materia demandado

Ahora bien, para efectuar el correspondiente análisis del acto lesivo ocasionado por el Fiscal de Materia demandado es pertinente hacer mención al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que hacen alusión a la obligación que tienen las autoridades judiciales y fiscales de enmarcar sus actuaciones con perspectiva de género en los casos de violencia de género y generacional, ya que, las víctimas al estar en un estado de vulnerabilidad lo que necesitan es encontrar el valor justicia y la restitución de su dignidad mellada, ante ello, el Estado tiene la obligación de la prevención, la atención, la protección y reparación de las mismas en todas las fases procesales. En concordancia a lo mencionado, el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cita sobre la aplicación de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes, determinando ciertos elementos para su constitución, como ser el principio interés superior de las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio progresivo de sus derechos, entre ellos, a la vida, dignidad, a ser oído y al desarrollo de su integridad física, psicológica y sexual; una protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia en su contra; el empleo de un enfoque interseccional que considere su género, su minoridad de edad y la situación de doble vulnerabilidad ante hechos de violencia; la aplicación de componentes diferenciados, entendiendo que no se encuentran en igual condiciones que un adulto por las características de su grado de madurez, nivel de comprensión y sus capacidades evolutivas; por consiguiente, el acceso a la administración de justicia debe ser gratuita, material, directa, pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, flexibles y con asistencia de personas especializadas, evitando la exigencia de requisitos formales o materiales que limiten para la concretización de la protección de sus derechos, ante ello, tanto las autoridades judiciales, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensorías de la Niñez y Adolescencia en materia penal, niñez y adolescencia y violencia contra la mujer, que tengan conocimiento de casos en los que sean víctimas niños, niñas y adolescentes, están en la obligación de otorgarles una atención prioritaria y ágil sin dilaciones en todas las etapas procesales hasta su conclusión, procurando evitar su revictimización por su agresor y la violencia institucional de todo el aparato jurisdiccional e investigativo al estar sometido a un proceso penal. Ingresando al análisis de la actuación del Fiscal de Materia demandado, se tiene que, si bien, conforme a sus competencias dentro del caso CUD 01102012210244, el 29 de diciembre de 2022 otorgó medidas de protección en favor de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi presumiblemente víctima junto a su hijo menor de edad AA del ilícito penal de violencia familiar o doméstica, identificando como su agresor a Simón Palacios Palacios, ordenando la prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima, de intimar por cualquier medio con la víctima, de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento de la víctima, durante el desarrollo del proceso investigativo (Conclusión II.1), se llevó acabo la entrevista informativa en la cámara Gessel del menor AA por la Psicóloga Forense de la Dirección Departamental de la FELCV, en la cual, el prenombrado mencionó varios hechos de violencia cometidos contra su integridad física y psicológica por su progenitora y no así por su padre (Conclusión II.2), actuado procesal que motivo a la emisión de la Resolución de Rechazo JSAR 124/2023 de la denuncia penal referente al accionante (Conclusión II.5). El resultado de la señalada entrevista informativa motivó a que Simón Palacios Palacios denuncie penalmente a Nathaly Gabriela Aguilar Chambi como agresora de violencia familiar contra su hijo AA, aperturándose el caso CUD 201103052300847, en el cual, el 3 de abril de 2023 se determinó medidas de protección a favor del prenombrado ordenando la prohibición de ingresar al domicilio donde habita, de comunicarse con el mismo de forma directa o indirecta y de intimar por cualquier medio o terceras personas (Conclusión II.3), situación que puso en conocimiento del Fiscal de Materia demandado a través de memorial de 25 de julio del mismo año (Conclusión II.6).

De acuerdo a lo señalado, se advierte que Nathaly Gabriela Aguilera Chambi dentro del proceso penal con CUD 01102012210244 tiene calidad de víctima y en el caso con CUD 201103052300847 es la presunta agresora de un varón menor de edad de dieciocho años -su hijo-, desenvolviéndose ambos procesos penales de forma simultánea y teniendo como responsables de la etapa investigativa a Fiscales de Materia diferentes, quienes de acuerdo a sus competencias van realizando diferentes actos procesales, sin embargo, al no tener un supuesto conocimiento del uno y del otro, emiten determinaciones que se contraponen entre sí, como ser las medidas de protección ordenadas a favor de los prenombrados que en el primero proceso penal se dispuso la ampliación de las citadas medidas ordenándose la restitución del Nathaly Gabriela Aguilera Chambi al domicilio ubicado en la calle Obispo Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso cuarto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, cuando en el segundo caso penal el Fiscal de Materia asignado determinó como medida de protección la prohibición de la nombra al mismo inmueble al ser la residencia del accionante AA; por consiguiente, resulta ser incomprensible la grosera contradicción referida, ya que, solo ocasionaría la revictimización del menor AA, quien se encuentra en desventaja física, económica y psicológica de su presunta agresora al volver a introducirla al domicilio que habita. Este Tribunal no puede tomar como válido el argumento del Fiscal de Materia demandado, quien en su informe escrito de 25 de agosto de 2023, presentado al Juez de garantías señaló que, al no ser el director de la investigación del caso CUD 201103052300847 desconocía las medidas de protección dictadas a favor del menor AA, aspecto rebatido por memorial de 25 de julio de 2023, el cual ponía en conocimiento a la autoridad fiscal demandada sobre las medidas de protección otorgadas al impetrante de tutela desde el 3 de abril de ese año, arguyendo que la agresora -su madre- hubiese incumplido las mismas e ingresó al domicilio que habita insultándolo y amedrentándolo, por lo que, objetó la ampliación de medidas de protección a favor de la prenombrada en la que ordenaba su restitución al mismo departamento en que habita. Por consiguiente, el argumento vertido por la autoridad fiscal se encuentra en contraposición de los criterios jurisprudenciales vertidos en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional, dado que, al ser parte del Ministerio Público está en la obligación de enmarcar sus actuaciones y facultades dentro de una perspectiva de género, un enfoque integral y de una debida diligencia reforzada, no solo porque es el director de la investigación del proceso penal con CUD 01102012210244, también porque tuvo pleno conocimiento del contenido de la entrevista informativa efectuada al menor AA, mismo que fue analizado y utilizado para dictar la Resolución de Rechazo JSAR 124/2023, ante ello, debió poner atención especial a los hechos de violencia relatados y cometidos contra el prenombrado, al ser un menor de edad de dieciocho años, varón y víctima de violencia, reuniendo todas las características de las personas que pertenecen a los grupos vulnerables de atención prioritaria del Estado; puesto que, no fueron hechos violentos sin relevancia social y la referida entrevista informativa tampoco fue un actuado procesal aislado del caso al que investiga; ante ello, y después de tomar conocimiento de las medidas de protección a favor del accionante AA, debió realizar actuaciones diligentes, proactivas y de oficio investigar en el sistema de gestión de denuncias del Ministerio Público para tener certeza de lo aducido por el prenombrado, de esta manera identificar la vinculación entre ambos procesos penales y si fuese pertinente su acumulación o la aplicación de otras medidas investigativas y de esta manera evitar situaciones de revictimización de las víctimas de ambos procesos penales provocadas por el Ministerio Público, extremo que resultar ser inconcebible, puesto que, se constituye en la institución estatal que ostenta la facultad de acusador en procesos de acción pública en delitos de violencia en razón de género en representación del Estado. En ese entendido, la función desempeñada por el Ministerio Público en casos de violencia familiar o doméstica, debe ser más acuciosa y de cuidado extremo al ser este delito de esencia delicada y sensible al ser cometido dentro del seno familiar y entre miembros del mismo, dado que, de un tiempo atrás a esta parte se observa que, el denunciado penalmente como agresor o agresora, plantea otra acción penal de la misma naturaleza identificándose como víctima, extremo que ocasiona que se aperturen dos o más caso donde los actores procesal cambian de calidad de víctima a agresor y viceversa, provocando que todo el aparato jurisdiccional y de investigación -Fiscales de Materia y policías-duplique sus actuaciones y emitan determinaciones severamente contradictorias provocando una irradiación negativa y lesiva a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, ocasionando nuevos hechos o situaciones de violencia y revictimización entre ellos, cuando el deber del Estado es la prevención y asegurar al ciudadano boliviano a gozar una vida libre de violencia, así comprendido también en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, por consiguiente, es pertinente conceder la tutela impetrada en resguardo a la integridad física y psicológica de la menor AA. Finalmente, conforme a lo antes expuesto es necesario instar al Fiscal General del Estado a que dentro de sus atribuciones y competencias legales, acorde a la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público propicie la elaboración de un Protocolo de Actuación en casos de delitos de violencia familiar o doméstica para que se instituya como una obligación de los Fiscales de Materia asignados a los mismos, efectuar la correspondiente averiguación de oficio para constatar si la presunta víctima en otra denuncia penal es agresor u agresora dentro del seno familiar, y donde las probables víctimas sean niños, niñas y adolescentes, para así evitar la activación simultanea de la jurisdicción ordinaria penal y de las actuaciones investigativas fiscales y por ende policiales, por consiguiente, la duplicidad de procesos penales donde las partes procesales son las mismas pero con calidad diferente, procurando de esta manera evitar la emisión de determinaciones groseramente contrarias entre uno y otro, que solo ocasionan situaciones de revictimización de su agresor e institucional a los intervinientes en estos ilícitos, como así, aconteció en el presente caso. Respecto a la funcionaria policial codemandada Se tiene que, el 8 de agosto de 2023 emitió informe al Fiscal de Materia demandando haciéndole conocer sobre las actuaciones que desplegó dentro del caso con CUD 01102012210244, entre ellas, que el 1 de ese mes y año, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Obispo Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso cuarto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el cual no encontró a Simón Palacios Palacios, por esa razón no puedo dar cumplimiento del “requerimiento fiscal” de restitución de domicilio. De la lectura atenta del citado informe, este Tribunal advierte que la funcionaria policial codemandada en las visitas al señalado domicilio no tuvo ningún encuentro con Simón Palacios Palacios o el menor AA para que le pongan en conocimiento de las medidas de protección dispuestas a favor del último nombrado, además que, sus actuaciones se encuentran estrictamente sometidas al cumplimiento de las ordenes emanadas de la autoridad fiscal demandada, por ende, no tiene potestad para tomar decisiones sobre la disposición de medidas de protección u actos de investigación, limitándose solo a realizar el seguimiento y en su caso a ejecutarlas, ante ello, se concluye que de ninguna manera la codemandada lesionó algún derecho del accionante AA, careciendo de legitimación pasiva en el presente mecanismo de tutela, al no evidenciarse la coincidencia de la misma con el acto lesivo denunciado, aplicándose el criterio constitucional mencionado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por consiguiente, es pertinente denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 130/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 90 a 94 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la vida e integridad física y psicológica del accionante y del Fiscal de Materia demandado acorde a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 2° Disponiendo:

a) Dejar sin efecto el acta de ampliación de medidas de protección de 5 de abril de 2023 a favor de Nathaly Gabriela Aguilar Chambi, dictado por el Fiscal de Materia demandado, en el cual, ordenó la restitución de domicilio ubicado en la calle Obispo Balderrama 1267, de la zona parque Niño Jesús, piso cuarto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz del departamento de La Paz. b) Que el Fiscal de Materia demandado que de acuerdo a sus competencias legales realice el análisis pertinente de las casos CUD 01102012210244 y CUD 201103052300847 de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. c) Exhortar al Fiscal General del Estado que de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales elabore un protocolo de actuación sobre denuncias penales de delitos de violencia familiar o doméstica para evitar su duplicidad procesal en la jurisdicción penal e investigativa conforme a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada concerniente a Dania Fabiola Flores Huampo, funcionaria policial, según los Fundamentos Jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Órgano Judicial, pág. 140-141

la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 6El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0490_2026-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7ac8abe44918ef6f7dab4d903635fa849a1cc2019461304834c9339304c130cc

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