B.IA.LEGAL

SCP 0487/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
45504-2022-92-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debido a que la Vocal accionada, al momento de emitir el Auto de Vista 14/2022-SP2, mantuvo incólume el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, sin exponer las razones por las cuáles consideraba que la probabilidad de autoría fue correctamente activada para cada uno de ellos. Tampoco, se pronunció respecto a por qué mantuvo latente el riesgo procesal de obstaculización. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 72 a 80, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al derecho a la libertad y a la locomoción; al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la probabilidad de autoría y al peligro de obstaculización; y, a disponer la libertad irrestricta de los accionantes y dejar sin efecto la detención domiciliaria y la fianza económica, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Elisa Flores Terán, Juana Aban Velásquez y Tito Bejarano Montellanos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones como parte del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0487/2023-S3 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45504-2022-92-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 72 a 80, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcos Alberto Zutara Castillo y Alberto Nabor Zutara Paredes contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -en suplencia legal de su similar Segunda-.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de enero de 2022, cursante de fs. 44 a 53, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo -tipificados en los arts. 281 bis.I.6 y 321.I y IV del Código Penal (CP)-, mediante Auto Interlocutorio -218/2021-MCP- de 20 de diciembre, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, dispuso la medida cautelar de detención preventiva de sus personas en el Centro Penitenciario Morros Blancos del citado departamento, por el lapso de seis meses, fallo que apelaron llevándose a cabo la respectiva audiencia el 27 de ese mes y año, emitiéndose el Auto de Vista 313/2021, que declaró con lugar en parte su recurso de apelación incidental manteniendo la determinación de detención preventiva inalterable, modificando únicamente su duración a tres meses. En consecuencia, ante tal determinación, amparados por el art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitaron aclaración respecto a la participación y elementos indiciarios que sustentaron la probabilidad de autoría en los hechos que fueron endilgados a Marcos Alberto Zutara Castillo, mereciendo la aclaración de que la víctima en su declaración informativa señaló que el mencionado “…FUE A RECOGER A LAS SEÑORITAS, DESPUÉS RETORNAR Y DIJO QUE LAS SEÑORITAS LE FALLARON ESTE ES UN ASPECTO QUE TIENE QUE VER CON LA PROBABILIDAD DE AUTORÍA, en este elemento indiciario que se irradia la participación del imputado…” (sic). El 12 de enero de 2021, solicitaron audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; toda vez que, se generaron nuevos elementos que desvirtuaron los fundamentos con los que se activó la probabilidad de autoría y riesgos procesales que fueron base para determinar su detención preventiva. Por consiguiente, al haberse desvirtuado el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP y manteniéndose latente el peligro de obstaculización determinado en el art. 235.2 del Código del Adjetivo Penal; mediante Auto Interlocutorio 13/2022-MCP la misma fecha, de manera desproporcional e irrazonable se impusieron las medidas cautelares de carácter personal, consistentes en: a) Arraigo nacional y departamental; b) Fianza Económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); c) Detención domiciliaria con permiso laboral o de estudios de horas 07:00 a 19:00; y, d) La prohibición de comunicarse con la víctima, los testigos del hecho y el otro coimputado. En consecuencia, interpusieron recurso de apelación incidental contra el indicado Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, por contener una indebida fundamentación y motivación, además de omitir el principio de proporcionalidad al imponer medidas gravosas sin individualizar a los imputados -hoy accionantes-. El 19 de enero de 2022, fue llevada a cabo la audiencia de recurso de apelación incidental que fue presidida por Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en suplencia legal de su similar Segunda, -ahora accionada-, quien por Auto de Vista 14/2022-SP2 de la misma fecha, mantuvo incólume el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, lesionando de esa manera su derecho a un debido proceso restringiendo su libertad, cuando debió conceder la libertad irrestricta al no existir ningún elemento indiciario que vincule a Marcos Alberto Zutara Castillo -hoy accionante- con la investigación; asimismo, en cuanto a Alberto Nabor Zutara Paredes -ahora impetrante de tutela-, se dispusieron medidas cautelares desproporcionales que aun restringen su libertad; vulnerando en consecuencia su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. En ese sentido, el Ministerio Público al amparo del art. 307 del CPP, solicitó la declaración de la presunta víctima en calidad de prueba anticipada, la cual fue realizada en la cámara Gessel, con la presencia del Juez de la causa, en la que ante las preguntas que realizó la Fiscal de Materia a través de la Psicóloga, respondió que no conocía a Marcos Alberto Zutara Castillo y que la primera declaración que brindó fue bajo coerción de los funcionarios policiales, “…la víctima también señala de que el 90% de su declaración lo hicieron los policías, que fue amenazada por estos policías de que si no firmaba la declaración le iban a quitar a su pequeño hijo…” (sic); en consecuencia, no existía ningún otro elemento que acredite la participación del mencionado; por lo tanto, no podría activarse ningún riesgo procesal en su contra; no obstante, la Vocal accionada convalidó la determinación del Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, fundamentando que el Juez de la causa, desarrolló de manera clara y concreta los fundamentos de las partes para luego considerar los aspectos probatorios como los fácticos, y la asignación del valor a los elementos presentados, especialmente a la nueva declaración de la víctima, concluyendo que se desvirtuó de manera parcial la probabilidad de autoría; no obstante, en tal determinación no expuso los motivos por los cuales consideró que la probabilidad de autoría estaría correctamente activada para cada uno de los imputados, como tampoco los individualizó. Bajo ese contexto, la Vocal accionada debió fundamentar y exponer las razones por las cuales consideraba que la probabilidad de autoría estaba correctamente activada para cada uno de los imputados para que comprendan cuáles son los motivos por los que fueron considerados como autores o partícipes del hecho delictivo; puesto que, con relación a Marcos Alberto Zutara Castillo -hoy accionante-, el único elemento indiciario para vincularlo con la presunta comisión del ilícito fue la declaración de la víctima en sede policial; declaración que sin embargo, fue desvirtuada por la misma mediante declaración anticipada en la cámara Gessel, y no obstante a haberse solicitado aclaración al respecto, la Vocal accionada únicamente se ratificó en la decisión asumida y dejó constancia de que bajo la existencia de dos declaraciones existe duda; por lo que, se desactivó parcialmente la probabilidad de autoría para ambos imputados -hoy accionantes-. En consecuencia, debe advertirse que la Vocal hoy accionada no respondió conforme a lo solicitado, al no individualizar la participación de sus personas en calidad de imputados, cuando era su deber fundamentar y motivar su Resolución conforme a los principios de razonabilidad y de justicia, sin señalar las razones para confirmar la probabilidad de autoría de Marcos Alberto Zutara Castillo, al quedar esta desvirtuada; por ende, no correspondía ingresar al análisis de los riesgos procesales. En cuanto a Alberto Nabor Zutara Paredes -ahora impetrante de tutela-, si bien le fue concedida la cesación de la detención preventiva; sin embargo, se mantuvo de manera parcial la probabilidad de autoría, cuando en la declaración anticipada la víctima indicó que ella fue a su domicilio voluntariamente con la intención de trabajar como dama de compañía, que hace cuatro años que radicaba en la ciudad de Tarija, que no conocía al prenombrado ni tuvo contacto previo con él, que trabajó más de un año como dama de compañía, que no le ofreció ningún cuarto ni la amenazó, aspectos que desvirtúan la probabilidad de autoría; empero, la Vocal accionada se limitó a manifestar de manera genérica que el Juez de primera instancia cumplió con la debida fundamentación y motivación. Por otra parte, el riesgo procesal de fuga fue desactivado; empero, el de peligro de obstaculización se dejó activado, argumentándose la posibilidad de la existencia de otras víctimas y que el Ministerio Público estableció un tiempo para poder identificarlas, de lo que se entendió que ese riesgo procesal se mantuvo vigente por no haberse identificado aún las otras posibles víctimas en el hecho; no obstante, el art. 235 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de La Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece que el peligro de obstaculización deberá surgir de información precisa y circunstanciada aportada por el Fiscal de Materia o querellante en la audiencia y que den la razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; empero, el Ministerio Público no aportó ningún elemento indiciario para que el Juez a quo refiriera la existencia de otras víctimas. Bajo ese contexto, el Auto de Vista 14/2022-SP2 no se pronunció respecto al mencionado riesgo procesal; es decir, no fundamentó ni motivó por qué razón lo mantuvo latente, cuando no se identificó a las otras supuestas víctimas o testigos ni de qué manera o en qué medida sus personas podrían influenciar negativamente u obstaculizar el normal desarrollo del proceso. Además, la Vocal accionada impuso la detención domiciliaria, misma que se constituye en una medida restrictiva de libertad y de locomoción, conforme establece la “SCP 0144/2015-S2”.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes consideran lesionados sus derechos a la libertad, a la locomoción y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 14/2022-SP2; 2) Se conceda de forma inmediata su libertad irrestricta, por estar indebida y arbitrariamente restringido su derecho a la libertad, o en su caso, se deje sin efecto la detención domiciliaria y la fianza económica; y, 3) Se emita una nueva resolución fundamentada y motivada, que respete los principios de legalidad, verdad material y debido proceso, en la que además no se restrinjan derechos, garantías y principios constitucionales, dejándose sin efecto las medidas “sustitutivas” gravosas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 71, en presencia de la parte accionante asistida de su abogado y el representante del Ministerio Público; y, ausente la Vocal accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los peticionantes de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -en suplencia legal de su similar Segunda-, mediante informe escrito cursante de fs. 65 a 66, señaló que: i) En la audiencia del recurso de apelación -incidental- de medida cautelar, los accionantes denunciaron la vulneración de los arts. 124 y 173, ambos del CPP por ausencia de fundamentación, motivación y valoración defectuosa de los elementos de prueba presentados por la defensa, además de la conculcación de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad; ii) En el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, el Juez a quo desarrolló de manera clara y concreta los fundamentos de las partes, considerando aspectos probatorios y fácticos, y el valor asignado a los elementos presentados, en específico de la declaración anticipada de la víctima que desvirtuó su declaración inicial, en la que expuso las amenazas y presión por parte de funcionarios policiales; por consiguiente, de los elementos indiciarios aportados, por el Juez de primera instancia concluyó que se desvirtuó de manera parcial la probabilidad de autoría, para luego, bajo aspectos concretos que vienen al desarrollo intelectivo, efectuar el análisis de los riesgos procesales, expresando de forma clara y precisa los razonamientos desarrollados y a la conclusión arribada; iii) El Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, apelado se encuentra fundamentado, habiendo expresado los motivos por los que no acogió la petición de los apelantes -hoy impetrantes de tutela- de manera completa, exponiendo y justificando las razones de su determinación, cumpliendo con el art. 173 del CPP; por cuanto, justificó de manera fundamentada las razones por las que atribuyó un determinado valor a los elementos presentados, efectuando una valoración integral, armónica y conjunta que conllevó a establecer la decisión asumida; iv) Respecto a los principios de proporcionalidad y excepcionalidad, el Juez de primera instancia modificó las medidas extremas asumidas contra los peticionantes de tutela por medidas de menor intensidad conforme al art. 231 bis. del Código Adjetivo Penal, a través de la desactivación de peligros procesales, manteniendo la probabilidad de autoría de manera parcial y la vigencia del peligro de obstaculización, advirtiéndose la aplicación del test de proporcionalidad, teniendo en cuenta la idoneidad de la medida, la necesidad de que esta sea mantenida, y la menor afectación, garantizando así la tutela judicial efectiva; por lo que, de acuerdo al análisis valorativo integral, las circunstancias que devinieron en la determinación impugnada, se encuentra ajustada a Derecho en el marco de la razonabilidad en función a los elementos indiciarios presentados; y, v) Mediante la explicación, complementación y enmienda, se dejó constancia de que ante la existencia de dos declaraciones existe aquella duda y favorabilidad que hizo desactivar la probabilidad de autoría de manera parcial respecto a los accionantes, en específico con relación a Marcos Alberto Zutara Castillo -hoy impetrante de tutela-, manteniendo la probabilidad de autoría latente. Por consiguiente, el Auto de Vista 14/2022-SP2, se ajustó a la ley específica y no vulneró derechos ni garantías constitucionales. Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Publico

De la lectura del acta de audiencia de consideración de esta acción tutelar se advierte que el representante del Ministerio Público estuvo presente; no obstante ello, no hizo uso de la palabra.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 72 a 80, denegó la tutela solicitada “…porque no se ha demostrado procesamiento indebido ni desproporción en la imposición de medidas cautelares, por el contrario las mismas son benignas, como tampoco se ha demostrado falta de razonamiento y de fundamentación de las autoridades jurisdiccionales al disponer nuevas medidas cautelares personales” (sic); empero, “…No obstante de ellos constatándose la existencia de colisión de derechos entre la víctima y el acusado sin que se haya realizado un ponderación de derechos y test de igualdad desde una perspectiva de género este tribunal considera que la Sala Penal Segunda debe emitir nuevo fallo dando cumplimiento a la línea jurisprudencial trazada en la materia y a los tratados internacionales a momento de razonas, interpretar la normal y valorar la prueba…” (sic); todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) Los accionantes alegaron que la última declaración de la víctima es válida; toda vez que, esta mintió al ser forzada por funcionarios policiales; empero, aplicándose la lógica, la experiencia y la psicología, no existía motivo razonable para que la víctima invente todo cuanto relató en su primera declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); por lo cual, valorando desde una perspectiva de género y considerando la asimetría estructural de género, se puede asumir que la nombrada víctima pudo mentir en su segunda declaración al encontrarse en desventaja frente a los acusados -hoy peticionantes de tutela- y el propio ente persecutor que no asumió las medidas de protección para testigos, más aun tomando en cuenta la complejidad del delito de trata de personas, permitiendo que vuelva a declarar; no obstante, que en principio manifestó su temor a represalias por brindar información a la Policía Boliviana; b) En ese sentido, resulta evidente la presentación de una duda fabricada por la defensa de los impetrantes de tutela; sin embargo, el juzgador debe efectuar la valoración de la prueba de manera diferencial, a partir de una perspectiva de género y no aplicar simplemente la favorabilidad para el acusado -peticionante de tutela, Marcos Alberto Zutara Castillo-, cuando la víctima es el “ser débil”, considerando que la “SCP 353/2018” estableció que en delitos contra la libertad sexual debe tomarse en cuenta que el proceso argumentativo adquiere otra connotación, ya que debe ajustarse a los estándares de protección normativa y jurisprudencial nacional e internacional generada respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en específico de carácter sexual, que exige aplicar una perspectiva de género en sujeción a los derechos, valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado, como la observancia al principio de igualdad, y la consecuente prohibición de prácticas discriminatorias negativas contra las mujeres; c) De esa manera, deberá considerarse que la argumentación fáctica respecto a los delitos precedentemente señalados, resulta más compleja; toda vez que, se manifiesta en mayor medida el sesgo de género, encontrándose la autoridad judicial obligada a observar la perspectiva de género tomando en cuenta la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres, efectuándose además un análisis de la situación concreta de la víctima; d) En el presente caso, el Juez a quo fue benevolente con los accionantes, al momento de asumir que la víctima mintió en su primera declaración rectificándose en la segunda; empero, al tratarse de un recurso de apelación incidental, el Tribunal de garantías no puede profundizar en ese análisis; e) Resulta riesgoso que un Tribunal de alzada se pronuncie en el fondo sobre la probabilidad de autoría por la declaración de un testigo, más aun considerando que la presente causa es delicada y compleja, al tratarse del delito de trata de personas; puesto que, se pondría fin a la causa sin necesidad de llegar a juicio para la averiguación de la verdad histórica de los hechos y determinar la autoría de los mismos “…si esto puede apreciarse ya en la etapa de investigación” (sic); f) La víctima, pese a sus contradicciones, no desmintió que la existencia de un negocio ilícito y que el inmueble era de propiedad del acusado -hoy impetrante de tutela-. Tampoco se consideró, conforme al art. 3 del Protocolo de Palermo, que el consentimiento de la víctima se encuentre viciado y si el tratante aprovechó de su vulnerabilidad y de la relación de dependencia entre ambos; g) Si bien la competencia del Tribunal de garantías debe limitarse a determinar la procedencia de la acción tutelar presentada; sin embargo, ante la inobservancia del enfoque de género en el procedimiento, tanto en primera como en segunda instancia; ya que, la prueba no fue valorada con dicho enfoque diferencial, no es posible omitir la observación pertinente a las autoridades judiciales responsables, sin vulnerar el principio de igualdad de las partes y el derecho de acceso a la justicia, debiendo éstas subsanar y reencausar el proceso aplicando en sus actuaciones y resoluciones, el señalado enfoque de género; h) Los peticionantes de tutela no demostraron que la Resolución de apelación “se ajustó” a las exigencias procesales y doctrinales de fundamentación; puesto que, respaldó el fallo de primera instancia al considerar que contaba con la debida razonabilidad, proporcionalidad; además, la Vocal accionada explicó por qué la mencionada Resolución se ajustó a las exigencias procesales, por ende, no incurrió en un indebido proceso ni en la aplicación desproporcional de las medidas cautelares en perjuicio de los accionantes, sin que sea necesario que la autoridad judicial accionada reitere en el fallo de alzada los mismos fundamentos esgrimidos por el Juez de primera instancia; e, i) No obstante lo anterior, al advertirse que en el presente caso no se aplicó el procedimiento, la interpretación de la norma y la valoración de la prueba desde una perspectiva de género en consideración a la naturaleza de los delitos acusados, la vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer, madre soltera y sus necesidades materiales de subsistencia, la Vocal accionada de oficio, debe efectuar un análisis ponderativo de los derechos y garantías de la víctima y el acusado -hoy impetrante de tutela- desde una perspectiva de género al interpretar la norma y valorar la prueba, en observancia de los dispuesto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0046/2018-S2”, “130/2018-S2” y “394/2018”, debiendo pronunciar un nuevo fallo conforme a ese entendimiento. En la vía de enmienda, complementación y aclaración, mediante memorial, cursante a fs. 93 y vta., la Vocal accionada señaló que fue denegada la tutela al no evidenciarse vulneración alguna de derechos fundamentales; por lo que, lo fundamentado y lo resuelto por el Tribunal de garantías no resultó ser coherente al ordenar la emisión de un nuevo Auto de Vista, por lo cual, solicitó que se aclare, complemente y en su caso se enmiende la determinación asumida respecto al segundo punto dispositivo; por cuanto, la acción de libertad reparadora, no llegó a determinar la existencia de privación o limitación arbitraria, indebida o ilegal de la libertad física o de locomoción por parte de su autoridad. En respuesta el Tribunal de garantías, mediante la Resolución 17/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 94 a 95, señaló que al margen de la pretensión de los accionantes, se constató el hecho de no haberse cumplido con la exigencia doctrinal de juzgar con perspectiva de género al momento de apreciar o valorar los nuevos indicios aportados por los imputados -hoy peticionantes de tutela-, debido a la naturaleza de los delitos y la vulnerabilidad de la víctima, teniendo por sentado que la última declaración de esta era la creíble y que mintió en la primera; por lo que, aplicó la favorabilidad para ventaja de los impetrantes de tutela, pues no solo se disminuyó la probabilidad de autoría sino que se tuvo por desestimado el peligro efectivo para la víctima; elemento fáctico que no fue parte de la presente acción de defensa sino que fue verificado por ese Tribunal de garantías, por ello en virtud a los principios de oficiosidad, de igualdad sustantiva y material entre las partes, resolvió que debe observarse la precitada exigencia procesal, manteniéndose “inalterable” la Resolución constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcos Alberto Zutara Castillo, Alberto Nabor Zutara Paredes -ahora accionantes- y Romel Gustavo Gallardo Flores, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, emitió el Auto Interlocutorio 218/2021-MCP de 20 de diciembre, disponiendo -entre otros- aplicar la detención preventiva contra los impetrantes de tutela en el Centro Penitenciario Morros Blancos del departamento de Tarija por el lapso de seis meses (fs. 10 a 14 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista 313/2021 de 27 de diciembre que resolvió declarar “con lugar en parte” el recurso de la apelación incidental planteado por los ahora peticionantes de tutela contra el Auto Interlocutorio 218/2021-MCP, dejando sin efecto los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.4 y manteniendo el previsto en el numeral 7 del citado artículo; y, 235.2, ambos del CPP para todos los imputados, manteniendo su detención preventiva por un lapso de tres meses. Dictándose asimismo, el Auto de complementación y enmienda en la indicada fecha que aclaró que el Juez de primera instancia valoró la declaración de la víctima que fue clara con relación a la participación del coimputado Marcos Alberto Zutara Castillo -hoy accionante- en captar personas en el caso concreto, lo que no fue defenestrado por el informe psicológico, y si bien el informe social mencionó que el único ingreso económico de la víctima sería el generado por el trabajo de Secretaria en una empresa constructora, eso no descarta lo que refirió en su declaración informativa que se constituye en una prueba fundamental bajo el principio que establece la perspectiva de género, tomando en cuenta la protección reforzada que tienen las mujeres en estado de vulnerabilidad (fs. 22 vta. a 27). II.3. Consta el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP de 12 de enero, que ante la solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada por los impetrantes de tutela, otorgó “medidas sustitutivas” a la detención preventiva a su favor consistentes en: a) Arraigo nacional; b) Fianza Económica de Bs15 000.- para cada uno de los imputados -hoy peticionantes de tutela-; c) Detención domiciliaria con permiso laboral o de estudios de horas 07:00 a 19:00; y, d) La prohibición de comunicarse con la víctima, los testigos del hecho y el otro coimputado. Aclarando el Juez de primera instancia, conforme al art. 125 del CPP, que al margen de la declaración de la víctima existían otros elementos indiciarios que mantenían el requisito material de manera parcial con relación al delito que posiblemente se hubiese desarrollado y que se encontraba en investigación por parte del Ministerio Público (fs. 30 a 33). II.4. Cursa Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 19 de enero de 2022 (fs. 39 a 40 vta.); acto procesal en el que fue emitido el Auto de Vista 14/2022-SP2, que ante el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, lo declaró sin lugar y confirmó el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP. En vía de complementación y enmienda, la defensa de los nombrados impetrantes de tutela pidió explicación respecto a por qué se confirmó la Resolución apelada cuando en la declaración anticipada de la víctima, ésta afirmó no conocer a Marcos Alberto Zutara Castillo -hoy peticionante de tutela- sino que fue presionada por funcionarios policiales para declarar lo contrario, no existiendo ningún indicio contra su defendido. Asimismo, pidió se aclare si la fianza económica será en dinero o bienes. Ante ello, Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en suplencia legal de su similar Segunda -ahora accionada- se ratificó en su fallo, dejando constancia de que ante dos declaraciones existe aquella duda y favorabilidad que hizo desactivar la probabilidad de autoría en forma parcial acerca de ambos imputados -ahora accionantes- haciendo hincapié en Marcos Alberto Zutara Castillo -hoy impetrante de tutela- respecto a que la probabilidad de autoría fue disminuida; empero, se mantuvo latente. Además, la señalada autoridad judicial indicó que la fianza económica queda a criterio de los nombrados imputados -hoy impetrantes de tutela-(fs. 40 vta. a 43).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debido a que la Vocal accionada, al momento de emitir el Auto de Vista 14/2022-SP2, mantuvo incólume el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, sin exponer las razones por las cuáles consideraba que la probabilidad de autoría fue correctamente activada para cada uno de ellos. Tampoco, se pronunció respecto a por qué mantuvo latente el riesgo procesal de obstaculización. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones como parte del debido proceso

La SCP 0598/2019-S1 de 22 de julio, asumiendo los entendimientos de la SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, y precisando a la fundamentación y motivación como elementos constitutivos individuales del debido proceso, pero a la vez interdependientes en su exposición dentro de una resolución judicial, sostuvo que: «El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. Es así que, el debido proceso en cuanto a su núcleo esencial y los elementos constitutivos del mismo, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: “La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”. En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia. En ese contexto, los citados entendimientos reiterados ampliamente por la jurisprudencia constitucional resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales, administrativas o por el Ministerio Público, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, es decir que tanto la fundamentación como la motivación se constituyen en elementos esenciales de toda resolución pues son estructurantes del debido proceso como garantía jurisdiccional, más aún cuando se trata de conoce y resolver solicitudes que involucran la resolución de la situación jurídica de un privado de libertad» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debido a que la Vocal accionada, al momento de emitir el Auto de Vista 14/2022-SP2 de 19 de enero, mantuvo incólume el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP de 12 de igual mes, sin exponer las razones por las cuáles consideraba que la probabilidad de autoría fue correctamente activada para cada uno de ellos. Tampoco, se pronunció respecto a por qué mantuvo latente el riesgo procesal de obstaculización. Antes de analizar el caso concreto, resulta necesario señalar los antecedentes que cursan en el expediente, advirtiéndose que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcos Alberto Zutara Castillo, Alberto Nabor Zutara Paredes -ahora peticionantes de tutela- y Romel Gustavo Gallardo Flores, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y proxenetismo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, emitió el Auto Interlocutorio 218/2021-MCP de 20 de diciembre, disponiendo -entre otros-aplicar la detención preventiva contra los peticionantes de tutela en el Centro Penitenciario Morros Blancos del citado departamento por el lapso de seis meses (Conclusión II.1). Posteriormente, fue emitido el Auto de Vista 313/2021 de 27 del indicado mes que resolvió declarar “con lugar en parte” el recurso de la apelación incidental planteado por los accionantes contra el Auto Interlocutorio 218/2021-MCP, dejando sin efecto los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.4 y manteniendo el previsto en el numeral 7 del citado artículo; y, 235.2, ambos del CPP para todos los imputados, manteniendo su detención preventiva por un lapso de tres meses. Dictándose asimismo el Auto de Complementación y Enmienda en la misma fecha que aclaró que el Juez de la causa valoró la declaración de la víctima que fue clara con relación a la participación del coimputado Marcos Alberto Zutara Castillo -ahora impetrante de tutela- en captar personas en el caso concreto, lo que no fue defenestrado por el informe psicológico, y si bien el informe social mencionó que el único ingreso económico de la víctima sería el generado por el trabajo de Secretaria en una empresa constructora, eso no descarta lo que refirió en su declaración informativa que se constituye en una prueba fundamental bajo el principio que establece la perspectiva de género, tomando en cuenta la protección reforzada que tienen las mujeres en estado de vulnerabilidad (Conclusión II.2). Luego, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por los peticionantes de tutela, fue pronunciado el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP que otorgó “medidas sustitutivas” a la detención preventiva a su favor consistentes en: 1) Arraigo nacional; 2) Fianza Económica de Bs15 000.- para cada uno de los imputados -hoy accionantes-; 3) Detención domiciliaria con permiso laboral o de estudios de horas 07:00 a 19:00; y, 4) La prohibición de comunicarse con la víctima, los testigos del hecho y el otro coimputado. Aclarando el Juez de primera instancia, conforme al art. 125 del CPP, que al margen de la declaración de la víctima existían otros elementos indiciarios que mantenían el requisito material de manera parcial con relación al delito que posiblemente se hubiese desarrollado y que se encontraba en investigación por parte del Ministerio Público (Conclusión II.3). Ahora bien, conforme al Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 19 de enero de 2022, la defensa de los imputados -hoy impetrantes de tutela- apeló el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, exponiendo tres agravios: i) La vulneración del art. 124 del CPP, por ausencia de fundamentación y motivación en la Resolución apelada; toda vez que, el único indicio contra Marcos Alberto Zutara Castillo era la declaración de la víctima que señaló que era el encargado de traer y llevar damas de compañía y que el día de los hechos salió y volvió al local señalando que las señoritas le fallaron; empero, en su declaración anticipada, la víctima refirió que no conocía al nombrado imputado que no habló con él ni mencionó en ningún momento que este haya ido traer señoritas ni que le fallaron sino que esos argumentos fueron mencionados por los funcionarios policiales “Yañique” y “Zardina”, por ese motivo no era posible que en primera instancia se haya determinado que se desacreditó parcialmente la probabilidad de autoría. Además, cuando intervinieron el Ministerio Público y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) se adhirieron a la libertad del mencionado imputado y no solicitaron medidas sustitutivas tan gravosas como el Juez de primera instancia. En cuanto a Alberto Nabor Zutara Paredes -ahora impetrante de tutela-, la víctima declaró que vive hace cuatro años en Tarija y no tres días como inicialmente manifestó; asimismo, refirió que ella fue al lugar de los hechos de manera voluntaria, que no la captaron para brindar servicios sexuales, que mintió respecto a que su hijo se encontraba enfermo, para trabajar y que trabajaba hace más de un año como dama de compañía en otros lugares. Por consiguiente, se desacreditó que el coimputado haya contratado o captado a la víctima para actos sexuales. También constaba en los antecedentes que solo existía una pequeña sala donde se vendían bebidas alcohólicas; ii) La transgresión del art. 173 del Código Adjetivo Penal, por la supuesta valoración defectuosa de los elementos de prueba, ya que se desvirtuó totalmente la probabilidad de autoría con la declaración anticipada de la víctima, en la que refirió ser amenazada por los funcionarios policiales con perder a su hijo, no existiendo indicio alguno sobre los delitos de trata de personas ni proxenetismo, y si bien el Juez de primera instancia señaló que no se contaba con licencia para venta de bebidas alcohólicas, se trata de un aspecto administrativo pero no de un delito. Razones por las cuales no se valoró la prueba ni se fundamentó el fallo, de manera correcta; y, iii) La lesión de los arts. “791 y 792”, ambos del CPP y jurisprudencia constitucional, por la inobservancia de los principios de excepcionalidad y de proporcionalidad. Por cuanto, con relación al peligro de obstaculización no existen otras víctimas; además, debe considerarse que la fianza real impuesta fue una medida restrictiva de derechos y no es posible disponer detención domiciliaria y fianza de Bs15 000.-, resultando muy gravosas; por consiguiente, solicitaron que se disponga una medida de presentación para Alberto Nabor Zutara Paredes, el arraigo y la prohibición de acercarse a la víctima, y respecto a Marcos Alberto Zutara Castillo, se le otorgue libertad irrestricta. Mediante Auto de Vista 14/2022-SP2, la Vocal accionada declaró sin lugar el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, confirmando el Auto Interlocutorio 13/2022-MCP, bajo los siguientes fundamentos: a) En cuanto al art. 124 del CPP, se tiene que el Juez de primera instancia desarrolló de manera clara y concreta los fundamentos de las partes, para luego considerar elementos probatorios y aspectos fácticos, además del valor asignado a las pruebas, en concreto, la declaración anticipada de la víctima que desvirtuó su declaración inicial, indicando la presión y amenazas que sufrió por parte de funcionarios policiales, y de acuerdo al análisis realizado por el Juez de la causa, este concluyó que se desvirtuó de manera parcial la probabilidad de autoría, “…puntualizando aspectos concretos que vienen al desarrollo intelectivo, para considerar tal elemento…” (sic), para luego realizar el análisis de los riesgos procesales, señalando de forma clara y precisa los razonamientos desarrollados y la conclusión a la que llegó; b) El Auto Interlocutorio impugnado dio cumplimiento a las exigencias de fundamentación expresando los motivos por los cuales no acogió los argumentos de la defensa de manera completa, exponiendo consideraciones y conclusiones, para luego expresar y justificar las razones de la determinación. Con relación a la fundamentación y a la valoración de la prueba se cumplió con lo determinado por el art. 173 del CPP, poniendo de relieve las reglas de la sana crítica, lo que conllevó a la asignación valorativa de cada uno de los elementos de prueba que fueron aportados, y justificando de la misma manera los motivos por los que se atribuyó determinado valor a los elementos presentados, lo que deviene en una valoración integral, armónica y conjunta que generó la decisión asumida; c) El Juez de la causa desactivó los peligros procesales, mantuvo la probabilidad de autoría de manera parcial y la vigencia del peligro de obstaculización, flexibilizando las medidas extremas impuestas a los imputados -hoy impetrantes de tutela- por otras con menor intensidad, de conformidad a lo dispuesto en el art. 231 bis. del CPP; advirtiéndose que, a través del análisis integral valorativo de las circunstancias, el Juez a quo ponderó las circunstancias para imponer una medida menos gravosa, encontrándose atisbos de la aplicación del test de proporcionalidad, los intereses comprometidos, considerando la idoneidad de la medida impuesta y la necesidad de mantenerla, y en su caso la menor afectación para garantizar la tutela judicial efectiva; por consiguiente, de acuerdo al análisis valorativo integral, las circunstancias que devinieron en el fallo impugnado, se encuentran ajustadas a Derecho, dentro del marco de razonabilidad en función a los elementos indiciarios presentados; d) Se advierte que ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda, el Juez de la causa manifestó las circunstancias de la decisión asumida. En consecuencia, no se advierte la existencia de vulneración al derecho a la libertad, más aún cuando conforme al art. 23 de la CPE se establece la existencia de circunstancias por las que se torna viable restringir la libertad; y, si bien en la presente causa no se impuso la medida extrema; sin embargo, ante la necesidad de investigar y concluir el desarrollo investigativo, estando vigentes los componentes del art. “231” del CPP, como son la probabilidad de autoría y concurrencia del peligro de obstaculización, hizo que se tomen medidas como el arraigo, la fianza económica, la detención domiciliaria con permiso para trabajar o estudiar dentro de horarios prefijados y la prohibición de comunicarse con la víctima, para garantizar que la investigación continuará su curso de manera normal, de lo cual no se advierte vulneración de derecho o garantía alguna de los imputados -hoy peticionantes de tutela-; y, e) La Ley posibilita solicitar la modificación de medidas cautelares cuando varían las circunstancias, respaldando objetivamente sus peticiones bajo criterios viables y necesarios. En vía de aclaración, complementación y enmienda los imputados -hoy accionantes-, a través de su abogado, señalaron la ausencia de pronunciamiento respecto a la inexistencia de indicios para determinar la probabilidad de autoría con base en la declaración anticipada de la víctima. Al respecto, la Vocal accionada, se ratificó en la decisión asumida dejando en constancia que bajo la existencia de dos declaraciones analizadas por el Juez de primera instancia, existe duda y la favorabilidad para desactivar la probabilidad de autoría de forma parcial respecto a ambos imputados -ahora impetrantes de tutela- “…haciendo hincapié en el imputado que se alude Marco Zutara, en ese entendido respecto a la probabilidad de autorías es que disminuida pero se mantiene latente” (sic). Además, la señalada autoridad judicial accionada indicó que la fianza económica queda a criterio de los nombrados imputados -hoy accionantes-(Conclusión II.4). Vulneración del derecho a la fundamentación y motivación respecto a la probabilidad de autoría Los peticionantes de tutela expusieron en el recurso de apelación incidental que la Resolución de primera instancia vulneró el art. 124 del CPP por ausencia de fundamentación y motivación; toda vez que, el único indicio contra Marcos Alberto Zutara Castillo era la declaración de la víctima, pero que posteriormente la misma en su declaración anticipada refirió que no conocía al nombrado imputado -hoy accionante-, que no habló con él ni mencionó en ningún momento que este haya ido a traer señoritas ni que le fallaron sino que esos argumentos fueron mencionados por los funcionarios policiales “Yañique” y “Sardina”. Asimismo, respecto a Alberto Nabor Zutara Paredes -hoy impetrante de tutela-, la víctima declaró que vive hace cuatro años en Tarija y no tres días como inicialmente manifestó y que ella fue al lugar de los hechos de manera voluntaria, que no la captaron para brindar servicios sexuales, que mintió respecto a que su hijo se encontraba enfermo, para trabajar y que trabajaba hace más de un año como dama de compañía en otros lugares. En respuesta, la Vocal accionada, al momento de emitir el Auto de Vista 14/2022-SP2, señaló que el Juez de primera instancia desarrolló de manera clara y concreta los fundamentos de las partes, para luego considerar elementos probatorios y aspectos fácticos, además del valor asignado a las pruebas; en concreto, la declaración anticipada de la víctima que desvirtuó su declaración inicial, indicando la presión y amenazas que sufrió por parte de funcionarios policiales, y de acuerdo al análisis realizado por el Juez de la causa, este concluyó que se desvirtuó de manera parcial la probabilidad de autoría, “…puntualizando aspectos concretos que vienen al desarrollo intelectivo, para considerar tal elemento…” (sic), para luego realizar el análisis de los riesgos procesales, señalando de forma clara y precisa los razonamientos desarrollados y la conclusión a la que llegó. Asimismo, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de los imputados -hoy impetrantes de tutela-, dejó constancia que ante la existencia de dos declaraciones que fueron analizadas por el Juez a quo, existe duda y aquella “favorabilidad” para desactivar la probabilidad de autoría en forma parcial respecto a los nombrados, “…haciendo hincapié en el imputado que se alude Marco Zutara, en ese entendido respecto a la probabilidad de autorías es que disminuida pero se mantiene latente” (sic). Asimismo, los accionantes denunciaron en el recurso de apelación incidental la transgresión del art. 173 del CPP, por la supuesta valoración defectuosa de los elementos de prueba, ya que se desvirtuó totalmente la probabilidad de autoría con la declaración anticipada de la víctima, en la que refirió ser amenazada por los funcionarios policiales con perder a su hijo, no existiendo indicio alguno sobre los delitos de trata de personas ni proxenetismo, y si bien el Juez de primera instancia señaló que no se contaba con licencia para venta de bebidas alcohólicas, se trata de un aspecto administrativo pero no de un delito. Ante ese agravio, la Vocal accionada al dictar el Auto de Vista 14/2022-SP2 argumentó que el fallo de primera instancia dio cumplimiento a las exigencias de fundamentación expresando los motivos por los cuales no acogió los argumentos de la defensa de manera completa, exponiendo consideraciones y conclusiones, para luego expresar y justificar las razones de la determinación. Además, la Vocal accionada alegó con relación a la fundamentación y a la valoración probatoria, que en primera instancia se cumplió con lo determinado en el art. 173 del CPP, poniendo de relieve las reglas de la sana crítica, lo que conllevó a la asignación valorativa de cada uno de los elementos de prueba que fueron aportados, y justificando de la misma manera los motivos por los que se atribuyó determinando valor a los elementos presentados, lo que devino en una valoración integral, armónica y conjunta que generó la decisión asumida. Ahora bien, en la presente acción de libertad, los impetrantes de tutela denunciaron que la Vocal accionada no fundamentó el Auto de Vista 14/2022-SP2, con relación a la probabilidad de autoría. De esa manera, respecto a: 1) Marcos Alberto Zutara Castillo -hoy accionante-, argumentaron que el único elemento indiciario para vincularlo con el ilícito fue la declaración de la presunta víctima en sede policial, la cual fue desvirtuada por la misma mediante declaración anticipada en cámara Gessel; sin embargo, pese de haberse solicitado aclaración sobre ese aspecto, la Vocal accionada únicamente se ratificó en la decisión asumida y dejó constancia de que bajo la existencia de dos declaraciones existe duda, y que por ello se desactivó la probabilidad de autoría en forma parcial respecto a ambos imputados -ahora peticionantes de tutela-; asimismo, denuncian que la referida Vocal accionada no individualizó la participación de sus personas, ni señaló las razones para confirmar la probabilidad de autoría; ya que, al quedar desvirtuada la misma no correspondía ingresar al análisis de los riesgos procesales; y, 2) En cuanto a Alberto Nabor Zutara Paredes, señalaron que le fue concedida la cesación de la detención preventiva, pero la declaración anticipada de la víctima desvirtuó la probabilidad de autoría; sin embargo, la Vocal accionada manifestó genéricamente que el Juez de la causa cumplió con la debida fundamentación y motivación. Conforme a lo anterior, se advierte que los accionantes consideran desvirtuada la probabilidad de autoría de los delitos de trata de personas y proxenetismo; toda vez que, la víctima cambió radicalmente su declaración inicial, y por lo tanto, al confirmar el fallo de primera instancia, la Vocal accionada lesionó su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, no individualizó la participación de sus personas ni señaló las razones para confirmar la probabilidad de autoría, ya que no correspondía ingresar al análisis de los riesgos procesales. Bajo tales aspectos, del cotejo del recurso de apelación incidental y el Auto de Vista 14/2022-SP2, en cuanto a la probabilidad de autoría, se advierte que la Vocal accionada hizo alusión a la correcta fundamentación y motivación del fallo de primera instancia que según su análisis desarrolló los fundamentos de las partes, tomó en cuenta los elementos probatorios y elementos fácticos, asignó valor a las pruebas como ser la declaración anticipada de la víctima, concluyendo que al existir dos declaraciones contrarias se desvirtuó de manera parcial la probabilidad de autoría. De esa manera, la autoridad judicial accionada llegó a la conclusión de que fue correcta la favorabilidad aplicada por el Juez de primera instancia para modificar la medida de detención preventiva a favor de los impetrantes de tutela; por lo que, al considerar la gravedad de los delitos de trata de personas y proxenetismo, la vulnerabilidad de la víctima y el cambio radical de la declaración inicial de la víctima, la Vocal accionada efectuó una fundamentación y motivación razonable como elementos del debido proceso, tal como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, reiterando que la motivación no implica la exposición ampulosa de citas legales o consideraciones sino que exige una estructura de forma y de fondo que, en el caso concreto, fue observada por la autoridad judicial accionada, debiendo en consecuencia denegarse la tutela impetrada. Vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto al riesgo procesal de obstaculización Los peticionantes de tutela denuncian en la presente acción de defensa que en primera instancia se dejó activado el peligro de obstaculización, en franca inobservancia de lo establecido por el art. 235 del CPP modificado Ley 1173; sin embargo, el Auto de Vista 14/2022-SP2 no se pronunció respecto al mencionado riesgo procesal ni estableció por qué razón lo mantuvo latente, cuando no se identificó a las otras supuestas víctimas o testigos ni de qué manera o en qué medida sus personas podrían influenciar negativamente u obstaculizar el normal desarrollo del proceso. En el recurso de apelación incidental, los accionantes denunciaron la lesión de los arts. “791 y 792” del CPP y jurisprudencia constitucional, por la inobservancia de los principios de excepcionalidad y de proporcionalidad. Por cuanto, con relación al peligro de obstaculización no existen otras víctimas; además, debe considerarse que la fianza real impuesta fue una medida restrictiva de derechos y no es posible disponer detención domiciliaria y fianza de Bs15 000.-, resultando muy gravosas, por consiguiente, solicitaron que se disponga una medida de presentación para Alberto Nabor Zutara Paredes, el arraigo y la prohibición de acercarse a la víctima, y respecto a Marcos Alberto Zutara Castillo, se le otorgue libertad irrestricta. Con relación a este agravio, la Vocal accionada manifestó que el Juez de la causa desactivó los peligros procesales, mantuvo la probabilidad de autoría de manera parcial y la vigencia del peligro de obstaculización, flexibilizando las medidas extremas impuestas a los imputados -ahora impetrantes de tutela- por otras con menor intensidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 231 bis. del CPP; advirtiéndose que, a través del análisis integral valorativo de las circunstancias, el Juez de primera instancia ponderó las circunstancias para imponer una medida menos gravosa, encontrándose atisbos de la aplicación del test de proporcionalidad, los intereses comprometidos, considerando la idoneidad de la medida impuesta y la necesidad de mantenerla, y en su caso la menor afectación para garantizar la tutela judicial efectiva; por consiguiente, de acuerdo al análisis valorativo integral, las circunstancias que devinieron en el fallo impugnado, se encuentran ajustadas a derecho, dentro del marco de razonabilidad en función a los elementos indiciarios presentados. Conforme a lo anterior, se advierte que la Vocal accionada respondió de manera fundamentada y motivada el agravio expuesto, en observancia al debido proceso; puesto que, señaló que el Juez de primera instancia aplicó el test de proporcionalidad, considerando los intereses comprometidos y la idoneidad de la medida impuesta, además de la necesidad de mantenerla; por consiguiente, respecto a este punto en particular se deniega la tutela impetrada. En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad y de locomoción

Los accionantes denuncian que la Vocal accionada impuso la detención domiciliaria que se constituye en una medida restrictiva de libertad y de locomoción, conforme establece la “SCP 0144/2015-S2”. Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, las medidas cautelares son: «…instrumentos procesales que se imponen dentro del proceso penal con el objeto de restringir o limitar el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, se denominan cautelares porque tienden a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar el efectivo cumplimiento de la eventual sentencia condenatoria. Son de dos clases: las de carácter personal y las de carácter real. Las de carácter personal tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar que se obstaculice la averiguación de la verdad; en cambio, las medidas cautelares reales garantizan la reparación del daño y el pago de costas o multas. Se encuentran revestidas de varias características, como son: a) La excepcionalidad (…); b) Proporcionalidad (…); c) Empleo de la fuerza pública (…); d) Instrumentalidad (…); e) Temporalidad (….); f) Revisabilidad o variabilidad, porque su imposición responde a una determinada situación existente en el momento de adoptarla; es decir que, cuando las circunstancias que la motivaron varían o se modifican durante la tramitación del proceso penal, éstas pueden ser alteradas o revocadas (…). Sobre las medidas cautelares, este Tribunal Constitucional, en la SC 2291/2010-R de 19 de noviembre, indicó lo siguiente: “(…) Al efecto, las normas procedimentales que regulan el desarrollo del proceso penal, prevén garantizar la presencia del imputado en juicio, deduciéndose su calidad instrumental, de modo que éste ejerza cuanto derecho a su favor se haya instituido y simultáneamente, sea eficiente la investigación y eficaz la sanción del delito; conforme a este entendido y ponderando la protección del derecho a la libertad, el art. 250 del CPP, indica la cualidad de las decisiones que se adopten al respecto, afirmando que: 'El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio'; es decir, no causa estado, precisamente, por considerar a las circunstancias que en un primer momento hayan justificado la restricción del derecho a la libertad, como factibles de concluir o modificarse, resultando insuficientes para sustentar la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, o bien, ameritando su imposición; destacándose en esta norma, el carácter provisional de estas medidas”» (las negrillas son nuestras).

En el presente caso, se advierte que la Vocal accionada confirmó el fallo apelado que dispuso, entre otras medidas cautelares, la detención domiciliaria con permiso laboral o de estudios de horas 07:00 a 19:00; asimismo, en aplicación a la jurisprudencia citada precedentemente, las medidas cautelares tienen como una de sus características la revisabilidad y variabilidad; por lo que, no tienen carácter definitivo y pueden ser modificadas durante la tramitación del proceso penal dependiendo de las circunstancias que las motiven; consiguientemente, no resulta evidente la vulneración del derecho a la locomoción; toda vez que, la detención domiciliaria fue determinada debido a la gravedad de los delitos que se imputan a los impetrantes de tutela; por consiguiente, no se advierte la lesión del derecho a la libertad; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicita al respecto.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta la problemática traída en revisión, es necesario hacer mención a la forma en que resolvió el caso el Tribunal de garantías; toda vez que, denegó la tutela solicitada “…porque no se ha demostrado procesamiento indebido ni desproporción en la imposición de medidas cautelares, por el contrario las mismas son benignas, como tampoco se ha demostrado falta de razonamiento y de fundamentación de las autoridades jurisdiccionales al disponer nuevas medidas cautelares personales” (sic); empero, “…No obstante de ellos constatándose la existencia de colisión de derechos entre la víctima y el acusado sin que se haya realizado un ponderación de derechos y test de igualdad desde una perspectiva de género este tribunal considera que la Sala Penal Segunda debe emitir nuevo fallo dando cumplimiento a la línea jurisprudencial trazada en la materia y a los tratados internacionales a momento de razonas, interpretar la normal y valorar la prueba…” (sic); determinación que resulta ser incongruente, en consideración a que al presentar los accionantes esta acción de defensa en análisis fue precisamente cuestionar la falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 14/2022-SP2, lo cual no pudo ser demostrado; por lo que, no correspondía disponer se emita una nueva resolución, convergiendo lo mismo en una fallo extra petita, ameritando en consecuencia llamar la atención a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con distintos argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 72 a 80, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al derecho a la libertad y a la locomoción; al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la probabilidad de autoría y al peligro de obstaculización; y, a disponer la libertad irrestricta de los accionantes y dejar sin efecto la detención domiciliaria y la fianza económica, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Elisa Flores Terán, Juana Aban Velásquez y Tito Bejarano Montellanos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0487_2023-S3.pdf · páginas 1 a 22.

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