B.IA.LEGAL

SCP 0485/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54941-2023-110-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, a la defensa y a la impugnacion; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, emitió el Auto de 30 de marzo de 2021, rechazando el incidente de nulidad absoluta por falta de citaciones y notificaciones a las partes procesales argumentando que fue identificada y notificada la propietaria del terreno, quien acreditó su legitimación pasiva; por lo que, no era necesaria la notificación a terceros; empero, no se hubiese pronunciado respecto a la falta de notificación con la Sentencia 76 de 5 de agosto de 2015 a la persona que demandó Braulio Urquiza Méndez y a la FAB, hoy terceros interesados, y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; y, b) Los Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 177/2022 de 29 de igual mes, confirmando el Auto apelado, con el argumento de que no se impugnó dentro del plazo previsto por ley; por lo que, en la fase de ejecución de sentencia sería improcedente la nulidad; es más, no se hubiese opuesto a la Sentencia 76 que adquirió cosa juzgada, aparte de que las nulidades expuestas no serían de trascendencia ni tendrían utilidad práctica; ya que, no acreditó el perjuicio moral o económico, más bien alegaría la nulidad en favor de otros demandados, así como no estableció cuál sería el acto nulo, “cuando está por demás claro que son la falta de las citaciones y nulidades para tramitar la causa y declarar ejecutoriada la sentencia” (sic); lo cual le ocasionó los siguientes agravios: 1) La lesión del derecho al debido proceso; por cuanto, no se …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 76 a 82 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presupuestos para la procedencia de la nulidad de actos procesales en la fase de ejecución, jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0485/2025-S1 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54941-2023-110-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 76 a 82 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Martin Vargas García contra Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta; y Fátima Norma Rivera Fernández, Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 1 de diciembre de 2022 y 17 de enero de 2023, cursantes de fs. 32 a 42 y de 46 a 49 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El “5 de marzo” de 2012, formuló demanda ordinaria de usucapión del bien inmueble que habitó por más de diez años, tomando posesión desde que le fue entregado por Braulio Urquiza Méndez -ahora tercero interesado- de forma pacífica y continuada, en el bien inmueble en el que realizó mejoras, instalando un taller, desyerbando y aplanando el terreno, posteriormente levantó el muro perimetral así como edificó una pequeña vivienda. Dicha demanda fue sorteada al “…Juzgado 12 de Partido Civil...” (sic), donde el Juez de la causa con carácter previo a la admisión emitió el Auto de 6 de marzo de dicho año, solicitando varios documentos inherentes al bien inmueble y a su antecedente dominial. No obstante, sin que se hubiese admitido la referida demanda, de manera sorpresiva y anómala el 27 de abril de dicho año, ingresó un incidente de oposición al proceso de usucapión presentado por Mery Arancibia Correa -hoy tercera interesada-, aduciendo que el bien inmueble objeto de la demanda le pertenecía, solicitando la producción de varios medios probatorios, sin respaldar su oposición en algún precepto legal que ampare invocar un incidente de oposición en un proceso no admitido, sin que se hubiese citado a la parte demandada; por lo que, en lugar de rechazar in limine dicho incidente fue tramitado por el Juez de primera instancia, produciendo prueba. Asimismo, aceptó un memorial que señala “responde” a la demanda y plantea reconvención, abriendo de ese modo ilegalmente su competencia, las cuales le fueron corridas en traslado. Posteriormente, el 20 de “febrero” de 2013, se admitió la demanda contra la persona que demandó el accionante, agregando a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Ángela María Mollinedo Lobaton y a la “auto demandada” Mery Arancibia Correa -ahora terceros interesados-, afectando el principio de legalidad, el derecho a la defensa y al debido proceso; por cuanto, no se citó a la FAB menos a Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy terceros interesados, a pesar de ello la FAB, ahora tercera interesada, por memorial de 30 de abril de dicho año, contestó la demanda y reconvino; mientras que su demandado -se entiende Braulio Urquiza Méndez-, fue citado mediante edictos de prensa, lo que promovió el nombramiento del defensor de oficio. Se emitió la Sentencia 76 el 5 de agosto de 2015, afirmando que todos los demandados fueron citados, lo cual sería falso; a parte de ello, para las notificaciones con la referida Sentencia Mery Arancibia Correa, ahora tercera interesada, solicitó se habilite al “Auxiliar del Juzgado” ante la falta de designación del Oficial de Diligencias, lo que fue aceptado ilegalmente por el Juez de la causa mediante Auto de 17 de septiembre del mencionado año; asimismo, se trató de notificar con la Sentencia -76- en su anterior domicilio procesal, aunque finalmente por decreto de 22 de diciembre de igual año, el Juez de primera instancia, ordenó que previamente se le notifique con la indicada Sentencia; por lo que, se notificó en su domicilio real el 20 de enero de 2016 y mediante el Auto de 5 de abril de igual año se declaró la ejecutoría de la Sentencia -76-, indicando que no se hubiese planteado recurso alguno por las partes procesales. Refirió que revisado el expediente, pudo constatar que se declaró ilegalmente la ejecutoría de la Sentencia -76-; ya que, no se notificó con ella a todos los demandados, entre ellos al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, lo que motivó que presente el 29 de enero de 2021, un incidente de nulidad absoluta, indicando que demandó únicamente a Braulio Urquiza Méndez, hoy tercero interesado, quien fue citado por edictos de prensa y debía notificarse de igual forma con la referida Sentencia; empero, no sucedió aquello, aparte que jamás se citó ni se notificó con ningún actuado procesal a la demandada Ángela María Mollinedo Lobaton, ahora tercera interesada; además, no se notificó con la mencionada Sentencia a la FAB, hoy tercera interesada, pese a que respondió la demanda ordinaria de usucapión; siendo en ese sentido falso lo aseverado en el Auto de 5 de abril de 2016 de ejecutoría de la Sentencia 76, de que se hubiese notificado a todas las partes; lo cual evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de legalidad, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Es más, con el incidente solamente se notificó a Mery Arancibia Correa, ahora tercera interesada, quien respondió fuera de plazo, el 6 de octubre de 2021, alegando la firmeza de los actos por preclusión y convalidación sin pronunciarse sobre el fondo del incidente que fue por falta de citaciones y notificaciones a las partes, en cuyo mérito la Jueza hoy coaccionada emitió el Auto de 30 de marzo de 2021, argumentando que fue identificada y notificada la propietaria del terreno, quien acreditó su legitimación pasiva; por lo que, no era necesaria la notificación a terceros, a pesar de que FAB, ahora tercera interesada, se apersonó como demandada, alegando que el lote de terreno le pertenecía y otorgó un poder a Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, para urbanizarla, quien fue demandada, más nunca fue citada; tampoco se pronunció respecto a la falta de notificación con la Sentencia -76- a la persona que demandó -Braulio Urquiza Méndez-, ahora tercero interesado, y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Ante las ilegalidades descritas, por memorial de 10 de septiembre de 2021, formuló recurso de reposición con alternativa de apelación, señalando que la Jueza hoy coaccionada, emitió una valoración en favor de la otra parte que ni siquiera citó en razón de su defensa, al extremo de señalar que la falta de citaciones y notificaciones no es suficiente para declarar la nulidad con total falta de fundamentación y motivación. En cuya virtud los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 177/2022 de 29 de marzo, confirmando el Auto de 30 de igual mes de 2021, con el argumento de que no se impugnó dentro del plazo previsto por ley; por lo que, en la fase de ejecución de sentencia sería improcedente; es más, no se opuso a la Sentencia -76- que adquirió cosa juzgada, aparte de que las nulidades expuestas no serían de trascendencia tampoco tendrían utilidad práctica; debido a que, no acreditó el perjuicio moral o económico, más bien alegaría la nulidad en favor de otros demandados, así como no estableció cuál sería el acto nulo, “…cuando está por demás claro que son la falta de las citaciones y nulidades para tramitar la causa y declarar ejecutoriada la sentencia…” (sic), siendo notificada su persona el 1 de junio de igual año. La parcialización de la Jueza hoy coaccionada con la “auto demandada” Mery Arancibia Correa, ahora tercera interesada, se debería a que es ex funcionaria de la FAB, ahora tercera interesada; ya que, cuando se vendieron los terrenos era la encargada de regularizar las transferencias, lo cual fue aprovechado para apoderarse ilegalmente de varios lotes en contradicción a lo que establece el art. 592.2 del Código Civil (CC), pretendiendo hacer valer un solo derecho propietario en diferentes partes de la zona, constituyéndose en una loteadora; por cuanto, sorpresivamente se insertó al proceso teniendo conocimiento de un lote libre. Alegó que se vulneran los siguientes derechos: a) Al debido proceso; por cuanto, no se notificó a todas las partes procesales con la Sentencia -76- a pesar de ello fue ejecutoriada, no se citó a la demandada Ángela María Mollinedo Lobaton, ahora tercera interesada, vulnerándose el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad. A parte de ello, las notificaciones fueron realizadas por Miguel Alfonzo Coca Saibury, “Auxiliar del Juzgado”, habilitado ilegalmente por el Juez de la causa sin tener atribuciones para ello, siendo una facultad privada del Consejo de la Magistratura; por lo que, cometió un acto de usurpación de funciones, invalidado por el art. “123” de la Constitución Política del Estado (CPE); b) Derecho a la defensa; puesto que, con la falta de citación y notificación a todas las partes del proceso se afecta este derecho; y, c) Derecho a la impugnación; ya que, se coartó ese derecho a quien demandó Braulio Urquiza Méndez, hoy tercero interesado; puesto que, en la misma forma, como se notificó con la demanda mediante edictos de prensa correspondía notificarse con la Sentencia -76-, tampoco se notificó con dicha Sentencia a la FAB, Ángela María Mollinedo Lobaton, ahora terceros interesados, y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, a la defensa y a la impugnación; citando al efecto los arts. 109.I, 115.II, 117, 119.II y 180.II de la CPE; y, 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: 1) Se anule el Auto de Vista 177/2022 de 29 de marzo, emitido por los Vocales ahora accionados y el Auto de 30 de igual mes de 2021 emitido por la Jueza hoy coaccionada, ordenando se pronuncie la resolución que corresponda en observancia del derecho al debido proceso, los principios de legalidad, publicidad, el derecho a la defensa y a la impugnación; y, 2) Asimismo, se anule las notificaciones realizadas por personal ilegalmente habilitado en clara comisión de usurpación de funciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 76, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que agregando que el abogado defensor de oficio designado después de ser citado por edictos de prensa, se apersonó al proceso -civil- reclamando derechos del demandado -se entiende Braulio Urquiza Mendez-, ahora tercero interesado; aparte de ello se entiende que Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, fue llamada de oficio por el Juez de la causa y se presume que también es propietaria; empero, no fue citada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Fátima Norma Rivera Fernández, Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; mediante informe presentado el 3 de febrero de 2023, cursante a fs. 66 y vta., manifestó que: i) Emitida la Sentencia -76- de 5 de agosto de 2015, que declaró improbada la demanda de usucapión formulada por el accionante y probada la reconvención de reivindicación, mejor derecho propietario, desocupación y entrega del bien inmueble planteada por Mery Arancibia Correa ahora tercera interesada, se notificó con dicha Sentencia al demandante -accionante- en su domicilio real por “..el Oficial de Diligencias titular de entonces…” (sic), no habiendo formulado recurso de apelación que le permitía la ley; por lo que, se declaró la ejecutoría de la Sentencia -76-; ii) El incidente de nulidad por falta de citaciones y notificaciones con la señalada Sentencia, fue planteado el 29 de enero de 2021; es decir, que existe cinco años de diferencia entre ambos actos procesales, sin que se hubiese reclamado esta situación en sede ordinaria que ahora recién se observa en la jurisdicción constitucional; iii) El “Auto” mencionado como atentatorio a sus derechos constitucionales confirma el Auto de 30 de marzo de 2021, que consideró que al tratarse la usucapión un modo de adquirir la propiedad, necesariamente debe estar dirigida contra el titular del derecho propietario para que sea procedente a efectos de extinción de ese derecho propietario en caso de ser favorable, lo cual otorga seguridad jurídica al verdadero titular del predio y al propio demandante de no haber causado indefensión al propietario; iv) En el caso concreto del certificado alodial se tiene que Mery Arancibia Correa, hoy tercera interesada, es la propietaria del bien inmueble ubicado en -Urbanización Santa Cruz, Av. San Martin, zona Rincón Vallegrandino-, Unidad Vecinal 118, Manzano 32, Lote 4, con una superficie de 450. m, zona Sud Oeste, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0060406, ubicación que coincide con el terreno sobre el cual se formuló usucapión; por lo que, la citada certificación acredita la legitimación pasiva de Mery Arancibia Correa, ahora tercera interesada, para ser demandada dentro del proceso -civil-; en ese sentido, no es óbice para declarar la nulidad del proceso por la falta de notificación con la Sentencia -76- a los presuntos propietarios; v) Al margen de que la FAB representada por Melvin Arteaga, hoy tercera interesada, manifestó que la urbanización Santa Cruz que incluye el terreno objeto de usucapión formaba parte de una extensión mayor de propiedad de la FAB, ahora tercera interesada, que fue fraccionado y transferido a particulares; asimismo, se otorgó poder para la venta de terrenos a Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada; empero, dicho poder fue dejado sin efecto, argumentos que fueron valorados en la señalada Sentencia; y, vi) No se vulneró los derechos y garantías del accionante; puesto que, el recurrente funda su reclamo en derecho de terceras personas y no en causa propia, aspecto que genera la carencia de legitimidad para el propósito buscado.

Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitieron informe alguno pese a sus citaciones, cursantes de fs. 53 a 54.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Sergio Fernando Lora Araoz en representación legal del Comandante General de la FAB, mediante informe de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 67 a 68, manifestó que: a) La FAB, era propietaria de un terreno urbanizado en el lugar denominado “Tierras Nuevas”, “El Bajío” y “El Carmen”, a la altura del Quinto Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuyo derecho propietario estaba registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0009423 a nombre del Colegio Militar de Aviación General German Busch, Asiento A-1 de 13 de septiembre de 1957, que después de un proceso de urbanización fue parcelada por manzanas y lotes denominado urbanización Santa Cruz, correspondiente a las Unidades Vecinales 118 y 118-A de Santa Cruz de la Sierra; b) El Honorable Congreso Nacional mediante Ley 1948 de 18 de marzo de 1999, nos autorizó la enajenación a título oneroso de los mencionados lotes de terreno en la urbanización descrita y mediante Resolución Administrativa (RA) 042/2003 de 11 de abril, el Comando General de la FAB, en mérito a la citada Ley, autorizó la transferencia individualizada de los lotes de la indicada Urbanización; c) En ese marco, la FAB aperturó la venta de lotes de terreno ofreciendo al personal militar, de las Fuerzas Armadas y civil; es decir, al ejército, a la fuerza aérea y naval y posteriormente al público en general. Es así que mediante Minuta de Transferencia Definitiva de 13 de junio de 2005, la FAB transfirió en calidad de venta el Lote 4, Manzana 32 correspondiente a la UV 118 con una superficie de 450.2 m en favor de Mery Arancibia Correa, hoy tercera interesada, quien perfeccionó su derecho propietario bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0060406; d) A finales de noviembre de 2011, se anoticiaron que el accionante hubiese formulado un proceso de usucapión sobre el lote de terreno antes descrito contra un supuesto propietario tratando de engañar a la justicia, en cuya demanda el nombrado no cumplió con el requisito principal para que proceda la usucapión; puesto que, desde la venta de los terrenos no transcurrieron los diez años, y si hubiese ingresado antes, aun pertenecía a la FAB; ya que, estaba custodiado como bien de una institución del Estado, sin que pueda demostrar por ningún lado que estuvo en posesión por más de diez años, del que tomó conocimiento la FAB; puesto que, fuimos citados y notificados con los actuados; por lo que, pusieron en conocimiento de estos aspectos a la autoridad jurisdiccional; e) Existe falta de legitimación pasiva respecto de la FAB, ahora tercera interesada, al no tener una relación jurídica con la pretensión procesal; puesto que, el lote de terreno ya fue transferido en favor de una persona natural, a quien se la reconoce como la única y legitima propietaria del lote que pretende ser usucapido; y, f) Respecto a Ángela Maria Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, cuando la FAB tenía la intención de urbanizar esos terrenos, existía un preacuerdo con la nombrada, para que sea la encargada de realizar los trámites de urbanización y su posterior comercialización; empero, al no prosperar el proyecto se desestimó su participación quedando cancelado todo convenio al respecto, no teniendo la FAB, hoy tercera interesada, ninguno vínculo con la nombrada, la misma no puede tener ninguna representación de la institución, es más, el mando y la administración actual de la institución no conoce a la nombrada. Mery Arancibia Correa, en audiencia manifestó que: 1) El accionante no identificó cuales son los actos ilegales que le generaron agravios vulnerando sus derechos constitucionales; 2) Por lo anterior, se remite a una narrativa netamente de la jurisdicción ordinaria al hablar de falta de notificaciones, que se demandó a tres personas, que hubo demandados a quienes no se les notificó, si bien se demandó a Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado el 2012; empero, ya falleció el 2022; por lo que, ya no sería posible demandar a un fallecido, siendo la demanda un acto doloso; 3) No se analiza la normativa que habilita para ser parte en el proceso, el art. 27 del Código Procesal Civil (CPC), señala que se debe tener un interés legítimo, eficaz para que la autoridad jurisdiccional aperture su competencia, lo cual se cumple en el caso presente; ya que, su persona cuenta con folio real, acreditó ser la propietaria del bien inmueble que pretende ser usucapido; por lo que, es la única persona que tendría legitimación pasiva para ser demandada en el proceso doloso de usucapión; además, ingresó con consentimiento de su persona al lote; 4) Alegó supuesta indefensión de terceras personas sin tener poder que les faculte actuar a nombre de ellos; puesto que, es reiterativo ese argumento de que no se notificó a Ángela María Mollinedo Lobaton, Braulio Urquiza Méndez, hoy terceros interesados, y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz cuando solamente es necesario citar en forma personal a las partes con la demanda y reconvención, el resto de los actuados debe notificarse en tablero o secretaria del juzgado; y, 5) Existe acto consentido; por cuanto, el accionante estuvo en el proceso civil como diez años, en el que no se le generó ninguna indefensión, por ello se ejecutorió la Sentencia 76 sin que hubiese reclamado los aspectos referidos antes; por lo que, no puede ser anulado el proceso -civil-, lo cual conlleva a su denegatoria.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 33/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 76 a 82 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Se pudo advertir los siguientes hechos no controvertidos en el proceso principal, existe el acta de audiencia para resolver el incidente formulado por el accionante, siendo rechazado mediante el Auto de 27 de noviembre de 2017, el cual ameritó el “Auto de Vista 331/2018”, emitido por la “…Sala Civil y Comercial Tercera, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar…” (sic), declarando no ha lugar al recurso de apelación y confirmando el Auto de 27 de noviembre de “2018”; ii) Existe otro hecho no controvertido de que el 5 de abril de 2019, el accionante nuevamente plantea un incidente de nulidad procesal, que fue resuelto mediante el Auto de 12 de marzo de 2020, declarando improbado el incidente de nulidad con una multa de Bs100.- (cien bolivianos); asimismo, por “…Auto del 22 de enero de 2021 que declara probado el incidente de nulidad con costas” (sic); iii) También se advierte un nuevo incidente de nulidad interpuesto por el accionante el 27 de enero de 2020, que fue resuelto mediante el Auto de 30 de marzo de 2021, declarando improbado dicho incidente; iv) Existe otro hecho no controvertido, referido al recurso de reposición con alternativa de apelación planteado por el accionante, que fue concedido en el efecto devolutivo, siendo resuelto mediante el Auto de Vista de 29 de marzo de 2022. En ese contexto, el accionante denunció que se hubiese lesionado sus derechos constitucionales; empero, no estableció con claridad cuáles serían esos derechos vulnerados, haciendo solamente referencia a derechos de terceros sin que tenga poder de representación de ellos. A parte de ello, no se aprecia con claridad el nexo causal, entre los derechos y garantías presuntamente vulnerados y el acto u omisión ilegal en que hubiesen incurrido los accionados, razones por las que esa Sala no puede analizar el fondo de la problemática planteada; v) Existen principios que rigen las nulidades procesales, que fueron desarrollados en la SC 0731/2010-R de 26 de julio, como ser el principio de convalidación y la preclusión; ya que, el Auto de Vista -177/2022- cuestionado señala lo siguiente: “…es claro advertir que el recurrente pretende sustentar su nulidad basado en su propia torpeza, puesto que en conocimiento de los supuestos vicios de nulidad en la tramitación del proceso principal antes de dictar sentencia no activó los medios de defensa idóneo y los recursos de impugnación pertinentes dentro de los plazos de ley, inclusive no se impugnó la Sentencia de 5 de agosto del año 2015, la cual adquirió la calidad de cosa juzgada, asi tampoco se expuso tales vicios procesales en el primer incidente de nulidad de fs. 429 y vuelta del cuaderno de apelación, permitiendo con su inactividad y decidía se convalide los supuestos defectos procesales, siendo inadmisible reclamar nulidad de forma extemporánea en ejecución de sentencias” (sic); asimismo, el citado Auto de Vista, concluyó que: “…el recurrente no expresa con claridad y precisión cual es el prejuicio económico y/o moral que le causa la resolución recurrida, con mayor razón si alega la nulidad por los otros demandados careciendo de legitimación y personería para actuar por ellos. De la misma manera el recurrente no señala cual es la disposición legal en la que se funda su nulidad, desconociendo el principio de especificad o legalidad” (sic); y, vi) En ese marco, el Auto de Vista -177/2022- apelado, establece de manera clara los fundamentos que dieron lugar a la decisión asumida; ya que, el accionante no estableció el por qué consideró que la labor interpretativa cumplida en el Auto de Vista resultaría arbitraria, incongruente o ilógica o con error evidente, menos identificó las reglas de interpretación que hubiesen sido omitidas por los los accionados, cual la interpretación que debió realizarse y su relevancia constitucional.

En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional complementación y enmienda, respecto a las nulidades procesales por falta de notificaciones considerando que todo juez o tribunal estaría en la obligación de realizar el saneamiento procesal. En merito a esa solicitud la Sala Constitucional señaló lo siguiente que para las nulidades procesales debe considerarse los principios establecidos en la SC 0731/2010-R, como el principio de convalidación y preclusión cuando se vulneran los derechos fundamentales, lo cual se verificó en el caso concreto; por lo que, declaró no ha lugar a la complementación y enmienda solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de 27 de febrero de 2012, dirigido al “JUEZ DE PARTIDO EN MATERIA CIVIL DE TURNO DE LA CAPITAL” (sic), por Gonzalo Martin Vargas García -ahora accionante-, quien formuló demanda de usucapión decenal contra Braulio Urquiza Méndez -hoy tercero interesado-, sobre un bien inmueble ubicado en la urbanización Santa Cruz, Av. San Martín, zona Rincón Vallegrandino, Unidad Vecinal 118, Manzano 32, Lote 4 con una superficie de 450 m (fs. 3 y vta.). mereciendo en respuesta el Auto de 20 de marzo de 2013, emitido por el Juez de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, admitiendo la demanda ordinaria de usucapión decenal presentada por el accionante contra la FAB, Braulio Urquiza Méndez, Ángela María Mollinedo Lobaton y Mery Arancibia Correa -ahora terceros interesados-, disponiendo que la citación sea por edictos de prensa al principal demandado (fs. 4). Se adjunta Sentencia 76 de 5 de agosto de 2015, emitida por Juan Gonzales Noya, entonces Juez del Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital de dicho departamento, declarando improbada en parte la demanda en lo que corresponde a la usucapión decenal y probada en cuanto a las mejoras introducidas por el accionante y probada la demanda reconvencional planteada por Mery Arancibia Correa, hoy tercera interesada, por reivindicación, mejor derecho propietario, desocupación y entrega del bien inmueble, disponiendo que el demandado -accionante- entregue dicho bien inmueble en el plazo de treinta días, previo pago de las mejoras introducidas (fs. 7 a 8 vta.). Mediante decreto de 5 de abril de 2016, el Juez de primera instancia declaró la ejecutoria de la referida Sentencia al no formularse ningún recurso por las partes procesales (fs. 13). II.2. Por memorial presentado el 29 de enero de 2021, ante el “JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 12 DE LA CAPITAL” (sic), el accionante planteó incidente de nulidad absoluta ante flagrante vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, solicitando se anulen obrados por falta de citaciones y notificaciones con la demanda y reconvención a Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, y con la Sentencia -76- a las demás partes procesales que no sea Mery Arancibia Correa (fs. 14 a 17 vta.). II.3. Consta Auto de 30 de marzo de 2021, emitido por Fátima Norma Rivera Fernández, Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionada-, declarando improbado el incidente de nulidad absoluta planteado por el accionante y rechazando la solicitud de que se declare imposible la ejecución de Sentencia -76- (fs. 29 a 30). II.4. A través de memorial de 10 de septiembre de 2021, dirigido al “JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 12 DE LA CAPITAL” (sic), el accionante formuló recurso de reposición con alternativa de apelación, solicitando se revoque el Auto de 30 de marzo de dicho año (fs. 22 a 25). II.5. Cursa el Auto de Vista 177/2022 de 29 de marzo, emitido Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionados-, confirmando el Auto de 30 de de igual mes de 2021 con costas (fs. 18 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, a la defensa y a la impugnacion; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, emitió el Auto de 30 de marzo de 2021, rechazando el incidente de nulidad absoluta por falta de citaciones y notificaciones a las partes procesales argumentando que fue identificada y notificada la propietaria del terreno, quien acreditó su legitimación pasiva; por lo que, no era necesaria la notificación a terceros; empero, no se hubiese pronunciado respecto a la falta de notificación con la Sentencia 76 de 5 de agosto de 2015 a la persona que demandó Braulio Urquiza Méndez y a la FAB, hoy terceros interesados, y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; y, b) Los Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 177/2022 de 29 de igual mes, confirmando el Auto apelado, con el argumento de que no se impugnó dentro del plazo previsto por ley; por lo que, en la fase de ejecución de sentencia sería improcedente la nulidad; es más, no se hubiese opuesto a la Sentencia 76 que adquirió cosa juzgada, aparte de que las nulidades expuestas no serían de trascendencia ni tendrían utilidad práctica; ya que, no acreditó el perjuicio moral o económico, más bien alegaría la nulidad en favor de otros demandados, así como no estableció cuál sería el acto nulo, “cuando está por demás claro que son la falta de las citaciones y nulidades para tramitar la causa y declarar ejecutoriada la sentencia” (sic); lo cual le ocasionó los siguientes agravios: 1) La lesión del derecho al debido proceso; por cuanto, no se notificó a todas las partes con la citada Sentencia a pesar de ello fue ejecutoriada, no se citó a una de las demandadas Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, vulnerándose el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad. A parte de ello, las notificaciones fueron realizados por Miguel Alfonzo Coca Saibury entonces Auxiliar del Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, habilitado ilegalmente por el Juez de la causa sin tener atribuciones para ello, siendo una facultad privada del Consejo de la Magistratura; 2) La vulneración del derecho a la defensa; debido a que, con la falta de citación y notificación a todas las partes del proceso se afectó ese derecho; y, 3) La vulneración del derecho a la impugnación; por lo que, se coartó ese derecho a quien demandó Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado, a quien en la misma forma en que se notificó con la demanda correspondía notificar mediante edictos de prensa con la referida Sentencia, tampoco se notificó con dicha Sentencia a la FAB, Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy terceros interesados y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Presupuestos para la procedencia de la nulidad de actos procesales en la fase de ejecución, jurisprudencia reiterada; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Presupuestos para la procedencia de la nulidad de actos procesales en la fase de ejecución, jurisprudencia reiterada

La SCP 0700/2020-S2 de 19 de noviembre, citando a su vez la SCP 2504/2012 de 13 de diciembre, establece que: «“…la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso. Maurino sostiene que la misión de las nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto”

En ese sentido, para que opere una declaratoria de nulidad, aun de oficio, deben presentarse los elementos consignados en la SC 0731/2010-R de 26 de julio; éstos son: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, ‘Nulidades Procesales’)’” . Destaca además sobre el particular, que la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, concluyó de un análisis de la justicia material como finalidad del sistema de administración de justicia boliviano, que la Ley del Órgano Judicial vigente, limita la posibilidad de declarar la nulidad a los casos estrictamente necesarios instituidos en la Ley; así, el art. 17.I de la referida Ley, prevé que: “La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”; debiendo considerarse además el principio de preclusión, respecto al que el art. 16.I de la Ley anotada, regula que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”. Así, la Sentencia Constitucional precitada, estableció que: “…en grado de apelación los tribunales ad quem en materia civil deben considerar al menos: i) Se encuentran prohibidas las nulidades originadas en formalismos o ritualismos procesales lo que ocasiona que las nulidades deban encontrarse expresamente previstas en la ley. ii) Las nulidades deben reclamarse oportunamente, pues resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso, para pedir dicha declaración, esto porque esa conducta no condice con el principio de lealtad procesal. iii) La nulidad no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, lo que concuerda con el principio general del derecho que establece que ‘Nadie puede alegar su propia torpeza’. iv) No puede declararse nulidad por actos que la parte procesal haya consentido o convalidado, en general las nulidades están reservadas a situaciones en las que se generó indefensión. v) La declaratoria de nulidad imputable a la deficiente tramitación del órgano de administración de justicia debe generar responsabilidad funcionaria”». La precitada SCP 0144/2012 de 14 de mayo, señala que: “2) La posibilidad de dejar sin efecto la llamada cosa juzgada ‘aparente’ que es aquella obtenida en franca y manifiesta violación de derechos fundamentales y derechos humanos, porque no es posible alcanzar un orden social justo y en definitiva la paz social reconocidos por la doctrina como fines del derecho, con resoluciones que a la vista del colectivo resultan ser obtenidas de forma injusta. Dicha posibilidad puede concretarse mediante el planteamiento de incidentes de nulidad así la SC 0151/2006-R de 6 de febrero, sostuvo que: ‘En este estado, es necesario dejar establecido que es perfectamente posible el planteamiento del incidente de nulidad en ejecución de Sentencia buscando la reparación de un proceso ilegal por vulneración de derechos y garantías, y de ningún modo ello puede ser considerado como una situación en la que el Juez esté revisando su propia actuación pues como lo reconoce la doctrina los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías se reputan como inexistentes…’ posición ratificada en la SC 0133/2010-R de 17 de mayo, entre otras” .

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, a la defensa y a la impugnación; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, emitió el Auto de 30 de marzo de 2021, rechazando el incidente de nulidad absoluta por falta de citaciones y notificaciones a las partes procesales argumentando que fue identificada y notificada la propietaria del terreno, quien acreditó su legitimación pasiva; por lo que, no era necesaria la notificación a terceros; empero, no se hubiese pronunciado respecto a la falta de notificación con la Sentencia 76 de 5 de agosto de 2015 a la persona que demandó Braulio Urquiza Méndez y a la FAB, hoy terceros interesados, y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; y, b) Los Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 177/2022 de 29 de igual mes, confirmando el Auto apelado, con el argumento de que no se impugnó dentro del plazo previsto por ley; por lo que, en la fase de ejecución de sentencia sería improcedente la nulidad; es más, no se hubiese opuesto a la Sentencia 76 que adquirió cosa juzgada, aparte de que las nulidades expuestas no serían de trascendencia ni tendrían utilidad práctica; ya que, no acreditó el perjuicio moral o económico, más bien alegaría la nulidad en favor de otros demandados, así como no estableció cuál sería el acto nulo, “cuando está por demás claro que son la falta de las citaciones y nulidades para tramitar la causa y declarar ejecutoriada la sentencia” (sic); lo cual le ocasionó los siguientes agravios: 1) La lesión del derecho al debido proceso; por cuanto, no se notificó a todas las partes con la citada Sentencia a pesar de ello fue ejecutoriada, no se citó a una de las demandadas Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, vulnerándose el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad. A parte de ello, las notificaciones fueron realizados por Miguel Alfonzo Coca Saibury entonces Auxiliar del Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, habilitado ilegalmente por el Juez de la causa sin tener atribuciones para ello, siendo una facultad privada del Consejo de la Magistratura; 2) La vulneración del derecho a la defensa; debido a que, con la falta de citación y notificación a todas las partes del proceso se afectó ese derecho; y, 3) La vulneración del derecho a la impugnación; por lo que, se coartó ese derecho a quien demandó Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado, a quien en la misma forma en que se notificó con la demanda correspondía notificar mediante edictos de prensa con la referida Sentencia, tampoco se notificó con dicha Sentencia a la FAB, Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy terceros interesados y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.

Ahora bien, de los antecedentes procesales venidos en revisión, consta memorial de 27 de febrero de 2012, dirigido al “JUEZ DE PARTIDO EN MATERIA CIVIL DE TURNO DE LA CAPITAL” (sic), por el accionante quien formuló demanda de usucapión decenal contra Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado, sobre un bien inmueble ubicado en la urbanización Santa Cruz, Av. San Martín, zona Rincón Vallegrandino, Unidad Vecinal 118, Manzano 32, Lote 4 con una superficie de 450.2 m; siendo admitido por Auto de 20 de marzo de 2013, por el Juez de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no solamente contra Braulio Urquiza Méndez, hoy tercero interesado, sino también contra la FAB, Ángela María Mollinedo Lobaton y Mery Arancibia Correa ahora terceros interesados, disponiendo que se cite por edictos de prensa al primer nombrado; por lo que, previo los tramites de ley, el Juez de la causa emitió la Sentencia 76, declarando improbada en parte la demanda en lo que corresponde a la usucapión decenal y probada en cuanto a las mejoras introducidas por el accionante y probada la demanda reconvencional planteada por Mery Arancibia Correa, hoy tercera interesada, por reivindicación, mejor derecho propietario, desocupación y entrega del bien inmueble, disponiendo que el demandante -accionante- reconvenido entregue dicho bien inmueble en el plazo de treinta días, previo pago de las mejoras introducidas; la misma que mediante decreto de 5 de abril de 2016, se declaró la ejecutoria de la Sentencia 76 al no haberse interpuesto ningún recurso por las partes (Conclusión II.1.). En ese contexto, el accionante refiere en su demanda de amparo constitucional, que revisó el expediente, pudiendo constatar que se declaró ilegalmente la ejecutoria de la Sentencia 76, lo que motivó que presente el 29 de enero de 2021, incidente de nulidad absoluta por falta de citaciones y notificaciones (Conclusión II.2.), indicando que demandó a Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado, quien fue citado por edictos de prensa y con la referida Sentencia debía notificarse de igual forma; empero, no sucedió aquello; además, en ningún momento se citó, ni se notificó con algún actuado procesal a la demandada Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, no se notificó con la Sentencia a la FAB, ahora tercera interesada, pese a que respondió la demanda ordinaria de usucapión, menos al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; siendo falso lo aseverado en el auto de ejecutoría de la indicada Sentencia, de que se hubiese notificado a todas las partes; es más, con el referido incidente planteado solamente se notificó a Mery Arancibia Correa, ahora tercera interesada, quien respondió fuera de plazo, el 6 de octubre de 2021, alegando la firmeza de los actos por preclusión y convalidación sin pronunciarse sobre el fondo del incidente que fue por la falta de citaciones y notificaciones a las partes procesales, en cuyo mérito la Jueza hoy coaccionada emitió el Auto de 30 de marzo de 2021 (Conclusión II.3.), argumentando que fue identificada y notificada la propietaria del terreno, quien acreditó su legitimación pasiva; por lo que, no era necesaria la notificación a terceros, a pesar de que la FAB, ahora tercera interesada, se apersonó como demandado, alegando que el lote de terreno le pertenecía antes y otorgó poder a Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, para urbanizar dicho poder fue dejado sin efecto, quien fue demandada, más nunca fue citado ni notificado con la Sentencia 76; tampoco se pronunció respecto a la falta de notificación con la citada Sentencia a la persona que demandó Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Prosiguió, señalando que contra el Auto de 30 de marzo de 2021, formuló recurso de reposición con alternativa de apelación (Conclusión II.4.), en cuya virtud los Vocales hoy accionados, emitieron el Auto de Vista 177/2022 (Conclusión II.5.), confirmando el Auto apelado, con el argumento de que no se impugnó dentro del plazo previsto por ley; por lo que, en la fase de ejecución de sentencia seria improcedente; es más, no se opuso a la Sentencia 76 que adquirió cosa juzgada, aparte de que las nulidades expuestas no serían de trascendencia, tampoco tendrían utilidad práctica; ya que, no acreditó el perjuicio moral o económico, más bien alegó la nulidad a favor de otros demandados, así como no estableció cuál sería el acto nulo, “cuando está por demás claro que son la falta de las citaciones y nulidades para tramitar la causa y declarar ejecutoriada la sentencia” (sic). Ahora bien, establecidos los antecedentes procesales y lo expuesto en la acción de amparo constitucional, el accionante identificó como el acto vulneratorio a sus derechos y garantías constitucionales invocados, el Auto de 30 de marzo de 2021, emitido por la Jueza ahora coaccionada, que rechazó el incidente de nulidad absoluta por falta de citaciones y notificaciones a las partes del proceso y el Auto de Vista 177/2022, dictado por los Vocales hoy accionados, confirmando el Auto apelado; lo cual se confirma considerando la pretensión deducida en su petitorio, de que precisamente se anule a través de este medio de defensa el Auto de 30 de marzo de 2021 y el Auto de Vista 177/2022, ordenando pronunciar a los ahora accionados la resolución que corresponda en observancia del derecho al debido proceso, los principios de legalidad, publicidad, el derecho a la defensa y a la impugnación; así como, se anule las notificaciones realizadas por personal ilegalmente habilitado en clara comisión de usurpación de funciones. Sin embargo, previamente a analizar y resolver la problemática planteada, es necesario aclarar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir pronunciamiento sobre el Auto de 30 de marzo de 2021, emitida por la Jueza ahora coaccionada; puesto que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no se constituye en una etapa recursiva adicional o casacional paralela de la jurisdicción ordinaria que revise todas las resoluciones emitidas en los procesos ordinarios; en tal sentido, bajo el principio de subsidiariedad, la revisión sólo se efectuará a partir del Auto de Vista 177/2022 de 29 de marzo, de segunda instancia, como última resolución, en que las autoridades judiciales accionadas tuvieron la posibilidad de corregir, modificar, enmendar y/o anular las actuaciones o determinaciones asumidas por una autoridad de menor jerarquía, conforme se entendió en la SCP 0108/2016-S3 de 15 de enero, en función del cual se analizará los agravios presuntamente lesionados por el Auto de Vista 177/2022, referidos a la: i) Vulneración del derecho al debido proceso; por cuanto, no se notificó a todas las partes procesales con la Sentencia 76, a pesar de ello fue ejecutoriada, no se citó a una de las demandadas Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, vulnerándose el debido proceso en su elemento de legalidad. A parte de ello, las notificaciones fueron realizados por Miguel Alfonzo Coca Saibury, entonces Auxiliar del Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, habilitado ilegalmente por el Juez de la causa sin tener atribuciones para ello, siendo una facultad privativa del Consejo de la Magistratura; ii) La vulneración del derecho a la defensa; puesto que, con la falta de citación y notificación a todas las partes del proceso se afectó este derecho; y, iii) La vulneración del derecho a la impugnación; ya que, se coartó ese derecho a quien demandó Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado, a quien en la misma forma en que se notificó con la demanda mediante edictos de prensa correspondía notificar con la Sentencia 76 al nombrado, tampoco se notificó con la referida Sentencia a la FAB, Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy terceros interesados, y al al Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz. Asimismo, antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada corresponde precisar que el incidente de nulidad absoluta formulado por el accionante que fue planteado en la fase de ejecución de sentencia; por cuanto, conforme se evidencia de la (Conclusión II.1.), la demanda de usucapión decenal fue interpuesta el 27 de febrero de 2012, siendo admitida por Auto de 20 de marzo de 2013; por lo que, previo a los tramites de ley, se emitió la Sentencia 76 de 5 de agosto de 2015; con la cual el accionante afirma que fue notificado el 20 de enero de 2016 en su domicilio real, misma que mediante decreto de 5 de abril de 2016, declaró la ejecutoría de la referida Sentencia al no interponerse ningún recurso por las partes procesales, adquiriendo de ese modo dicha Sentencia la calidad de cosa juzgada; mientras que el incidente de nulidad absoluta según se tiene de la Conclusión II.2., fue planteado el 29 de enero de 2021, después de más de cuatro años de haberse ejecutoriado la mencionada Sentencia, lo cual demuestra que fue activado el citado incidente en la fase de ejecución de sentencia.

Con relación a los incidentes de nulidad planteadas en ejecución de sentencia, la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que si es posible plantear incidente de nulidad en dicha fase; no obstante, debe considerarse que la nulidad procesal es un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del derecho al debido proceso; es más, la Ley del Órgano Judicial vigente, limitó la posibilidad de declarar la nulidad a los casos estrictamente necesarios; así, el art. 17.I de La Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé que: “La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”; debiendo considerarse además el principio de preclusión, respecto al cual el art. 16.I de la citada Ley, señala: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”. En ese sentido los tribunales de apelación en materia civil deben considerar cuando al menos: a) Se encuentran prohibidas las nulidades originadas en formalismos o ritualismos procesales lo que ocasiona que las nulidades deban encontrarse expresamente previstas en la ley; b) Las nulidades deben reclamarse oportunamente; puesto que, resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso, para pedir dicha declaración, esto porque esa conducta no condice con el principio de lealtad procesal; c) La nulidad no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, lo que concuerda con el principio general del derecho que establece que Nadie puede alegar su propia torpeza; d) No puede declararse nulidad por actos que la parte procesal haya consentido o convalidado, en general las nulidades están reservadas a situaciones en las que se generó indefensión; y, e) La declaratoria de nulidad imputable a la deficiente tramitación del órgano de administración de justicia debe generar responsabilidad funcionaria. En ese marco, corresponde analizar los agravios que presuntamente le causó al accionante, los argumentos y la decisión asumida por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 177/2022, referidos a la: 1) Vulneración del derecho al debido proceso; por cuanto, no se notificó a todas las partes procesales con la Sentencia 76 a pesar de ello fue ejecutoriada; asimismo, no se citó a la demandada Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, vulnerándose el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad. A parte de ello, las notificaciones fueron realizados por Miguel Alfonzo Coca Saibury, entonces Auxiliar del Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, habilitado ilegalmente por el Juez de la causa sin tener atribuciones para ello, siendo una facultad privativa del Consejo de la Magistratura; 2) La lesión del derecho a la defensa; puesto que, con la falta de citación y notificación a todas las partes del proceso se afectó este derecho; y, 3) La vulneración del derecho a la impugnación; ya que, se coartó ese derecho a Braulio Urquiza Méndez, hoy tercero interesado, quien debió ser notificado con la citada Sentencia así como se hizo con la demanda mediante edictos de prensa, tampoco se notificó con la señalada Sentencia a la FAB, Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy terceros interesados y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. En efecto, para corroborar los presuntos agravios descritos corresponde revisar el contenido del Auto de Vista 177/2022 apelado, donde los Vocales hoy accionados, llegaron a las siguientes conclusiones: i) Revisados los antecedentes procesales se advierte que el accionante formuló numerosos incidentes en ejecución de sentencia por supuestos vicios de nulidad, los cuales fueron declarados improbados, cuando los vicios que ahora denuncia debieron ser reclamados en dichas oportunidades conforme lo dispuesto en el art. 107.II del CPC, que señala: “No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita”, concordante con lo previsto por el art. 17.III de la LOJ, establece que: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; ii) El recurrente pretende sustentar la nulidad basado en su propia torpeza; puesto que, en conocimiento de los supuestos vicios debió plantear en la tramitación del proceso principal antes de dictarse sentencia activando los medios de impugnación idóneos dentro de los plazos legales, al extremo de que no impugnó la Sentencia 76, dejando adquirir la calidad de cosa juzgada, así como tampoco expuso los vicios alegados en el primer incidente planteado, permitiendo con su propia inactividad y decidía se convaliden los supuestos defectos procesales, siendo extemporáneo dichos reclamos; ya que, la norma procesal adjetiva exige que se reclamen en forma oportuna y en la primera actuación posterior al defecto procesal; iii) Para que la nulidad sea procedente es necesario indicar cuál es el perjuicio causado; además, cual su relevancia o utilidad práctica; es decir, la incidencia que tendría en la modificación de la decisión final, lo que implica justificar el principio de trascendencia, lo cual está ausente en el caso; por cuanto, no expresó con claridad y precisión cual es el perjuicio económico o moral que le causó la resolución apelada, más aun cuando alega la nulidad por otros demandados, careciendo de legitimación y personería para actuar por ellos; iv) A parte de ello, no señaló la disposición legal en que funda su nulidad, desconociendo el principio de especificidad o legalidad; ya que, no basta con que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión origine la nulidad del acto, debiendo ser expresamente sancionada con nulidad en la ley; y, v) El Auto apelado, está debidamente motivado y fundamentado con la cita de las disposiciones legales, habiéndose valorado las pruebas y los datos del proceso conforme lo argumentado y pedido por las partes procesales, existiendo plena congruencia entre los considerandos y la parte resolutiva, no existiendo vulneración del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva. En ese sentido, compulsado los argumentos expuestos en el Auto de Vista 177/2022 con los agravios expuestos por el accionante en la acción de defensa presentada, conforme los requisitos o presupuestos mencionados en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional cuando se alegue causales de nulidad en ejecución de sentencia, los tribunales de apelación en materia civil deben verificar los mismos, respecto al cual se tiene lo siguiente: a) Están prohibidas las nulidades originadas en formalismos o ritualismos procesales; deban encontrarse expresamente previstas en la ley. Al respecto, el accionante cuestionó que no se citó a una de las demandadas Ángela María Mollinedo Lobaton, ahora tercera interesada, tampoco no se notificó a todas las partes del proceso con la Sentencia 76 a pesar de ello fue ejecutoriada, así como las notificaciones fueron realizados por Miguel Alfonzo Coca Saibury, entonces Auxiliar del Juzgado de Partido Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, habilitado ilegalmente por el Juez de la causa sin tener atribuciones para ello, siendo una facultad privativa del Consejo de la Magistratura, vulnerándose el derecho debido proceso en su elemento de legalidad. Si bien la falta de citación con la demanda y la ausencia de notificación a todos los demandados pueden constituir formalmente un motivo de nulidad; empero, no respaldó con la normativa pertinente que sancione expresamente con nulidad absoluta esos extremos. b) Las nulidades deben reclamarse oportunamente; puesto que, resulta reprochable que conociendo la existencia de una causal de nulidad se permita el avance del proceso, por el principio de lealtad procesal. Sobre el particular, de los antecedentes se tiene que las supuestas causales de nulidad se originaron en momentos procesales precluidos, así la falta de citación con la demanda a, Ángela María Mollinedo Lobaton, hoy tercera interesada, se produjo en la fase de citación con la admisión de la demanda, debiendo reclamarse en la audiencia preliminar en el momento de saneamiento procesal, lo cual no se lo hizo, dejando precluir esa oportunidad. La falta de notificación con la Sentencia 76 a la FAB, Ángela María Mollinedo Lobaton, Braulio Urquiza Méndez, hoy terceros interesados y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz a pesar de ello fue ejecutoriada la señalada Sentencia mediante decreto de 5 de abril de 2016, el momento procesal oportuno para reclamar ese vicio era antes de que se emita dicho decreto o bien impugnar mediante el recurso de reposición, lo cual revisado los antecedentes tampoco fue activado; por lo que, las referidas causales de nulidad no fueron reclamadas oportunamente. c) La nulidad no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, lo que concuerda con el principio general del derecho que establece que ‘Nadie puede alegar su propia torpeza’. Este supuesto es consecuencia del punto anterior; ya que, los defectos procesales persistieron por la propia negligencia o inercia del accionante; por cuanto, en lugar de reclamar los supuestos vicios en momentos procesales oportunos, dejó precluir esa posibilidad en su propio perjuicio; por lo que, no se puede pretender anteponer su propia torpeza ante una exigencia de tipo legal, siendo en ese sentido su actuación desleal con los jueces ordinarios y con esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo efectivamente extemporáneo su reclamo. d) No puede declararse la nulidad por actos que la parte procesal haya consentido o convalidado, en general las nulidades están reservadas a situaciones en las que se generó indefensión. Al respecto, las supuestas causales de nulidad expresados en los tres agravios que se denuncia por medio de la acción de amparo constitucional, tienen un común denominador, que es la falta de citación con la admisión de la demanda a una de las demandadas y la ausencia de notificaciones con la Sentencia 76 a otros demandados, preocupándose así de la presunta indefensión provocada a terceros y no de una posible indefensión propia; más aún cuando la FAB, hoy tercera interesada, en su informe presentado en esta acción de defensa, manifestó que, era propietario de un terreno urbanizado en el lugar denominado “Tierras Nuevas”, “El Bajío” y “El Carmen”, a la altura del Quinto Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que después de un proceso de urbanización fue parcelada por manzanas y lotes denominado urbanización Santa Cruz, correspondiente a las Unidades Vecinales 118 y 118-A de Santa Cruz; posteriormente, el Honorable Congreso Nacional mediante Ley 1948 de 18 de marzo de 1999, autorizó a la FAB, ahora tercera interesada, la enajenación a título oneroso de los mencionados lotes de terreno en la urbanización descrita y mediante la RA 042/2003, el Comando General de la FAB en mérito a la citada Ley, autorizó la transferencia individualizada de los lotes de la mencionada Urbanización; en ese marco, la FAB, hoy tercera interesada, aperturó la venta de lotes de terreno ofreciendo al personal militar, de las Fuerzas Armadas y civil. Es así que mediante minuta de transferencia definitiva de 13 de junio de 2005, la FAB, hoy tercera interesada, transfirió en calidad de venta el Lote 4, Manzana 32 correspondiente a la UV 118 con una superficie de 450 m a favor de Mery Arancibia Correa, ahora tercera interesada, quien perfeccionó su derecho propietario bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0060406. En ese sentido, existe falta de legitimación pasiva respecto de la FAB, hoy tercera interesada, al no tener una relación jurídica con la pretensión procesal; puesto que, el lote de terreno ya fue transferido en favor de una persona natural. También aclaró que se otorgó poder a Ángela María Mollinedo Lobaton, ahora tercera interesada, para realizar los trámites de urbanización y su posterior comercialización; empero, al no haber prosperado el proyecto se desestimó su participación quedando cancelado todo convenio al respecto, no teniendo la FAB, hoy tercera interesada, ningún vínculo con la nombrada, la misma no puede tener ninguna representación de la institución. Lo propio, la falta de notificación con la Sentencia 76 a Braulio Urquiza Méndez, ahora tercero interesado, y al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, que presuntamente causó indefensión solamente podría ser reclamado por ellos y no por el accionante, a menos que cuente con poder de representación, lo cual no fue acreditado, más aun cuando la codemandada Mery Arancibia Correa, hoy tercera interesada, afirmó que el primero de los nombrados hubiese fallecido el 2022; por lo que, tampoco se acreditó este presupuesto. Aparte de ello, se advierte que los supuestos vicios de nulidad fueron consentidos y convalidados por el propio accionante; por cuanto, esos vicios debieron ser denunciados después de notificada con la Sentencia 76, a través del recurso de apelación tratándose de un proceso ordinario; es más, pudo recurrir de casación, por el contrario dejó adquirir la calidad de cosa juzgada; por lo que, tácitamente consintió y convalidó dichos vicios al no activar los citados medios de impugnación expresamente permitidos por la ley; más aún, conforme se evidenció en la primera parte, la Sentencia 76 fue notificada al accionante el 20 de enero de 2016 en su domicilio real, la misma que fue ejecutoriada mediante decreto de 5 de abril de 2016, al no interponerse ningún recurso por las partes procesales, adquiriendo de ese modo la Sentencia 76 la calidad de cosa juzgada; mientras que el incidente de nulidad, fue planteada el 29 de enero de 2021, después de cuatro años de haberse ejecutoriado la citada Sentencia, lo cual demuestra que fue activado el incidente de nulidad absoluta, de manera extemporánea.

De lo expuesto, se puede concluir que no es evidente que los Vocales ahora accionados hubiesen vulnerado con la emisión del Auto de Vista 177/2022, los derechos al debido proceso en su elementos de legalidad, a la defensa y a la impugnación del accionante; puesto que, analizaron correctamente conforme los principios que guían las nulidades procesales como el principio de especificidad o legalidad, principio de finalidad del acto; principio de trascendencia y principio de convalidación; concluyendo que en los supuestos agravios alegó la presunta indefensión de los otros demandados sin contar con poder de representación, cuando en dichos agravios debió haber fundado en un perjuicio o indefensión propia; además, de convalidar y consentir dichos vicios por no plantear recursos de apelación y casación; aparte de que no cumplió con los presupuestos para que sea procedente en la fase de ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada el incidente de nulidad absoluta pretendida; por lo que, corresponde denegar la solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 76 a 82 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0485_2025-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): ad05c1ac3df25cbc15312e8803f9d82701eafb231cd50772452baf415c92f30a

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