Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la igualdad sin discriminación, a la defensa, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia; así como, los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, pro homine y de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 700 de 23 de diciembre de 2022 señaló que: a) A pesar de reconocer que el Juez de la causa realizó una incorrecta valoración del dictamen pericial psicológico, dando por desvirtuado el riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima; de manera injusta desconoció y restringió el derecho que tiene de acceder a la cesación de su detención preventiva establecido por el art. 239.1 del CPP, declarando improcedente su recurso de apelación, siendo que correspondía revocar el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre del citado año, y se le otorgue su libertad; b) Le negó el derecho de la cesación de su detención preventiva por el transcurso del tiempo, vulnerando lo previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/23 de 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 372 vta. a 376 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 700 de 23 de diciembre de 2022, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitir un nuevo auto de vista conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad, a la igualdad sin discriminación, a la defensa, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia; así como, a los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, pro homine y legalidad conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0488/2025-S1 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54960-2023-110-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 29/23 de 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 372 vta. a 376 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elvis Vilamani Merlos contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El accionante por memoriales presentados el 2 y 13 de marzo de 2023, cursantes de fs. 305 a 315 y 325, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Elizabeth Gutiérrez Velasco -hoy tercera interesada-, contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), ocurrida el 2019, el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva en la “…cárcel pública de Montero (CEPROM)…” (sic) por el término de cuatro meses, al concurrir los peligros de fuga y obstaculización, conforme lo establecido por los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Luego de recusar a esa autoridad judicial, su expediente fue remitido ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del indicado departamento, ante quien el 1 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva presentando pruebas para desvirtuar esos riegos procesales; sin embargo, el Juez del citado Juzgado por Auto Interlocutorio “111/2022” -111 de esa misma fecha- solo valoró correctamente y dio por acreditado su domicilio; motivo por el que interpuso el recurso de apelación incidental que fue declarado procedente parcialmente por Auto de Vista 537 de 9 de septiembre de 2022, dando por enervado el elemento domicilio y el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP; quedando vigente únicamente el riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código con el argumento de que no era suficiente el informe psicológico otorgado por el “recinto carcelario de palmasola”, sino que era necesario un informe psicológico pericial. En audiencia de cesación de su detención preventiva de 30 de noviembre de 2022, para la procedencia de la causal prevista por el art. 239.1 del CPP y desvirtuar el único riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima -menor de edad AA- regulado por el art. 234.7 del mismo Código, presentó un informe psicológico pericial, realizado por Body Urdidinea Vaca, psicólogo forense, en cumplimiento al Requerimiento Fiscal de 26 de octubre de igual año; una “resolución” de medidas de protección en favor de la víctima; y, certificados de antecedentes policiales, de la fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE) y Tránsito. Y para la procedencia de la causal prevista por el art. 239.2 del CPP, se presentó en original un certificado de permanencia y conducta, con el que se demostró que se encontraba más de ocho meses, tres semanas y dos días con detención preventiva, siendo que la misma fue dispuesta solo por cuatro meses y ninguna de las partes solicitó la ampliación de esa medida cautelar. En ese sentido, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, por Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022, rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, alegando con relación al art. 239.1 del CPP, que no se cumplió en correr en traslado con la proposición de pericia psicológica. Y respecto al art. 239.2 de dicho Código, con relación al tiempo vencido en cuanto al término -cumplimiento- de la detención preventiva, se indicó de manera errada que se debía aplicar la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad; debido a que, en aplicación de lo establecido por el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), no correspondía la aplicación de esa Ley, porque entró en vigencia el 4 de julio de 2022, siendo que el proceso se inició el 13 de febrero de ese año, antes de su vigencia; y además porque se cumplió el término de los cuatro meses de su detención preventiva, antes de su promulgación. Apelado el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022, se expuso como agravios la mala valoración de la prueba al no revisar ni compulsar de manera correcta el Juez de la causa el dictamen pericial del psicólogo forense, el cual fue obtenido legalmente, siendo reconocido en audiencia por el Fiscal de Materia -a cargo de las investigaciones- que extendió un requerimiento fiscal -para esa pericia- después de notificar a las partes; así también, se demostró que no fueron valoradas las medidas de protección en favor de la víctima -menor de edad AA- y el certificado de antecedentes; y que el Auto Interlocutorio recurrido carecía de fundamentación; además, que de manera errada dicho Juez señaló que debía aplicarse las modificaciones dispuestas por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente. El Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 700 de 23 de diciembre de 2022, reconoció que el Juez de la causa realizó una incorrecta valoración del dictamen pericial psicológico, dando por desvirtuado el único riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima; y con relación a lo establecido por el art. 239.2 del CPP referente a la cesación por el cumplimiento del tiempo de la detención preventiva, manifestó, sin establecer la fecha de presentación, que ya existía una acusación formal; por lo tanto, necesariamente se deben desvirtuar los riesgos procesales. Bajo esa errada argumentación, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental planteada, confirmando el recurrido Auto Interlocutorio de 30 de noviembre del indicado año, y ante su solicitud de complementación y enmienda, dicho Vocal hizo referencia a la Convención Belém Do Pará sin establecer que artículo o capítulo. El Vocal hoy accionado, a pesar de aceptar y reconocer que se desvirtuaron todos los riesgos procesales, de manera injusta desconoció y restringió el derecho que tiene de acceder a la cesación -de su detención preventiva-establecido por el art. 239.1 del CPP, declarando improcedente su recurso de apelación incidental, siendo que correspondía revocar el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022 y se le otorgue su libertad y se defienda sin restricción de ese derecho; en ese sentido, el Auto de Vista 700 se contradice con los lineamientos jurisprudenciales contenidos en la SC 1340/2005-R de 25 de octubre; Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2590/2012 de 21 de diciembre, 0024/2015-S2 de 16 de enero y 0110/2018-S1 de 10 de abril. Así también, el Vocal ahora accionado le negó el derecho a la cesación de su detención preventiva por el transcurso del tiempo, vulnerando lo previsto por el art. 239.2 del CPP; ya que, al cumplirse el término de esa medida cautelar fijado por cuatro meses, todavía no estaba vigente la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; por lo que, aplicando el principio de favorabilidad, se debió aplicar el principio de retroactividad de la ley penal, que consiste en aplicar una ley anterior más favorable, que en el momento de iniciado el proceso estaba vigente la Ley 1970 -Código de Procedimiento Penal-, cuyo art. 239.2 establecía que, era previsible la cesación en toda clase de delitos, y al no haber sido ampliada su detención, correspondía ser beneficiado con medidas sustitutivas. Además, el Auto de Vista 700 atenta contra la esencia de las medidas cautelares establecidas por los arts. 7 y 250 del CPP, al señalar que no era viable acceder a la cesación, a pesar de desvirtuar los riesgos procesales, porque el proceso sería por el delito de violación, siendo que la Norma Fundamental ni la ley indican que se debe impedir la cesación por ese delito. Asimismo, el Auto de Vista 700, vulnera su derecho a la presunción de inocencia; ya que, al negarle la libertad cuando correspondía, lo declaró culpable del delito de violación, convirtiendo su fallo en una condena anticipada que desnaturaliza la esencia de las medidas cautelares, referente a que son modificables en cualquier momento del proceso, vulnerando normas convencionales y lo dispuesto en la SCP 0110/2018-S1. Además, el Vocal hoy accionado se olvidó que en materia penal la detención preventiva es de última ratio y que la libertad es la regla, desconociendo los principios de favorabilidad y pro homine, y cerrándole el derecho de acceder a la cesación de su detención preventiva al no existir riesgo procesal que desvirtuar. Y se niega el derecho a la igualdad; ya que, en ninguna parte se establece que, se debe negar el derecho de acceder a la cesación de la detención preventiva a los procesados por delitos de violación.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la igualdad sin discriminación, a la defensa, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia; así como, los principios de seguridad jurídica, favorabilidad y pro homine; añadiendo en audiencia el principio de legalidad como vulnerado; citando al efecto los arts. 13.I, 14.III y IV, 23.I, 115, 116.I, 119, 120, 123, 256 y 410 de la CPE; 3, 8, 9, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.1, 8.2 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista 700 de 23 de diciembre de 2022, emitido por el Vocal ahora accionado; y, b) Se ordene al mencionado Vocal, la emisión de un nuevo auto de vista en aplicación estricta de la ley, la Constitución Política del Estado y siguiendo los lineamientos del Tribunal de garantías, reestableciendo las formalidades del debido proceso y restituyendo su derecho a la libertad bajo medidas sustitutivas.
Celebrada la audiencia pública el 28 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 370 a 372, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) El Auto de Vista “722” -siendo lo correcto 700- de 23 de diciembre de 2022, vulneró entre otros, el derecho al debido proceso en su dimensión del principio de legalidad, conocido también como el principio de reserva legal y la falta de fundamentación en el citado Auto de Vista ahora sujeta a control jurisdiccional; 2) El Vocal hoy accionado sustentó su Auto de Vista indicando que a pesar de desvirtuarse los motivos para su detención preventiva, no correspondía disponer su libertad bajo medidas sustitutivas y por ello confirmó el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022; además, indicó que no era suficiente que se hubiese vencido el tiempo de la detención preventiva, más aun cuando la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente se encontraba en vigencia; así también, el citado Vocal hizo referencia a la Convención Belém Do Pará y ese sería un motivo para negar su solicitud; sin embargo, revisada esa Convención en ninguno de sus artículos hace referencia a que en los delitos de esa naturaleza -violación-no corresponde la cesación o que los procesados por violación no pueden acceder a ella; y, 3) El Vocal ahora accionado, no presentó su informe, al respecto se debe aplicar lo determinado por la SCP “0297/2021”, en cuanto a la presunción de veracidad cuando la autoridad pública no presenta sus descargos.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno, pese a su citación, cursante a fs. 329.
María Elizabeth Gutiérrez Velasco, no intervino en la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a encontrarse presente en la misma.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 29/23 de 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 372 vta. a 376 vta., denegó la tutela solicitada, sin costas por ser excusable; todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) El Vocal hoy accionado a pesar de reconocer que se enervó el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, estableció que, la pericia presentada por el accionante ante el Juez de la causa, y elevada en recurso de apelación incidental, es una pericia privada. Y si bien todas las partes pueden ofrecer una pericia, la misma debe ser puesta a conocimiento de todos los sujetos procesales, a efectos de que se opongan al informe del perito, propongan puntos de pericia u objeten los mismos ofrecidos por la otra parte; ii) En el caso concreto, el citado Vocal reconoció que a pesar de ser una pericia particular, al no impugnarse por la víctima y el Ministerio Público, mal podría ingresar a fondo y por esa razón dio por enervado ese riesgo procesal, aspecto que se menciona; ya que, el accionante cuestionó que a título de aplicación con perspectiva de género, en particular, la Convención Belém Do Pará, hubiese sido suficiente para denegar dicho recurso de apelación y denegar la libertad del procesado -accionante-; iii) -El presente caso- debe ser comprendido desde “la perspectiva” convencional de enfoque interseccional con perspectiva de género, que encuentra asidero en la SCP 0001/2022 de 31 de marzo -de avocación-, que establece la obligación imperativa que tiene todo administrador de justicia de aplicar ese enfoque en todo caso vinculado a la violencia ejercida contra las mujeres; aclarando que no es facultativo sino imperativo juzgar con perspectiva de género; iv) No basta con la mera mención de un tratado o convenio en materia de derechos humanos ratificado por Bolivia, como es la Convención Belém Do Pará, sino que el mismo encuentre asidero constitucional con la Sentencia de avocación mencionada; v) El Tribunal de alzada tiene la facultad absoluta, conforme a lo establecido por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, aun concurriendo riesgos procesales, de ordenar la libertad; empero, de otro lado, aun cuando no existan riesgos procesales tiene la facultad de mantener la detención preventiva si así lo considera; es decir, no es imperativo para la autoridad jurisdiccional. O que con el solo transcurso del tiempo o la sola enervación de los riesgos procesales se disponga la libertad; de la misma forma, que tampoco es imperativo que, aun concurriendo esos riesgos, no se pueda disponer la libertad; y, vi) Debe entenderse que, el equilibrio procesal en materia penal respecto a la obtención de la cesación de la detención preventiva, la SCP 0001/2022 establece una imperativa necesidad de aplicar un enfoque con perspectiva de género interseccional, porque los grupos de menores o mujeres en estado de violencia, son grupos de protección constitucional reforzada y por esa razón tienen una diferenciación a todos los demás grupos de procesados, víctimas o denunciantes, esta razón teleológica o conforme a la finalidad es la que utilizó el Tribunal de alzada, para enervar el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP, mantener la detención preventiva y en cuanto al plazo, utilizó la misma perspectiva, aclarando que este Tribunal -de garantías- no puede reconocer que la solicitud de cesación de la detención preventiva fue solicitado “…por el arábigo 1 y 2 de la Ley N° 1179…” (sic); puesto que, el Tribunal de alzada tiene la facultad de disponer por enfoque interseccional con perspectiva de género, que se mantenga la detención preventiva; ello no significa que el accionante o procesado no tenga derecho al acceso a la justicia y acudir ante el Juez de instancia y argumentar lo que en derecho considera pertinente. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado del accionante, solicitó se aclare, respecto a que el imputado puede solicitar ante la jurisdicción ordinaria lo que en derecho considera pertinente -cesación de la detención preventiva-, si en el caso concreto no existen riesgos procesales que desvirtuar; En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, señalo, no ha lugar; indicando que la jurisprudencia enmarcada desde la creación de las leyes de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y, el Código de Procedimiento Penal, que aún teniendo riesgos procesales puede disponerse la libertad; y al contrario, sin tener riesgos procesales también puede disponerse la detención preventiva; por lo que, no puede el Tribunal de garantías guiar a la parte accionante a obtener el beneficio establecido por el art. 239 del CPP; ya que, solo se limita a disponer el control tutelar.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia de Medida Cautelar de 15 de febrero de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Elizabeth Gutiérrez Velasco -ahora tercera interesada- contra Elvis Vilamani Merlos -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; en el que el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 16, dispuso la detención preventiva del accionante en el “CENTRO PENITENCIARIO DE CEPROM OKINAWA” (sic), por el tiempo de cuatro meses (fs. 22 a 24). II.2. Consta Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 1 de agosto de 2022, en la que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio 111 de igual fecha, rechazando la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante (fs. 201 a 203 vta.). Asimismo, Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de 9 de septiembre de ese año, en el cual Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionado- emitió el Auto de Vista 537 de esa misma fecha, declarando admisible y procedente parcialmente dicho recurso de apelación interpuesta por el accionante; en tal sentido, señaló que, quedó vigente únicamente el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP y se mantenía su detención preventiva (fs. 204 a 208 vta.). II.3. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 30 de noviembre de 2022, por el que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio de esa fecha, rechazando la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante y ante su solicitud de modificación, se ratificó en la decisión antes asumida. Habiendo interpuesto el nombrado, recurso de apelación incidental contra dicho Auto Interlocutorio (fs. 241 a 243 vta.). II.4. Consta Acta de audiencia de apelación a la audiencia de cesación de la detención preventiva de 23 de diciembre de 2022, en el cual el Vocal hoy accionado por Auto de Vista 700 de esa fecha, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre del mismo año; y ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda, el citado Vocal señaló que se estableció -como norma de sustento de su decisión- a la Convención Belém Do Pará, debiendo como autoridad jurisdiccional velar por la protección reforzada de la menor de edad AA vulnerable -víctima- (fs. 245 a 249).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la igualdad sin discriminación, a la defensa, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia; así como, los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, pro homine y de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 700 de 23 de diciembre de 2022 señaló que: a) A pesar de reconocer que el Juez de la causa realizó una incorrecta valoración del dictamen pericial psicológico, dando por desvirtuado el riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima; de manera injusta desconoció y restringió el derecho que tiene de acceder a la cesación de su detención preventiva establecido por el art. 239.1 del CPP, declarando improcedente su recurso de apelación, siendo que correspondía revocar el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre del citado año, y se le otorgue su libertad; b) Le negó el derecho de la cesación de su detención preventiva por el transcurso del tiempo, vulnerando lo previsto por el art. 239.2 del mismo Código, manifestando que, al existir una acusación formal, sin establecer la fecha de su presentación, necesariamente debían desvirtuarse los riesgos procesales; además, al cumplirse el término de esa medida cautelar fijado de cuatro meses, todavía no estaba vigente la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; por lo que, se debió aplicar el principio de retroactividad de la ley penal; ya que, en el momento de iniciado el proceso estaba vigente la Ley 1970 -Código de Procedimiento Penal-, cuyo art. 239.2 establecía que, era previsible la cesación en toda clase de delitos, y al no ser ampliada su detención, correspondía ser beneficiado con medidas sustitutivas; y, c) Dicho Auto de Vista atenta contra la esencia de las medidas cautelares al señalar que no era viable acceder a la cesación de su detención preventiva, a pesar de desvirtuar los riesgos procesales, porque el proceso sería por el delito de violación, siendo que la Norma Fundamental ni la ley indican que se debe impedir dicha cesación por ese delito. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán, los siguientes temas: 1) La fundamentación como elemento del derecho al debido proceso; 2) Sobre el riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, señala que: «"'…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0627/2024-S1 de 7 de octubre, haciendo mención a la SCP 0496/2020-S1 de 14 de septiembre, establece que: “Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: ‘Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia’; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante.
Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: ‘La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior’; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto ‘efectivo’ que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes.
Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población.
Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2., y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante.
Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente.
En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia.
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014” (las negrillas nos corresponden).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la igualdad sin discriminación, a la defensa, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia; así como, los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, pro homine y de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 700 de 23 de diciembre de 2022 señaló que: i) A pesar de reconocer que el Juez de la causa realizó una incorrecta valoración del dictamen pericial psicológico, dando por desvirtuado el riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima; de manera injusta desconoció y restringió el derecho que tiene de acceder a la cesación de su detención preventiva establecido por el art. 239.1 del CPP, declarando improcedente su recurso de apelación, siendo que correspondía revocar el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre del citado año, y se le otorgue su libertad; ii) Le negó el derecho de la cesación de su detención preventiva por el transcurso del tiempo, vulnerando lo previsto por el art. 239.2 del mismo Código, manifestando que, al existir una acusación formal, sin establecer la fecha de su presentación, necesariamente debían desvirtuarse los riesgos procesales; además, al cumplirse el término de esa medida cautelar fijado de cuatro meses, todavía no estaba vigente la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; por lo que, se debió aplicar el principio de retroactividad de la ley penal; ya que, en el momento de iniciado el proceso estaba vigente la Ley 1970 -Código de Procedimiento Penal-, cuyo art. 239.2 establecía que, era previsible la cesación en toda clase de delitos, y al no ser ampliada su detención, correspondía ser beneficiado con medidas sustitutivas; y, iii) Dicho Auto de Vista atenta contra la esencia de las medidas cautelares al señalar que no era viable acceder a la cesación de su detención preventiva, a pesar de desvirtuar los riesgos procesales, porque el proceso sería por el delito de violación, siendo que la Norma Fundamental ni la ley indican que se debe impedir dicha cesación por ese delito. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora tercera interesada contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, luego de la audiencia de medida cautelar emitió el Auto Interlocutorio 16, disponiendo la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario “CENTRO PENITENCIARIO DE CEPROM OKINAWA” (sic), por el tiempo de cuatro meses, al concurrir los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del CPP (Conclusión II.1.). Luego en audiencia de 1 de agosto de 2022, el Juez de Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, por Auto Interlocutorio 111 rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante; apelada incidentalmente esa determinación, el Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 537, declaró admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación incidental, interpuesto por el accionante; en ese sentido, respecto al art. 239.2 del CPP señaló que, al tratarse de una menor de edad -víctima- vulnerable, aplicando la perspectiva de género se admitía que se encontraba vencido el tiempo de la detención preventiva; sin embargo, era imperioso que el imputado -accionante- continúe detenido preventivamente hasta que se resuelva su situación jurídica y garantizar el desarrollo armónico y psicológico de la víctima -menor de edad AA-. Así también, indicó que quedaba vigente únicamente el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP y se mantenía su detención preventiva (Conclusión II.2.). Asimismo, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 30 de noviembre de 2022, el Juez de Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio de esa fecha, por el que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante, señalando que la pericia psicológica -presentada para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP- no cumplió con las formalidades procesales para ser valoradas, al no correrse en traslado de manera efectiva a la parte contraria y a la víctima la proposición del perito ni los puntos de pericia. Y si bien era evidente que el imputado -accionante- se encontraba detenido, teniendo en cuenta lo establecido por Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, se dispuso la improcedencia -de su cesación- por el cumplimiento del término de la detención preventiva y como se ordenó en el Auto de Vista 537, existía la obligación de dar protección a la víctima -menor de edad AA- y se mantenga esa medida cautelar. Y ante el pedido de modificación de la resolución emitida; debido a que, no era cierto que no se notificó a la parte contraria con la proposición de perito y los puntos de la pericia; ya que, teniendo en cuenta lo ordenado por el Ministerio Público, se notificó de manera personal a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), a la denunciante -María Elizabeth Gutiérrez Velasco ahora tercera interesada- y a la víctima -hija de la nombrada-; el referido Juez manifestó que cursaban dos informes en los que el investigador asignado al caso, refería que se notificó a las partes; es decir, si se corrió en traslado la proposición del perito y los puntos de la pericia; sin embargo, en las conclusiones y recomendaciones de la pericia psicológica indicó que se debe realizar una terapia psicológica individual, y que el imputado -accionante- presenta una tendencia de patología paranoide, haciendo saber que existía un trastorno histriónico; bajo esos argumentos dicho Juez se ratificó en la decisión antes asumida, manteniendo el rechazo a la cesación de la detención preventiva, en resguardo de los derechos y garantías de la víctima -menor de edad AA-. Habiendo interpuesto el accionante, recurso de apelación -incidental- contra del Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022 (Conclusión II.3.). En vista del recurso de apelación incidental formulado, el Vocal hoy accionando luego de la audiencia respectiva en la que el accionante interpuso como agravios, la falta de fundamentación del Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022, y la errónea valoración de la prueba aportada para la audiencia de cesación de la detención preventiva; emitió el Auto de Vista 700, declarando admisible e improcedente ese medio de impugnación; y ante el pedido de explicación, complementación y enmienda, el citado Vocal que, se estableció -como norma de sustento de su decisión- a la Convención Belém Do Pará, debiendo como autoridad jurisdiccional velar por la protección reforzada de la menor de edad AA vulnerable (Concusión II.4.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se evidencia que el accionante precisa como los actos vulneratorios de sus derechos, a las determinaciones asumidas por el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista 700, denunciando, entre otros aspectos, que dicho Auto de Vista fue emitido sin la debida fundamentación; en tal sentido, con la finalidad de verificar si esa denuncia resulta evidente, corresponde realizar la verificación de los argumentos expuestos en el mencionado Auto de Vista, y si los mismos cumplen con la fundamentación extrañada.
Al respecto, se tiene que el Auto de Vista 700, consignó lo siguiente: a) El apelante -accionante- se alza en contra del Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022, emitida por el Juez de la causa, quien sostiene que se hizo una pericia psicológica a los fines de cumplir con la formalidad establecida en el riesgo procesal que quedó vigente -234.7 del CPP-. Se debe tener en cuenta que el art. 15 de la CPE, se refiere a los derechos fundamentales y que todas las personas, en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; b) Se deben distinguir los peritos oficiales y aquellas pericias solicitadas por cualquiera de las partes. Cuando se menciona a los peritos oficiales, se habla de aquellos que reciben un salario mensual y se encuentran bajo dependencia “del ITCUP e IDIF” y son los peritos a los cuales se refieren las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, quienes no están obligados a prestar juramentos. Por otro lado, el art. 204 del CPP menciona a ciertas pericias que tienen que estar solicitadas por las partes y debe ser de conocimiento de la parte contraria. En el caso concreto no se refiere a una pericia efectuada por “…el IDIF ni el ITCUP…” (sic), sino una pericia particular que es posible realizarla por cualquier profesional, cuando es puesta en conocimiento de todas las partes y no es objetada. El Juez de la causa “al resolver” señaló que, no se había corrido en traslado; y el abogado del imputado -accionante- indicó que, si se corrió en traslado a todas las partes, cumpliéndose esa formalidad legal; por lo que, se considera que hubo una incorrecta valoración por dicho Juez al resolver la problemática planteada, porque si las partes no objetaron, estaban consintiendo esa pericia; en tal sentido, “…se le va a tener…” (sic) por válida la pericia y por lo tanto se cumplió las formalidades del art. 234.7 del CPP; c) Teniendo en cuenta lo establecido por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, sobre el juzgamiento desde la perspectiva de género y la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico. Así también, la SCP de 0001/2022 -Avocación-, establece que, los operadores de justicia deben guardar todas las consideraciones hacia la víctima y/o familia de la misma, juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia que debe existir en casos vinculados a violencia ejercida contra las mujeres; no siendo facultativo sino imperativo para todo administrador de justicia, el juzgamiento con perspectiva de género;
d) Con respecto a la retroactividad de la ley relacionado al art. 239.2 del CPP, ya existe acusación fiscal y la jurisprudencia es clara, cuando hay acusación fiscal tiene que enervar los riesgos procesales, y con relación a la retroactividad de la ley, que señaló el abogado del imputado -accionante-, únicamente es aplicable en materia sustantiva y no en materia adjetiva; por lo tanto “no viene al caso”; y,
Se enervó el último riesgo procesal “…que establecía los fines de e) tener su libertad…” (sic); sin embargo, es bueno recalcar de que en el juzgamiento de un imputado por hechos en los cuales las víctimas sean menores de edad, niñas, niños y adolescentes, hay que hacer una ponderación de derechos, estableciendo la asimetría que hay entre las víctimas y el imputado y se debe hace un enfoque de “…intercepcionalidad ‘en este caso la persona que cometió el ilícito penal y la víctima, su entorno también hay que tener en cuenta de que quizás el Ministerio Público, no ha actuado con la debida diligencia, pero también la convención Belém do Pará no habla de la debida diligencia que hay que realizarla y nosotros como autoridades jurisdiccionales tenemos que velar por esa protección reforzada de esa menor vulnerable y que se encuentra en una asimetría de poder en comparación al imputado…”’ (sic). Es así que, aun encontrándose enervado el último riesgo procesal, no corresponde otorgarle la cesación de la detención preventiva al imputado -accionante-, habida cuenta que hay que velar también por la menor de edad AA -víctima-, por su desarrollo emocional, por su desarrollo psicológico y por la protección también reforzada; teniendo en cuenta que el imputado puede ejercer cualquier tipo de amenaza de influencia hacia la víctima; consecuentemente, como se tiene mencionado, se tiene por enervado los riesgos procesales; empero, en aplicación de la perspectiva de género se deniega la cesación de la detención preventiva. Teniendo en cuenta la denuncia de falta de fundamentación realizada por el accionante, corresponde señalar que sobre ese elemento del derecho al debido proceso, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que, la fundamentación implica que las resoluciones judiciales deban contener el sustento legal; es decir, la fundamentación legal y la cita de las normas que respalden y justifiquen la parte dispositiva de los fallos que se emitan, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso. Bajo ese contexto jurisprudencial y teniendo en cuenta la denuncia identificada en la presente acción de defensa, relativa a la falta de fundamentación del Auto de Vista 700 -hoy impugnado-, es necesario señalar que, conforme el análisis de las formalidades para la realización del dictamen pericial realizado por el psicólogo forense particular, el Vocal ahora accionado estableció que, el Juez de la causa efectuó una incorrecta valoración al resolver la problemática planteada respecto a esas formalidades legales; debido a que, las partes al no objetar -se entiende la proposición del dictamen pericial- consintieron el mismo; motivo por el cual, tuvo por válida la pericia realizada y concluyó que se cumplieron con las formalidades establecidas por el art. 234.7 del CPP; en ese sentido, determinó que se tenía por enervado el último riesgo procesal que sustentaba la vigencia de la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante. De lo expuesto, se advierte que el Vocal hoy accionado al resolver el agravio del recurso de apelación incidental planteado por el accionante, relativo a la errónea valoración de la prueba, simplemente se avocó a verificar el cumplimiento de las formalidades para la proposición de la prueba pericial, y en función a ello, concluyó que se encontraba enervado el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, relativo al peligro efectivo para la víctima; sin haberse referido para nada al contenido de fondo del dictamen pericial psicológico presentado para desvirtuar ese riesgo procesal de fuga, y sin tener en cuenta que de acuerdo al razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, cuando se trata del peligro efectivo para la víctima (art. 234.7 del CPP) en casos de violencia contra niñas, niños o adolescentes y mujeres en general, la autoridad judicial debe analizar en solicitudes de cesación de la detención preventiva, la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como, las características del delito cuya autoría se le atribuye. En ese sentido, el Vocal ahora accionado no consideró que la esencia del citado riesgo procesal del peligro efectivo para la víctima, respecto al presente caso, radica en la peligrosidad del imputado -accionante-con relación a la víctima -menor de edad AA-; por lo que, necesariamente debía analizarse el fondo del dictamen pericial psicológico, relacionándolo con los argumentos que motivaron su detención preventiva; para de esa manera, bajo un análisis de su contenido, establecer si se desvirtuaban o no esos argumentos expuestos en el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022, que dio por concurrente ese riesgo procesal; y no simplemente verificar el cumplimiento de las formalidades en la proposición de la prueba pericial o la fijación de los puntos de la pericia; debiendo haberse considerado; además, que la víctima en este caso, es una menor de edad, y de acuerdo a las características del delito denunciado relacionado con una agresión contra la libertad sexual de la menor de edad AA -víctima-, se encuentra en un estado de vulnerabilidad y por ello en desventaja con relación al imputado, quien se constituye en un riesgo para dicha víctima, sobre quien se debe materializar el interés superior y la protección constitucional previstos por el art. 60 de la CPE. Por lo referido, se advierte que el Vocal hoy accionado no realizó un análisis especifico del riesgo procesal consignado en el art. 234.7 del CPP, referente al peligro efectivo para la víctima, tomando en cuenta el fondo del dictamen pericial psicológico presentado, su pertinencia y su validez probatoria para dar por desvirtuado ese riesgo procesal, sino que simplemente se limitó a realizar una consideración sobre los presupuestos procesales para la realización de esa prueba pericial, sin que ello pueda considerarse como un elemento válido que cumpla con la exigencia de la debida fundamentación exigida en toda resolución judicial, más aun tratándose de un Tribunal de cierre, en el que la exposición de los argumentos debe guardar coherencia con el derecho al debido proceso, y que al tratarse el caso concreto de la comisión de un delito cometido contra una niña -menor de edad AA-, que afecta su libertad sexual, se tiene la obligación de aplicar un enfoque diferenciado y un deber reforzado de protección, lo que no advierte en el análisis del agravio sobre la errónea valoración de la prueba expuesto por el accionante, ni tampoco se tiene un pronunciamiento fundado para descartar el análisis de las demás pruebas presentadas por el accionante para pretender beneficiarse con la cesación de su detención preventiva. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante, con la finalidad de que el Vocal ahora accionado reanalice sus argumentos en consideración a los alcances de la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este último referido precisamente con el riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a la violencia contra la mujer, conforme lo establecido por el art. 234.7 del CPP. Continuando con el análisis de los argumentos expuestos por el Vocal hoy accionado en el Auto de Vista 700 impugnado, se evidencia que, haciendo mención a la jurisprudencia constitucional relativa al juzgamiento con perspectiva de género, la debida diligencia en casos vinculados a la violencia ejercida contra las mujeres y la obligación de los operadores de justicia de proteger los derechos de las víctimas en casos de violencia en razón de género; refirió que en el juzgamiento de un imputado por hechos en los cuales las víctimas sean menores de edad, niñas, niños y adolescentes, se debía hacer una ponderación de derechos, estableciendo las asimetrías existentes entre las víctimas y el imputado, y se debía realizar un enfoque de interseccionalidad; sin embargo, entre sus alegaciones, no se advierte un argumento que con la debida fundamentación, demuestre el cumplimiento de esos presupuestos; ya que, de la revisión de sus aseveraciones no se advierte la realización de una ponderación de los derechos del imputado y de la víctima -menor de edad AA-, ni tampoco se tiene una explicación sustentada que evidencie el establecimiento de las asimetrías entre ellos y menos un enfoque de interseccionalidad en respaldo de sus argumentos con la debida fundamentación. Asimismo, al referirse a la retroactividad de la ley relacionada con la causal de cesación de las medidas cautelares personales, prevista por el art. 239.2 del CPP, el Vocal ahora accionado, indicó simplemente que ya existía acusación fiscal y que de acuerdo a la jurisprudencia, cuando concurre esa acusación fiscal se debían enervar los riesgos procesales. Al respecto, revisado el contenido de ese argumento, no se advierte que el citado Vocal hubiese mencionado la resolución o el fallo, ya sea ordinario o constitucional, donde se encontraría contenida esa jurisprudencia relacionada con la acusación fiscal; ni tampoco esa alegación contiene un fundamento legal que corrobore sus afirmaciones, a fin de que las partes en contienda puedan entender y comprender el alcance de sus aseveraciones; situación que demuestra la vulneración del derecho al debido proceso, en el marco de la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. Finalmente, se tiene que el Vocal hoy accionado, señaló que, el imputado -accionante- enervó el último riesgo procesal, con la finalidad de obtener su libertad; sin embargo, pese a esa circunstancia, no correspondía otorgarle la cesación de la detención preventiva.
Al respecto, no se evidencia que el Vocal ahora accionado hubiese sustentado esa alegación tomando en cuenta el contenido normativo de los arts. 233, 234 y 235 del CPP, que establecen los requisitos para la detención preventiva en concurrencia con alguno o algunos de los riesgos procesales; así también, no se cuenta con un fundamento legal sólido que corrobore el alcance de sus determinaciones y que posibilite procedimentalmente; sin vulnerar algún derecho fundamental o garantía constitucional, evitar o impedir la cesación de la detención preventiva pese a la inexistencia de los riesgos procesales, por haberse desvirtuado su concurrencia en el caso concreto. Por todo lo expuesto, es evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, al no cumplir los argumentos del Auto de Vista 700 hoy impugnado, con el razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo el Vocal hoy accionado, emitir un nuevo auto de vista acorde a los fundamentos antes desarrollados. En definitiva, al haberse establecido que el Auto de Vista 700 vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y consiguientemente por ese motivo, debe quedar sin efecto ni validez legal, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre los derechos a la libertad, a la igualdad sin discriminación, a la defensa, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia; así como, los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, pro homine y legalidad; sobre los cuales se debe denegar la tutela solicitada a través de este medio de defensa constitucional de carácter tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/23 de 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 372 vta. a 376 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 700 de 23 de diciembre de 2022, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitir un nuevo auto de vista conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad, a la igualdad sin discriminación, a la defensa, al acceso a la justicia y a la presunción de inocencia; así como, a los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, pro homine y legalidad conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0488_2025-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): d8d39f93d62229abf18512e5cf219b5bf85981170602f99290319595e2f846ec
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