Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 13 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; toda vez que, en su condición de ex Gerente de Operaciones y Mantenimiento de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, fue notificado con el inicio de un proceso penal instaurado en su contra, a raíz de un Informe Circunstanciado de Hechos, emitido por el Contralor General del Estado; sin embargo, este acto: i) No le fue notificado a efectos de presentar sus descargos correspondientes en sede administrativa; y, ii) Revisada la competencia, atribuciones y funciones de la autoridad demandada, la figura del Informe Circunstanciado de Hechos es inexistente, debiendo haberse emitido un informe preliminar, este ser notificado para que ejerza su derecho a la defensa, finalizando con la emisión de un informe conclusivo, para posteriormente realizarse las acciones legales correspondientes; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la Contralora General del Estado, cumpla el procedimiento administrativo establecido en el DS 23215 y se proceda a su notificación con el informe circunstanciado de hechos, para que ejerza su derecho a la defensa en un debido proceso administrativo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 92/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0483/2026-S3 Sucre, 13 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56071-2023-113-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 92/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Felipe Flores Terceros contra Nora Herminia Mamani Cabrera, Contralora General del Estado.
Por memoriales presentados el 10 y 26 de octubre de 2022, cursantes a fs. 2 y 20 a 24 vta.; y, 28 a 30, el accionante, manifestó lo siguiente:
En su condición de ex Gerente de Operaciones y Mantenimiento de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” (EETC MT), fue notificado con el inicio de un proceso penal instaurado en su contra por Henrry Lucas Ara Pérez, entonces Contralor General del Estado, a raíz de un Informe Circunstanciado de Hechos, basado en una auditoría realizada por la Subcontraloría de Empresas Públicas, respecto al proceso de contratación de una empresa de seguridad privada para EETC MT en la gestión 2020. De acuerdo a las competencias, atribuciones, funciones y actividades de la Contraloría General del Estado (CGE), dicha figura es inexistente; toda vez que, conforme establece el Reglamento del Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, Decreto Supremo (DS) 23115 -lo correcto es DS 23215- de 22 de junio de 1992, debió emitirse un informe preliminar, este ser puesto en conocimiento del administrado para que ejerza su derecho a la defensa y presente los descargo respectivos, finalizando con la emisión del informe conclusivo, remitido a conocimiento del Contralor General del Estado, para que se realicen las acciones legales. Ahora bien, independientemente de la existencia o no de la figura del informe circunstanciado de hechos, se inobservó el debido proceso y su derecho a la defensa, al no habérsele puesto en conocimiento el mismo a efectos de que presente los descargos respectivos en sede administrativa, constituyéndose en una omisión lesiva a sus derechos fundamentales.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 121 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 núm. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: Que la Contralora General del Estado, cumpla el procedimiento administrativo establecido en el DS 23215 y se proceda a su notificación con el informe circunstanciado de hechos, para que ejerza su derecho a la defensa en un debido proceso administrativo.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 51 a 55, se produjeron los siguientes actuados:
El accionarte no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 40.
Nora Herminia Mamani Cabrera, Contralora General del Estado, a través de su representante, por informe escrito presentado el 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 48 a 53, solicitó se deniegue la tutela; señalando que: a) El Informe Circunstanciado de Hechos P5/GP18/021-F1, emerge de la atribución de supervisión de la CGE prevista en el art. 217 de la CPE, al haberse encontrado indicios de la posible comisión de delitos, no así del Control Externo Posterior como señaló el accionante; dicho procedimiento se aplica para determinar indicios de responsabilidad penal, lo cual permite a la CGE acudir de manera directa al Ministerio Público a efectos de presentar la respectiva denuncia; b) La acción de amparo constitucional es improcedente por inobservar el principio de subsidiariedad, siendo que identificado el indicio de responsabilidad, el régimen de persecución penal, establece que la CGE remita a la Unidad Legal a efectos de que esta solicite al juez las medidas precautorias y preparatorias necesarias o denunciará los hechos ante el Ministerio Público; en tal sentido, se procedió conforme establece el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992- y los arts. 285, 286 y 289 del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiéndose abierto una causa penal con Código Único de Denuncia (CUD): 201102012203723, dentro de la cual existe un Fiscal de Materia y una autoridad judicial encargada de ejercer el control de derechos y garantías constitucionales dentro de la investigación, a la cual puede acudir el accionante; y, c) Se activó erróneamente la acción tutelar, pues el hecho denunciado es la falta de notificación con el Informe Circunstanciado de Hechos, enmarcado fuera de las normas de auditoria; en cuyo caso, debió activar una acción de inconstitucionalidad, lo que hace improcedente la acción de amparo constitución formulada.
Tomas Choque Condori, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 41.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 92/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 56 a 60, denegó la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada en aplicación del principio de subsidiariedad. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El art. 35 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, faculta a la autoridad legal competente presentar la denuncia ante el Ministerio Público, sobre la participación de una o varias personas en la comisión de uno o varios delitos, a través de los datos contenidos en el informe circunstanciado, mismo que no constituye una acusación en sede administrativa, pues es atribución del Fiscal de Materia, emitir la imputación formal si identifica la posible existencia del hecho, investigación sujeta al control jurisdiccional; y, 2) El informe circunstanciado, fue puesto en conocimiento del Fiscal de Materia, quien a su vez por medio del informe de inicio de investigación lo puso en conocimiento de la autoridad judicial, control jurisdiccional encargado de supervisar cualquier defecto u omisión sobre el informe circunstanciado, siendo esta la instancia para realizar este tipo de observaciones.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa denuncia escrita, presentada ante el Ministerio Público por Henry Lucas Ara Pérez, entonces Contralor General del Estado -Entidad demandada-, contra Carlos Felipe Flores Terceros -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, previstos y sancionados por los arts. 153 y 154 del Código Penal (CP), en mérito al Informe Circunstanciado de Hechos P5/GP18/O21-F1 e Informe de Opinión Legal LX/XP18/D21, respecto al trabajo de supervisión sobre el proceso de contratación directa GOM 001/2020 “Servicios de Seguridad Privada EETC Mi Teleférico Gestión 2020” (fs. 4 a 17 vta.). II.2. Consta Informe de inicio de investigación, caso CUD 201102012203723, presentada por el Fiscal de Materia -tercero interesado-, a través del cual se pone en conocimiento de la autoridad judicial la referida denuncia escrita, para el respectivo control jurisdiccional de la investigación (fs. 18 a 19).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; toda vez que, en su condición de ex Gerente de Operaciones y Mantenimiento de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, fue notificado con el inicio de un proceso penal instaurado en su contra, a raíz de un Informe Circunstanciado de Hechos, emitido por el Contralor General del Estado; sin embargo, este acto: i) No le fue notificado a efectos de presentar sus descargos correspondientes en sede administrativa; y, ii) Revisada la competencia, atribuciones y funciones de la autoridad demandada, la figura del Informe Circunstanciado de Hechos es inexistente, debiendo haberse emitido un informe preliminar, este ser notificado para que ejerza su derecho a la defensa, finalizando con la emisión de un informe conclusivo, para posteriormente realizarse las acciones legales correspondientes; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la Contralora General del Estado, cumpla el procedimiento administrativo establecido en el DS 23215 y se proceda a su notificación con el informe circunstanciado de hechos, para que ejerza su derecho a la defensa en un debido proceso administrativo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1123/2023-S1 de 19 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento:
Al respecto la SCP 0366/2014 de 21 de febrero, reiterada por la SCP 0976/2014 de 28 de mayo, señala lo siguiente:
Al referirse a los actos administrativos, la doctrina es uniforme al precisar que: “Quedan aquí excluidos del concepto todos los «actos preparatorios» (informes, dictámenes, proyectos, etc.) y en general cualquier acto que por sí mismo no sea suficiente para dar lugar a un efecto jurídico inmediato en relación a un sujeto de derecho; esos actos no son impugnables administrativa ni judicialmente. (…) En cambio, quedan comprendidos en el concepto aquellas actividades que producen por sí mismas un efecto jurídico, aunque él no sea inmediato en el tiempo: actos que se dictan para producir efectos a partir de una fecha futura determinada, sujetos a término o condición, etc.”. “‘Informes administrativos son aquellos documentos que contienen una declaración de juicio emitida por un organismo, centro directivo o unidad de la administración sobre cuestiones de hecho o derecho que sean objeto de un procedimiento. (…) La finalidad de estos documentos, es proporcionar a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, datos, valoraciones y opiniones precisos para la formación de su voluntad y la adopción de los acuerdos o resoluciones”. “Los informes técnicos elaborados por las distintas instancias institucionales al interior de las entidades públicas, inicialmente no podrán considerase actos administrativos propiamente dichos, en razón a que no producen efectos jurídicos de manera inmediata, por cuanto únicamente sirven de sustento técnico para la toma de decisiones que se trasuntan en resoluciones administrativas o respuestas de carácter concluyente; por el contrario son actos administrativos aquellos informes técnicos que produzcan efectos jurídicos para el administrado y no sean un acto preparatorio de otro acto administrativo definitivo como ser el respaldo de una Resolución Administrativa. Con mayor razón será considerado un acto administrativo, aquél documento denominado informe que sin embargo implique una decisión que defina alguna situación respecto al administrado. En conclusión, sí son impugnables los informes técnicos que puedan vulnerar de manera directa algún derecho o principio, consecuentemente, una vez agotada la vía administrativa podrán ser impugnados en la esfera constitucional, por cuanto en los hechos son asimilables a los actos administrativos propiamente dichos, en razón a que en esencia no difieren de los mismos. De manera general, la Ley de Procedimiento Administrativo prevé el sistema de impugnación contra los actos administrativos, basado en dos recursos, como son el de revocatoria y el jerárquico, el primero de ellos a ser presentado ante la autoridad que emitió la resolución impugnada previo cumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la norma, y en caso de obtenerse una decisión desfavorable, ya sea por la emisión de una resolución, o bien por la omisión en su pronunciamiento dentro del plazo estipulado, entonces queda abierta la vía del recurso jerárquico, el que deberá ser presentado ante la misma autoridad que resolvió el recurso de revocatoria, a efectos de que ésta, remita el mismo ante la autoridad competente para su conocimiento y resolución”.
Respecto a los informes ya sean técnicos y legales, la SCP 0430/2017-S1 de 19 de mayo, en su parte final del Fundamento Jurídico III.3 expresó también lo siguiente:
“…En ese contexto, los mencionados informes, al ser un acto que no resuelve de manera definitiva la denuncia interpuesta, debe ser entendido que no puede ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional, mucho menos puede ser considerado como una resolución que puede ser objeto de apelación dentro del referido proceso interno, es decir, al ser recomendaciones o sugerencias u opiniones realizadas a la autoridad que emitirá un fallo, ya sea, de auto de admisión de la denuncia e inicio de la investigación, auto de inicio del sumario disciplinario o resolución definitiva en primera instancia, por lo tanto, no se evidencia la supuesta vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales con la emisión de los aludidos informes”.
Por su parte la SCP 0847/2018-S1 de 17 de diciembre, en al análisis del caso concreto aplicando los razonamientos desarrollados por la citada SCP 0976/2014, refirió que:
“…en relación a los informes técnicos legales citados en el presente caso, que al no ser estos actos administrativos propios en razón que no producen efectos jurídicos inmediatamente sino que únicamente sirven de sustento para la tarea de decisiones, no son objeto de apelación, por ende no necesariamente son susceptibles de notificación antes de la emisión de la respectiva resolución”.
En conclusión, de lo descrito por la jurisprudencia constitucional, se advierte un elemento importante que define la asimilación a un acto administrativo, y es lo referido a que los Informes Técnicos se constituyen en actos administrativos, cuando produzcan efectos jurídicos para el administrado, y no sean un acto preparatorio de otro acto administrativo definitivo; en consecuencia, sólo si se cumple dicho presupuesto, serán considerados los Informes Técnicos en actos administrativos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0168/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía.
2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:
…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas). Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.
De la revisión de los antecedentes y conforme a los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se advierte que, el origen del proceso penal cuestionado tiene como fundamento la denuncia presentada por el entonces Contralor General del Estado contra el ahora accionante, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, tipificados en los arts. 153 y 154 del CP; denuncia sustentada en el Informe Circunstanciado de Hechos P5/GP18/O21-F1 y en el Informe de Opinión Legal LX/XP18/D21, emergentes del trabajo de supervisión al proceso de contratación directa GOM N° 001/2020 “Servicios de Seguridad Privada EETC Mi Teleférico Gestión 2020”, a través de los cuales se identificaron indicios de responsabilidad penal (Conclusión II.1). Asimismo, se evidencia que el Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emitió el correspondiente Informe de Inicio de Investigación dentro del caso CUD 201102012203723, poniendo en conocimiento del juez de instrucción penal el inicio de las investigaciones, a efectos del control jurisdiccional previsto por la normativa procesal penal (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal, ha establecido que los informes técnicos o legales, en principio, constituyen actos preparatorios que no producen efectos jurídicos inmediatos; por lo que, no son impugnables ni tutelables en sede constitucional; solo serán asimilables a actos administrativos -y, por tanto, susceptibles de impugnación- cuando generen por sí mismos efectos jurídicos directos para el administrado y no constituyan mero sustento de una resolución definitiva. En el caso en análisis, se advierte que el Informe Circunstanciado de Hechos P5/GP18/O21-F1 y el Informe de Opinión Legal LX/XP18/D21 constituyen únicamente opiniones de carácter técnico jurídico que sirvieron de sustento para que Henry Lucas Ara Pérez, entonces Contralor General del Estado, en cumplimiento de la obligación prevista por el art. 286 del CPP, formalizara la denuncia e instara el inicio del proceso penal contra el ahora impetrante de tutela. No obstante, dichos informes no cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de este Tribunal para ser asimilados a actos administrativos propiamente dichos; toda vez que, no generan efectos jurídicos directos ni inmediatos por sí mismos, sino que constituyen actos preparatorios que sustentan una actuación posterior; en consecuencia, por su naturaleza y características, no son impugnables de manera autónoma ni susceptibles de tutela a través de la acción de amparo constitucional. En tal sentido, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional es un mecanismo subsidiario, que solo procede cuando no exista otro medio o recurso legal idóneo para la protección inmediata de los derechos fundamentales, salvo que se demuestre la inminencia de un daño irreparable. En ese contexto, corresponde precisar que el art. 35 de la Ley 1178; dispone que, determinados indicios de responsabilidad, corresponde su remisión a la autoridad legal pertinente a efectos de promover las acciones correspondientes, entre ellas la denuncia ante el Ministerio Público; esta previsión normativa guarda concordancia con el art. 286 del CPP, que impone a todo funcionario público la obligación de denunciar los delitos de acción pública conocidos en el ejercicio de sus funciones; de donde se concluye que, la actuación asumida por la autoridad denunciante no constituye una facultad discrecional, sino el cumplimiento de un mandato legal. En ese marco, el inicio de la investigación penal fue sometido al control del juez de instrucción penal, autoridad encargada de supervisar la legalidad de los actos investigativos y garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales durante el desarrollo del proceso penal. Ahora bien, el accionante alega que la omisión de notificación con el Informe Circunstanciado de Hechos y la interposición de la denuncia, vulneraron su derecho a la defensa y al debido proceso; sin embargo, corresponde señalar que la denuncia constituye únicamente el acto mediante el cual se pone en conocimiento del Ministerio Público la presunta comisión de un hecho ilícito, no implicando por sí misma determinación de responsabilidad ni imposición de sanción; del mismo modo, el Informe Circunstanciado de Hechos, no constituye una acusación formal ni una decisión administrativa definitiva que afecte derechos subjetivos, sino un antecedente técnico que habilita el inicio de la investigación penal. En materia penal, además, no rige el sistema de prueba tasada, correspondiendo la valoración de los elementos colectados a la jurisdicción ordinaria en las etapas procesales pertinentes; por consiguiente, cualquier cuestionamiento respecto a la legalidad de la denuncia o de los actos investigativos debe ser planteado ante la autoridad jurisdiccional que ejerce el control de la investigación, a través de los mecanismos procesales ordinarios previstos por Ley. En consecuencia, al evidenciarse la existencia de los medios o recursos idóneos en la jurisdicción ordinaria para la protección de los derechos y garantías invocados, corresponde denegar la tutela solicitada por inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 92/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0483_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f7dc51c31d3a45aeeedc74ce7a2c1880beb7f240915ff13ee2a42674b8d6f4ac
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