B.IA.LEGAL

SCP 0489/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65575-2024-132-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de legalidad e impugnación y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra, la Autoridad Sumariante I del SEDES de Cochabamba -ahora demandado-, pronunció la RA 08/2024 de 9 de abril, imponiéndole la sanción de destitución como servidor público del sistema de salud; a su vez, al no haberse interpuesto recurso de revocatoria dentro de tres días -art. 22 inc. d) del DS 26237, modificado por el DS 23318-A-, la citada autoridad demandada, por Auto de 9 de mayo de 2024, declaró ejecutoriada la mencionada RA 08/2024; no obstante, considera que debió aplicarse la norma especial y específica de la institución, como el RIP, que en su art. 88, sostiene que en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, el término es de diez días para interponer recurso de revocatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 084/2024 de 1 de julio, cursante de fs. 446 a 451, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de 9 de mayo de 2024 -de ejecutoria- y el Auto de 13 de igual mes y año; y, 2° Disponer que, la Autoridad Sumariante I del SEDES de Cochabamba, emita un nuevo fallo a efecto de otorgar el plazo correspondiente de acuerdo al art. 88 del RIP del SEDES a favor del accionante, ello en razón de interponer el respectivo recurso de revocatoria, decisión que sea con base en los entendimientos asumidos por el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en el ámbito administrativo
  2. III.2. Derecho a la defensa como componente del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0489/2025-S3 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 65575-2024-132-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 084/2024 de 1 de julio, cursante de fs. 446 a 451, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Stephan Medrano Larrain en representación legal de Hermann Medrano Rodríguez contra Tito Miguel Crespo Hurtado, Autoridad Sumariante I del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 19 de junio de 2024, cursantes de fs. 223 a 231 vta. y 253 a 256 vta., el accionante a través de su representante refirió lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 6/2024 de 24 de enero, emitido en su contra, por la supuesta contravención al Código de Ética y Deontología Médica, aprobado por Resolución Ministerial (RM) 0622/2008 -Estatuto del Medico Empleado y de la Carrera Funcionaria de 25 de julio-, art. 6 (conducta personal del médico) y al Reglamento Interno de Personal (RIP) del SEDES, aprobado por Resolución Administrativa (RA) 458/2021 de 10 de septiembre, Capítulo XI de los Casos de Acoso Laboral, Violencia y Discriminación Parte II de la Legislación sobre Violencia, art. 77 (formas de violencia); seguida la tramitación del proceso disciplinario, a través de la RA 08/2024 de 9 de abril, ante la existencia de responsabilidad administrativa fue destituido, fallo que adquirió ejecutoria mediante Auto de 9 de mayo de 2024, siendo notificado el 10 del mismo mes y año.

Contra dicha determinación, el 13 de mayo de 2024, solicitó la revocatoria y dejar sin efecto legal el Auto de ejecutoria, considerando que, el plazo para interponer el recurso de revocatoria sería diez hábiles administrativos y no así tres como erradamente se estableció; sin embargo, por Auto de igual data, la autoridad ahora demandada desestimó dicha pretensión. Considerando su condición de funcionario de carrera, tal como establecen los arts. 233 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 23 del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 -Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública-, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, los funcionarios de carrera tramitarán los recursos de revocatoria y jerárquico, conforme a procedimiento y reglamentación por la Superintendencia del Servicio Civil. Si bien no existe ni está en vigencia algún reglamento por la citada Superintendencia sobre la formulación de recursos; no obstante, debió aplicarse la norma especial y específica, siendo el RIP del SEDES, que en su art. 88 (Recurso de Revocatoria), sostiene que podrá interponerse en los términos y plazos dispuestos por la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002; vale decir, dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes a la notificación con la resolución impugnada; sin embargo, la autoridad ahora demandada aplicó de manera incorrecta el inciso d) del art. 22 del DS 23318-A, modificado por el DS 26237, al otorgar tres días de plazo para interponer el citado recurso, lesionando de esa manera los derechos al debido proceso, a la impugnación, a la defensa y al principio de legalidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de legalidad e impugnación y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efectos los Autos de 9 y 13 de mayo de 2024; y, b) Se declare vigente el plazo de diez días hábiles administrativos para interponer el recurso de revocatoria contra la RA 08/2024.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de julio de 2024, según consta en acta cursante de fs. 444 a 445, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó el contenido in extenso de su memorial de acción tutelar y ampliándolo señaló que: 1) La autoridad demandada otorgó el plazo de tres días para presentar recurso de revocatoria; argumento errado, pues debió considerar y aplicar el “DS 23318-A”, concordante con el art. 88 del RIP del SEDES, está última norma establece que para interponer el citado recurso debe ser conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril 2002, norma que dispone en su art. 64, que el recurso de revocatoria se interpondrá dentro de los diez días hábiles posteriores a su notificación; 2) El Auto de Ejecutoria de 9 de mayo de 2024, cerró la posibilidad para impugnar la RA 08/2024, circunstancia que lesionó el debido proceso en sus componentes a la impugnación y a la defensa, tal como estableció la SCP 1905/2013 de 29 de octubre; 3) Al ser considerado servidor público, no se encuentra bajo la Ley General del Trabajo (LGT), “sino bajo la Ley Estatuto del Servidor Público, previsto por la Ley 2027, que fue modificada por la Ley 2104 de 21 de junio de 2000, que establece que los funcionarios públicos del Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, están sujetos al Estatuto del Servidor Público, específicamente a los arts. 12, 13, 14 y 15 y al Título V, por lo que si ven la Ley 2104 excluye al accionante de las clases de servidores públicos previstos por el art. 5 de la Ley 2027…” (sic); empero, dichas leyes -se refiere al EFP y a la Ley 2104- son anteriores a la vigencia de la Ley Fundamental, siendo que el art. 233 de la CPE, sostiene que las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto quienes ocupen cargos electivo, designados y de libre nombramiento; y, 4) Respecto a los principios de subsidiariedad e inmediatez, conforme los antecedentes del proceso disciplinario, los mimos fueron cumplidos.

I.2.2. Informe del demandado

Tito Miguel Crespo Hurtado, Autoridad Sumariante I del SEDES Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 28 de junio de 2024, cursante de fs. 435 a 440 y en audiencia de garantías amplió sosteniendo que: i) Se emitió el Auto de Ejecutoria de 9 de mayo de 2024, que declaró ejecutoriado el proceso administrativo disciplinario contra el accionante, en razón a que, el prenombrado no impugnó la RA 08/2024; al contrario, el nombrado requirió la revocatoria del citado Auto, siendo desestimado; asimismo, por escrito, pidió enmienda y complementación, mereciendo respuesta a través de Auto de 17 de mismo mes y año; ii) El art. 3.III de la LEFP, establece que el servicio de salud pública y de seguridad social se regulan por su legislación especial; es decir, por la Ley 2104, sosteniendo que el sector salud no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del EFP, sino solo a los capítulos comprendido a la ética pública y la declaración jurada de bienes y rentas; iii) Resulta inaplicable el art. 88 del RIP del SEDES -plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revocatoria según la LPA-; en vista a que, la citada Ley en su art. 1 inc. c) establece que el administrado externo que acude al SEDES por algún trámite, en ejercicio a su derecho a la impugnación, puede plantear el recurso de revocatoria, circunstancia que no acontece al caso presente; toda vez que, al haberse sustanciado un proceso administrativo interno que emergió de la relación laboral entre el empleador y el solicitante de tutela, procedimiento disciplinario que cuenta con legislación especial y específica, como es el Reglamento de Procesos Administrativos Internos del SEDES de Cochabamba, norma aprobada mediante Resolución del Consejo Técnico de 13 de mayo de 2015, que en su art. 32 refiere que el recurso de revocatoria será presentado dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación con la resolución final del sumario; por ello, no se puede confundir el ámbito de aplicación, pues no se trató de un acto de administración pública, sino de un proceso administrativo de carácter disciplinario; y, iv) El accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad; puesto que, la SCP 0246/2016-S1 de 29 de febrero, establece subreglas que deben ser cumplidas a momento de interponer una acción de defensa, cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un determinado asuntó, porque la parte no ha utilizado un medio de defensa, ni recurso alguno; cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó recurso o medio de impugnación, y, no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; bajo esa línea jurisprudencial, el solicitante de tutela no presentó recurso de revocatoria contra la RA 08/2024; por tal razón, pidió que la tutela sea denegada al no haberse agotado los medios recursivos como el revocatorio y jerárquico.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 084/2024 de 1 de julio, cursante de fs. 446 a 451, denegó la tutela impetrada sin costas por ser excusable, decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: a) El accionante afirmó que debería aplicarse la LPA en virtud al art. 88 de RIP del SEDES de Cochabamba; sin embargo, la autoridad demandada en el Auto de 8 de mayo de 2024, determinó la ejecutoria de la RA 08/2024, en vista a que, al ser servidor público, se encontraba sujeto al art. 22 inc. d) del DS 26237, modificado por el DS 23318-A; b) El inciso c) del art. 1 de la LPA, regula las impugnaciones en actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; por otro lado, el art. 3 de la EFP, modificó los párrafos III y IV de la Ley 2104; en esa premisa, resulta inaplicable el art. 5 inciso d) de la LEFP -funcionarios de carrera-, así como el parágrafo I del art. 23 del DS 26237 -los funcionarios de carrera definidos en el inciso d) del art. 5 de la LEFP tramitarán los recursos de revocatoria y jerárquico conforme a procedimiento reglamentado por la Superintendencia de Servicio Civil-; c) El DS 23318-A, modificado por el DS 26237, en su art. 22 inc. d) dispone: tres días hábiles a partir de su notificación, para que el procesado interponga recursos de revocatoria contra la resolución emitida por el sumariante; además, en su último párrafo sostiene que, quedará ejecutoriada en caso de no ser interpuesto el recurso de revocatoria en plazo, entendimientos jurídicos aplicables a procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos; d) En el artículo cuarto del Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 06/2024, de manera expresa señaló que el proceso administrativo contra el impetrante de tutela iba a tramitarse conforme al DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y el RIP del SEDES de Cochabamba; empero, sobre ésta última norma, únicamente se refiere a contravenciones, no así recursos de revocatoria y jerárquico, tampoco a plazos, situación que ha sido consentida por el ahora accionante, pues tuvo conocimiento desde un inicio de las normas que se aplicarían a su proceso, no habiendo hecho reclamación alguna; al contrario, por memorial de 27 de marzo de 2024, el accionante se apersonó al proceso administrativo disciplinario, presentó descargos y argumentos de defensa; asimismo, argumento la inexistencia de responsabilidad administrativa; e) La norma aplicable para sustanciar los recursos de revocatoria y jerárquicos en el presente caso, es el DS 23318-A modificado por el DS 26237, no así la LPA como erróneamente entiende el solicitante de tutela; consiguientemente, el prenombrado al ser notificado el 3 -día viernes- de mayo de 2024, con la RA 08/2024, tenía hasta el 8 -día miércoles- del mismo mes y año, para presentar su recurso de revocatoria, al no materializarlo, por Auto de 9 de mayo de 2024, la autoridad demandada, determinó ejecutoriar la citada RA; f) De antecedentes del proceso disciplinario, se advierte que en vez de plantear la revocatoria del Auto de ejecutoria el 13 de mayo de 2024, podía activar el recurso de revocatoria para que una autoridad superior revise la RA 08/2024; al contrario, pretende directamente que esta jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más de la jurisdicción administrativa, en atención al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional tampoco puede ser admitido, puesto que esta instancia constitucional únicamente está habilitada para confrontar lesiones emergentes de la última resolución -recurso jerárquico-; y, g) No existió vulneración a derechos y garantías constitucionales; por el contrario, el accionante ha provocado su propia indefensión, al no haber activado de forma oportuna y correcta los mecanismos intraprocesales que le facultaban los decretos supremos para reclamar la sanción impuesta; asimismo, debió agotar los recursos idóneos legales contra el acto de fondo que consideraba lesivo a sus derechos -se entiende a la RA 08/2024-.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memoriales presentados el 5 de noviembre de 2024 y 10 de enero de 2025, cursantes de fs. 458 a 460 y 465 a 467, el accionante solicitó priorización de sorteo, alegando ser adulto mayor, y persona con discapacidad, acreditando ese extremo por la fotocopia simple de su cédula de identidad que acompañó; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante AC 008/2025-CA/S de 20 de enero, cursante de fs. 473 a 476, declaró ha lugar a la solicitud de priorización de sorteo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 06/2024 de 24 de enero, Tito Miguel Crespo Hurtado, Autoridad Sumariante I del SEDES de Cochabamba -demandado-, dispuso el inicio de proceso administrativo interno contra Hermann Medrano Rodríguez -accionante-, por la presunta contravención al art. 6 conducta personal del médico del Código de Ética y Deontología Médica, aprobado por RM 0622 de 25 de julio de 2008 y art. 77 formas de violencia del RIP del SEDES (fs. 344 a 346 vta.). II.2. A través de la RA 08/2024 de 9 de abril, el demandado determinó la existencia de responsabilidad administrativa contra el solicitante de tutela, imponiéndole la sanción de destitución como servidor público del sistema de salud, por contravenir el art. 6 conducta personal del médico del Código de Ética y Deontología Médica, aprobado por RM 0622 de 25 de julio de 2008 y el art. 77 formal de violencia del RIP SEDES de Cochabamba, aprobado por RA 458/2021 de 10 de septiembre; determinación notificada al impetrante de tutela el 3 de mayo de 2024 (fs. 394 a 399). II.3. Mediante Auto de 9 de mayo de 2024, la autoridad demandada con base en al art. 22 inc. d) del DS 26237, modificado por el DS 23318-A, declaró plenamente ejecutoriada la RA 08/2024, en vista a que, el impetrante de tutela no formuló recurso de revocatoria dentro de los tres días hábiles (fs. 402). II.4. Por memorial presentado el 13 de mayo de 2024, ante la Autoridad Sumariante I del SEDES de Cochabamba, el solicitante de tutela solicitó revocar y dejar sin efecto el Auto de 9 de mismo mes y año -de ejecutoria-, sosteniendo que como servidor público de carrera debió aplicarse por supletoriedad la LPA, que en su art. 64 dispone el término de diez días hábiles administrativos para interponer recurso de revocatoria; no obstante, el mismo fue desestimado por Auto de igual data (fs. 409 a 413 vta.). II.5. Cursa RIP del SEDES de Cochabamba, aprobado por RA 458/2021 de 10 de septiembre, el cual, contiene noventa y cinco artículos y catorce capítulos; estableciendo:

“CAPÍTULO XII

ACTO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS (…) ARTICULO 88.- (RECURSO DE REVOCATORIA).-

El Recurso de revocatoria es una instancia de reclamación o impugnación a un acto administrativo que a criterio del interesado creyere lesionado su derecho o interés legítimo. Por lo que podrá interponer este recurso en los términos y plazo dispuesto por la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo de fecha 23 de abril de 2002” (sic [fs. 157 a 211]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de legalidad e impugnación y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra, la Autoridad Sumariante I del SEDES de Cochabamba -ahora demandado-, pronunció la RA 08/2024 de 9 de abril, imponiéndole la sanción de destitución como servidor público del sistema de salud; a su vez, al no haberse interpuesto recurso de revocatoria dentro de tres días -art. 22 inc. d) del DS 26237, modificado por el DS 23318-A-, la citada autoridad demandada, por Auto de 9 de mayo de 2024, declaró ejecutoriada la mencionada RA 08/2024; no obstante, considera que debió aplicarse la norma especial y específica de la institución, como el RIP, que en su art. 88, sostiene que en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, el término es de diez días para interponer recurso de revocatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso en el ámbito administrativo

Al respecto, el art. 115.II de la CPE, establece que: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0827/2003-R de 17 de junio, reiterada por la SC 0371/2010-R de 22 de junio, con relación al debido proceso señaló que: “…constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…” (negrillas añadidas). Por su parte, la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, cuyo entendimiento fue reiterado en la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, indicó que: “La trascendencia del debido proceso se encuentra en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: ‘La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”’ (énfasis añadido). De igual forma, la SCP 0143/2012 de 14 de mayo, haciendo referencia al debido proceso en el ámbito administrativo, expresó el siguiente entendimiento: “El debido proceso es una garantía constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos administrativos y a todos aquellos procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas las esferas institucionales, sean éstas públicas o privadas, dentro las cuáles se tenga que llegar a un fallo o resolución, decisión que en definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas. (…) El proceso administrativo sancionatorio al igual que el procedimiento penal, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto: a) al juez natural, b) legalidad formal, c) tipicidad, d) equidad, y, e) defensa irrestricta. Eduardo García Enterría, en relación al proceso administrativo sancionador, ha señalado: ‘…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal’”ʼ (el resaltado es nuestro).

III.2. Derecho a la defensa como componente del debido proceso

Sobre el particular, la SC 0206/2010-R de 24 de mayo, estableció: “Como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional”.

Asimismo, la SC 0024/2005 de 11 de abril, reiterada por la SCP 0567/2012 de 20 de julio, citando a la SC 2820/2010-R de 10 de diciembre, sostuvo que: “'La SC 0024/2005, antes citada estableció que: ‘Respecto al derecho de defensa en el procedimiento administrativo, la doctrina reconoce que al igual que la defensa en juicio, consagrada constitucionalmente, es también un derecho aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo los derechos: a) a ser oído; b) a ofrecer y producir prueba; c) a una decisión fundada; y d) a impugnar la decisión; razonamiento coincidente con el expresado por la jurisprudencia constitucional que, en la SC 1670/2004-R, de 14 de octubre, estableció la siguiente doctrina jurisprudencial’ (...) es necesario establecer los alcances del derecho a la defensa reclamado por la recurrente, sobre el cual este Tribunal Constitucional, en la SC 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: ‘(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal'”.

Por su parte, la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero, haciendo alusión a la SCP 0978/2016-S2 de 7 de octubre, señaló: “…sobre el derecho a la defensa, (…) que el mismo se materializa como la facultad constitucionalmente reconocida a favor de toda persona, dentro del ámbito judicial o administrativo, a ser oída y hacer prevalecer sus razones en el proceso a través de sus propios argumentos, contraviniendo y objetando aquellos producidos por la parte contraria, solicitando la producción de pruebas y evaluaciones que considere pertinentes, así como el derecho a activar todos los recursos que la ley le otorga”.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el caso traído en revisión, se tiene que, por Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 06/2024, la autoridad demandada dispuso la apertura del proceso administrativo contra el accionante, por la presunta contravención al Código de Ética y Deontología Médica, aprobado por RM 0622 de 25 de julio de 2008, art. 6 -conducta personal del médico- y al RIP del SEDES, Capítulo XI de los Casos de Acoso Laboral, Violencia y Discriminación, Parte II de la Legislación Sobre Violencia, art. 77 -formas de violencia-(Conclusión II.1); asimismo, por RA 08/2024, se determinó la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, imponiéndole la sanción de destitución como servidor público del sistema de salud; determinación, notificada al prenombrado el 3 de mayo de 2024 (Conclusión II.2). A través del Auto de 9 de mayo de 2024, la autoridad demandada con base en el art. 22 inc. d) del DS 26237, modificado por el DS 23318-A, declaró plenamente ejecutoriada la RA 08/2024, en vista a que, el impetrante de tutela no formuló recurso de revocatoria dentro de los tres días hábiles (Conclusión II.3). Contra dicha determinación, el prenombrado mediante memorial solicitó revocar y dejar sin efecto el citado Auto -de ejecutoria-, sosteniendo que, como servidor público de carrera, por supletoriedad debió aplicarse la LPA, que en su art. 64 dispone el término de diez días hábiles administrativos para interponer recurso de revocatoria; no obstante, el mismo fue desestimando por Auto de igual data (Conclusión II.4). De los antecedentes supra glosados, se advierte que la problemática planteada se centra fundamentalmente en la emisión del Auto de 9 de mayo de 2024 -de ejecutoria-, emitido por la autoridad demandada, quien con base en el art. 22 inc. d) del DS 26237 -Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública-, modificado por su similar 23318-A, declaró plenamente ejecutoriada la RA 08/2024; en vista a que, el accionante no habría interpuesto recurso de revocatoria dentro del plazo de tres días hábiles; sin embargo, el prenombrado sostiene que debió aplicarse la norma especial y específica de la institución, como el RIP, que en su art. 88, sostiene que en el marco del art. 64 de la LPA, el término es de diez días, para poder interponer el recurso de revocatoria.

Ahora bien, el debido proceso es una garantía constitucional, que en el marco de la Constitución Política del Estado es también aplicable a los procesos administrativos y disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas las esferas institucionales, sean estas públicas o privadas, dentro de las cuales se tiene que emitir una resolución, que en definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas procesadas; a su vez, el derecho a la defensa se traduce en la potestad inviolable que tiene toda persona a ser escuchada dentro de un proceso sea ordinario o administrativo, a través de la presentación de las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos previstos en la ley; entendimientos glosados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional. En virtud a los entendimientos jurisprudenciales, el accionante alega la lesión del debido proceso en sus componentes defensa, impugnación y legalidad, puesto que, considera que luego de tres días de emitida la RA 08/2024 -destitución del sistema de salud- la autoridad demandada declaró su ejecutoria por Auto de 9 de mayo de 2024, erróneamente aplicando el DS 26237, modificado por el DS 23318-A, cuando debió aplicar la previsión contenida en el art. 88 del RIP del SEDES de Cochabamba, bajo el nomen juris: “(RECURSO DE REVOCATORIA).- El Recurso de revocatoria es una instancia de reclamación o impugnación a un acto administrativo que a criterio del interesado creyere lesionado su derecho o interés legítimo; por lo que, podrá interponer este recurso en los términos y plazo dispuesto por la LPA” ([negrillas añadidas] -Conclusión II.5-; precepto normativo que establece diez días de plazo siguientes a su notificación para poder interponer el recurso revocatoria -art. 64 de la LPA-; además, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2, estableció que dada la existencia de una norma específica, esta desplaza a la ley general. En ese marco la SC 0676/2010-R de 19 de julio reiterada por la SCP 0037/2019-S3 de 12 de marzo, sostuvo que: “…el principio de legalidad, es la aplicación objetiva de la ley, propiamente dicha, a los casos en que deba aplicarse; evitando así una libre interpretación o aplicación caprichosa de la norma…”; por tal razón, al encontrarse previsto en el plazo para la formulación del recurso de revocatoria, como es el referido Reglamento Interno de Personal del SEDES de Cochabamba, norma que fue aprobada mediante RA 458/2021, el cual se constituye en las disposiciones legales especiales de uso preferente y favorable. Bajo ese mismo entendimiento, el debido proceso y el derecho a la defensa son prerrogativas reconocidas y protegidas por la Constitución Política del Estado, pues el demandado por Auto de 13 de mayo de 2022, se limitó únicamente a sostener que aplicó la normativa general para desestimar la solicitud de revocatoria del Auto de 9 de mayo de 2022 -de ejecutoria-; cuando advertido de las vulneraciones denunciadas, tenía la oportunidad de enmendar ese error otorgando la posibilidad para que pueda ser materializado el derecho a impugnar -recurso de revocatoria-, máxime, si el SEDES de Cochabamba, por voluntad propia no podría establecer un procedimiento de impugnación -DS 26237, modificado por el DS 23318-A-; por lo que, debe respetarse y surtir efectos jurídicos la norma específica de la institución de salud, como es el RIP. En consecuencia, no resulta ser aplicable el art. 22 inc. d) del DS 26237, modificado por el DS 23318-A; dado que, se advierte una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, pues debe tenerse en cuenta que la norma especial desplaza a la norma general; en tal sentido, existe una afectación a dicho componente jurídico del debido proceso; por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 084/2024 de 1 de julio, cursante de fs. 446 a 451, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de 9 de mayo de 2024 -de ejecutoria- y el Auto de 13 de igual mes y año; y, 2° Disponer que, la Autoridad Sumariante I del SEDES de Cochabamba, emita un nuevo fallo a efecto de otorgar el plazo correspondiente de acuerdo al art. 88 del RIP del SEDES a favor del accionante, ello en razón de interponer el respectivo recurso de revocatoria, decisión que sea con base en los entendimientos asumidos por el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0489_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4adc1cf344310d36feccc51f44df35b4f10db271e9575a64745b72badf486df3

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