B.IA.LEGAL

SCP 0490/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
54913-2023-110-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes alegarón la lesión al debido proceso en sus componentes de legalidad y seguridad jurídica; así como, sus derechos a la propiedad, vivienda adecuada y petición; toda vez que, las autoridades demandadas emitieron la Ley Municipal 362, sin cumplir con requisitos para su formación y declarando por segunda vez de necesidad y utilidad pública la expropiación de 5 918,16m, ubicados en la zona Chulla, manzana 50-52, de la urbanización aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011, para la ejecución del proyecto “Construcción Parque Integral Infantil O.T.B. Litoral”; entre la cual, se encuentra su terreno de 380.66 m de superficie, sin considerar que durante casi cinco años no ejecutaron la Ley Municipal 98 –que declaró igualmente de necesidad y utilidad pública dicha expropiación–, pese a la solicitud de abrogación de la misma por irregularidades en su formación; así como, notas y memoriales presentados para el pago del justiprecio y la petición de aprobación de plano de verja y construcción, que no merecieron respuesta alguna, afectando de esa manera los actos de dominio y disposición sobre su derecho propietario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 1297 a 1301, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0490/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 54913-2023-110-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 31/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 1297 a 1301, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franklin Zenteno Condori y Yola Marina Mendoza Callisaya contra Alfredo Lucana Ramos, Alcalde; y, Grover Cruz Chayna, Roxana Moscoso Foronda, Marina Aquino Quispe, Bismark Garnica Becerra, Carmen Vegamonte López, Felicia María Ramallo, Roxana Benavides Mejía, Félix Mamani Bedoya y Félix Quispe Calle, Concejales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 116 a 127 vta.; y, de subsanación de 3 de enero de 2023 (fs. 136 a 137), los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, mediante Ley Municipal 98 de 23 de marzo de 2017, publicada el 3 de abril del mismo año, dispuso la expropiación, entre otros, de un inmueble de su propiedad ubicado en la localidad de Vinto, zona Chulla, Lote 16, sobre la calle Litoral, de 380 66 m de superficie, derecho propietario inscrito en el registro de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula Computarizada 3.09.4.01.0007841, Asiento A-2; expropiación destinada a la ejecución del proyecto “Construcción Parque Integral Infantil O.T.B. Litoral”. En vigencia de la citada Ley presentaron distintos memoriales solicitando su abrogación, debido a múltiples irregularidades cometidas durante su formación;

entre ellos, los presentados el 23 de julio de 2018; por la que, solicitaron la abrogación de la Ley Municipal 98, o las de 18 de febrero y 4 y 26 de marzo, todos de 2021, impetrando copias legalizadas de los actuados de formación de dicha Ley; así como, información respecto a la existencia de recursos en el Programa Operativo Anual (POA) del Gobierno Municipal de Vinto, para el pago del justiprecio; es decir, información respecto a la ejecución de dicha Ley; sin embargo, el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto nunca otorgó una respuesta formal al respecto. Durante los casi cinco años de vigencia de la indicada norma legal, el mencionado Gobierno Municipal no ejecutó formal ni materialmente la misma, presumiblemente porque no contaba con los recursos económicos suficientes para pagar el justiprecio; sin embargo, de forma sistemática y dolosa, impidió realizar construcciones, mejoras y aprobaciones en su terreno, bajo el argumento que existiría un proceso de expropiación pendiente; como ocurrió con la solicitud de aprobación de plano de verja, presentado mediante memorial de 8 de agosto de 2021, reiterado el 14 de octubre del mismo año; del cual, no se tiene respuesta hasta la fecha; así como, la negativa de aprobación de plano de construcción. Presentaron memorial al indicado Gobierno Municipal haciendo conocer que la Ley Municipal 98 dejó de tener vigencia en aplicación de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Municipal 11 de 27 de agosto de 2014, que regula las expropiaciones en el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, solicitando se les permita realizar construcciones y mejoras en su terreno, caso contrario, se ratifique o se actualice la Ley Municipal 98, mediante otra Ley, pagando el justiprecio en el plazo de treinta días a lo sumo; de modo que, no se mantenga la incertidumbre jurídica; solicitud que tampoco tuvo respuesta, por lo que interpuso recurso de revocatoria en aplicación del silencio administrativo regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo, y posteriormente recurso jerárquico, también por falta de respuesta de fondo. No obstante lo señalado, el indicado Gobierno Municipal emitió la Ley Municipal 362 de 30 de agosto de 2022; por la cual, nuevamente declaró de necesidad y utilidad pública la expropiación de su terreno, abrogando la Ley Municipal 98 para evitar responsabilidades, colocándolos nuevamente con ello en la incertidumbre sobre la ejecución de la expropiación, bajo el argumento de que persiste la necesidad y utilidad pública; pues, no se consideró que tal determinación no es compatible con la seguridad jurídica y la protección de su derecho a la propiedad; tomando en cuenta, la falta de ejecución durante más de cinco años respecto de la primera Ley indicada; pues, no existe garantía de que se cumpla con la segunda Ley promulgada, contraviniendo el razonamiento establecido en la “SCP 0486/2013”. La Ley Municipal 362 no indica claramente su derecho propietario, ni identifica a sus titulares, como tampoco la emisión de una Resolución Ejecutiva Municipal y el perfil del proyecto, incumpliendo de esa manera lo dispuesto en los arts. 10 inc. d), 12.I, 13 inc. a) y 17.I de la Ley Municipal 11, que exige que la Ley Municipal de Declaración de Necesidad y Utilidad Pública debe determinar el titular del inmueble objeto de expropiación, lo que no ocurre en su caso, acarreando con ello su nulidad, en aplicación del art. 9.IV de la Ley Municipal 11. Las acciones ilegales de los demandados vulneraron el debido proceso en cuanto al principio de legalidad y seguridad jurídica, porque no se cumplió lo regulado en cuanto a la expropiación en la Ley Municipal 11, en cuanto a que, transcurridos dos años sin que se hubiera materializado la expropiación, la Ley de necesidad y utilidad pública quedaría sin efecto de manera directa, de forma que mal se podría pretender la continuidad de la expropiación sobre su propiedad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión al debido proceso en sus componentes de legalidad y seguridad jurídica; así como, sus derechos a la propiedad, vivienda adecuada y petición, citando al efecto los arts. 9, 19, 24, 56, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la Ley Municipal 362, por no haber cumplido con los requisitos legales para su formación; b) De persistir la necesidad y utilidad pública para la expropiación de su terreno, se disponga que la Ley Municipal disponga un plazo razonable y corto para su ejecución; c) Que el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto otorgue una respuesta clara, oportuna y razonable respecto a las peticiones formuladas y de las cuales no se tiene respuesta a la fecha; y, d) Se determine la existencia de responsabilidad civil en el accionar de los demandados, por las pérdidas y gastos ocasionados por la no ejecución de la Ley Municipal 98, durante casi cinco años, estimando los daños y perjuicios a indemnizarse.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 24 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1294 a 1296 vta., presentes la parte solicitante de tutela asistidos de su abogado; así como, las autoridades demandadas a través de sus apoderados legales; y, ausentes los terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Alfredo Lucana Ramos, Alcalde, Grover Cruz Chayna, Roxana Moscoso Foronda, Marina Aquino Quispe, Bismark Garnica Becerra, Carmen Vegamonte López, Felicia María Ramallo, Roxana Benavides Mejía, Félix Mamani Bedoya; y, Félix Quispe Calle, Concejales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba, por informe presentado el 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 1246 a 1267, y en audiencia a través de sus abogados, luego de referir los antecedentes del caso, informaron que: 1) La declaratoria de necesidad y utilidad pública señalada resulto afectando a la urbanización de Rodrigo Alvarado Campos con destino al Proyecto Parque Infantil de la Organización Territorial de Base (OTB) Litoral, habiéndose cancelado a tres afectados, previo cumplimiento del procedimiento respectivo, concluyendo con las minutas de transferencia correspondiente; sin embargo, como es de conocimiento público, las gestiones 2019 y 2020 el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, fue víctima de hechos políticos que concluyeron con la quema del edificio municipal, motivando ello la paralización de los actos administrativos, a lo que se sumó la pandemia por el COVID-19; 2) Por memorial de 21 de febrero de 2022, los ahora accionantes solicitaron pronunciamiento expreso respecto al pago de justiprecio y/o pérdida de vigencia de la Ley Municipal 98, reconociendo y sometiéndose al proceso de expropiación, solicitando el pago del justiprecio, o caso contrario gestionar se deje sin efecto la Ley Municipal 98, y se proceda a aprobar los planos de construcción y verja en lo terrenos de su propiedad; similar nota solicitud fue presentada a través de memorial de 5 de abril de 2022; por el que, interpusieron recurso de revocatoria y memorial de 22 de junio de igual año, a través de que se interpuso recurso jerárquico; memoriales que fueron respondidos por Informe Legal GAMV/DAL/GYPM/IL 254/2022 de 6 de julio, notificado a los hoy impetrantes de tutela con la nota GAMV 627, el 15 de julio de 2022; informe que entre otros aspectos sugirió la modificación de la Ley Municipal 11, que se materializó por Ley Municipal 349/2022 de 19 de mayo, que derogó el plazo de vigencia del proceso de expropiación municipal, consiguientemente se modificó el Reglamento de la Ley Municipal 11, mediante Decreto Municipal 17/2022 de 28 de junio de 2022; 3) A través de nota de 8 de agosto de 2022, los representantes de la OTB Barrio Litoral ratificaron su solicitud de que se declare de necesidad y utilidad pública la expropiación de terrenos destinados al proyecto Parque Integral Infantil OTB Litoral; aspecto que, fue atendido a través de la promulgación de la Ley Municipal 355 de 28 de julio de 2022, que aprobó la segunda modificación presupuestaria intrainstitucional del POA y presupuesto gestión 2022, asignando los recursos destinados a la expropiación de los terrenos para ello, y ya contando con ello, se promulgó la Ley Municipal 362, declarando de necesidad y utilidad pública la superficie de 5 918,16 m, ubicado en la zona Chulla, manzana 50-52, correspondiente a la urbanización aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011 de 30 de julio, con destino al indicado proyecto, otorgando a los interesados o propietarios, el plazo de diez días para que acrediten su titularidad, abrogando la Ley Municipal 98; con la cual, se notificó personalmente a los ahora solicitantes de tutela el 7 de septiembre de 2022, quienes sin embargo no se apersonaron ni presentaron formalmente la documentación que acredite su derecho propietario, como lo hicieron el 3 de octubre de 2022 los señores Marcial Mamani Capia y Elena Laura de Mamani, con quienes se concluyó el proceso de expropiación y se suscribió el Testimonio 2106/2022 de 10 de noviembre; similar situación aconteció con Deicy Judith Condori Mendoza, quien se apersonó y presentó la documentación para la expropiación, el cual se encuentra en curso; 4) En cuanto a la denuncia de lesión al derecho de petición: Los accionantes, por nota presentada el 22 de febrero de 2022 solicitaron al Concejo Municipal de Vinto un pronunciamiento expreso sobre el pago del justiprecio y/o pérdida de vigencia de la Ley Municipal 98, la que fue respondida por nota Cite Ext. C.M.V. 198/2022 de 29 de marzo, haciendo conocer el Informe de la Comisión Mixta del Concejo Municipal 87/2022; por memorial presentado el 12 de abril de 2022, los impetrantes de tutela formularon recurso de revocatoria contra el Informe de la Comisión Mixta del Concejo Municipal 87/2022, que fue respondido por Informe CITE A.L. 08/2022 de 25 de abril, que fue puesto en conocimiento de los solicitantes de tutela a través de nota Cite Ext. C.M.V. 220/2022 de 26 de abril, con lo que se acredita que se dio respuesta a los accionantes sobre sus solicitudes formuladas; 5) Los impetrantes de tutela denunciaron como acto ilegal la emisión de la Ley Municipal 362; por la que, se declaró de necesidad y utilidad pública la expropiación de su terreno; así como, la abrogatoria de la Ley Municipal 98, sin considerar que su emisión se enmarca en la competencia prevista en los arts. 302.22 de la CPE; y, 16.35 y 26.29 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales –Ley 482 de 9 de enero de 2014–; así como, la Ley Municipal 11 de 5 de septiembre de 2014, que establece el marco jurídico institucional y administrativo para las expropiaciones de bienes inmuebles dentro de la jurisdicción municipal de Vinto, reglamentado por Decreto Municipal 10/2014 de 20 de octubre; Ley Municipal 11 que fue modificada por la Ley Municipal 349, y su reglamento aprobado por Decreto Municipal 17/2022; de manera que, no puede considerarse un acto ilegal la emisión de la Ley Municipal 362 o la abrogación de su similar 98; 6) Los accionante solicitaron se abrogue la Ley Municipal 362, por no haberse cumplido los requisitos legales para su formación; empero, dicha solicitud no puede ser resuelta a través de la acción de amparo constitucional; dado que, debieron formular recurso directo de nulidad, conforme a lo dispuesto en el art. 143 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ello tomando en cuenta, que se cuestiona la competencia del órgano emisor de dicha norma legal, respecto a la expropiación de bienes inmuebles en su jurisdicción, debiendo en consecuencia aplicarse la subsidiariedad que rige esta acción de tutela constitucional; además que los impetrantes de tutela no recurrieron a la vía administrativa para la observación, modificación, derogación, abrogación y nulidad de la Ley Municipal 362; 7) Los arts. 23 y 25 de la Ley Municipal 11 no establecen que la norma queda sin efecto por el solo transcurso del tiempo de los dos años de ejecución de la expropiación; puesto que, no existe derogatoria o abrogatoria de una Ley por el solo transcurso del tiempo; es más, ante el desuso de una norma por falta de aplicación, no puede determinarse su derogatoria, como tampoco porque una costumbre contraria a ella; pues, la cláusula abrogatoria o derogatoria debe ser expresa; la errónea interpretación del plazo establecido en las Leyes Municipales de expropiación, incluyendo la correspondiente al Municipal de Vinto, deviene de la Ley 2028 (abrogada), cuyo art. 125 establecía que de no efectivizarse la ordenanza municipal que declaró la necesidad y utilidad pública para la expropiación, en un plazo no mayor a dos años desde su publicación, la misma perderá vigencia y la venta quedará sin efecto; sin considerar que el art. 21.IV de la misma Ley establecía que toda ordenanza se encuentra vigente mientras no fuera derogada o abrogada por otra; de manera que, no existía declaratoria en desuso de la norma municipal; de modo que, lo dispuesto en cuanto al plazo para la efectivización de la norma que declara la necesidad y utilidad pública para la expropiación municipal, resultaba contraproducente considerando la complejidad de los procesos de expropiación, que en la mayoría de los casos los afectados interponen una serie de incidentes y observaciones para impedir la expropiación, o se rehúsan a presentar la documentación que acredite su derecho propietario, por lo que dicho plazo regulado es una equivocación, más si la indicada Ley de expropiación no establece una etapa de conciliación, como ocurre en la jurisdicción ordinaria, por lo que no corresponde determinar un plazo para el pago del justiprecio; se debe considerar que el art. 10 de la Ley Municipal 11, vigente a la fecha, en ninguno de sus acápites consigna la obligatoriedad de contar con la individualización del derecho propietario; 8) En cuanto a la existencia de una resolución ejecutiva municipal previa de la máxima autoridad ejecutiva, debe considerarse que, el Alcalde, mediante Cite GAMV 468 de 22 de agosto de 2022, solicitó la declaratoria de necesidad y utilidad pública para el proyecto del Parque Integral Infantil OTB Litoral, adjuntando la documentación correspondiente, entre ellas, la Resolución Ejecutiva 015/2022 de 22 de agosto, cumpliendo de esa manera con los requisitos previstos en la norma, para sancionar la Ley Municipal 362; 9) Fueron los mismos accionantes los que solicitaron que se actualice y/o ratifique la Ley Municipal 98 con otra Ley Municipal, a los efectos de que se les pague el justiprecio por su terreno, conforme se encuentra reconocidos en su propio memorial de acción de amparo constitucional; de manera que, la Ley Municipal 362 no vulneraría los derechos alegados, al ser dicha Ley el resultado de la solicitud formulada por los propios impetrantes de tutela, considerándose como un acto de consentimiento libre y expreso, lo que hace improcedente la tutela impetrada; 10) Si bien toda persona tiene derecho a la propiedad privada, el mismo encuentra su límite en la propia Constitución y la Ley, como el interés colectivo y la necesidad y utilidad pública; 11) En cuanto se refiere al derecho a la vivienda, los solicitantes de tutela no identificaron en qué medida el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto estaría afectando el mismo; pues, el mismo no fue objeto de avasallamiento, posesión, desalojo, o ejecución de proyecto alguno, claro que, en tanto no se proceda con la indemnización correspondiente, los accionantes no podrán ejercer ningún tipo de dominio sobre el bien inmueble de su propiedad; pues, el proceso administrativo de expropiación fue encaminado por el Gobierno Municipal; 12) En relación a la nota presentada el 23 de julio de 2018, los impetrantes de tutela pretenden hacer valer un derecho después de más de cuatro años; situación similar ocurre con los memoriales de 18 de febrero y 4 y 26 de marzo de 2021, incumpliendo así el plazo de caducidad previsto en la Norma Suprema para formular la acción de amparo constitucional; en relación a memoriales que los solicitantes de tutela hubieran presentado el 2022, no especifican los mismos; de modo que, no corresponde conceder la tutela por el derecho de petición; los memoriales de 21 de febrero, 5 de abril y 22 de junio de 2022, por los que interponen recurso de revocatoria y jerárquico ante el silencio administrativo, los mismos fueron respondidos a través del Informe Legal GAMV/DAL/GYPM/IL 254/2022, debidamente notificado a los accionantes mediante nota GAMV 627 el 15 de julio de 2022; en ese mismo sentido, los memoriales presentados al Concejo Municipal fueron respondidos: el memorial de 22 de febrero de 2022, a través del Cite Ext. C.M.V. 198/2022; el memorial de 12 de abril de 2022, a través del Cite EXT. C.M.V. 220/2022; de modo que, se han otorgado las respuestas a las solicitudes presentadas, sin que pueda alegarse vulneración al derecho de petición; y, 13) Las acciones de las actuales autoridades municipales de ninguna manera conllevan responsabilidad civil; empero, al pretenderse una indemnización sin previo procedimiento y determinación del justiprecio en la vía administrativa o judicial, no solo que ocasionaría responsabilidad civil, sino también responsabilidad ejecutiva, administrativa y hasta penal por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto. Sobre la base de los argumentos expuestos solicitaron que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rodrigo Alvarado Campos y Daniel Mamani Caballero conforme a diligencias cursantes a fs. 154 y 155 del expediente constitucional, se establece que fueron notificados como terceros interesados en la causa; sin embargo, los mismos no presentaron memorial alguno y tampoco asistieron a la audiencia de amparo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 31/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 1297 a 1301, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) En sesión ordinaria de 23 de marzo de 2017, se emitió la Ley Municipal 98, que posteriormente fue abrogada mediante Ley Municipal 362; en la cual, se declaró de necesidad y utilidad pública la extensión superficial de 5 918,16 m, ubicado en la zona Chulla, aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011, con destino al proyecto “Parque Integral Infantil OTB Litoral”; el cual, según Informe Técnico de 23 de marzo de 2021, comprende 17 lotes ubicados en la OTB Litoral del municipio de Vinto; entre los cuales, se encuentra el Lote 16, con Matricula Computarizada 3.09.4.01.0007841, de propiedad de Franklin Zenteno Condori y Yola Marina Mendoza Calizaya; ii) La Ley Municipal 362 fue emitida en el marco de la competencia prevista por el art. 302.22 de la CPE, que determina que es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales en su jurisdicción, la expropiación de inmuebles por razones de necesidad y utilidad pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley; de manera que, la acción de amparo constitucional no es la vía idónea para declarar la ilegalidad de una Ley; por lo que, la tutela demandada no puede ser acogida favorablemente; iii) Promulgada y publicada la Ley Municipal 362, los hoy accionantes no realizaron ninguna observación a la misma, inobservando de esa manera los medios que reconoce la Ley ante dicha situación, lo que no fue demostrado por la parte impetrante de tutela, en sentido de haber recurrido ante la misma autoridad que emitió dicha norma para hacer valer sus derechos, sea ante el ente legislativo o el ejecutivo municipal, reconociéndose simplemente que se ha solicitado el pago del justiprecio por su propiedad; más aún, si por determinación del art. 38 de la Ley de Expropiaciones, las partes pueden intentar la vía del procedimiento contencioso ante el Tribunal Supremo de Justicia; iv) Los memoriales a los que hace referencia la parte solicitante de tutela como carentes de respuesta, datan de la gestión 2021 e inicios de la 2022, estando por ello fuera del plazo previsto en el art. 55 del CPCo, siendo aplicable el principio de inmediatez; y, v) El derecho fundamental a la propiedad privada no es absoluto, y al haberse dispuesto la expropiación por necesidad y utilidad pública, no se advierte lesión a tal derecho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Por Testimonio 1152/2012 de 22 de junio, extendido por ante la Notaria de Fe Pública 13 de Cochabamba, registrado en el registro de DD.RR. bajo la partida computarizada 3.09.4.01.0007841, el 25 de junio de 2012, bajo el Asiento A-2, se acredita que Franklin Zenteno Condori y Yola Marina Mendoza Callizaya, son propietarios de un lote de 380 66 m de superficie, ubicado en la zona Chulla, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 49 a 53). II.2. Mediante Ley Municipal 98 de 23 de marzo de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba, declaró de necesidad y utilidad pública la expropiación de la extensión superficial de 6 913,05 m, ubicado en la zona Chulla, manzana 50-52, con destino al proyecto “Parque Integral Infantil OTB Litoral”, concediendo a los propietarios y/o presuntos interesados, el plazo de diez días calendario para que acrediten su derecho propietario sobre el inmueble a expropiar (fs. 43 a 47). II.3. A través de nota CITE: G.A.M.V. 160/2021 de 7 de abril, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, en respuesta a un memorial presentado el 18 de febrero de 2021, dio a conocer al ahora accionante (Franklin Zenteno Condori), el Informe Legal 188/2021 y otros antecedentes; nota que si bien no tiene constancia de recepción, fue presentada por los ahora impetrantes de tutela en la acción de amparo constitucional (fs. 77). II.4. Con memorial presentado el 14 de octubre de 2021, Franklin Zenteno Condori solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba autorización de construcción de verja y muro perimetral (fs. 76). II.5. Por memorial presentado el 22 de febrero de 2022, los ahora accionantes y Daicy Judith Condori Mendoza, solicitaron al Concejo Municipal de Vinto, pronunciamiento expreso respecto al pago del justiprecio y/o pérdida de vigencia de la Ley Municipal 98 (fs. 549 y vta.). II.6. A través de nota CITE: EXT. C.M.V. 198/2022 de 29 de marzo, con constancia de recepción el por Daicy Judith Condori Mendoza, el Consejo Municipal de Vinto puso a conocimiento de los ahora accionantes, el Informe 87/2022, aprobado por la Comisión Mixta, respecto al memorial de 22 de febrero de 2022 presentado por los ahora accionantes, entre otros, con la referencia de pronunciamiento expreso respecto al pago del justiprecio y/o pérdida de vigencia de la Ley Municipal 98 (fs. 1113). II.7. Mediante memorial presentado el 12 de abril de 2022, los ahora accionantes y Daicy Judith Condori Mendoza, interpusieron recurso de revocatoria por silencio administrativo respecto a lo solicitado mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2023 (fs. 543 a 545). II.8. Con nota CITE: EXT. C.M.V. 220/2022 de 26 de abril, el Concejo Municipal de Vinto, dio a conocer a los ahora impetrantes de tutela, el Informe Legal 08/2022, respecto al memorial de 5 de abril del mismo año, referido a recurso de revocatoria; nota que, si bien no cuenta con constancia de recepción; empero, fue presentada por los ahora solicitantes de tutela (fs. 104). II.9. A través de memorial presentado el 23 de junio de 2022, los accionantes formularon recurso jerárquico ante el silencio administrativo respecto al recurso de revocatoria interpuesto por falta de respuesta en relación a la solicitud de pago de justiprecio en cumplimiento de la Ley Municipal 98 o se gestione la abrogatoria de la misma y aprobar los planos de construcción y verja en los terrenos de su propiedad (fs. 535 a 538). II.10. Por nota CITE: G.A.M.V. 627/2022 de 29 de junio, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, en respuesta a memoriales presentados por los impetrantes de tutela, dio a conocer a Franklin Zenteno Condori, el Informe Legal GAMV/DAL/GYPM/IL 254/2022; nota que, si bien no tiene constancia de recepción, fue presentada por los solicitantes de tutela en la acción de amparo constitucional (fs. 95). II.11. Mediante nota Cite: G.A.M.V. 627/2022 de 29 de junio, con constancia de recepción el 15 de julio del mismo año, el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto notificó a Franklin Zenteno Condori con el Informe Legal GAMV/DAL/GYPM/IL 254/2022 (fs. 525).

II.12. A través de Ley Municipal 362 de 30 de agosto de 2022, el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto declaró de necesidad y utilidad pública la extensión superficial de 5 918,16m, ubicado en la zona Chulla, manzana 50-52, de la urbanización aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011 de 30 de julio, con destino al proyecto “Parque Integral Infantil OTB Litoral”; concediendo a los propietarios y/o presuntos interesados, el plazo de diez días calendario para que acrediten su derecho propietario sobre el inmueble a expropiar (fs. 15 a 22). II.13. Por Acta Notarial de Verificación y/o Notoriedad 0018/2022 de 6 de septiembre, se acredita que los ahora accionantes fueron notificados con Informe Legal GAMV/DAL/GYPM/IL 254/2022 de 6 de julio, con la referencia de respuesta a memoriales presentados por Franklin Zenteno Condori, Yola Marina Mendoza Callizaya y Daicy Judith Mendoza (Expropiación OTB Litoral); así como, notificación con la Ley Municipal 362 de 30 de agosto de 2022 (fs. 134). II.14. Con Acta Notarial de Verificación y/o Notoriedad 0019/2022 de 7 de septiembre, se acredita que los ahora accionantes fueron notificados con el CITE: EXT.C.M.V. 198/2022 de 29 de marzo, en respuesta a un memorial presentado al Concejo Municipal de Vinto con la suma “solicita pronunciamiento expreso respecto al pago de justiprecio y/o pérdida de vigencia de la Ley Municipal 098”, con fecha de recepción el 22 de febrero de 2022 (fs. 132).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegarón la lesión al debido proceso en sus componentes de legalidad y seguridad jurídica; así como, sus derechos a la propiedad, vivienda adecuada y petición; toda vez que, las autoridades demandadas emitieron la Ley Municipal 362, sin cumplir con requisitos para su formación y declarando por segunda vez de necesidad y utilidad pública la expropiación de 5 918,16m, ubicados en la zona Chulla, manzana 50-52, de la urbanización aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011, para la ejecución del proyecto “Construcción Parque Integral Infantil O.T.B. Litoral”; entre la cual, se encuentra su terreno de 380.66 m de superficie, sin considerar que durante casi cinco años no ejecutaron la Ley Municipal 98 –que declaró igualmente de necesidad y utilidad pública dicha expropiación–, pese a la solicitud de abrogación de la misma por irregularidades en su formación; así como, notas y memoriales presentados para el pago del justiprecio y la petición de aprobación de plano de verja y construcción, que no merecieron respuesta alguna, afectando de esa manera los actos de dominio y disposición sobre su derecho propietario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

Por disposición del art. 129.II de la CPE, el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, los que deben ser computados a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, o de conocido el hecho, último supuesto que se encuentra establecido en el art. 55.I del CPCo. Dicho principio tiene su origen en el art. 25 de CADH, cuando tal disposición manda a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la Ley o la citada Convención; de manera que, al ser el Estado boliviano miembro del indicado cuerpo normativo internacional de derechos humanos, debe ser cumplido fielmente en virtud al principio “pacta sunt servanda”, que traducido español significa “lo pactado obliga”. Sobre el principio de inmediatez, la SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, razonó que: “…es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida”. Sobre el mismo principio también, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, precisó que: “El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”. La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, refiriéndose al plazo de inmediatez de la acción de amparo constitucional ha señalado que: “…no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo‴ (las negritas corresponden al texto original). En ese marco, se establece que la acción de amparo constitucional es el mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que no son tutelados por otros medios o recursos específicos; así, la rapidez del mecanismo de protección como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo máximo de seis meses para su interposición; lo cual, se encuentra plasmado en el art. 129.II de la Norma Suprema; de manera que, la activación de tal mecanismo de tutela constitucional fuera del indicado plazo conlleva a su improcedencia, sin que se permita al órgano contralor de constitucionalidad, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

Por disposición del art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional procede: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo) prevé que esta acción tutelar tiene por objeto: “…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. El art. 25.1 de la CADH, dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental, la Ley o la presente Convención; precepto que forma parte del bloque de constitucionalidad reconocido por el art. 410 de la CPE; mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad. Cabe señalar que, el Tribunal Constitucional Plurinacional es el órgano jurisdiccional a quien el constituyente asignó la función de control de constitucionalidad de todos los actos de los particulares y de las autoridades; así como, los actos y las normas que contravengan la Norma Suprema, velando por la supremacía de la Constitución y precautelando el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, conforme se tiene dispuesto en el art. 196.I de la CPE. Conforme al diseño constitucional actual, el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce jurisdicción en el ámbito del control normativo, plural y concentrado de constitucionalidad; los mismos que, comprenden por un lado, el control de constitucionalidad preventivo, y, de otro lado, el control de constitucionalidad posterior o reparador. Por razones que atingen a la causa, no nos referiremos al control preventivo de constitucionalidad, sino al control posterior o reparador de constitucionalidad, en el marco del ejercicio del control jurisdiccional plural y concentrado de constitucionalidad que ejerce este Tribunal, el cual se desarrolla en tres ámbitos específicos, como son: El control normativo de constitucionalidad; el control competencial de constitucionalidad; y, el control tutelar de constitucionalidad. En cuanto al control normativo de constitucionalidad, se activa a través de las acciones de inconstitucionalidad de carácter abstracto y concreto; así como, el recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones, creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la Norma Suprema, que tienen como finalidad verificar que toda norma de carácter general sea coherente y responda en su contenido al bloque de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional, por lo que, en caso de evidenciarse vulneración a éste, una vez activado el control normativo de constitucionalidad, se declarará la inconstitucionalidad total o parcial de la norma cuestionada, decisión que tendrá efectos abrogatorios o derogatorios, de acuerdo al caso. Por su parte, el control competencial de constitucionalidad resguarda la garantía constitucional de la competencia constitucionalmente asignada a cada órgano; por lo que, su activación responde a tres mecanismos constitucionales expresos, como: Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público (COP) (art. 202.2 de la CPE); los conflictos de competencias entre el Gobierno Plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas (CET) (art. 202.3); y, los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental (CCJ) (art. 202.11). En este mismo ámbito de control de constitucionalidad está también el recurso directo de nulidad (RDN), previsto por el art. 202.12 de la Norma Suprema. A su vez, el control tutelar de constitucionalidad, conocido también como control reparador de constitucionalidad, se activa a través de las acciones de defensa o tutela de derechos constitucionales establecidas en la Constitución, y son: acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular, que de acuerdo a la atribución conferida por el art. 202.6 de la CPE, son resueltos en revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional. La acción de amparo constitucional es entonces parte de las acciones de defensa destinadas a ejercer el control tutelar de constitucionalidad; sobre la cual, la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, precisó que, se constituye en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto se refiere a su alcance y ámbito de tutela y protección de derechos; misma que, se encuentra regida por los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose que la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales debe ser en el marco de los valores y principios ético-morales previstos en la Constitución Política del Estado, para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural. De lo señalado se concluye que la acción de amparo constitucional es el mecanismo de control tutelar idóneo previsto en la Constitución Política del Estado para la protección inmediata de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales restringidos, suprimidos o amenazados por actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, no protegidos por otros mecanismos tutelares previstos por el constituyente. No constituye un mecanismo de control normativo.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, los accionantes alegaron que las autoridades demandadas lesionaron el debido proceso en sus componentes de legalidad y seguridad jurídica; así como, sus derechos a la propiedad, vivienda adecuada y petición; toda vez que, emitieron la Ley Municipal 362, sin cumplir con requisitos para su formación y declarando por segunda vez de necesidad y utilidad pública la expropiación de 5 918,16 m, ubicados en la zona Chulla, manzana 50-52, de la urbanización aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011, para la ejecución del proyecto “Construcción Parque Integral Infantil O.T.B. Litoral”; entre la cual, se encuentra su terreno de 380 66 m de superficie, sin considerar que durante casi cinco años no ejecutaron la Ley Municipal 98 –que declaró igualmente de necesidad y utilidad pública dicha expropiación–, pese a la solicitud de abrogación de la misma por irregularidades en su formación; así como, notas y memoriales presentados para el pago del justiprecio y la petición de aprobación de plano de verja y construcción, que no merecieron respuesta alguna, afectando de esa manera, los actos de dominio y disposición sobre su derecho propietario. De la revisión de los antecedentes que se acompañan al legajo constitucional y conforme con las conclusiones del presente fallo, se establece que, mediante Ley Municipal 98, el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto declaró de necesidad y utilidad pública la expropiación de la extensión superficial de 6 913,05 m, ubicado en la zona Chulla, manzana 50-52, con destino al proyecto “Parque Integral Infantil OTB Litoral”, concediendo a los propietarios y/o presuntos interesados, el plazo de diez días calendario para que acrediten su derecho propietario sobre el inmueble a expropiar; entre los inmuebles comprometidos con el área del proyecto se encuentra el perteneciente a los ahora accionantes, de 380 66 m de superficie, acreditado por Testimonio 1152/2012, extendido por ante la Notaria de Fe Pública 13 de Cochabamba, registrado en el Registro de DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 3.09.4.01.0007841, el 25 de junio de 2012, bajo el Asiento A-2. En vigencia de la indicada Ley Municipal 98, el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto inició y concluyó procesos de expropiación con personas afectadas por la ubicación del proyecto; lo que se advierte del Testimonio 1554/2018 de 20 de julio, sobre una minuta de transferencia de terreno adquirido por expropiación a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto de los señores Hilarión Zambrana y Godilia Montecinos Cardozo, inscrita en el registro de DD.RR bajo la Matrícula Computarizada 3.09.4.01.0007842 (fs. 637 a 647); el Testimonio 1590/2018 de 30 de julio, sobre una minuta de transferencia de terreno adquirido por expropiación a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto de Soledad Ríos Choquela, representada legalmente por Lisbania Ríos Choquela, inscrita en el registro de DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 3.09.4.01.0007831 (fs. 473 a 486); el Testimonio 1633/2018 de 1 de agosto, sobre minuta de transferencia de terreno adquirido por expropiación de Julio Cabrera Vocal, Leonor Reluz de Cabrera y Carlos Pinaya, a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, inscrita en el registro de DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 3094010007834 (fs. 488 a 498); y, el Testimonio 2106/2022 de 10 de noviembre, sobre minuta de transferencia de terreno adquirido por expropiación de Elena Laura Mamani, por sí y en representación legal de Marcial Mamani Capia, a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, inscrita en el registro de DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 3.09.4.01.0007830 (fs. 503 a 512).

En el caso de los accionantes, se advierte que se apersonaron al indicado Gobierno Municipal con distintas peticiones; como la solicitud de certificación de presupuesto para expropiación de terrenos, formulada mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2021, que fue respondida por nota CITE: G.A.M.V. 160/2021 de 7 de abril; por el cual, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, dio a conocer a Franklin Zenteno Condori, el Informe Legal 188/2021, el cual concluyo que, según informe técnico y financiero del proyecto, cuenta con presupuesto inscrito en el POA 2021; aclarando que si bien dicha nota no tiene constancia de recepción; empero, fue presentada por los impetrantes de tutela en la acción de amparo constitucional. Asimismo, mediante memorial presentado el 14 de octubre de 2021, Franklin Zenteno Condori (hoy solicitante de tutela constitucional) solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, autorización de construcción de verja y muro perimetral; sin embargo, en antecedentes no se tiene acreditado si dicha nota fue respondida o no. En ese mismo sentido, por memorial presentado el 22 de febrero de 2022, los accionantes y Daicy Judith Condori Mendoza, solicitaron al Concejo Municipal de Vinto, pronunciamiento expreso respecto al pago del justiprecio y/o pérdida de vigencia de la Ley Municipal 98; la cual, fue respondida por el Consejo Municipal de Vinto, a través de nota CITE: EXT. C.M.V. 198/2022, con constancia de recepción el por Daicy Judith Condori Mendoza, haciendo conocer el Informe 87/2022, aprobado por la Comisión Mixta; el cual, señaló que su solicitud debe ser reconducida al Órgano Ejecutivo Municipal, al ser dicho órgano el competente para hacer cumplir lo dispuesto en la indicada Ley Municipal; acto contra el cual los ahora accionantes formularon recurso de revocatoria asumiendo silencio administrativo negativo por falta de respuesta, el cual mereció la nota CITE: EXT. C.M.V. 220/2022; por el cual, el Concejo Municipal de Vinto, dio a conocer a los ahora impetrantes de tutela, el Informe Legal 08/2022; por el cual, se estableció que, el Informe 87/2022, de la Comisión Mixta, no constituye una resolución o acto administrativo de carácter definitivo; tomando en cuenta, que en el mismo se recomendó a los solicitantes reconducir su petición al Órgano Ejecutivo Municipal; no obstante, por memorial presentado el 23 de junio de 2022, los accionantes formularon recurso jerárquico ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, asumiendo un silencio administrativo respecto al recurso de revocatoria interpuesto por falta de respuesta en relación a la solicitud de pago de justiprecio en cumplimiento de la Ley Municipal 98 o se gestione la abrogatoria de la misma y aprobar los planos de construcción y verja en los terrenos de su propiedad.

El señalado recurso jerárquico fue respondido por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, mediante nota CITE: G.A.M.V. 627/2022, poniendo en su conocimiento el Informe Legal GAMV/DAL/GYPM/IL 254/2022; el cual, precisó que la Ley Municipal 98 se encontraba vigente, y que debía ser gestionado en tanto persista la necesidad y utilidad pública identificada, siendo función del órgano ejecutivo programar los recursos económicos necesarios para su cumplimiento, recomendando por ello la reformulación del POA de la gestión 2022; cabe señalar que Franklin Zenteno Condori fue notificado con dicha nota y el informe referido, el 15 de julio del mismo año. No obstante lo indicado, a través de Ley Municipal 362, el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto declaró nuevamente de necesidad y utilidad pública la extensión superficial de 5 918,16 m, ubicado en la zona Chulla, manzana 50-52, de la urbanización aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011, con destino al proyecto “Parque Integral Infantil OTB Litoral”; concediendo a los propietarios y/o presuntos interesados el plazo de diez días calendario para que acrediten su derecho propietario sobre el inmueble a expropiar; ley que además fue notificada expresamente a los ahora accionantes mediante Acta Notarial de Verificación y/o Notoriedad 0018/2022 de 6 de septiembre. Ahora bien, siendo que uno de los derechos alegados como lesionados por los impetrantes de tutela es el relativo al derecho de petición y respuesta formal y pronta, previsto en el art. 24 de la CPE, precisando al efecto la falta de respuesta a los memoriales de 23 de julio de 2018 y 18 de febrero, 4 y 26 de marzo, 8 de agosto y 14 de octubre de 2021; debe señalarse que, conforme fue precisado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo, la acción de amparo constitucional se rige, entre otros, por el principio de inmediatez; según el cual, el plazo máximo razonable previsto por la Norma Suprema para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, los que deben ser computados a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, o de conocido el hecho, último supuesto que se encuentra establecido en el art. 55.I del CPCo. Siendo así, la falta de respuesta alegada por los ahora accionantes a los distintos memoriales ya precisados anteriormente, tienen una data que supera el año, tomando en cuenta el último memorial referido (14 de octubre de 2021) y la presentación de esta acción de tutela constitucional (22 de diciembre de 2022); y siendo que este Tribunal considera que para otorgar una respuesta a las solicitudes formuladas por los accionantes, el plazo razonable es de tres días, similar al previsto en el art. 324 de la LPA, para el Desglose de documentos en sede administrativa; ello tomando en cuenta, que se trataban de simples solicitudes, relacionadas a la exigencia de pago del justiprecio por la expropiación a ser realizada respecto a su bien inmueble, en cumplimiento de la Ley Municipal 98, es evidente que, el plazo de los seis meses previsto para interponer la acción de amparo constitucional no fue cumplido, lo que inviabiliza que este Tribunal ingrese a considerar tal denuncia de lesión al derecho de petición y respuesta formal y pronta, por no haberse cumplido el principio de inmediatez, con mayor razón considerando lo señalado a continuación. El argumento central de la acción de amparo constitucional planteada por los ahora impetrantes de tutela, tiene que ver con la emisión de la Ley Municipal 362, cuestionando que en su formación no se hubiesen cumplido con los requisitos previstos al efecto, pero además, que la misma declararía por segunda vez, de necesidad y utilidad pública la expropiación de 5 918,16 m, ubicados en la zona Chulla, manzana 50-52, de la urbanización aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa 128/2011, para la ejecución del proyecto “Construcción Parque Integral Infantil O.T.B. Litoral”; entre la cual, se encuentra su terreno de 380.66m de superficie, sin considerar que durante casi cinco años no ejecutaron la Ley Municipal 98 –que declaró igualmente de necesidad y utilidad pública dicha expropiación–, pese a la solicitud reiterada de su cumplimiento. Sobre este aspecto, debe considerarse que, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional es el mecanismo de control tutelar idóneo previsto en la Constitución Política del Estado para la protección inmediata de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales restringidos, suprimidos o amenazados por actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, no protegidos por otros mecanismos tutelares previstos por el constituyente; no constituye un mecanismo de control normativo; y siendo que, en el caso de análisis, los solicitantes de tutela cuestionan de un lado, la validez formal de la Ley Municipal 362, presuntamente por no haber cumplido con los requisitos legales para su formación, es evidente que su pretensión es que se realice el control normativo de la misma, cuestión que no se corresponde con la naturaleza jurídica de la presente acción de tutela constitucional, que como se señaló anteriormente, tutela derechos y garantías constitucionales. En tal sentido, no corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional resolver, mediante esta vía de control tutelar de constitucionalidad, si la precitada Ley Municipal tiene o no la validez constitucional que le reconoce la Ley Fundamental a las leyes emitidas por los Gobiernos Autónomos Municipales. Aun lo señalado, y la contradictoria petición formulada por los ahora accionantes –que por una parte impetran la nulidad de la Ley Municipal 362; empero, de otra parte, reconociendo tácitamente su validez, solicitan que, de persistir la necesidad y utilidad pública para la expropiación de su terreno, se disponga que la Ley Municipal establezca un plazo razonable y corto para su ejecución–, se hace necesario precisar que, en antecedentes se tiene la Ley Municipal 11, modificada por Ley Municipal 349, que tiene por objeto establecer el marco jurídico, institucional y administrativo para la ejecución de las expropiaciones de bienes inmuebles dentro de la jurisdicción municipal de Vinto por causas de necesidad y utilidad pública; y, con ello, el Reglamento de la Ley Municipal 11, de Expropiaciones, aprobado por Decreto Municipal 10/2014 de 20 de octubre, modificado por Decreto Municipal 017/2022 de 28 de junio, que establece el procedimiento de la expropiación municipal en dicho municipio; de modo que, los impetrantes de tutela y el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto deben cumplir los procedimientos y plazos establecidos en dicha normativa, a los efectos de la materialización de la Ley Municipal 362. La conducta señalada fue asumida por Daicy Judith Condori Mendoza y Elena Laura Mamani, propietarias de inmuebles afectados por la Ley Municipal 362, que mediante memoriales separados presentados el 22 de febrero de 2023, se apersonaron voluntariamente al Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, adjuntando documentación, solicitando el pago de la indemnización por su lote de terreno afectado, constando que con la segunda persona nombrada, la entidad municipal suscribió la correspondiente minuta de transferencia de terreno, conforme se advierte del Testimonio 2106/2022, registrado en DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 3.09.4.01.0007830 de 15 de noviembre de 2022; acción que no se observa de los ahora accionantes, pese a que fueron notificados específicamente con la Ley Municipal 362, conforme se tiene de la literal de fs. 134. Si bien se alegó por los accionantes la lesión al debido proceso en sus componentes de legalidad y seguridad jurídica; así como, sus derechos a la propiedad y vivienda adecuada, en el entendido que la entidad no hubiera ejecutado durante cinco años la Ley Municipal 98, que declaraba de necesidad y utilidad pública la expropiación, entre otros, del bien inmueble de su propiedad, tiempo durante el cual no se les habría permitido realizar construcciones o mejoras, bajo el argumento que estaba en curso la expropiación; sin embargo, no se tiene evidencia de tal hecho, pues no se acompaña prueba que demuestre la negativa de las autoridades demandadas a solicitudes especificas realizadas dentro de los últimos seis meses previos a la interposición de la presente acción de amparo constitucional, sobre construcciones o modificaciones en su terreno; de modo que, posibilite un análisis sobre la posible restricción al derecho de propiedad privada. Bajo los citados razonamientos, este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que no son evidentes las lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales alegados por los ahora solicitantes de tutela.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, efectuó un correcto análisis de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 1297 a 1301, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADO MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0490_2025-S4.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 837e5efc20b15c31331a002c786abdf1facef8404c1782bc862651b413411c8b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →