Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados con la libertad; y, a la presunción de inocencia; puesto que: a) El Juez ahora coaccionado al emitir el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, no consideró que: 1) De acuerdo con el AS 0006/2019 de 18 de enero, para determinar la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP, no es suficiente la presentación de un historial de denuncias, sino que se debe contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada; lo que en su caso no acontecía, tal como consta en sus Certificados del REJAP y de No Violencia, que no fueron debidamente valorados, al igual que la denuncia por agresión que presentó contra la supuesta víctima; 2) Según la SCP 0975/2016-S3 de 16 de septiembre, la concurrencia de riesgos procesales no puede estar fundada en los hechos investigados; por lo que, con relación al peligro de obstaculización previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 28 de enero de 2022, cursante de fs. 34 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0488/2023-S3 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45514-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 28 de enero de 2022, cursante de fs. 34 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Mauricio Prieto Velásquez en representación sin mandato de Oscar Rodrigo Siñani Calisaya contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 27 de enero de 2022, cursante de fs. 18 a 24, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de su ex pareja, Daniela Estrella Espinoza Marín, contra su persona por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, privación de libertad y violación, previstos y sancionados por los arts. 272 bis, 292 y 308 del Código Penal (CP), el 10 de diciembre de 2021; se celebró la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la que el Juez ahora coaccionado determinando la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos y sancionados por los arts. 234.6 -la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada-, 7 -peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante-; y, 235.2 -que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente- del Código de Procedimiento Penal (CPP), mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, le impuso la medida cautelar de detención preventiva. En ese sentido, el Juez hoy coaccionado, emitió el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, sin exponer una adecuada fundamentación; ya que no consideró que: a) Con relación al peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP: 1) Si bien su persona cuenta con un historial de denuncias registradas en el Sistema “Ip 4” del Ministerio Público; ninguna de ellas tiene la calidad de cosa juzgada; por lo que, conforme a lo establecido en el Auto Supremo (AS) 0006/2019 de 18 de enero, no correspondía determinar la concurrencia del citado riesgo procesal, ya que para ello no es suficiente un simple historial; 2) Su persona también denunció a la supuesta víctima por agresión; y, 3) De acuerdo con los Certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de No Violencia, no registra ningún antecedente; y, b) Respecto al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, la SCP 0975/2016-S3 de 16 de septiembre, establece que está prohibido fundar la concurrencia de un riesgo procesal en los mismos hechos investigados, como las supuestas amenazas que según la declaración informativa de la presunta víctima habría efectuado su persona contra la nombrada; debiendo aplicar los principios in dubio pro reo y de favorabilidad conforme al art. 7 del CPP. En consecuencia, una vez formulado el correspondiente recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021; mereció el Auto de Vista 568/2021 de 29 del mismo mes y año, por el cual la Vocal ahora accionada: i) Si bien determinó una actuación indebida y excesiva del Juez hoy coaccionado al determinar la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP al no considerar los documentos presentados por su persona; sin embargo, con una fundamentación deficiente, ratificó dicha decisión indicando que conforme a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público se constituía en un elemento de convicción suficiente para ello; empero, no tomó en cuenta que la referida Sentencia Constitucional Plurinacional no analizó el citado riesgo procesal, sino el previsto por el art. 234.7 del CPP; lo cual se constituye en una incongruencia; ii) De manera contraria a lo determinado por la SCP 0975/2016-S3, ratificó la concurrencia del peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, alegando sin la debida fundamentación que “…el hecho de que no se hubiera efectivizado o cumplido aquella amenaza en el tenor en el cual hubiera sido expresada por el imputado, es decir, que la víctima no lo denuncie y que de contrario lo hubiera denunciado, no excluye per se aquella voluntad manifestada por el imputado en sentido de pretender obstaculizar el proceso…” (sic), con ello, además vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no aplicar los principios in dubio pro reo y de favorabilidad, considerándolo autor de los hechos investigados únicamente sobre la base de la declaración informativa de la supuesta víctima; y, iii) Ignorando el informe presentado por el investigador asignado al caso, en el cual consta la existencia de los elementos arraigadores de familia, domicilio y trabajo en su favor; señaló que no contaba con la documentación pertinente que demuestre la constitución de su domicilio, pese a que ello fue debidamente acreditado ante el Juez hoy coaccionado. Asimismo, tanto la Vocal como el Juez ahora accionados, al pronunciar cada cual a su turno el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, y el Auto de Vista 568/2021, respectivamente, omitieron fundamentar sus determinaciones respecto al test de proporcionalidad y favorabilidad con relación a los hechos investigados.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados con la libertad; y, a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 22, 73 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que la Vocal y el Juez ahora accionados emitan “nueva resolución”, con la debida fundamentación; “…debiendo llamárseles la atención por su falta de disciplina jerárquica…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 28 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 y 34, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La Vocal y el Juez ahora accionados omitieron efectuar una adecuada valoración de los Certificados del REJAP y de No Violencia, así como de la denuncia presentada contra la supuesta víctima y lo dispuesto en el AS 0006/2019; b) La Vocal hoy accionada con la finalidad de ratificar la concurrencia del peligro de fuga previsto por el art. 234.6 del CPP, aplicó con carácter preferente la SCP 0056/2014 sobre el AS 0006/2019; sin tomar en cuenta que la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional no hace referencia al citado riesgo procesal, sino al establecido por el art. 234.7 del citado Código, por lo cual aplicando el principio de favorabilidad debió tomar en cuenta lo señalado por el referido Auto Supremo, según el cual, mientras no se tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada no concurre el peligro de fuga previsto por el art. 234.6; y, c) La Vocal y el Juez ahora accionados determinaron la concurrencia del peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, valorando como verdadera la declaración informativa de la supuesta víctima; empero, según la SCP 0975/2016-S3, no se puede fundar la concurrencia de riesgos procesales sobre la declaración informativa de la víctima; por lo que las citadas autoridades judiciales al actuar de esa manera vulneraron su derecho a la presunción de inocencia, omitiendo aplicar el principio de favorabilidad.
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 30. Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 28 de enero de 2022, cursante a fs. 32 y vta., manifestó que: 1) Emitió el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, aplicando criterios de protección reforzada a las mujeres en hechos de agresión sexual; 2) A fin de determinar la concurrencia del peligro de fuga previsto por el art. 234.6 del CPP, valoró la documentación presentada por el Ministerio Público, la cual acreditaba que el accionante cuenta con varias denuncias en su contra; 3) El AS 0006/2019 no puede ser aplicado a todos los casos, ya que deviene de un proceso especial; más aún cuando la SCP 1020/2013 de 27 de junio, determinó que el riesgo procesal establecido por el art. 234.6 del CPP concurre al constatarse la existencia de varias denuncias; y, 4) Con relación al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, no fundo su decisión en el hecho investigado, sino en la amenaza que sufrió la victima después de ser agredida, cuando se encontraba retornando a su domicilio.
Lizeth Aizamani Quinteros, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que no se vulneraron los derechos del accionante. Al contrario, la Vocal y el Juez hoy accionados pronunciaron sus decisiones cada cual, a su turno, aplicando la perspectiva de género y la sana crítica.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 28 de enero de 2022, cursante de fs. 34 a 42 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) “los accionantes” explicaron las razones por las cuales decidieron imponer la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante, como ser la valoración de la declaración informativa de la víctima bajo un enfoque de perspectiva de género, y la existencia de múltiples denuncias contra el accionante, acreditando de esa manera los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 235.2 del CPP; ii) La Vocal ahora accionada circunscribió su determinación a lo dispuesto por el art. 398 del CPP. Así, efectuó un análisis de los arts. 233.1 y 2; 234.6; y, 235.2 del mismo Código, citando a la SCP 0056/2014 y revisando el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, concluyendo que se acreditó la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales; y, iii) Tanto la Vocal como el Juez hoy accionados cumplieron lo dispuesto por el art. 124 del CPP; ya que fundamentaron y motivaron adecuadamente sus determinaciones, exponiendo los motivos de hecho y de derecho en los que basaron su decisión. Asimismo, valoraron adecuadamente los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, por los cuales se acreditó la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 235.2 del CPP, dando especial importancia a la declaración informativa de la víctima conforme a la “SCP 0353/2018-S2”, advirtiéndose también que aplicaron la perspectiva de género en el marco de la Constitución Política del Estado, y el test de proporcionalidad con relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, especialmente sexual.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia pública de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal de 10 de diciembre de 2021, en la cual Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora coaccionado-, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, determinando la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.2 del CPP, dispuso la detención preventiva de Oscar Rodrigo Siñani Calisaya -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba por el plazo de seis meses (fs. 2 a 8). II.2. Consta Acta de audiencia “revisoria” de apelación incidental de medida cautelar de 29 de diciembre de 2021 (fs. 10 a 11) en la cual, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionada- mediante Auto de Vista 568/2021 y Auto Complementario de igual fecha, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, y en efecto, determinó que “…no obstante y conforme lo citado previamente, es decir, que las modificaciones incorporadas no resultan trascendentes para provocar una modificación el decisorio, se confirma la resolución de 10 de diciembre de 2021…” (sic [fs. 12 a 16]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados con la libertad; y, a la presunción de inocencia; puesto que: a) El Juez ahora coaccionado al emitir el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, no consideró que: 1) De acuerdo con el AS 0006/2019 de 18 de enero, para determinar la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP, no es suficiente la presentación de un historial de denuncias, sino que se debe contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada; lo que en su caso no acontecía, tal como consta en sus Certificados del REJAP y de No Violencia, que no fueron debidamente valorados, al igual que la denuncia por agresión que presentó contra la supuesta víctima; 2) Según la SCP 0975/2016-S3 de 16 de septiembre, la concurrencia de riesgos procesales no puede estar fundada en los hechos investigados; por lo que, con relación al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, no se debió tomar en cuenta como verdadera la declaración informativa de la supuesta víctima, respecto a presuntas amenazas que vertió su persona contra la nombrada; al contrario, debió aplicar los principios in dubio pro reo y de favorabilidad; y, 3) Debió fundamentar su determinación efectuando un test de proporcionalidad y favorabilidad con relación a los hechos investigados y a la medida cautelar impuesta; y, b) La Vocal hoy accionada al pronunciar el Auto de Vista 568/2021 de 29 de diciembre: i) Ratificó la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP sin valorar los Certificados del REJAP y de No Violencia, la denuncia presentada contra la supuesta víctima ni el AS 0006/2019; señalando de forma incongruente que conforme a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público se constituía en un elemento suficiente para ello; sin embargo, omitió tomar en cuenta que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional no analizó ese riesgo procesal, sino el contenido por el art. 234.7 del mismo Código; ii) A fin de ratificar la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, de manera contraria a lo determinado por la SCP 0975/2016-S3, valoró como verdadera la declaración informativa de la supuesta víctima, considerándolo autor de los hechos investigados, omitiendo aplicar los principios in dubio pro reo y de favorabilidad; iii) Señaló que no contaba con la documentación pertinente que demuestre la constitución de su domicilio, pese a que ello fue debidamente acreditado mediante el informe del investigador asignado al caso presentado ante el Juez hoy coaccionado; y, iv) Omitió efectuar un test de proporcionalidad y favorabilidad sobre los hechos investigados y la medida cautelar impuesta contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que: “…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.2, señala que: …la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada… (…) Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (las negrillas son nuestras).
La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por la SCP 0632/2012 de 23 de julio, entre otras, refirió que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados con la libertad; y, a la presunción de inocencia; puesto que: a) El Juez ahora coaccionado al emitir el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, no consideró que: 1) De acuerdo con el AS 0006/2019 de 18 de enero, para determinar la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP, no es suficiente la presentación de un historial de denuncias, sino que se debe contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada; lo que en su caso no acontecía, tal como consta en sus Certificados del REJAP y de No Violencia, que no fueron debidamente valorados, al igual que la denuncia por agresión que presentó contra la supuesta víctima; 2) Según la SCP 0975/2016-S3 de 16 de septiembre, la concurrencia de riesgos procesales no puede estar fundada en los hechos investigados; por lo que, con relación al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, no se debió tomar en cuenta como verdadera la declaración informativa de la supuesta víctima, respecto a presuntas amenazas que vertió su persona contra la nombrada; al contrario, debió aplicar los principios in dubio pro reo y de favorabilidad; y, 3) Debió fundamentar su determinación efectuando un test de proporcionalidad y favorabilidad con relación a los hechos investigados y a la medida cautelar impuesta; y, b) La Vocal hoy accionada al pronunciar el Auto de Vista 568/2021 de 29 de diciembre: i) Ratificó la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP sin valorar los Certificados del REJAP y de No Violencia, la denuncia presentada contra la supuesta víctima ni el AS 0006/2019; señalando de forma incongruente que conforme a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público se constituía en un elemento suficiente para ello; sin embargo, omitió tomar en cuenta que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional no analizó ese riesgo procesal, sino el contenido por el art. 234.7 del mismo Código; ii) A fin de ratificar la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, de manera contraria a lo determinado por la SCP 0975/2016-S3, valoró como verdadera la declaración informativa de la supuesta víctima, considerándolo autor de los hechos investigados, omitiendo aplicar los principios in dubio pro reo y de favorabilidad; iii) Señaló que no contaba con la documentación pertinente que demuestre la constitución de su domicilio, pese a que ello fue debidamente acreditado mediante el informe del investigador asignado al caso presentado ante el Juez hoy coaccionado; y, iv) Omitió efectuar un test de proporcionalidad y favorabilidad sobre los hechos investigados y la medida cautelar impuesta contra su persona. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público el 10 de diciembre de 2021, se celebró la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal en la cual el Juez ahora coaccionado determinó la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.2 del CPP, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba por el plazo de seis meses (Conclusión II.1.). En consecuencia, el accionante interpuso recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista 568/2021 y su Auto Complementario de 29 del mismo mes y año, a través del cual la Vocal ahora accionada declaró procedente en parte dicho recurso, y en efecto, determinó que “…no obstante y conforme lo citado previamente, es decir, que las modificaciones incorporadas no resultan trascendentes para provocar una modificación el decisorio, se confirma la resolución de 10 de diciembre de 2021…” (Conclusión II.2.).
Ahora bien, con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; puesto que, el accionante identificó como uno de los actos vulneratorios al Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, emitido por el Juez hoy coaccionado; es necesario precisar que en virtud al principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de defensa, el análisis de la problemática planteada se efectuará a partir de la última determinación emitida; es decir, el Auto de Vista 568/2021, pronunciado por la Vocal ahora accionada, en razón a que la misma tuvo la oportunidad de corregir y enmendar los supuestos errores del referido Auto Interlocutorio, el cual no será objeto de ningún análisis, debiendo denegarse la tutela con relación al mismo. En ese sentido, delimitada la problemática jurídica a analizar en la acción de libertad, relativa a las denuncias reclamadas contra el Auto de Vista 568/2021, conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el Tribunal de alzada que conozca en grado de apelación la determinación que imponga alguna medida cautelar, más aun tratándose de la detención preventiva, debe pronunciar su decisión en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación, motivación y congruencia; precisando los elementos de convicción que sustentan su decisión, y expresando los motivos de hecho como de derecho sobre la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para la imposición o no de esta medida; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-. Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los aspectos denunciados por el accionante en la acción de defensa son evidentes o no. En ese orden, si bien no cursa en antecedentes el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, del Acta de audiencia “revisoria” de apelación incidental de medida cautelar de 29 de igual mes y año; y, del Auto de Vista 568/2021, se establece que el accionante denunció los siguientes agravios: a) El Juez ahora coaccionado determinó la concurrencia del peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP, valorando únicamente el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público. Y, bajo el argumento de que no se adjuntó en físico el AS 0006/2019, desconociendo el principio iura novit curia, omitió considerar que según dicho Auto Supremo, que se constituye en vinculante, los únicos documentos para acreditar la concurrencia de dicho riesgo procesal son los Certificados del REJAP y de No Violencia, los cuales no registran antecedente alguno; por lo que, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, y los principios de favorabilidad e in dubio pro reo. En respuesta, la Fiscal de Materia encargada de la investigación indicó que: 1) Tal cual establece la SCP 0056/2014, se determinó la concurrencia del peligro de fuga previsto por el art. 234.6 del CPP, debido a que el accionante cuenta con varios procesos instaurados en su contra, estando uno de ellos en etapa de juicio oral, público y contradictorio; y, 2) El AS 0006/2019 no emergió de un caso análogo. b) El Juez hoy coaccionado determinó la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, valorando la declaración informativa de la supuesta víctima en la que refirió que su persona le habría indicado que “no avise a nadie”; sin tomar en cuenta que de acuerdo con lo establecido por la SCP 0975/2016-S3, no se puede fundar un riesgo procesal sobre el mismo hecho investigado, sino sobre un elemento objetivo independiente. Además, no explicó de qué manera su persona influiría sobre la supuesta víctima; ya que de todas formas lo denunció, por lo cual no se materializó esa supuesta influencia.
Respondiendo, la Fiscal de Materia encargada de la investigación alegó que de acuerdo a lo establecido en la SCP “0001/2019”, la declaración informativa de la víctima goza de credibilidad. Por su parte, la presunta víctima a través de su abogado manifestó que de conformidad a lo expresado en la “SCP 0353/2018-S2”, la declaración informativa de la víctima constituye prueba fundamental. c) El Juez ahora coaccionado no efectuó un test de proporcionalidad con relación a la necesidad de aplicar la medida cautelar de detención preventiva; debiendo imponerle la detención domiciliaria. En consideración a los referidos agravios, la Vocal hoy accionada mediante Auto de Vista 568/2021, resolvió que: i) Con relación al peligro de fuga establecido por el art. 234.6 del CPP, se debe ratificar su concurrencia; puesto que, si bien el Juez ahora coaccionado por una parte, no debió negar el análisis del AS 0006/2019, emanado del Tribunal Supremo de Justicia; y, por otra parte, se excedió al concluir que “…el imputado ha hecho de su modo de vida la comisión de hechos delictivos, toda vez que tales presupuestos únicamente pueden ser inferidos a partir de considerar sentencias condenatorias ejecutoriadas…” (sic); sin embargo: a) El AS 0006/2019 no es vinculante y carece de jerarquía para modificar el razonamiento que se aplica en los procesos ordinarios, en virtud a que deviene de un “proceso de privilegio constitucional” seguido por el Ministerio Público y el Ministerio de Educación, en el que la Sala Penal hace de juez instructor y la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia se incorpora como tribunal revisor; siendo por lo tanto inaplicable al presente caso; y, b) La SCP 0056/2014, emitida por un tribunal de cierre, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, y por tanto vinculante para todos los jueces y tribunales, analizando el peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, efectuó una comparación con el riesgo procesal establecido por el art. 234.6 del mismo Código, refiriendo que para la concurrencia de este último no es exigible la existencia o no de sentencia condenatoria ejecutoriada, sino la acreditación de antecedentes criminales reiterados; ya que de ello se evidencia la tendencia a delinquir del procesado. En ese sentido, el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público se constituye en un elemento de convicción suficiente, para la acreditación del citado peligro de fuga, advirtiéndose entre los procesos instaurados contra el accionante, uno seguido por la presunta comisión del delito de homicidio, que se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio lo cual no puede ser ignorado. ii) En cuanto al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, corresponde declarar su concurrencia; puesto que: 1) No se advierte que el Juez ahora coaccionado al emitir el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, se apartó del razonamiento expuesto en la SCP 0975/2016-S3, estando cumplidos los presupuestos previstos para su concurrencia, en razón a que se identificó de manera concreta la amenaza que el accionante vertió contra la supuesta víctima; y, 2) El hecho de que no se hubiera materializado la influencia negativa contra la supuesta víctima, debido a que esa igualmente denunció al accionante, no excluye per se la voluntad manifestada por ese en el sentido de pretender obstaculizar el proceso. iii) En cuanto a la petición de detención domiciliaria, no cursa en antecedentes documentación que brinde certeza respecto a los datos del domicilio del accionante; por lo que, pese a que esa situación no fue considerada como un riesgo procesal, el nombrado a fin de acreditar su domicilio, debió presentar un certificado de registro domiciliario emitido por autoridad competente.
iv) Respecto al test de proporcionalidad, el Juez ahora coaccionado al afirmar que la supuesta víctima fue agredida sexualmente y privada de su libertad por el accionante, vulneró su derecho a la presunción de inocencia, en virtud a que esos son precisamente los hechos investigados en el proceso penal de referencia. Sin embargo, no se advierte que la medida cautelar de detención preventiva impuesta en contra del nombrado esté apartada de los cánones de razonabilidad; puesto que, se cumplieron los requisitos establecidos por el art. 233 del CPP; y, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos investigados, se constituye en necesaria conforme al art. 86.13 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, las medidas cautelares deben ser aplicadas privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación hasta la realización de la acusación formal; ello en el marco del art. 15.II de la CPE.
En ese sentido, tomando en cuenta los agravios expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental; resolviendo los hechos denunciados en la acción tutelar, se tiene que: i) Con relación al peligro de fuga previsto por el art. 234.6 del CPP, del Auto de Vista 568/2021 se advierte que la Vocal ahora accionada ratificó su concurrencia señalando que si bien el AS 0006/2019 pudo determinar que la concurrencia del citado riesgo procesal únicamente era viable ante la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada; sin embargo, el mismo no podía ser aplicado a la causa analizada, en virtud a que fue pronunciado dentro de un proceso especial de “privilegio constitucional”, careciendo por lo tanto de la jerarquía necesaria para ser vinculante para los demás jueces y tribunales. En consecuencia, según la comparación efectuada por la SCP 0056/2014, entre los riesgos procesales establecidos por el art. 234.6 y 7 del CPP, para la concurrencia del peligro de fuga analizado no era exigible la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada, sino la simple acreditación de antecedentes criminales reiterados. Por consiguiente, el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público se constituye en un elemento de convicción suficiente, para su acreditación; más aún cuando el accionante cuenta con un proceso penal por la presunta comisión del delito de homicidio, que se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio.
En ese sentido, conforme a lo expuesto precedentemente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional observa que la Vocal ahora accionada expuso de manera clara las razones por las que determinó ratificar la concurrencia del peligro de fuga, valorando únicamente el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público, y no así los Certificados del REJAP y de No Violencia aportados por el accionante, en razón a que: a) Explicó de manera precisa por qué no correspondía aplicar al proceso penal de referencia los razonamientos del AS 0006/2019, indicando que dicho Auto Supremo fue pronunciado dentro de un proceso con características especiales, careciendo de la vinculatoriedad necesaria para los demás jueces y tribunales; y, b) Si bien la SCP 0056/2014 efectuó un análisis únicamente respecto al riesgo procesal previsto por el art. 234.7 -peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante- del CPP, como reclamó el accionante; no es menos cierto que debido a la similitud de dicho peligro de fuga con el establecido por el art. 234.6 -la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada- del mismo Código, que es objeto de análisis; la citada Sentencia Constitucional Plurinacional concluyó que la diferencia entre ambos radica en que el primero se refiere al “…riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir…”, mientras que el segundo “…precisa antecedentes criminales reiterados…”. De lo cual, se tiene que a fin de establecer la concurrencia del riesgo procesal en revisión, basta la acreditación de antecedentes delictivos debidamente registrados, sin que sea necesario contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada, como ocurre en el caso del peligro de fuga establecido por el art.
234.7 del citado Código; por lo que, no se observa incongruencia alguna. En consecuencia, con relación a este riesgo procesal, se evidencia que el Auto de Vista 568/2021 cuenta con una adecuada fundamentación, motivación y congruencia; correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. Asimismo, siendo que con relación a este peligro de fuga, el accionante también reclamó la falta de una valoración adecuada de los Certificados del REJAP y de No Violencia, que no registran antecedente alguno, así como de la denuncia que presentó contra la supuesta víctima; de conformidad con lo señalado precedentemente, resultan claras las razones por las que la Vocal ahora accionada omitió valorarlos dentro del análisis del peligro de fuga; puesto que, tal como se mencionó, para determinar la concurrencia del mismo basta con acreditar antecedentes que demuestren la actividad delictiva reiterada, como el historial de denuncias presentado por el Ministerio Público; siendo irrelevante a tal fin que el accionante tenga o no alguna sentencia condenatoria ejecutoriada o que la supuesta víctima hubiese sido denunciada por el nombrado. En efecto, igualmente corresponde denegar la tutela con relación al derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba; más aún cuando no cursan en antecedentes los documentos identificados por el accionante, que puedan merecer una revisión por parte de esta jurisdicción. ii) Respecto al peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, del Auto de Vista 568/2021, se tiene que la Vocal ahora accionada decidió ratificar su concurrencia indicando que el hecho concreto para ello fue la amenaza vertida por el accionante contra la supuesta víctima para que no lo denuncie, sin importar que posteriormente la nombrada presentó la correspondiente denuncia. Al respecto, siendo que el accionante reclamó que ese riesgo procesal se fundó en el mismo hecho investigado, lo que estaría prohibido por la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0975/2016-S3; de la revisión del Acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal de 10 de diciembre de 2021, se tiene que los hechos investigados por el Ministerio Público contra el nombrado son: 1) Las supuestas agresiones físicas y psicológicas ejercidas en vía pública contra la presunta víctima el 27 de noviembre del citado año; 2) La privación de libertad de la supuesta víctima a partir del 2 de diciembre de ese año, quien fue llevada a diferentes lugares de manera inconsciente e incomunicada; y, 3) Las agresiones sexuales que sufrió la presunta víctima. En ese sentido, si bien resulta evidente que conforme a la SCP 0975/2016-S3, la concurrencia de riesgos procesales “…no puede conllevar aspectos relacionados al mismo hecho investigado, pues en ese caso, se tendría por concurrente dicho riesgo en cualquier delito investigado, así, las circunstancias del hecho en etapa preparatoria, al ser elementos provisionales, no pueden a su vez fundar el análisis de riesgos procesales, pues ello supondría restarles su calidad de provisional”; no es menos evidente que tal como se precisó precedentemente, la investigación efectuada por el Ministerio Público no recae en las amenazas vertidas por el accionante contra la supuesta víctima, sino en los hechos que configuraron la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, privación de libertad y violación. En consecuencia, no se advierte una indebida fundamentación y motivación que devenga de la falta de aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro reo; y, tampoco una vulneración del derecho a la presunción de inocencia; puesto que, la Vocal ahora accionada en ningún momento consideró al accionante como autor de los hechos investigados, sino que valoró las amenazas que ese vertió contra la supuesta víctima con la finalidad de que no lo denuncie, subsumiendo ese hecho a los presupuestos del art. 235.2 del CPP en el entendido de que esa actitud demuestra la intención de obstaculizar el proceso. Por consiguiente, con relación a este punto amerita denegar la tutela solicitada. iii) En cuanto a la acreditación del domicilio del accionante, del Auto de Vista 568/2021, se observa que la Vocal ahora accionada con la finalidad de responder a la petición de detención domiciliaria, no desconoció la acreditación efectuada ante el Juez hoy coaccionado por la cual se desvirtuó el peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP en su elemento domicilio, como denunció el accionante en la acción de libertad; sino, conforme a lo solicitado por el nombrado, precisó que en el supuesto de que pueda ser beneficiado con una detención domiciliaria, el documento idóneo para acreditar el lugar donde cumpliría esa medida cautelar es el correspondiente al establecido en el registro domiciliario emitido por autoridad competente. En ese entendido, tomando en cuenta que la demostración del elemento arraigador de domicilio por medio de cualquier documento difiere a la acreditación del lugar donde el procesado pueda cumplir una eventual detención domiciliaria como medida cautelar que garantice su presencia durante todo el proceso, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no advierte vulneración de derechos con relación a este reclamo; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. iv) Con relación al test de proporcionalidad y favorabilidad respecto a la medida cautelar de detención preventiva, del Auto de Vista 568/2021, consta que la Vocal hoy accionada refirió que la citada medida cautelar no se encuentra apartada de los cánones de razonabilidad; puesto que, se cumplieron los requisitos establecidos por el art. 233 del CPP; y, considerando la naturaleza de los hechos investigados, se constituye en necesaria para garantizar la protección de la supuesta víctima durante toda la investigación hasta la presentación de la acusación formal, conforme con lo dispuesto por el art. 86.13 de la Ley 348, en el marco del art. 15.II de la CPE. Al respecto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional constata que si bien la Vocal ahora accionada no expuso argumentos extensos sobre la proporcionalidad y necesidad de confirmar la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante; sin embargo, se tiene que para ello, de manera precisa y concreta consideró las características y naturaleza de los hechos investigados, relativos a los delitos de violencia familiar o doméstica, privación de libertad y violación; y, la condición de mujer en situación de vulnerabilidad de la supuesta víctima; concluyendo que según los preceptos de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y de la propia Constitución Política del Estado, la señalada medida cautelar resultaba razonable y necesaria para proteger a la supuesta víctima, durante toda la investigación que efectúe el Ministerio Público. En ese contexto, se advierte que la Vocal hoy accionada efectuó de manera concreta un test de proporcionalidad respecto a la necesidad de imponer la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante; considerando para ello, la normativa aplicable al caso concreto en razón a la naturaleza de los hechos investigados, como lo es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, al tratarse de delitos de violencia cometidos contra una mujer; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 28 de enero de 2022, cursante de fs. 34 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0488_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): e78693a7faad099ede6c500fc193201e64d474ace0957fafeba424291f739bd1
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