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SCP 0487/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46100-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración su derecho a la libertad; dado que, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, como emergencia del mandamiento de apremio por concepto de asistencia familiar, emitido por la autoridad demandada; sin embargo, pese a que depositó la suma de dinero adeudada en la cuenta bancaria de la denunciante, la autoridad judicial demandada no libró el mandamiento de libertad, existiendo dilación indebida que lesiona su derecho a la libertad, razón por la que solicita la concesión de tutela; en consecuencia, se deje sin efecto el mandamiento de apremio y se disponga su inmediata libertad.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0487/2023-S2 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46100-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 075/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Flores Quisbert contra María Elizabeth Paco Laura, Jueza Pública de Familia Octava de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2022, cursante de fs. 5 a 6, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, sustanciado en el Juzgado Público de Familia Octavo de El Alto del departamento de La Paz, en mérito a la liquidación, se dictó en su contra un mandamiento de apremio por la falta de pago el “18” de febrero de 2022, por María Elizabeth Paco Laura, Jueza Pública de Familia Octava de El Alto del referido departamento, -autoridad ahora demandada-. A pesar de realizar una oferta de pago que fue rechazada por la otra parte, el mandamiento de apremio fue efectivizado por el incumplimiento de pago de la asistencia familiar por un monto de Bs12 250.- (doce mil doscientos cincuenta bolivianos). Así que, canceló el monto en su totalidad el mismo día de su detención y mediante un memorial puso en conocimiento de la citada Jueza el depósito pidiéndole que se deje sin efecto el mandamiento y se emita el correspondiente mandamiento de libertad en su favor; empero, hasta la presentación de la acción de libertad no se habría considerado su solicitud.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene de forma inmediata emita el mandamiento de libertad a su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción y ampliación

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando señaló: a) La presente acción de libertad se interpuso porque una vez cumplida y pagada la asistencia familiar su detención se habría tornado ilegal; b) La autoridad judicial demandada libró el “16” de febrero de 2022, mandamiento de apremio para que se cancele el monto de Bs12 250.- por el concepto de asistencia familiar; c) Luego de ser detenido, el 18 de similar mes y año, canceló el monto total adeudado y lo depositó en la cuenta bancaria de la demandante dentro del proceso familiar; d) Mediante memorial interpuesto el mismo día, a horas 16:19 adjuntó el depósito original, y le hizo conocer a la Jueza demandada que se canceló todo lo que debía; y, e) No habría otra razón para limitar su derecho a la libertad según lo establecido en la redacción de dicho mandamiento, lo cual es motivo de esta acción. En audiencia, el Juez solicitó que se aclare: 1) ¿Cuándo se habría ejecutado el mandamiento de apremio que se hubiese librado?; 2) ¿Cuándo se hizo conocer al juzgado a través de los medios telemáticos habilitados por el Tribunal de Justicia?; 3) ¿Se exigió a la Plataforma que el memorial sea remitido en el momento considerando la urgencia y emergencia?; y, 4) Una vez presentado, ¿Se verificó que se haya remitido al Juzgado? La parte accionante a las preguntas del Juez señaló: i) El mandamiento se ejecutó el viernes 18 de febrero de 2022, a horas 17:30 y fue conducido al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, a horas 19:10; ii) No usó los medios telemáticos para poner en conocimiento del juzgado; iii) Sí solicitó a Plataforma de inmediato pero lamentablemente no pudo ingresar al “Tribunal” para llevar una fotocopia del memorial recepcionado directamente al Juzgado debido a que ya estaban fuera de horario y los juzgados estaban cerrados; y, iv) No pudo verificarlo porque Plataforma había cerrado y ya no le dejaban ingresar.

I.2.2. Informe de la demandada

María Elizabeth Paco Laura, Jueza Pública de Familia Octava de El Alto del departamento de La Paz, presentó su informe escrito cursante a fs. 11 y vta., señalando lo siguiente: a) Es sorprendente la mala fe con la que actúa la parte accionante; b) De obrados se puede verificar que “NO CURSA NINGÚN MEMORIAL dentro del proceso familiar de HOMOLOGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR seguido por PAOLA ANGELA MORALES CONDORI en contra JAVIER FLORES QUISBERT, con Nurej 20250792…” (sic); c) No hay ninguna prueba en el expediente que demuestre el pago, a tal efecto adjuntó fotocopias del libro diario de todos los memoriales que ingresaron el 18 de febrero de 2022; y, d) Solicitó se deniegue la tutela, por falta de lealtad procesal de la parte accionante y por no estar conforme a procedimiento. En audiencia señaló: 1) Hasta la fecha no tendría conocimiento del memorial donde se estaría cancelando la asistencia familiar devengada, porque no se encuentra arrimado al expediente; 2) De las pruebas que se acompaña a la misma, se puede establecer que el memorial fue presentado el 18 de similar mes y año, a horas 16:19 y debería ser puesto en conocimiento a la autoridad el día siguiente a horas 08:30; y, 3) El impetrante de tutela señaló que fue apremiado a horas 17:30, aspecto que no pudo saberlo, ya que no era en horario judicial y no fue informada por la abogada de la parte demandada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 075/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 14 a 16, denegó la tutela impetrada, decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes presentados y del informe de la autoridad demandada se observó que en fecha 16 de febrero del año 2022, se emitió el mandamiento de apremio en contra del ahora accionante para que sea conducido al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, hasta que cancele la suma de Bs12 250.-; ii) Se evidenció que este mandamiento fue entregado al abogado Marcelo Aranibar Ulloa el 17 del referido mes y año, a horas 14:35; iii) No se evidenció algún memorial que ponga en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que el obligado ha efectuado la cancelación total; iv) Se verificó, a través de las fotocopias del libro diario del Juzgado Público de Familia Octavo de El Alto del citado departamento, que el viernes 18 de igual mes y año, no ingresó ningún memorial a través del cual la parte accionante pondría en conocimiento de la autoridad jurisdiccional sobre la cancelación total; v) La autoridad demandada conforme a sus facultades desconocería sobre la cancelación; toda vez que, el memorial de 18 de igual mes y año, fue presentado a horas 16:19 y no fue de conocimiento de la autoridad jurisdiccional demandada; vi) Se consultó si la abogada del accionante hizo seguimiento oportuno y conseguir que el memorial llegué a conocimiento del “Juzgado Público en materia familiar”; y, vii) El Juez de garantías consideró que era labor de la abogada del accionante y del personal de plataforma actuar con mayor diligencia para poner en conocimiento inmediato sobre la cancelación total, pero no se podría establecer responsabilidad alguna a la autoridad demandada, ya que ella no recepciona este tipo de memoriales.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta mandamiento de apremio de 16 de febrero de 2022, dictado por María Elizabeth Paco Laura, Jueza Pública de Familia Octava de El Alto del departamento de La Paz, -autoridad ahora demandada- disponiendo el apremio de Javier Flores Quisbert -ahora accionante-, hasta que cancele Bs12 250.- por concepto de asistencia familiar, la misma que fue entregada al abogado de la parte a la que se le debía la referida asistencia, el 17 de igual mes y año (fs. 3 y vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 18 de febrero de 2022, a horas 16:19 por el impetrante de tutela el cual solicitó se deje sin efecto el mandamiento de apremio en su contra y se conmine a la parte demandante que haga la devolución del mismo, ya que no habiendo causa para su apremio, en caso de efectuarse sería totalmente ilegal (fs. 2 y vta.). II.3. Fotocopias del libro diario del Juzgado Público de Familia Octavo de El Alto del departamento de La Paz de 18 de febrero de 2022 (fs. 9 a 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración su derecho a la libertad; dado que, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, como emergencia del mandamiento de apremio por concepto de asistencia familiar, emitido por la autoridad demandada; sin embargo, pese a que depositó la suma de dinero adeudada en la cuenta bancaria de la denunciante, la autoridad judicial demandada no libró el mandamiento de libertad, existiendo dilación indebida que lesiona su derecho a la libertad, razón por la que solicita la concesión de tutela; en consecuencia, se deje sin efecto el mandamiento de apremio y se disponga su inmediata libertad.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida. Jurisprudencia reiterada

En lo concerniente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus –ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales.

Jurisprudencia reiterada Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. La jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1 sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”(las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a la presentación de esta acción tutelar se encontraría privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, como emergencia del mandamiento de apremio por concepto de asistencia familiar emitido por la autoridad demandada; sin embargo, pese a que depositó la suma adeudada en la cuenta bancaria de la denunciante, la autoridad judicial demandada no libró el mandamiento de libertad; por lo que, existiría dilación indebida que lesiona su derecho a la libertad. Por esta razón, solicitó la concesión de tutela para dejar sin efecto el mandamiento de apremio y disponer su inmediata libertad.

De la revisión del mandamiento de apremio indicó que el mismo fue entregado al Abogado Marcelo Aranibar Ulloa el 17 de similar mes y año (Conclusión II.1), el memorial no diligenciado (Conclusión II.2) y el libro diario del citado Juzgado (Conclusión II.3), el informe de la autoridad demandada, lo señalado en audiencia, y lo cotejado por el Juez de garantías en la revisión del expediente, se evidenció que en fecha 16 de febrero de 2022, se emitió el mandamiento de apremio en contra del ahora accionante para que sea conducido al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, hasta que cancele la suma adeudada. A través de las fotocopias del libro diario del Juzgado Público de Familia Octavo de El Alto del departamento de La Paz, puede advertirse que el viernes 18 de febrero de 2022, no ingresó ningún memorial a través del cual el peticionante de tutela pondría en conocimiento de la autoridad jurisdiccional demandada la cancelación total de la asistencia familiar adeudada y que motivó la emisión del mandamiento de apremio en su contra (Conclusión II.3). La autoridad demandada, afirmó desconocer la cancelación total antes referida; toda vez que, el memorial de 18 de igual mes y año, fue presentado a horas 16:19 -conforme al sello de recepción-así como las declaraciones de la abogada del accionante que en audiencia señaló “mi idea era llevar una fotocopia del de este memorial recepcionado directamente al juzgado, pero lamentablemente por el tiempo de la hora los mismos funcionarios policiales desde la puerta ya no me han dejado ingresar indicándome que ya estábamos fuera de horario y que ya todos los juzgado estaban serrados y que ya mi persona no podría ingresar para nada al Juzgado 8 de Familia” (sic); por lo que, si bien el accionante acreditó la presentación del memorial, por los demás antecedentes verificados con el informe y en audiencia se estableció que no sería evidente que el memorial presentado y no diligenciado fue de conocimiento de la autoridad jurisdiccional demandada. De acuerdo a la SCP 0224/2004-R, referida en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible. En el caso del accionante, no se evidenció que el memorial presentado hubiera efectivamente entrado a despacho, porque fue ingresado a Plataforma un día viernes al final de la tarde, antes de que se cierren los juzgados. Tomando en cuenta las circunstancias, y lo señalado por la abogada del impetrante de tutela en audiencia de que no realizó ningún acto para que su memorial llegué a conocimiento del Juzgado Público de Familia Octavo de El Alto del departamento de La Paz, ni entregó una copia del mismo, y que los juzgados ya estaban cerrados. Por tanto, no se podría establecer responsabilidad alguna a la autoridad demandada por una restricción indebida del derecho a la libertad física del ahora solicitante de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0487_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 556ae4170dce6dd04ac26137c6da6a34046f704027a996c4e65c1b01a868698b

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