B.IA.LEGAL

SCP 0487/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54731-2023-110-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, así como del principio de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de René Condori Avendaño contra Milton Kevin Segovia Saavedra, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 41/2023 y su complementario 41-A/2023, ambos de 24 de enero, que declaró la procedencia parcial del recurso de apelación interpuesto por el imputado, determinando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ello con base en un documento transaccional que no desvirtuaría los motivos que dieron lugar a la imposición de la medida extrema, apartándose del marco de legalidad de la prueba y los criterios interpretativos del art. 171 en relación al art. 239 del CPP, arguyendo que sería posible una salida alternativa; empero, la única que podía otorgarse es el procedimiento abreviado con una pena que supera los tres años de presidio debido al quantum de la pena; por lo que, no existiría coherencia entre la parte intelectiva y el decisum del Auto de Vista y su complementario cuestionados; por tal motivo, solicita que se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 41/2023 y su complementario, debiendo el Vocal demandado emitir nueva resolución. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 042/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 251 a 253 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 41/2023 y su complementario 41-A/2023, ambos de 24 de enero de 2023, debiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitir nueva Resolución cumpliendo los parámetros establecidos en este fallo constitucional. 3° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La cesación de la detención preventiva
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0487/2025-S3 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54731-2023-110-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 042/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 251 a 253 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Mario Durán Guzmán, Fiscal de Materia contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de febrero 2023, cursante de fs. 214 a 223, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A denuncia de René Condori Avendaño se inició el proceso investigativo contra Milton Kevin Segovia Saavedra -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, proceso que fue radicado ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, ejecutando el Ministerio Público el mandamiento de aprehensión, emitiendo la consiguiente imputación formal y solicitando la detención preventiva ante la probabilidad de autoría y concurrencia de riesgos procesales; por lo que, a través del Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2022, y confirmado por Auto de Vista 31/2022 de 31 de diciembre. Posteriormente, la defensa del imputado solicitó la cesación de la referida medida cautelar, solicitud que fue declarado infundada mediante Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, determinación que fue apelada y resuelta por el Auto de Vista 41/2023 y su complementario 41-A/2023, ambos de 24 de enero, emitidos por Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora autoridad demandada-. Dicho Vocal, mediante las Resoluciones citadas en el anterior párrafo, determinó la cesación de la detención preventiva, sin aplicar los criterios interpretativos sobre el art. 171 en relación al art. 239, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que tomó en cuenta un documento transaccional, ajeno al hecho investigado, o que tenga relación a la personalidad y responsabilidad del imputado, puesto que la transacción económica de ninguna manera desvirtúa o cambia la situación respecto a la conducta del imputado en la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, los riesgos procesales referentes a las facilidades para permanecer oculto, el peligro para la sociedad y la víctima, por lo tanto, su admisión fue contraria a la norma procesal, teniendo como resultado que se haya ingresado al fondo de la apelación interpuesta y dar curso a lo solicitado por el imputado. Sostiene que en caso de haberse aplicado correctamente la interpretación de la norma, el resultado de la audiencia hubiera sido igual al de la audiencia celebrada por la Jueza a quo, quien de manera correcta no tomó en cuenta el documento transaccional presentado por el imputado, lo que generó la negativa a la solicitud de cesación a la detención preventiva. Consiguientemente, el Auto de Vista 41/2023 y su complementario 41-A/2023 no solo agraviaron el desarrollo del proceso penal, al cesar la detención preventiva del imputado, quien en su momento se ocultó y hasta la fecha no entregó el cuchillo con el que apuñaló a la víctima, siendo un peligro tanto para la sociedad como para la víctima por su actuar agresivo, no solo poniendo en riesgo el desarrollo de la investigación, sino que los Autos de Vista cuestionados pueden ser mal usados y aplicados en otros casos análogos, lo que haría aún más gravosa la lesividad del actuar ilegal respecto al instituto jurídico de la cesación a la detención preventiva por un hecho vinculado al derecho a la vida, como es el caso de homicidio en grado de tentativa, ya que las lesiones comprometieron órganos vitales de la víctima. Asimismo, se lesionó el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación e incurrió en incongruencia interna; toda vez que, el Vocal demandado inexplicablemente señaló que el documento transaccional hizo posible que el imputado sea beneficiado con la cesación a la detención preventiva, haciendo viable considerar una salida alternativa, puesto que la autoridad demandada comprendió que este documento transaccional no modificó la situación inicial por la que se determinó la detención preventiva en primera instancia. Sin embargo, la autoridad demandada, de manera forzada dispuso la cesación de la medida extrema, arguyendo que es posible una salida alternativa; empero, que en este tipo de delitos no resulta procedente, ya que el único mecanismo posible seria el procedimiento abreviado con una pena que supera los tres años de presidio debido al quantum de la pena; por lo que, de existir una coherencia entre la parte intelectiva con el decisum del Auto de Vista y su complementario cuestionados, el resultado sería diferente, ya que el documento transaccional como bien entendió la autoridad demandada no desvirtuó los motivos que dieron lugar a la detención preventiva; no obstante, de manera contraria otorgó la cesación de la medida extrema.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, así como del principio de legalidad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 41/2023 y su complementario, ambos de 24 de enero de 2023, debiendo el Vocal demandado emitir nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 10 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 244 a 250 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela ratificó in extenso en el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que el imputado solicitó la cesación de la medida extrema, mereciendo el Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, mediante el cual, la Jueza de la causa señaló que ante la presentación del informe psicológico forense y el acuerdo transaccional suscrito entre el imputado y la víctima, los mismos serían elementos que no enervarían los riesgos procesales, declarando infundado el incidente de cesación, determinación apelada, mereciendo el Auto de Vista 41/2023 y su complementario 41-A/2023, en los cuales, el Vocal demandado reconoció que el acuerdo transaccional no fue valorado conforme los parámetros del art. 173 en relación al art. 239.1 del CPP, es decir, no se desvirtuaron los riesgos procesales; sin embargo, se determinó la cesación de la medida extrema.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito de 10 de abril de 2023, cursante de fs. 233 a 237, manifestó lo siguiente: a) El motivo por el que se aplicaron medidas diferentes a la detención preventiva, tiene como sustento en que esta no puede ser considerada como una condena anticipada; b)

Las medidas cautelares de carácter personal se aplican con criterio restrictivo, procurando afectar lo menos posible al imputado; c) Aún se aplica la potestad reglada, puesto que ante la suma de la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales, procede la detención preventiva, razonamiento ya superado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en apego a los principios de favorabilidad, pro homine y de progresividad, puesto que ahora se exige la necesidad de aplicar una medida cautelar de carácter personal, restrictiva de derechos, la cual es posible aplicar otras medidas cautelares diferentes a la detención preventiva, más aun si no se fundamentó, cuál el motivo que el imputado continúe con detención preventiva, ya que otras medidas diferentes no garantizarían los fines del art. 221 del CPP; d) El Auto de Vista cuestionado explicó de forma clara que el acuerdo transaccional, hace posible que el imputado pueda ser beneficiado con otras medidas cautelares de carácter personal diferentes a la detención preventiva, debido a que con la existencia de dicho acuerdo, objetivamente es previsible la aplicación de la salida alternativa, más aun si conforme el art. 302 del CPP, se establece que la calificación del tipo penal es provisional, determinándose en juicio la responsabilidad que corresponda al imputado; por lo que, al existir un acuerdo entre la víctima y el imputado con reconocimiento de firmas, se tiene que se puede garantizar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, siendo proporcional aplicar otras medidas diferentes a la detención preventiva; y, e) Conforme el art. 16 del CPP, se tiene que el desistimiento de la víctima no tiene efecto jurídico, siendo el representante del Ministerio Público el titular de la acción penal; sin embargo, la suscripción del acuerdo transaccional es un nuevo elemento que “hacer ver” que la detención preventiva ya no es necesaria para la finalidad del art. 221 del adjetivo penal, considerando que el imputado puede asumir defensa con la aplicación de otras medidas menos gravosas a la detención preventiva.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Milton Kevin Segovia Saavedra no presentó informe alguno ni se conectó a la audiencia virtual, pese a su notificación cursante de fs. 229 a 230.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 042/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 251 a 253 vta., denegó la tutela solicitada; determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes se tiene que, en efecto el accionante en su condición de Fiscal de Materia tiene a su cargo el proceso investigativo que sigue contra el imputado, por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio; en ese contexto, conforme a lo expresado por la jurisprudencia constitucional se estableció que las funciones del Ministerio Público fueron desarrolladas y enfocadas especialmente para ejercitar la dirección funcional en la investigación de los delitos y su respectiva intervención en el proceso penal; por ello, el Ministerio Público ejerce la persecución penal al servicio de la sociedad, defendiendo la legalidad y por la naturaleza de sus funciones debe ceñir sus actuaciones a la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales y la propia ley, observando estrictamente los principios y criterios de objetividad, celeridad, legalidad e imparcialidad, entre otros; puesto que, la objetividad fundamentalmente es entendida como el deber que tiene el Ministerio Público de investigar de igual forma todos los hechos o circunstancias que conduzcan a determinar la culpabilidad del imputado como también las circunstancias atenuantes o que eximan de responsabilidad a éste; 2) La SC 0400/2006-R de 25 de abril, señaló que las instituciones públicas tienen legitimación activa para interponer acción de amparo constitucional cuando actúen como titulares de derechos fundamentales; sin embargo, en el presente caso, la Sala Constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pues el accionante en su condición de representante del Ministerio Público no acreditó la vulneración de derechos fundamentales que afecten a la institución que representa; es decir, de derechos sustanciales propios del Ministerio Público, ya que toda la argumentación desarrollada y desplegada tiene que ver fundamentalmente con la decisión asumida por el Vocal demandado en relación a la cesación de la detención preventiva del imputado, dentro del proceso penal del que deviene la presente acción tutelar, así como la falta de aplicación de criterios interpretativos de los arts. 239.1 y 171 del CPP, que ciertamente están relacionados con derechos que le corresponden en todo caso a la víctima; empero, las lesiones y los derechos que se alegan no son propios de la institución que activó esta acción de defensa, entendiendo que todas las actuaciones que realiza el Fiscal de Materia dentro de los procesos investigativos deben ser en representación del Ministerio Público y no de las partes, es necesario considerar también que la acción de amparo constitucional garantiza los derechos de toda persona sea natural o jurídica reconocidos en la Constitución y la ley, contra actos ilegales y omisiones indebidas que restrinjan o amenacen restringir derechos o garantías constitucionales propios de la persona natural o jurídica que active esta acción tutelar; si bien, la jurisprudencia constitucional reconoce la legitimación activa de las instituciones públicas para interponer la acción de amparo constitucional, es cuando actúan como titulares de los derechos sustanciales, que en el presente caso no ocurre; y, 3) Se debe tomar en cuenta que, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece el objeto de la acción de amparo constitucional, delimitando este mecanismo de defensa para la protección de derechos fundamentales de toda persona natural o jurídica frente a actos arbitrarios, ilegales u omisiones indebidas; sin embargo, en el presente caso, se hizo referencia a ciertas contradicciones en la que hubiese incurrido el Vocal demandado sin lograr precisar las arbitrariedades como tales y mucho menos establecer la relación de causalidad con los derechos invocados; puesto que, el Ministerio Público se limitó a exponer una serie de cuestionamientos; empero, no precisó como es que se hubiese producido la lesión a derechos fundamentales en el marco de la legitimación que tiene el Ministerio Público para considerarlos en el ámbito de tutela de la acción de amparo constitucional; en ese sentido, siendo que esta acción de defensa está destinada a tutelar derechos fundamentales sustanciales lesionados, al no existir elemento que puedan sustentar una concesión de tutela, corresponde su denegatoria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2022, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público -ahora parte accionante- a denuncia de René Condori Avendaño contra Milton Kevin Segovia Saavedra -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, mediante el cual se dispuso la detención preventiva del nombrado por el lapso de cuatro meses, ante la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga -art. 234.2-, peligro efectivo para la sociedad y la víctima -art. 234.7-; y peligro de obstaculización -art. 235.1-, todos del CPP (fs. 42 a 44). II.2. A través del Auto de Vista 31/2022 de 31 de diciembre, se declaró la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado (fs. 67 a 71 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, declaró infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva del imputado, debido a que se observó una total falta de control de impulsos y agresividad del imputado que no concordaría con el informe psicológico presentado de su parte: En cuanto al acuerdo transaccional presentado, no implica que el Estado deje de realizar la persecución penal por un hecho que puso en riesgo la vida de una persona, siendo un bien jurídico protegido por todo el sistema normativo (fs. 144 a 145 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 41/2023 de 24 de enero, Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca -ahora autoridad demandada-, declaró la procedencia parcial del recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado, señalando que se hace conveniente que asuma defensa en libertad con ciertas restricciones que no sean la detención preventiva, disponiendo medidas cautelares menos gravosas, que garanticen la finalidad de la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley (fs. 161 a 165). II.5. Conforme el Auto de Vista complementario 41-A/2023 de igual fecha, se tiene que ante la solicitud de complementación del imputado consistente en que la fundamentación realizada con relación al documento transaccional presentado, el mismo no desvirtuaría el peligro para la sociedad por la reacción desmedida ejercida por el imputado, señalando que no existe coherencia en la aplicación de las medidas menos gravosas; el Vocal demandado señaló que, anteriormente se tenía la línea jurisprudencial de la potestad reglada; es decir, que si existía probabilidad de autoría y riesgos procesales que directamente disponía la detención preventiva, aspecto que fue cambiado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que estableció la necesidad de observar en cada Resolucion los parámetros del art. 221 del CPP, considerando la proporcionalidad, la cual fue aplicada, ya que si bien concurre autoría, también se consideró que existiría el peligro de fuga, el cual puede ser enervado por otras medidas diferentes a la detención preventiva, no siendo ya proporcional ante la presencia de un acuerdo con la víctima (fs. 166 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, así como del principio de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de René Condori Avendaño contra Milton Kevin Segovia Saavedra, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 41/2023 y su complementario 41-A/2023, ambos de 24 de enero, que declaró la procedencia parcial del recurso de apelación interpuesto por el imputado, determinando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ello con base en un documento transaccional que no desvirtuaría los motivos que dieron lugar a la imposición de la medida extrema, apartándose del marco de legalidad de la prueba y los criterios interpretativos del art. 171 en relación al art. 239 del CPP, arguyendo que sería posible una salida alternativa; empero, la única que podía otorgarse es el procedimiento abreviado con una pena que supera los tres años de presidio debido al quantum de la pena; por lo que, no existiría coherencia entre la parte intelectiva y el decisum del Auto de Vista y su complementario cuestionados; por tal motivo, solicita que se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 41/2023 y su complementario, debiendo el Vocal demandado emitir nueva resolución. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La cesación de la detención preventiva

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente entendimiento:

El análisis de la cesación de la detención preventiva debe partir de la consideración que las medidas restrictivas de la libertad son necesarias para asegurar los fines procesales legítimos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), persiguen evitar que la persona imputada por un delito, se sustraiga de la acción de la justicia u obstaculice el desarrollo eficiente de la investigación. Dichas medidas son impuestas por decisión judicial y se rigen por los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y jurisdiccionalidad, tal cual se lo desarrolla en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, en la Sentencia de 1 de febrero de 2006 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. En cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la regla del proceso penal acusatorio debe ser la libertad de la persona procesada, mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. En suma, la aplicación de la detención preventiva, que es la medida cautelar más restrictiva de la libertad, debe ser excepcional y racional. Las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa no son justificación suficiente para imponérsela. Asimismo, la imposición de la medida cautelar no puede constituir una pena anticipada. Dada la excepcionalidad de la detención preventiva, el legislador boliviano ha previsto la posibilidad que una persona privada de libertad pueda solicitar la cesación de la detención preventiva, estableciendo varios supuestos en el art. 239 del CPP, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-.

III.1.1. La obligación de la valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 del CPP

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0011/2018-S2, asumió el siguiente entendimiento: El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: a) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, b) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva.

elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y 2) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra”. 3El FJ III.1, establece: “Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la cesación de la detención; por lo mismo, el juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final. Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”.

Por su parte, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, asume los entendimientos anteriores, señalando que las juezas, los jueces y los tribunales de alzada, deben efectuar una valoración integral de todas las circunstancias existentes y no basarse en una sola de ellas; además, tienen que considerarse los elementos de prueba de la parte acusadora y de la víctima. Ulteriormente, la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, reiterando la jurisprudencia anterior, señala que la resolución que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez; y para ello, la autoridad judicial al tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de la cesación, expresando los motivos de hecho y derecho en que sostenga su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada. La SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualiza los entendimientos asumidos por este Tribunal, que deben ser considerados al resolver problemáticas vinculadas o referidas a la cesación de la detención preventiva, enfatizando que es deber del juez y del tribunal de alzada, tomar en cuenta en forma integral los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado, que demuestran que no concurren los motivos que fundaron la 4El FJ III.1.1, indica que: “…la resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada”. 5El FJ III.3, refiere: “…cuando se trata de la valoración objetiva e integral de los elementos probatorios en la cesación de detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, es deber del juez y también del tribunal de alzada tomar en cuenta en forma integral los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado que demuestran que no concurren los motivos que fundaron se disponga su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; y los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten, exigencia que está prevista en la ley, conforme lo establece el párrafo segundo del art. 234 del CPP, respecto al peligro de fuga que establece que para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo igual redacción el art. 235 del CPP, respecto al riesgo procesal de peligro de obstaculización. Ello, en razón a que para acordar y mantener una detención preventiva hay que valorar todas las circunstancias que concurren en cada caso, teniendo en cuenta el criterio favorable al derecho a la libertad personal o física. En efecto, para que una resolución judicial de detención preventiva o de rechazo de cesación a la detención sea fundada en derecho, debe pronunciarse cuidadosamente evaluando todas las circunstancias concurrentes en el caso, es decir, toda la prueba disponible en el momento en que ha de adoptarse la decisión que hubiere sido aportada por las partes, por lo que no podrá fundarse una resolución judicial basándose únicamente en una circunstancia existiendo otras que puedan confirmar la inexistencia de los peligros de fuga y obstaculización”.

disposición de su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; así como los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten.

III.1.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares:

Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando 6El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 7El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos 8El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.

En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.1.3. Las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva sobre la base del art. 239.1 del CPP

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2018-S2, asumió el siguiente entendimiento: Conforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.2.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 1) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; 2) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; 3) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; 4) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, 5) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0014/2018-S2, sobre este derecho, estableció lo siguiente:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

a) [D]ebe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el 11El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 12El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 13El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, 14El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 15El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 16El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, así como el principio de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de René Condori Avendaño contra Milton Kevin Segovia Saavedra, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 41/2023 y su complementario (41-A/2023), ambos de 24 de enero, que declaró la procedencia parcial del recurso de apelación interpuesto por el imputado, determinando la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ello con base en un documento transaccional que no desvirtúa los motivos que dieron lugar a la imposición de la medida extrema, apartándose del marco de legalidad de la prueba y los criterios interpretativos del art. 171 en relación al art. 239 del CPP, arguyendo que es posible una salida alternativa; empero, la única salida alternativa que la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 17El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 18El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

puede otorgarse es el procedimiento abreviado con una pena que supera los tres años de presidio debido al quantum de la pena; por lo que, no existe coherencia entre la parte intelectiva y el decisum del Auto de Vista y su complementario cuestionados. Identificada la problemática traída en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emerge la misma; en tal sentido, se tiene que por Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2022, se dispuso la detención preventiva del imputado por el lapso de cuatro meses, ante la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga -art. 234.2-, peligro efectivo para la sociedad y la víctima -art. 234.7-; y peligro de obstaculización -art. 235.1-(Conclusión II.1); determinación confirmada a través del Auto de Vista 31/2022 de 31 de diciembre, que declaró la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado (Conclusión II.2); posteriormente, por Auto Interlocutorio de 16 de enero de 2023, se declaró infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.3); mereciendo el Auto de Vista 41/2023 y su complementario, ambos de 24 de enero, emitidos por el Vocal demandado, que declaró la procedencia parcial del recurso de apelación interpuesto por el imputado, disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva (Conclusiones II.4 y II.5).

III.3.1. Sobre la supuesta falta de legitimación activa del Ministerio Público dentro del presente caso

Previo a ingresar al análisis de la problemática denunciada, corresponde precisar que los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, denegaron la tutela impetrada ante la ausencia de legitimación activa por parte del Ministerio Publico, ya que el Fiscal de Materia no acreditó la vulneración de derechos fundamentales propios de la institución a la que representa.

Al respecto, conforme el art. 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en cuanto a la naturaleza jurídica del Ministerio Público se establece que “…es una institución constitucional, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales”. Asimismo, dicha Ley en su art. 3 determina que tiene por finalidad “…defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes…”.

Por otra parte, el art. 52 del Código Procesal Constitucional (CPCo), sobre la legitimación activa señaló que la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta por:

1. Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente. 2. El Ministerio Público. 3. La Defensoría del Pueblo. 4. La Procuraduría General del Estado. 5. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Bajo ese marco normativo, se tiene que el Ministerio Público cuenta con plena legitimación activa para interponer la acción de amparo constitucional, sin determinar como requisito alguno la acreditación de la vulneración de derechos fundamentales propios de dicha institución o interés directo; toda vez que, el Ministerio Público es una institución constitucional que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, desempeñando las funciones de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejerciendo la acción penal pública e interponiendo otras acciones, ello en protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, corresponde precisar que los Vocales de la aludida Sala Constitucional, al citar la SC 0400/2006-R de 25 de abril, efectuaron una errada interpretación de la misma; toda vez que, dicho fallo constitucional establece que:

…en materia de derechos fundamentales se admite la legitimación activa para el amparo, a determinados órganos públicos, como ocurre en Bolivia, en la prevista por el art. 19.II de la CPE; que reconoce al Ministerio Público la facultad de interponer de oficio el recurso de amparo cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo la persona afectada; así como al Defensor del Pueblo de acuerdo al art. 129.I de la CPE que le faculta a interponer, entre otros, el recurso de amparo sin necesidad de mandato.

Este reconocimiento obedece a la específica posición institucional, funcionalmente delimitada en los arts. 124 y 127 de la CPE, es decir, teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad; y que al Defensor del Pueblo le corresponde velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público, y velar por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. Esto supone que ambos órganos públicos, en la vía de amparo, defienden ciertamente derechos fundamentales, pero lo hacen, y en esto radica la peculiar naturaleza de su acción, no porque ostenten su titularidad, sino como portadores del interés público en la integridad y efectividad de tales derechos.

En consecuencia, en el presente caso de autos, se tiene que el representante del Ministerio Público constituido en parte accionante cuenta con legitimación activa para interponer la presente acción tutelar, sin necesidad de acreditar la existencia de vulneración de derechos fundamentales propios de dicha institución o interés directo; correspondiendo, en consecuencia, ingresar al análisis de las denuncias efectuadas en la vía constitucional.

III.3.2. Sobre la denuncia, de la falta de fundamentación y congruencia de las Resoluciones impugnadas.

Ahora bien, de acuerdo a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuando se resuelve en alzada la resolución sobre una solicitud de cesación de detención preventiva, la autoridad jurisdiccional está obligada a motivarla y fundamentarla, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de confirmar la determinación del inferior o revocarla; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del adjetivo penal, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236.4 del mismo Código; puesto que, solo cuando se fundamenta debidamente estas dos situaciones, se puede confirmar la decisión de mantener una detención preventiva o en su caso revocarla y disponer la libertad.

En ese sentido, mediante Auto de Vista 41/2023 de 24 de enero, el Vocal demandado declaró la procedencia parcial del recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado, disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva, que, del análisis de su contenido, se tiene que este se dio bajo los siguientes argumentos:

i) De la revisión de antecedentes, así como de las resoluciones dictadas en el proceso respecto a las medidas cautelares de carácter personal, se advierte de manera objetiva que el acuerdo transaccional suscrito entre el imputado y la víctima no fue valorado conforme el art. 173 del CPP; por lo que, se tiene que es un elemento nuevo que ingresa dentro de los parámetros del art. 239.1 del adjetivo penal, ya que la Jueza a quo no realizó una adecuada y correcta valoración, puesto que no existe un pronunciamiento expreso sobre este elemento de convicción, limitándose a indicar que dicha documental no sería un hecho nuevo; no obstante, que en la audiencia de aplicación de la medida cautelar ni en apelación haya sido valorado, existiendo una omisión en su valoración.

ii) Con relación al peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, y con el objeto de determinar si el acuerdo transaccional es suficiente para desvirtuar el mismo, se tiene que revisar qué elementos determinaron la existencia de este peligro; al respecto, se tiene como base la reacción desmedida del imputado, que implica una conducta agresiva del mismo, que ocasionó el daño, así como las circunstancias relacionadas con el suceso. En ese sentido, el Tribunal de apelación considera que el hecho de suscribir un acuerdo y que se presente un informe psicológico, indudablemente no desvirtúan el peligro de fuga, debido a que dentro de las reglas de la sana crítica, por experiencia y lógica, todos los informes psicológicos realizados respecto a hechos delictivos efectuados por el imputado, indudablemente demuestran que no es agresivo y puede controlar sus impulsos, debido a que cuando se realizó la entrevista el imputado estaba calmado y relajado, puesto que guarda detención preventiva, estando obligado a demostrar un buen comportamiento; por otra parte, el resultado no podía ser distinto debido a que el imputado es quien contrató el servicio, y el solo hecho que se haya firmado un acuerdo tampoco desvirtúa el peligro de fuga, debido a que continua existiendo datos en el proceso respecto al hecho que hace ver la conducta agresiva del imputado; por lo que, se considera que todavía existe el peligro de fuga.

iii) Con relación a la necesidad que continúe la detención preventiva del imputado, se considera que el acuerdo transaccional sin lugar a duda hace posible que el imputado pueda ser beneficiado con otras medidas cautelares de carácter personal diferentes a la detención preventiva, debido a que con la existencia de este acuerdo, objetivamente es previsible la aplicación de una salida alternativa, más aun si el art. 302 del CPP, establece que la calificación es provisional, determinándose en juicio que tipo de responsabilidad es la que asumió el imputado; por lo que, se puede garantizar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de ley, siendo proporcional aplicar medidas diferentes a la detención preventiva.

iv) Se tiene que tomar en cuenta que conforme establece el art. 16 del CPP, el desistimiento de la víctima no tiene efecto jurídico en la acción penal, siendo el representante del Ministerio Público el titular de esta acción penal; sin embargo, la suscripción del acuerdo transaccional es un nuevo elemento que hace ver que la detención preventiva ya no es necesaria, considerando que el imputado puede asumir defensa con la aplicación de otras medidas menos gravosas a la detención preventiva, considerando que la medida extrema no puede ser una condena anticipada.

Asimismo, conforme el Auto de Vista complementario 41-A/2023 de igual fecha, se tiene que ante la solicitud de complementación del imputado consistente en que la fundamentación realizada con relación al documento transaccional presentado, el mismo no desvirtuaría el peligro para la sociedad por la reacción desmedida ejercida por el imputado, señalando que no existe coherencia en la aplicación de las medidas menos gravosas, conforme a la Conclusión II.5, se tiene que el Vocal demandado señaló que, anteriormente se tenía la línea jurisprudencial de la potestad reglada; es decir, que si existía probabilidad de autoría y riesgos procesales que directamente disponía la detención preventiva, aspecto que fue cambiado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableciendo que en cada resolución se tiene que observar la necesidad establecida en el art. 221 del CPP, considerando la proporcionalidad, la cual fue aplicada, ya que si bien existe autoría, también se consideró el peligro de fuga, el cual puede ser enervado por otras medidas diferentes a la detención preventiva, no siendo ya proporcional ante la subsistencia de un acuerdo con la víctima.

En ese entendido, se advierte que el Auto de Vista y su complementario cuestionados a tiempo de referirse a la cesación de las medidas cautelares por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, inobservó la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en el Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2022, que impuso la medida extrema, consistentes en el peligro de fuga -art. 234.2-, peligro efectivo para la sociedad y la víctima -art. 234.7-; y peligro de obstaculización -art. 235.1-; todos del mismo Código; puesto que, si bien se tomó en cuenta el documento transaccional suscrito entre el imputado y la víctima, así como el informe psicológico; sin embargo, el Vocal demandado se limitó a emitir pronunciamiento respecto al peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del adjetivo penal, señalando que el hecho de suscribir un acuerdo y que se presente un informe psicológico, indudablemente no desvirtúan el peligro de fuga, debido a que dentro de las reglas de la sana crítica, por experiencia y lógica, todos los informes psicológicos realizados respecto a hechos delictivos efectuados por el imputado, indudablemente demuestran que no es agresivo y puede controlar sus impulsos, debido a que cuando se realizó la entrevista el imputado estaba calmado y relajado, puesto que guarda detención preventiva, estando obligado a demostrar un buen comportamiento; por otra parte, el resultado no podía ser distinto debido a que el imputado es quien contrató el servicio, y el solo hecho que se haya firmado un acuerdo tampoco desvirtúa el peligro de fuga, debido a que continúa existiendo datos en el proceso respecto al hecho que hace ver la conducta agresiva del imputado; por lo que, se considera que todavía existe el peligro de fuga.

En consecuencia, se advierte que el Vocal demandado no tomó en cuenta los demás requisitos que consideró concurrentes el Juez cautelar, al momento de disponer la detención preventiva del imputado, consistentes en los riesgos procesales insertos en los arts. 234.2 y 235.1 del CPP, inobservando que toda autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado tomando en cuenta los siguientes elementos:

1) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva;

2) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; y,

3) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP.

Asimismo, se advierte que conforme el razonamiento expuesto en el Auto de Vista y su complementario cuestionados, la autoridad demandada, al momento de valorar la documental presentada por el imputado, afirmó que tanto el informe psicológico como el acuerdo transaccional no desvirtúan el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del adjetivo penal; sin embargo, declaró la procedencia parcial del recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado, disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin exponer fundamentos jurídicos suficientes y razonables que justifiquen dicha determinación, lo cual se constituye en una incongruencia interna debido a que en la fundamentación y motivación de la decisión reconoció que el riesgo procesal de fuga no fue desvirtuado, además de no emitir pronunciamiento alguno respecto a los demás riesgos relacionados a los arts. 234.2 y 235.1, incumpliendo los requisitos formales y materiales de legalidad; empero, en la parte resolutiva de forma incoherente procedió a disponer medidas sustitutivas a la detención preventiva, evidenciándose una contradicción interna en la decisión de alzada que se configura en un acto arbitrario porque vulnera el derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia, puesto que tales aspectos confusos hacen del Auto de Vista y su complementario cuestionados insuficientemente fundamentados, motivados e incongruentes; correspondiendo, en consecuencia, conceder la tutela impetrada.

III.4. Otras consideraciones

De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que la acción de amparo constitucional fue interpuesta por el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, quien conforme lo establecido en el art. 52.2 del CPCo, cuenta con legitimación activa para el efecto, sin necesidad de acreditar la vulneración de derechos fundamentales propios del Ministerio Público o interés directo alguno; por lo que los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en cumplimiento de dicha normativa, debieron ingresar al análisis de fondo de la denuncia efectuada por la parte accionante, velando por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la normativa legal correspondiente. Consecuentemente, por lo manifestado, corresponde llamar la atención a los Vocales de la citada Sala Constitucional, para que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento, observen el procedimiento establecido a este mecanismo de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 042/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 251 a 253 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 41/2023 y su complementario 41-A/2023, ambos de 24 de enero de 2023, debiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitir nueva Resolución cumpliendo los parámetros establecidos en este fallo constitucional. 3° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Los párrafos 66 y 67, sostienen: “66. El artículo 7.3 de la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. Además, la detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos del detenido. 67. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal”. 2El FJ III.1, señala: “El art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva, luego de realizada la imputación formal y el pedido fundamentado del Fiscal o del querellante, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; ambos requisitos deben concurrir de manera simultánea. Por su parte, el art. 239.1) CPP, determina que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. De las disposiciones glosadas se establece claramente que la resolución judicial que resuelva la solicitud de la cesación de la detención preventiva, por la causal prevista en el art. 239.1) CPP, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos

9 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 10El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0487_2025-S3.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): 50d683df5622c924d40a9ad7c7ae2fa4f2bd01e4f91ac7b112329c76576fbace

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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