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SCP 0483/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52483-2023-105-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derecho a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que, el 29 de noviembre de 2022, solicitaron al Director demandado la elaboración de un informe social a través de la Trabajadora Social codemandada, para viabilizar la detención domiciliaria que obtuvieron; sin embargo, dicha documental no les fue entregada inclusive hasta la presentación de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 086/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 34 vta., a 39, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; 2º CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional las autoridades demandadas expidan el informe social requerido en el plazo de veinticuatro horas; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y,

3º DENEGAR respecto a la solicitud de indemnización costas y costos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0483/2025-S3 Sucre, 02 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52483-2023-105-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 086/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 34 vta., a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Quispe Poma en representación sin mandato de Gregorio Colque Crispina y Guillermo Mamani Colque contra Olimpio Daniel Taboada Ordoñez, Director Departamental del Régimen Penitenciario de Potosí; y, Monica Fabiola Jerez Cortez, Trabajadora Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 10 a 13 vta., los accionantes a través de su representante manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; por decreto de 25 de noviembre de 2022, el Juez de su causa dispuso la elaboración de mandamiento de detención domiciliaria. A ese fin solicitaron por nota de 29 de idéntico mes y año, a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí que por la sección de trabajo social se pueda elaborar la “verificación domiciliaria”; no obstante, transcurrieron más de siete días sin obtener respuesta alguna. La Trabajadora Social codemandada les pidió conducir a su asistente para la verificación domiciliaria habiéndose entrevistado con la propietaria del inmueble y tomó fotografías del mismo y de las habitaciones donde habitarían. Cumplido ese acto el Director ahora demandado indicó que él no había ordenado ese actuado y que quien debía verificar era la codemandada y no su ayudante. Al negar la diligencia requerida se incumplió con los alcances de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. El Estado reconoce el derecho a la reparación ante la vulneración de otros derechos, asimismo el art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPC).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado su derecho a la libertad y el principio de celeridad, citando a ese efecto los arts. 110, 115.I y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo a) Se ordene al Director Departamental del Régimen Penitenciario de Potosí, responda de forma inmediata al cumplimiento de emitir la verificación domiciliaria; b) En el día la Trabajadora Social elabore informe de verificación domiciliaria; c) Se establezca responsabilidad civil, con monto indemnizable a su favor; y, d) Pago de costas judiciales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 26 a 34, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela por intermedio de su abogado, ratificaron el tenor íntegro del memorial de la acción tutelar y ampliándolo indicaron que: 1) Luego de realizada la visita por el asistente de la Trabajadora Social codemandada cuando pretendieron recoger, les pusieron diversas trabas, como ser que el nombre del cargo del Director (ahora demandado) hubiera estado consignado de forma errada aduciendo el prenombrado que por tal razón su nota de 29 de noviembre de 2022, no tenía validez; al respecto cuestionaron de porque no se observó eso cuando les recepcionaron su escrito, a lo que “…ha ordenado, en ese momento recién ha decretado, la nota del 29, que no se dé curso…” (sic); y, 2) Solicitaron conforme el art. 24 de la CPE que el director demandado responda de forma inmediata al “…cumplimiento de emitir el verificativo domiciliario…” (sic). Ante las preguntas de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, de cuál fue la orden judicial por la que les exigieron tramitar el informe social, contestaron que la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 2298 faculta a efectuar la solicitud mediante requerimiento u orden judicial y a petición de las partes.

I.2.2. Informe de los demandados

Olimpio Daniel Taboada Ordoñez, Director Departamental del Régimen Penitenciario de Potosí; por informe escrito presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., señaló que: i) Pese a que en anterior oportunidad ya emitieron un informe social con otra dirección a favor de los accionantes ante su solicitud de 29 de noviembre de 2022, se realizó la verificación correspondiente; ii) Cuando los prenombrados pretendieron recoger ese informe, se comportaron de manera prepotente ante la codemandada quien les indicó que solo faltaban detalles y su firma como director, ante lo cual se negaron a esperar el tiempo que se les pidió, decidiendo en lugar a ello abandonar las instalaciones del centro que dirige. Mónica Fabiola Jerez Cortez, Trabajadora Social, en audiencia de garantías manifestó que: a) Al tener varias funciones que cumplir, envió a su asistente para efectuar la verificación, y posteriormente realizó el informe; y, b) Junto con su superior ahora demandado, solicitaron a los peticionantes de tutela un plazo razonable para efectuar una segunda verificación por cuanto se trata de dos primos que solicitaron vivir en el mismo domicilio. Ante la pregunta de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, respecto a que: 1) Bajo qué orden realizó el informe social; y, 2) Qué se entiende por informe social. Contestó que elaboró el informe en base al memorial que presentaron aun de estar mal dirigido ya que consignaron “Director de Cantumarca” cargo que ocupa José Manuel Blanco y no así su superior, siendo ese error atribuible a la defensa de los peticionantes de tutela y lo que se pretendía con tal informe que ya fue elaborado era que se respalde dónde van a vivir.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Potosí, mediante Resolución 086/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 34 vta. a 39, concedió “en forma parcial” la tutela solicitada, disponiendo que el Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí responda en el plazo de veinticuatro horas la nota presentada por los accionantes a 29 de noviembre de 2022, respecto al segundo punto del petitorio no ha lugar; en cuanto a la indemnización y a las costas también no ha lugar, toda vez que la nota presentada presentaba observaciones como ser a quien se dirigió la misma; con base en los siguientes fundamentos: i) No se pudo evidenciar que el Director de Régimen Penitenciario de Potosí ahora demandado hubiera dictado alguna resolución contestando al memorial de 29 de noviembre de 2022, sea de forma afirmativa o negativa lesionando de esa forma el principio de celeridad; y, ii) En relación a la Trabajadora Social codemandada, de toda la prueba aportada no pudieron observar que hubiese incurrido en la vulneración de los derechos de los impetrantes de tutela, al no haber recibido instrucciones del Director demandado para efectuar el informe social. Vía complementación y enmienda, los solicitantes de tutela, impetraron que la respuesta a su nota de 29 de noviembre de 2022, sea pronunciada en el día asimismo la trabajadora social pueda emitir el informe y la notificación corra a momento de que se reciba incluso por el apoderado del Director demandado. En sustanciación y resolución la citada Sala Constitucional habiendo consultado a la codemandada si el informe social estaba realizado y ante la respuesta afirmativa de la misma, dispuso que se notifique al director demandado para que dé cumplimiento a su fallo, debiendo estampar su firma en caso de estar presente a quien corresponda en sustitución temporal y respecto a la Trabajadora Social codemandada en el día entregue tal documental si lo ve así por conveniente, caso contrario esperar a la notificación señalada para que en el plazo de veinticuatro horas cumpla con el pronunciamiento al memorial presentado el 29 de noviembre de 2022.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista de 25 de agosto de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, modificó las medidas cautelares de Guillermo Mamani Colque y Gregorio Colque Crispina -accionantes- (fs. 4 a 8). II.2. Cursa memorial dirigido al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca consignado a “Dir. Daniel Taboada Ordoñez”, con sello de recepción de 29 de noviembre de 2022, presentado por los imperantes de tutela, quienes conforme el art. 24 de la Norma Suprema solicitaron la elaboración de informe social a través de Mónica Fabiola Jerez Cortes, Trabajadora Social -codemandada- (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derecho a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que, el 29 de noviembre de 2022, solicitaron al Director demandado la elaboración de un informe social a través de la Trabajadora Social codemandada, para viabilizar la detención domiciliaria que obtuvieron; sin embargo, dicha documental no les fue entregada inclusive hasta la presentación de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

En antecedentes, cursa Auto de Vista de 25 de agosto de 2022, que modificó las medidas cautelares impuestas a los accionantes (Conclusión II.1); por otra parte consta, nota con sello de recepción de 29 de noviembre de 2022 de solicitud de informe social de los accionantes dirigida al “CENTRO DE REHADAPTACION PRODUCTIVA SANTO DOMINGO DE CANTUMARCA” “Dir Daniel Taboada Ordoñez” (Conclusión II.2). La problemática traída a revisión por los impetrantes de tutela, versa en que la referida solicitud de informe social no fue respondida, pese a que la asistente de la Trabajadora Social fue a visitar el inmueble donde cumplirán detención domiciliaria, la citada literal no les fue entregada, aduciendo que el Director demandado les indico que su escrito estaba dirigido de forma errónea. Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio eficaz para interponer en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado. Bajo ese marco, los peticionantes de tutela solicitaron por nota con cargo de recepción de 29 de noviembre de 2022, informe social dirigido al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo. Aspecto que sería erróneo por cuanto el demandado afirmó que es “Director Departamental de Régimen Penitenciario”; no obstante, tal escrito tenía su nombre consignado, y el sello de recepción pertinente de su institución, y de existir algún error que impida su procesamiento debieron hacerlo conocer de forma idónea a los solicitantes de tutela, lo cual no aconteció. Asimismo, si bien es cierto que en audiencia de garantías ante las preguntas de los miembros de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí la codemandada afirmó tener listo el informe social no cursa en antecedentes, ni constancia de que se hubiera entregado a los accionantes; por lo cual, se infiere que tal literal no fue elaborada por lo cual existe una demora innecesaria producida por ambos demandados quienes no aseguraron la entrega del informe referido y tampoco recondujeron de forma escrita la nota con sello de recepción de 29 de noviembre de 2022, si es que evidentemente presentaba irregularidades; en ese entendido, se lesionó el derecho a la libertad vinculado a la celeridad de los impetrantes de tutela por cuanto hubiesen logrado modificar sus medidas cautelares como se tiene del Auto de Vista de 22 de agosto del referido año, siendo el informe social un elemento que se infiere se pretendía utilizar para viabilizar su detención domiciliaria que quedo en suspenso, inclusive hasta la presentación de esta acción de defensa que tuvo lugar el 7 de diciembre del indicado año, correspondiendo por lo expuesto, conceder la tutela al respecto. En lo concerniente a la Trabajadora Social codemandada, no cursa en antecedentes una instrucción directa del Director demandado para que realice el informe social extrañado; sin embargo, las partes coinciden que hubiera enviado a su asistente a efectuar una revisión inicial del inmueble, y que aparentemente tendría realizada tal documental; empero, como se razonó antes no se adjuntó copia del mismo que permita generar convicción que efectuó tal diligencia por lo cual concierne otorgar la protección solicitada respecto a dicha funcionaria. Finalmente en cuanto a la indemnización solicitada y el pago de costas y costos; de la audiencia de garantías se advierte que la defensa de los impetrantes de tutela contribuyó a que se propicie la demora, por cuanto presentó el escrito que tenía como pretensión la elaboración del informe social, con un encabezado erróneo, lo que entorpeció el trámite del mismo; más aún cuando en esta acción se afirmó que lo impetrado fue una “verificación domiciliaria” actuado que es atribución de la Policía Boliviana confundiendo de esa forma los términos; ya que, del escrito de fs. 3 se advierte que lo peticionado fue un “informe social”; por lo cual, sin lugar a ambas pretensiones. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, aunque con otra terminología, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 086/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 34 vta., a 39, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; 2º CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que de manera inmediata a su notificación con el presente fallo constitucional las autoridades demandadas expidan el informe social requerido en el plazo de veinticuatro horas; salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y,

3º DENEGAR respecto a la solicitud de indemnización costas y costos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0483_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): fff396d0c8e800deb725f3a7436c2d43bf96152f2b4f59f6acdfab115f05286b

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