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SCP 0489/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 26 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
26 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
51489-2022-103-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, alegó como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, a través del Auto de Vista 68/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021; omitieron pronunciarse sobre uno de los puntos que fue objeto de apelación referido a la resolución de la adjudicación por falta de pago del saldo del precio del inmueble dentro del plazo de tres días previsto por ley. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 130 a 134 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 68/2022 de 30 de marzo y los actuados posteriores a este; disponiendo que las autoridades ahora demandadas, emitan nuevo pronunciamiento en el marco de los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0489/2024-S4 Sucre, 26 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51489-2022-103-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 103/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 130 a 134 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Osman Arteaga Peláez contra Roberto Ismael Nacif Suárez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 y de 65 a 68, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de una acción coactiva seguida por el Banco Nacional de Bolivia (BNB) Sociedad Anónima (S.A.) en su contra y de su esposa Yara Mendoza Siles, por el cobro de Bs370 051,61.- (trescientos setenta mil cincuenta y uno 61/100 bolivianos), en ejecución coactiva se procedió a la subasta pública y remate de un bien inmueble de su propiedad y ante la ausencia de postores, se llevó a cabo un segundo remate, en el que se adjudicó el inmueble la entidad acreedora por la suma de $us122 223,56.- (ciento veinte dos mil doscientos ventitres 56/100 dólares estadunidenses). Señaló que luego que se realizó dicho remate, el Juez a cargo, mediante Auto de 15 de abril de 2021, aprobó el acta de remate y dispuso la extensión de la minuta de transferencia del bien inmueble en favor del BNB S.A. y se le dio el plazo de diez días para que realice el desalojo voluntario del inmueble; evidenciándose vulneración de las normas procesales; puesto que el trámite de remate del bien inmueble, fue previo a la aprobación del mismo. En consecuencia, presentó incidente de nulidad de obrados bajo los siguientes fundamentos: a) El inmueble fue rematado sin que se hubiera procedido el embargo del mismo, es decir, que el trámite de remate se inició y concluyó sin la existencia de algún registro de embargo sobre el bien inmueble, esto en cumplimiento de los arts. 411 y 415 del Código Procesal Civil (CPC), los cuales establecen que el embargo del inmueble objeto de remate es de inexcusable cumplimiento, no se puede rematar un inmueble que no fue embargado y en caso de existir el embargo, el mismo tiene que encontrarse registrado en Derechos Reales (DD.RR.); y, b) El BNB S.A., en su condición de acreedor, se vio favorecido con la adjudicación del inmueble por la suma de $us122 223,56, considerando que el inmueble fue rematado a objeto de cubrir el pago de la suma de Bs370 051,61 que al cambio oficial serían $us53 168,62 (cincuenta y tres mil ciento sesenta y ocho 62/100 dólares estadunidenses) como se dispuso en la Sentencia inicial; además, el BNB S.A. en calidad de adjudicatario, dentro del plazo de tres días después del remate, tenía que pagar el saldo del precio del inmueble que fue rematado, por lo que debió pagar la suma de $us69 054,94 (sesenta y nueve mil cincuenta y cuatro 94/100 dólares estadunidenses); empero, el acreedor adjudicatario, jamás pago la indicada suma de dinero, omisión que por disposición de la norma contenida en el los arts. 421 y 423 del CPC, es sancionada con la resolución de la adjudicación, es decir, que quedaría sin efecto la adjudicación del inmueble. Mediante Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, fue rechazado su incidente de nulidad de obrados hasta “fs. 56”; por ello, pidió complementación de dicha Resolución; puesto que el Juez, únicamente se pronunció sobre el incidente de nulidad promovido por la falta del registro del embargo en DD.RR., omitiendo pronunciarse sobre su solicitud de resolución de adjudicación por no haberse cancelado dentro del tercer día el saldo del precio del inmueble subastado. Por Auto de 14 de julio de 2021, el Juez rechazó su solicitud de complementación, bajo el argumento de que solo las sentencias, autos de vistas, autos supremos son sujetos de complementación y no así los autos interlocutorios; en consecuencia, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación en contra del Auto de 7 de junio de igual año y del Auto complementario, mismos que por Auto de 23 de agosto de 2021 fueron confirmados y al haber apelado de manera alternativa el Auto Interlocutorio de 7 de junio de igual año, éste fue concedido ante la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, cuyos Vocales por Auto de Vista 68/2022 de 30 de marzo, confirmaron el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021. El Auto de Vista 68/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, basó sus fundamentos en el que supuestamente el recurso de apelación que presentó, no fue debidamente argumentado; puesto que no manifestó de qué forma las medidas previas al remate, como el registro en DD.RR., lo perjudicaron y porqué la nulidad de obrados hasta “fs. 56” que solicitó sería útil; por lo que, consideraron que no hubo agravio alguno. El citado Auto de Vista omitió pronunciarse sobre el punto que fue objeto de su apelación, referente a la resolución de la adjudicación por falta de pago del saldo del precio de su inmueble rematado; no obstante que sustentó su recurso de apelación en dos puntos, el primero referente a que las medidas previas al remate fueron impuestas y realizadas sin haber realizado el registro en DD.RR. y el segundo, como se citó, referente a la resolución de la adjudicación. Por consiguiente, las autoridades ahora demandadas, al haber omitido pronunciarse sobre la resolución de la adjudicación por falta de pago del saldo del precio de su inmueble, lesionaron su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, al no haberse pronunciado sobre una de sus pretensiones; por ello, incumplieron lo establecido en el Auto Supremo 1009/2019 de 30 de septiembre, que indica lo siguiente “En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, principio que en el caso de la apelación, se sintetiza en el aforismo tantum devolutum quantum apellatum, que significa es devuelto cuanto se apela” (sic), de igual forma la SCP 0486-2010-r de 5 de julio establece que “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o a la expresión de agravios formulados por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia” (sic). Finalizó señalando que la alegada falta de pronunciamiento respecto al no pago del saldo del precio del bien inmueble adjudicado, ocasionó que se encuentre impedido de accionar en contra del adjudicatario, al no contar con recurso o medio legal ordinario que permita lograr la restitución de sus derechos ahora lesionados ocasionando un daño inminente en su contra.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela, alegó como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento congruencia, citando al efecto el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga: 1) La nulidad del Auto de Vista 68/2022; y, 2) Ordenar la emisión de un nuevo fallo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 27 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 126 a 129 vta., presente la parte solicitante de tutela y el tercer interesado y ausente las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó lo manifestado en su memorial de acción de defensa y señaló que: i) Si bien existía un embargo del bien inmueble rematado, el embargo no lo registraron en DD.RR.; por esa razón, no debió llevarse a cabo el remate, y corresponde la nulidad de obrados; ii) Sobre el remate de su inmueble, quedó un monto restante que el BNB S.A. como adjudicatario debió de pagar al tercer día, lo que no ocurrió; y, iii) Los autos de vista deben circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objetos de apelación; empero, las autoridades demandadas omitieron pronunciarse sobre uno de los puntos apelados; por ello impetró se disponga la nulidad del Auto de Vista aludido y se disponga la emisión de uno nuevo que resuelva el agravio omitido.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Roberto Ismael Nacif Suárez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de la acción de defensa, pese a su legal citación cursante a fs. 71 y 76.

I.2.3. Intervención del Tercero interesado

El representante legal del BNB S.A., a través del informe escrito de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 108 a 113 y en la audiencia de consideración de la acción tutelar a través de su abogado, señaló que: a) Se inició el proceso coactivo en contra del ahora accionante y de su esposa el 26 de marzo de 2019 por cobro de dinero, quienes fueron debidamente notificados de forma personal con dicha demanda; por lo cual, su derecho a la defensa estaba garantizado en todo momento del proceso; asimismo, el Acta de embargo del inmueble fue extendida por el Oficial de Diligencias del Juzgado; b) El 10 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el segundo remate del inmueble, y ante la ausencia de postores, en calidad de acreedor, la entidad bancaria se adjudicó el bien inmueble otorgado en garantía por el impetrante de tutela, con la rebaja de ley del 20% y a partir de ese momento del remate, los deudores tenían tres días para pedir la nulidad del remate conforme previene el art. 424 del CPC; sin embargo, los afectados no hicieron uso de ese derecho, dejando precluir el mismo; c) Posteriormente, por Auto 51/21 de 26 de marzo de 2021, se aprobó el remate y adjudicación, quedando perfeccionado su derecho de adjudicación del inmueble; d) El accionante omitió señalar que existen otras dos obligaciones pendientes de pago, las mismas que fueron acumuladas al proceso coactivo mediante Auto expreso “178/2019”, que en la parte resolutiva indicó “para garantizar el cobro de deudas que condenaban en sentencia el pago de dichas acreencias a favor del Banco” (sic); el peticionario de tutela y su esposa adeudaban al banco tres obligaciones y todas estaban garantizadas con el mismo bien inmueble y sometidas a proceso judicial de cobro en tres procesos individuales (un coactivo y dos ejecutivos) ante un mismo juzgado; e) Por Auto de 1 de febrero de 2021, se aprobó las tres obligaciones adeudadas, las mismas que fueron corridas en traslado a los deudores, no siendo éstas objetadas por los afectados en ningún momento; es decir, que las tres liquidaciones fueron ejecutoriadas y gozan de calidad de cosa juzgada y como consta en obrados, las tres obligaciones que fueron tomadas en cuenta, superaban el valor del bien inmueble legalmente adjudicado; f) El Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, rechazó el incidente de nulidad presentado por el accionante, en virtud a que fue presentado extemporáneamente y con fines dilatorios; puesto que, la aprobación del remate ya había sido ejecutoriada y sin objeción alguna; g) El ahora impetrante de tutela denunció que el Auto de Vista 68/2022 de 30 de marzo, que confirmó el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, emitido por las autoridades ahora demandadas, carece de congruencia respecto a lo que solicitó y lo resuelto, no siendo aquello evidente; puesto que, el recurso de reposición bajo alternativa de apelación presentado por el accionante fue resuelto con la debida fundamentación; y, h) Por memorial de 28 de septiembre de 2021, el impetrante de tutela solicitó complementación al Auto Interlocutorio de 23 de agosto del citado año; por el que le concedieron la apelación en efecto devolutivo y complementó el mismo, indicando que por Auto 178/2019, se procedió a la acumulación de las tres deudas y las mismas sobrepasan el valor del inmueble; por lo que, no corresponde que el acreedor pague ningún saldo del precio adjudicado. En tal sentido, impetró que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 103/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 130 a 134 vta., concedió la tutela impetrada; disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 68/2022, debiendo las autoridades emitir uno nuevo, conforme a los fundamentos expuestos, decisión asumida bajo los siguientes argumentos: 1) El accionante señaló que las autoridades ahora demandadas, a través del Auto de Vista 68/2022 confirmaron el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, emitido por el Juez a quo, quien rechazó el incidente de nulidad promovido por falta del registro de embargo en DD.RR. y por no haberse cancelado dentro del tercer día el saldo del precio del inmueble subastado; por lo que, el solicitante de tutela denuncia que contiene incongruencia y que se vulneró su derecho al debido proceso; puesto que, los Vocales hoy demandados no se pronunciaron respecto al segundo punto denunciado; 2) El memorial de recurso de impugnación de 19 de julio de 2021, presentado por el impetrante de tutela, en su punto dos señala “De la resolución del derecho de adjudicación su solicitud de la resolución del derecho de adjudicación del inmueble por parte de la entidad bancaria ejecutante; es decir, que no canceló la suma de Bs480 624.36.-, que era el saldo del precio de la adjudicación del inmueble” (sic), como también refirió que el BNB S.A., en calidad de adjudicatario, jamás pagó el saldo del precio de adjudicación; por lo que, impetró se declare resuelto el derecho de la adjudicación y sea por así corresponder a los datos del proceso; 3) Ahora bien, de la revisión de los fundamentos del Auto de Vista emitido por las autoridades demandadas y que confirmó la Resolución del Juez a quo, se pudo evidenciar que los Vocales demandados, omitieron pronunciarse respecto al segundo punto denunciado por el accionante, sobre la solicitud de resolución del derecho de adjudicación del inmueble por parte de la entidad bancaria ejecutante, misma que se fundó en el hecho de que dicha institución financiera, no canceló el saldo del precio de la adjudicación, incurriendo de esa manera en incongruencia interna que vulneró el derecho denunciado como lesionado por el peticionario de tutela; 4) El principio de congruencia responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; por lo que, la falta de respuesta por parte de las autoridades demandadas al segundo agravio identificado en el Auto de Vista “71/2022” –siendo lo correcto 68/2022–, denota la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, lo que contradice el principio procesal de congruencia; 5) En relación a los argumentos del tercer interesado –BNB-, respecto a la unificación de las tres deudas que pesan sobre el inmueble, mediante Auto interlocutorio que no fue apelado por él hora accionante; no se ingresó a revisar si hubo o no la vulneración de los derechos denunciados como el debido proceso en su elemento congruencia; y, 6) En cuanto a que el solicitante de tutela no hubiese cumplido con el principio de subsidiariedad; se tiene que, si bien no solicitó complementación y enmienda al Auto de Vista 68/2022, aquello no se consideró ni constituye un recurso que al no ser utilizado no significa que no hubiese cumplido con el principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso coactivo seguido por el Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima BNB S.A. –ahora tercer interesado– en su contra, el ahora accionante, por memorial de 30 de abril de 2021, presentó incidente de nulidad de obrados hasta “fs. 56” al Juez Público Cuarto en lo Civil y Comercial del departamento de Beni, indicando que el inmueble fue rematado por la suma de $us122 223,56.- que al cambio oficial serían Bs850 675,97.- que restando lo adeudado al acreedor de Bs370 051,61.-quien se adjudicó el bien inmueble, éste último tenía la obligación de cancelar dentro del tercer día la diferencia de Bs480 624,36 como establece el art. 421.I y II del CPC y que al no haberlo hecho, la adjudicación de 10 de diciembre de 2020 debía quedar sin efecto; en ese sentido, la referida autoridad jurisdiccional, se excusó del conocimiento del proceso y recayó la causa ante el Juzgado Público Civil Comercial Sexto del departamento de Beni, cuya autoridad emitió el Auto Interlocutorio de 7 de junio de “2020” –siendo lo correcto 2021–, en el que rechazó el incidente de nulidad de obrados hasta “fs. 56” planteado por el impetrante de tutela, bajo el fundamento que: i) El art. 424 del CPC, establece que la autoridad judicial solo podrá declarar la nulidad del remate por falta de publicación prevista en el art. 419.III del citado Código y debe plantease dentro del tercer día de realizado el remate y se tramitara como incidente; ii) Pretender la nulidad de obrados por el solo hecho de que no se realizó el embargo dentro de autos, es un exceso de formalismo impropio del actual sistema que rige las nulidades procesales en base a principios; el ahora solicitante de tutela no demostró el perjuicio ni en que medida ese acto lo dejó en indefensión o qué medio de defensa se vio impedido de interponer; tampoco, indicó o mencionó qué pretende conseguir con la nulidad impetrada; toda vez que la nulidad no procede por sí misma; y iii) Hubiese procedido la nulidad en el caso de que no se lo hubiera sido citado o si el inmueble se hubiera rematado sin su conocimiento y si no hubiera podido intervenir en defensa de la acreencia que tiene sobre el inmueble embargado; por ello, no se pudo evidenciar vulneración de derecho alguno no habiendo concurrido los principios procesales de perjuicio, trascendencia e indefensión; por lo que, no existen motivos para declarar la nulidad reclamada por el impetrante de tutela (fs. 7 a 8 y de 23 a 27). II.2. Mediante memorial de 30 de junio de 2021, el accionante, planteó complementación al Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, ante el Juez Público Civil Comercial Sexto del departamento de Beni, mismo que fue declarado no ha lugar por la autoridad jurisdiccional a través del Auto de 14 de julio de igual año, bajo el argumento de que el mismo solo procede contra sentencias, autos de vista o autos supremos, teniendo la parte solicitante de tutela, expedita la vía de recurso de reposición (fs. 30 a 32). II.3. Por memorial de 20 de julio de 2021, el ahora accionante presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 7 de junio de 2021, al Juez Público Sexto en lo Civil y Comercial del departamento de Beni, dentro del proceso coactivo seguido por el Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima BNB S.A. –ahora tercer interesado–, señalando que lo que había interpuesto era un incidente de nulidad de obrados hasta “fs. 56” y no así la nulidad del remate como estableció la citada autoridad jurisdiccional, quien rechazo su incidente; asimismo, estableció que la solicitud de nulidad de obrados formulada, se fundó en la inexistencia del embargo del bien rematado; por ello, al no existir dicho embargo impetró que todos los actos preparatorios sean declarados nulos; además, aclaró que como segundo punto, solicitó la resolución del derecho de adjudicación del bien inmueble por parte de la entidad bancaria ejecutante, en razón a que el BNB S.A. no canceló el saldo del precio del bien inmueble rematado de Bs480 624,36, dentro del tercer día; por lo que, impetró se declare resuelto el derecho de la adjudicataria en cumplimiento de las normas y por así corresponder a los datos del proceso y que se revoque el auto recurrido (fs. 43 a 44 vta.). II.4. A través del Auto de Vista 68/2022 de 30 de marzo, los Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni –ahora demandados–, confirmaron la resolución impugnada (fs. 62 a 63).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, alegó como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, a través del Auto de Vista 68/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021; omitieron pronunciarse sobre uno de los puntos que fue objeto de apelación referido a la resolución de la adjudicación por falta de pago del saldo del precio del inmueble dentro del plazo de tres días previsto por ley. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones

Al respecto, la SCP 0461/2019-S4 de 12 de julio, indicó que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de un fallo tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 752/2002-R y 1369/01-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas", coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere’ (las negrillas son nuestras). Asimismo, respecto a la congruencia, la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señaló que, ésta se entiende como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, alegó como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; toda vez que las autoridades ahora demandadas, a través del Auto de Vista 68/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021; omitieron pronunciarse sobre uno de los puntos que fue objeto de apelación referido a la resolución de la adjudicación por falta de pago del saldo del precio del inmueble dentro del plazo de tres días previsto por ley.

De los antecedentes se tiene que, por escrito de 30 de abril de 2021, el ahora accionante presentó incidente de nulidad de obrados hasta “fs. 56”

al Juez Público Cuarto Civil y Comercial del departamento de Beni, dentro del proceso coactivo seguido por el BNB S.A. –ahora tercero interesado– en su contra, indicando que el inmueble fue rematado por la suma de $us122 223,56.- al cambio oficial sería Bs850 675,97 restando lo adeudado al acreedor de Bs370 051,61 quien se adjudicó el bien inmueble tenía la obligación de cancelar dentro del tercer día el saldo de Bs480 624,36.-, como establece el art. 421.I y II del CPC y que al no haberlo hecho, la adjudicación de 10 de diciembre de 2020 debía quedar sin efecto la adjudicación de 10 de diciembre de 2020.

En este sentido, la referida autoridad jurisdiccional, se excusó del conocimiento del proceso y recayó la causa ante el Juzgado Público Civil Comercial Sexto del departamento de Beni, cuya autoridad emitió el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, en el que rechazó el incidente de nulidad de obrados hasta “fs. 56” planteado por el impetrante de tutela, argumentando que: a) El art. 424 del CPC, establece que la autoridad judicial solo podrá declarar la nulidad del remate por falta de publicación prevista en el art. 419.III del citado Código y debe plantease dentro del tercer día de realizado el remate y se tramitara como incidente; b) Pretender la nulidad de obrados por el solo hecho de que no se realizó el embargo dentro de autos, es un exceso de formalismo impropio del actual sistema que rige las nulidades procesales en base a principios; el ahora solicitante de tutela no demostró el perjuicio ni en qué medida ese acto lo dejó en indefensión o qué medio de defensa se vio impedido de interponer; tampoco, indicó o mencionó qué pretende conseguir con la nulidad impetrada; toda vez que, la nulidad no procede por sí misma; y, c) Hubiese procedido la nulidad en el caso de que no se lo hubiera sido citado o si el inmueble se hubiera rematado sin su conocimiento y si no hubiera podido intervenir en defensa de la acreencia que tiene sobre el inmueble embargado; por ello, no se pudo evidenciar vulneración de derecho alguno no habiendo concurrido los principios procesales de perjuicio, trascendencia e indefensión; por lo que, no existen motivos para declarar la nulidad reclamada por el impetrante de tutela

En consecuencia, el 30 de junio de 2021 el accionante planteó complementación al Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021 ante el Juez Público Civil Comercial Sexto del departamento de Beni, dentro del proceso coactivo a instancia de BNB S.A., mismo que fue declarado no ha lugar por Auto de 14 de julio de igual año, bajo el argumento de que el mismo solo procede en sentencias, autos de vista o autos supremos, teniendo la parte solicitante de tutela expedita la vía de recurso de reposición.

En ese contexto, el accionante, el 20 de julio de 2021, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 7 de junio de 2021, al Juez Público Sexto en lo Civil y Comercial del departamento de Beni, dentro del proceso coactivo seguido por el Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima BNB S.A. –ahora tercero interesado–, indicando señalando que lo que había interpuesto era un incidente de nulidad de obrados hasta “fs. 56” y no así la nulidad del remate como estableció la citada autoridad jurisdiccional, quien rechazo su incidente; asimismo, estableció que la solicitud de nulidad de obrados formulada, se fundó en la inexistencia del embargo del bien rematado; por ello, al no existir dicho embargo impetró que todos los actos preparatorios sean declarados nulos; además, aclaró que como segundo punto, solicitó la resolución del derecho de adjudicación del bien inmueble por parte de la entidad bancaria ejecutante, en razón a que el BNB S.A. no canceló el saldo del precio del bien inmueble rematado de Bs480 624,36.- dentro del tercer día; por lo que, impetró se declare resuelto el derecho de la adjudicataria en cumplimiento de las normas y por así corresponder a los datos del proceso y que se revoque el auto recurrido.

En atención al recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021, las autoridades ahora demandas de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Auto de Vista 68/2022; confirmaron la resolución impugnada.

Ahora bien, sobre el Auto de Vista 68/2022, emitido por las autoridades ahora demandadas, a los fines de dilucidar si en efecto es evidente la falta congruencia denunciada, debe tenerse presente que toda resolución dictada, no solo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente, siendo que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de un fallo tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador; de ahí que resulta imprescindible que exista correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; aclarándose que la misma no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución.

En mérito a ello, a efectos de establecer si es evidente o no lo señalado por el accionante en su demanda de acción de amparo constitucional; es necesario contextualizar la situación fáctica, en base a los antecedentes del caso, a partir de los cuales se emitirá el presente fallo constitucional. En ese orden, se tiene que el ahora impetrante de tutela, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2021 y su Auto complementario de 14 de julio de 2021, bajo los siguientes argumentos: a) Dentro del proceso coactivo seguido por el Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima BNB S.A. –ahora tercero interesado– en su contra, presentó incidente de nulidad de obrados, en el cual solicitó la nulidad de obrados hasta fs. “56”, y no así la nulidad de remate, argumentando a dicho efecto que ante la inexistencia del embargo del bien inmueble rematado, debieron declararse nulos todos los actos preparatorios que precedieron al remate del inmueble; considerando que, previo a disponerse dicho remate, tenían que cumplirse medidas como la solicitud de avaluó del inmueble; informe de la Alcaldía Municipal y de Derechos Reales (DD.RR.); empero, la autoridad jurisdiccional, confundió su solicitud; siendo que impetró la nulidad de obrados y o así la del remate del bien inmueble; por ello, impetró revocar el citado Auto y que se declaren nulos todos los actuados procesales y sea hasta fs. 56 de obrados, y, b) Solicitó de igual manera la resolución del derecho de adjudicación del inmueble por parte de la entidad bancaria ejecutante; bajo el argumento de que, la parte demandante –ahora tercero interesado– no canceló el saldo del precio del bien inmueble rematado; es decir, no pagó la suma de Bs480 624,36.- cuyo saldo era del precio del inmueble, tomando en cuenta que el inmueble fue subastado y rematado en la suma de $us122 223,56.- al cambio oficial sería Bs850 675,97 y siendo que el monto adeudado al acreedor ascendía a la suma de Bs370 051,61.- la parte adjudicataria tenía la obligación de cancelar el saldo del precio de la adjudicación de Bs480 624,36.- dentro del tercer día computable a partir de la realización del remate, como así lo establece el art. 421.I y II y 423 del CPC; bajo sanción de declararse resuelto su derecho de adjudicación, tal como dispone la citado compilado legal, lo que no ocurrió, por ello, impetró revocar el auto recurrido declarando resuelto el derecho de la parte adjudicataria y sea en cumplimiento estricto de la norma.

Consiguientemente, a través de Auto de Vista 68/2022, los Vocales ahora demandados de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, confirmaron la resolución impugnada; bajo los siguientes argumentos: 1) El ahora impetrante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 7 de junio de 2021, indicando que no solicitó la nulidad de remate sino la nulidad de obrados hasta “fs. 56” inclusive, hasta la resolución que dio lugar a las medidas previas al remate; no obstante, el peticionario de tutela no demostró de qué forma el argumento de la resolución impugnada le ocasionó perjuicio ni cual la necesidad de la nulidad; 2) Si bien el Juez a quo, en la resolución impugnada argumentó su decisión al tenor del art.

424 del CPC, aquella es accesoria no es determinante; por otra parte, se tiene claro que en el incidente presentado por el accionante impetró la nulidad de obrados y no así del remate; no obstante, la referida previsión legal no pudo ser sustento para rechazar la nulidad; sin embargo, la nulidad no puede imponerse por el solo hecho de la nulidad misma; además, el peticionario de tutela tampoco argumentó sobre el perjuicio ocasionado, lo que evidenció que no existió agravio alguno.

Constatándose con lo anotado y analizado anteriormente, que los ahora demandados, en la emisión de su fallo, no fueron explícitos, suficientes ni claros al disponer la confirmación de la resolución impugnada, comprendiendo que la decisión asumida simplemente se basó en uno de los dos puntos expuestos por el impetrante de tutela de manera muy general; toda vez que, respecto al primer reclamo del hoy accionante –entonces recurrente– de que había presentado un incidente de nulidad de obrados y no del remate, sustentado su pretensión en la inexistencia de embargo del bien inmueble rematado y que al no existir dicho embargo todos los actos preparatorios que precedieron al remate del inmueble debieron ser declarados nulos, al respecto, los Vocales demandados indicaron que el accionante no demostró de qué forma la resolución impugnada le ocasionó perjuicio ni cual la necesidad de la nulidad y que, la nulidad no puede imponerse por el solo hecho de la nulidad en sí misma, incurriendo en una fundamentación evasiva e insuficiente.

Asimismo, con referencia al segundo punto expuesto por el peticionario de tutela, sobre la resolución del derecho de adjudicación del inmueble, por parte de la entidad bancaria ejecutante por no haber cancelado ésta dentro de tercer día el saldo del precio del bien inmueble rematado, es decir, no haber pagado la suma de Bs480 624,36.- que constituía el saldo del precio del inmueble, tomando en cuenta que el inmueble fue subastado y rematado en Bs850 675,97.- y siendo lo que se adeudaba al acreedor de Bs370 051,61, la parte adjudicataria tenía la obligación de cancelar el saldo del precio de la adjudicación dentro del tercer día computable a partir de la realización del remate, como así lo establece el art. 421.I y II y 423 del CPC, evidenciándose que este segundo punto no fue resuelto por las autoridades demandadas, incurriendo de esta forma en omisión del principio de congruencia como elemento del debido proceso y en virtud al cual, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico precedente,, obliga al juzgador a resolver todos y cada uno de los asuntos sometidos a su conocimiento, generando la obligatoria concordancia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto; labor que se extraña en el fallo sometido a escrutinio constitucional, haciendo evidente la lesión del debido proceso en el elemento reclamado.

Por lo expuesto, al ser evidente lo alegado por el impetrante de tutela en esta acción de defensa, debido a la evidenciada falta de respuesta cabal a los agravios planteados en el recurso de reposición alternada de apelación; el Auto de Vista 68/2022, carece de congruencia, pues la determinación de confirmar la resolución impugnada, bajo el argumento de que la nulidad no puede imponerse por el solo hecho de la nulidad por sí misma y que el entonces recurrente –hoy accionante– no demostró de qué forma la resolución impugnada le ocasionó perjuicio ni cual la necesidad de la nulidad planteada por el solicitante de tutela, resultan argumentos vacíos de contenido y no resuelven de forma clara aunque concreta, los agravios denunciados por el ahora peticionario de tutela; omisión argumentativa que, inobserva los entendimientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el que se estableció que el principio de congruencia, se traduce en la correspondencia que debe existir entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto; situación que no se observa en la presente causa; en tal sentido, se advierte que los Vocales ahora demandados, incumplieron con su deber de resolver el Auto de Vista 68/2022, de manera congruente a los agravios planteado en la apelación alternada promovida por el hoy solicitante de tutela; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 130 a 134 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 68/2022 de 30 de marzo y los actuados posteriores a este; disponiendo que las autoridades ahora demandadas, emitan nuevo pronunciamiento en el marco de los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0489_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

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