Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de agosto de 2024
Deniega la tutela
La solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, taxatividad, a la defensa, a la discriminación, a la educación y a la permanencia; así como a la presunción y a la seguridad jurídica; puesto que la autoridad demandada mediante la referida Resolución Jerárquica 096/2022, confirmó su baja definitiva determinada por la citada Resolución Administrativa 026/2021: 1) Sin atender los agravios planteados en su recurso jerárquico, en cuanto a la omisión de valoración de medios probatorios consistentes en los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los que solicitó y reiteró su solicitud de permiso para atención médica de emergencia, certificados médicos de 2 de septiembre de ese año y de 22 de octubre de igual año. Así también reclamó la vulneración a no ser discriminada por embarazo y estado civil, que tampoco fue absuelto, “al menos no en la magnitud de lo reclamado” (sic); y, 2) Dicha determinación se basó en otros hechos que no fueron parte de la investigación; pretendiendo justificar que su baja definitiva se debe a otros hechos y no así por la relación de concubinato entre su persona y con un oficial de policía y su embarazo, lo que no puede ser considerado como una falta grave que dañe la imagen de la Institución Policial que merezca su baja definitiva. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 195/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 298 a 303, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0483/2024-S1 Sucre, 28 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51662-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 195/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 298 a 303, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miriam Condori Villca contra José Pavel Álvarez Salvatierra y Veimar Hugo Rojas Méndez, ex y actual, Vicerrector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”.
Por memorial presentado el 28 de junio de 2022, cursante de fs. 153 a 163 vta., la impetrante de tutela manifestó lo siguiente:
Señala que en su condición de alumna de primer año de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales (FATESCIPOL)-El Alto, por instrucciones superiores, el 28 de agosto de 2021, fue trasladada en la camioneta de la institución junto a otras dos alumnas hacia la Clínica Policial “Virgen de Copacabana” a objeto de que se les haga una revisión médica y prueba de embarazo; es así que, al encontrarse con sangrados vaginales y dolores en el vientre le pidió a su concubino Juan Carlos Anara Flores que le acompañe a dicha revisión; sin embargo, cuando los funcionarios de esa Facultad Técnica encargados de su traslado a la citada Clínica tuvieron conocimiento que el padre de su hijo seria el nombrado, tomaron ese hecho como una falta grave, pues consideraron que el engendrar un hijo con un oficial de policía habría mellado la imagen de la institución. En ese sentido se armó un proceso disciplinario en su contra por la presunta transgresión del Reglamento Disciplinario de la Universidad Policial, tomando como basamento falsas afirmaciones, acusando al padre de su hijo de haberles faltado al respeto, por el simple hecho de solicitar su traslado de regreso a la FATESCIPOL en su vehículo particular, por cuanto en efecto el nombrado, luego de la revisión médica, en resguardo de su salud e integridad física, solicitó ese extremo, considerando que la camioneta de la institución no era apropiada para transportar a mujeres en gestación, al llevarlas paradas en la parte trasera desde Villa Adela de la ciudad de El Alto hasta la zona de Bajo Següencoma de la ciudad de La Paz; no se tomó en cuenta que se encontraba muy delicada de salud y que en la consulta externa de emergencia se determinó que tenía un embarazo ectópico y como consecuencia de ello perdió a su bebe en fecha posterior. El 3 de septiembre de 2021, las autoridades de FATESCIPOL al enterarse de lo precedentemente indicado, de manera ilegal y arbitraria decidieron instaurarle un proceso disciplinario, además de denunciar a su concubino ante la Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policía Boliviana (DIDIPI) por la presunta infracción de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; emitiéndose en esa fecha el Auto Inicial de proceso sumario interno, por el Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Universidad Policial, en base a los arts. 74 núm. 6 -desobedecer ordenes injustificadamente-; 75 núm. 16 -no cumplir instructivas administrativas internas de la Unidad Académica de Pregrado-; 76 núm. 23 -recurrir a influencias o recomendaciones para obtener prebendas en beneficio personal o de terceros; y, 77 nums. 1, 3 y 21 -la reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior, incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de Pregrado o de la Policía Bolivia y no cumplir con los compromisos adquiridos con la Unidad Académica de Pregrado en el contrato de admisión, permanencia, retiro y/o egreso-; todos del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL, sancionables con la perdida de descanso pedagógico, retiro de la Unidad Académica por el lapso de una gestión y con la baja definitiva sin derecho a reincorporación, respectivamente. El 7 de septiembre de 2021, el Consejo Académico de la FATESCIPOL dictó la Resolución Administrativa 029/2021, disponiendo su retiro de la Unidad Académica con derecho a reincorporación por el lapso de una gestión, por su estado de gravidez, garantizando supuestamente su derecho a la educación y la permanencia, pretendiendo hacer ver que el proceso disciplinario instaurado en su contra es por otros hechos y no así por su embarazo ni estado civil, cuando el 27 de octubre de ese año, le tomaron su declaración informativa en base al hecho de “haber mantenido una relación amorosa con el Subteniente Juan Carlos Anara Flores”, extremo que se puede constatar de las preguntas que le realizaron y también a partir del Informe en Conclusiones de 8 de noviembre de igual año, el cual en su parte final concluyó que adecuó su comportamiento al art. 77 núm. 3 -incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de Pregrado de la Policía Boliviana-, del citado Reglamento, al demostrar una falta de compromiso y respeto con la esa Facultad Técnica, quedando en estado de gestación; lo que también fue referido por el Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la citada Facultad el 17 de igual mes y año, indicando que “no haya daño a la imagen institucional de la FATESCIPOL, al que una alumna y un instructor enamoren y procreen un hijo, tal vez para Ud. No es nada fuera de lo normal, pero ha conllevado para que se quede en registro, a que se cambie al instructor, se cambie al Sub Director y se cambie al Jefe de Comando de Batallón, lo que considera la sociedad en su conjunto como denigración hacia la institución” (sic); lo que demuestra que el proceso instaurado en su contra fue por su estado civil y por mantener una relación de concubinato con el nombrado, y que dentro de esa unión libre procrearon un hijo, incurriéndose en actos discriminatorios en su contra. En ese sentido no se consideró que el padre de su hijo no trabajaba en la Unidad Académica, conforme al Informe Jurídico 017/2021 de 3 de septiembre, que señalo que Juan Carlos Anara Flores no se encuentra destinado ni tiene dependencia orgánica de esa Unidad Académica. En la audiencia de 17 de noviembre de 2021, reclamó que la estaban discriminando por su estado de gravidez y estado civil, y que no existía ninguna norma de la Unidad Académica de la Policía Boliviana que refiera que su conducta sea inmoral ni que merezca una sanción disciplinaria, sin que se le dé ninguna valoración. El 25 de noviembre de 2021, la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL, dictó la Resolución Administrativa 026/2021, disponiendo su baja definitiva, sin derecho a reincorporación; empero, por otros hechos que no fueron objeto de investigación; es decir, por el hecho de que habría mellado la imagen de la Unidad Académica por el simple hecho de haber sido transportada en un vehículo particular de regreso hacia la mencionada Facultad luego de su revisión médica realizada el 28 de agosto de ese año. En ese sentido, presentó recurso jerárquico; sin embargo, mediante la Resolución Jerárquica 096/2022 de 10 de marzo, se convalidaron esas ilegalidades y se dio por bien hecho todo lo obrado, sin absolver su reclamo principal de que estaba siendo procesada y sancionada por otros hechos, además de omitir la valoración de medios probatorios de descargo, consistentes en certificados médicos. Dicha autoridad se pronunció a sabiendas de que no existe ninguna norma ya sea de la Unidad Académica o de la Policía Bolivia que señale de manera expresa que el hecho de procrear un hijo con un oficial de policía se considere como una falta grave que dañe la imagen de la institución policial y menos que ese hecho merezca ser sancionado con su baja definitiva. Como antecedente, se tiene que fue procesada disciplinariamente en calidad de alumna de la FATESCIPOL y a su concubino en su condición de oficial de policía, emitiéndose la Resolución de rechazo 285/2021 de 7 de febrero, en favor del nombrado, toda vez que se demostró que no había falta disciplinaria que perseguir; sin embargo, ella fue sancionada con baja definitiva. La autoridad demandada pretende justificar su acto ilegal haciendo creer que la sanción impuesta en su contra es supuestamente por otros hechos y no así por su estado de gravidez y estado civil, pues según lo que se le manifestó es que su baja definitiva se debe a que su persona mello la imagen de la Unidad Académica por el simple hecho de haber sido transportada en el vehículo particular del padre de su hijo de la Clínica Policial a la zona de Villa Adela, sin considerar que lo hizo resguardando su salud e integridad física, al encontrarse con sangrados vaginales y dolores en el vientre, lo que fue aceptado además por los personeros de la FATESCIPOL, pero -reiteró- al enterarse estos que su concubino era un oficial de policial, armaron todo el proceso disciplinario denunciando además de que él les falto el respeto; empero, si fuera así, porque es que se rechazó la denuncia iniciada contra su concubino. La autoridad demandada no atendió los agravios planteados en su recurso jerárquico, en cuanto a la omisión de valoración de medios probatorios en primera instancia, conducentes a demostrar su estado de salud, los que fueron presentados en primera instancia ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL el 27 de octubre de 2021, pero como fueron reclamados no merecieron ninguna valoración, al contrario fueron tachados de falsos y hasta de inexistentes; entre estos los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los que solicitó y reiteró su solicitud de permiso para atención médica de emergencia, certificado médico de 2 de septiembre de ese año, emitido por Rosmery Aida Mamani Quispe, y certificado médico de 22 de octubre de igual año. Así también reclamó la vulneración a no ser discriminada por su embarazo y estado civil, que tampoco fue absuelto, “al menos no en la magnitud de lo reclamado” (sic), sin considerar y menos mencionar dichos elementos, emitiéndose una Resolución Jerárquica incompleta e ilegal. Es así que mediante la señalada Resolución Jerárquica 096/2022, se confirmó su baja definitiva dispuesta en primera instancia, basándose en otros hechos que no fueron parte de la investigación; es decir, que no fueron acusados en su contra mediante el Auto Inicial del Proceso Sumario Interno, pretendiendo justificar que su baja definitiva se debe a otros hechos, haciendo creer que no tuvo conocimiento en su debido momento sobre la relación de concubinato entre su persona y Juan Carlos Anara Flores.
La demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, taxatividad, a la defensa, a la discriminación, a la educación y a la permanencia; así como a la presunción y a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 48.VI, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto el acto ilegal comprendido en la Resolución Jerárquica 096/2022 de 10 de marzo, emitida por el Vicerrectorado de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” y que en restablecimiento de sus derechos, dispongan se dicte una nueva resolución que con razonable motivación y congruencia, además en estricto apego del derecho a no ser discriminada por su estado de gravidez y estado civil, vinculado al derecho a la educación y la permanencia, absuelva todos y cada uno de sus reclamos.
Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar el 22 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 294 a 297, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela a través de su abogado en audiencia, ratificó y reiteró de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando la misma señaló que: a) Se le inicio un proceso disciplinario por mellar la imagen de la institución, preguntándose si el hecho para acusarle de esa falta disciplinaria fue haber procreado un hijo con un oficial de policía y mantener una relación de concubinato con Juan Carlos Anara Flores, hecho por el cual asumió defensa; y, b) Cuando se enteró de su embarazo, se estaban llevando a cabo las clases de manera virtual por la pandemia, ordenándose a todas las damas alumnas que se presenten a la Unidad Académica con el objeto de que se practique una prueba de embarazo, dando positivo tres alumnas, entre ellas su persona, por lo que para confirmar ese resultado el 28 de agosto de 2021, fueron trasladadas a la clínica policial a objeto de que se practique la prueba.
Mirko Antonio Sokol Saravia, Vicerrector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” a través del informe escrito cursante de fs. 278 a 286, así como en audiencia mediante su apoderado, manifestó que: a) La peticionante de tutela en la gestión 2021 mientras cursaba el primer año de formación profesional en la FATESCIPOL El Alto, fue sometida a un sumario interno signado con el caso CRD/023/2021 ante la Comisión de Régimen Disciplinario de esa Unidad Académica de Pregrado de la UNIPOL, emitiéndose la Resolución Administrativa 026/2021 de 25 de noviembre, disponiéndose la sanción disciplinaria de baja definitiva sin derecho a reincorporación, por la comisión de las faltas disciplinarias graves tipificadas en el art. 77 núm. 3 -incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de Pregrado o de la Policía Bolivia- y 21 -No cumplir con los compromisos adquiridos con la Unidad Académica de pregrado en el contrato de admisión permanencia, retiro y/o egreso-; 76 núm. 23 -recurrir a influencias o recomendaciones para obtener prebendas en beneficio personal o de terceros- y 74 núm. 6 -desobedecer órdenes superiores injustificadamente-, todos del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL; b) Dicha decisión fue impugnada mediante recurso jerárquico ante el Vicerrectorado de esa Universidad, habiendo emitido la Resolución Jerárquica 096/2022 de 10 de marzo, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida; c) La ahora accionante pretende confundir haciendo creer que fue procesada y posteriormente sancionada por haber quedado en estado de gravidez y por su estado civil de concubina cuando era estudiante de la UNIPOL, aseveraciones que no condicen con los hechos y antecedentes ya que se debe aclarar que en la actualidad el citado Reglamento no contempla faltas ni sanciones por estado civil de una alumna, ni mucho menos por quedar en estado de gestación, más al contrario el Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial y el Reglamento Estudiantil prevén esos hechos y en resguardo de sus derechos a la salud y educación disponen que las estudiantes que resulten en estado de gravidez serán retiradas por el lapso de un año con la posibilidad de reincorporación pasado ese periodo, con la finalidad de que puedan desarrollar su periodo de gestación con total normalidad y posterior a ello ser reincorporadas y continuar sus estudios en las Ciencias Policiales y es esta última normativa la que precisamente se aplicó en el caso del estado de embarazo de la nombrada, toda vez que corridos los actos administrativos, médicos y legales correspondientes, el Consejo Académico de la FATESCIPOL El Alto, mediante Resolución Administrativa 029/2021 dispuso su retiro para que ella pueda pasar su periodo de gestación sin complicaciones; sin embargo, es preciso puntualizar que el hecho de que la nombrada haya quedado en estado de embarazo no la exime de sanciones por la comisión de faltas graves a su Reglamento Disciplinario cometidas antes de ser retirada; d) La citada Resolución Administrativa 026/2021 y la referida Resolución Jerárquica 096/2022, al momento de resolver la situación jurídica de la impetrante de tutela fueron emitidas ampliamente fundamentadas y motivadas, teniéndose establecido del Auto Inicial del Proceso Sumario Interno CRD/023/2021 que la nombrada no fue procesada por su estado de embarazo, puesto que se le siguió el mismo por las faltas previstas en los arts. 74 núm. 6 y 16, 76 núm. 23 y 77 nums. 1, 3 y 21 todos del citado Reglamento Disciplinario, sin que se observe que en los hechos atribuidos se encuentre su estado de gestación o su estado civil, teniéndose demostrado de manera objetiva que se determinó con claridad los hechos que se le atribuyeron; e) Los medios probatorios presentados por la demandante de tutela fueron valorados, habiéndose considerado el hecho de que en tres oportunidades no se le hubiera otorgado permiso para acudir a consulta médica, dicha afirmación no tiene asidero legal, toda vez que si bien mediante memorial de 27 de octubre de 2021 presenta a manera de pruebas de descargo tres informes impresos de 27 y 30 de agosto de ese año, sin que los mismos tengan un cargo de recepción, ni mucho menos indiquen quien los recibió, además que no se manifestó a quien se hubieran entregado esos informes; de igual manera, los certificados médicos de 2 de septiembre y 22 de octubre del indicado año, estableciendo que en la Resolución Jerárquica y en la Resolución de Primera Instancia de manera motivada y fundamentada se les otorgó el valor correspondiente ya que los mismos no establecen en ninguna de sus partes que la pérdida del bebe de la solicitante de tutela se haya debido a la falta de atención atribuida a sus instructores, más al contrario afirman que el embarazo era ectópico, consecuentemente, los certificados no desvirtuaron las faltas disciplinarias graves en las que incurrió la peticionante de tutela, máxime si se considera que en los supuestos permisos que habría solicitado, en ningún momento hizo conocer que estaba embarazada, ya que ella pedía permisos por molestias que supuestamente presentaba en sus rodillas y columna, incluso refirió que en una farmacia le habrían suministrado un inyectable, con lo que se demuestra que la resolución jerárquica realizó una valoración integral, completa y legal de todas las pruebas de descargo presentadas, asignándoles de manera concreta y explicita el valor correspondiente; consecuentemente, la ahora accionante no fue discriminada por su estado de embarazo ni por su estado civil, habiendo sido procesada y sancionada por la comisión de faltas graves tipificadas en su Reglamento Disciplinario; f) Las Resoluciones emitidas son congruentes al sancionar a la impetrante de tutela por haber adecuado su conducta a las previsiones de los arts. 77 nums. 3 y 21; 76 núm. 23; 74 núm. 6, todos del citado Reglamento, por cuanto a través de los Informes 006/2021 de 28 de agosto y 07/2021 de la misma fecha elaborados por Juan Saucedo Chura, así como de la declaración informativa de éste, se establece que la demandante de tutela el día de los hechos desobedeció la orden de sus superiores de llamar a sus padres o tutor para que la acompañen a la Clínica Policial; sin embargo, convocó a Francisco Canaza Mamani, quien según la madre de la nombrada no sería su familiar y no lo conoce, extremo que fue aceptado por la solicitante de tutela, por lo que infringió también el art. 76 núm. 23 de dicho Reglamento, teniéndose establecido que el día de los hechos la nombrada recurrió a las influencias por el grado jerárquico de Juan Carlos Anara Flores para obtener beneficios personales, siendo que el citado oficial de policía era instructor de esa FATESCIPOL, extremo admitido por la nombrada quien dijo que llamó a Juan Carlos Anara Flores quien llegó a la Clínica Policial y presuntamente en razón de que la peticionante de tutela se sentía mal, su pareja indicó que la llevaría hasta la FATESCIPOL en su vehículo particular, teniendo además conocimiento de que este, cuando llegó al mencionado nosocomio lo trató de manera prepotente y alterado en presencia de otras personas al oficial Saucedo, desautorizándolo y faltándole el respeto sin considerar que se encontraba de servicio cumplimiento sus funciones, habiendo logrado la ahora accionante irse al vehículo particular indicado, consiguiendo de esa manera a través de un superior jerárquico obtener los beneficios que perseguía como ser tener un trato especial preferente y diferente al de las otras dos alumnas que también se encontraban en estado de gravidez y que después de haber pasado el periodo de gestación fueron reincorporadas para continuar sus estudios de las ciencias policiales; g) Si bien la impetrante de tutela se encontraba mal, se debe aclarar que del Informe Médico extendidos en favor de la nombrada se refiere que su estado de salud era bueno o estable al momento de realizarse el informe médico 28 de agosto de 2021, por lo que también infringió el art. 77 núm. 3 del Reglamento, debiéndose también considerar los citados informes 006/2021 y 07/2021, concluyendo a partir de ellos que la demandante de tutela participó en actividades que denigraron el prestigio e imagen de la Facultad Técnica Superior, además aclarar que según los mencionados informes los instructores que intervinieron en el hecho no tenían conocimiento de que Juan Carlos Anara Flores, ex instructor de la FATESCIPOL era la pareja de la solicitante de tutela, quien tampoco se identificó como tal, con lo que infringió el art. 77 núm. 21, ya que según esos informes se establece que la nombrada el día de los hechos con las conductas desplegadas ya señaladas en los puntos precedentes no cumplió con los compromisos adquiridos con esa Facultad en el contrato de admisión permanencia retiro y/o egreso; h) Por todo lo referido, se reitera que la peticionante de tutela no fue procesada ni sancionada por haber procreado un hijo con un oficial de policial, que dicho sea de paso era su instructor; i) La ahora accionante fue debidamente notificada el 16 de noviembre de 2021 con el Informe Conclusivo, donde se mencionó que los familiares de las otras dos damas alumnas que estaban en el hospital fueron testigos del desprestigio a esa Unidad Académica con las señaladas conductas desplegadas por la nombrada, por lo que bien podía ejercer su defensa técnica sobre los mismos en audiencia; j) Se debe tener presente que el Informe en conclusiones es orientativo mas no así determinante, toda vez que de conformidad al art. 103 del Reglamento, la Comisión de Régimen Disciplinario es la instancia que analiza y delibera sobre el caso concreto, emitiendo una Resolución motivada y fundamentada gracias a una operación intelectual destinada a la correcta apreciación del resultado de los medios de prueba, para así asumir la decisión final; k) Durante todo el proceso se dio publicidad a todos los actuados cursantes en el expediente procesal, garantizando su defensa amplia e irrestricta, por lo que queda desvirtuada la alegación de que habría sido sancionada por otros hechos que no fueron parte de la investigación y que no habrían sido acusados en su contra en el Auto Inicial del Proceso, por cuanto se puede advertir del Auto Inicial así como de la mencionada Resolución 026/2021 que parte de las faltas que fueron acusadas fueron sancionadas y que otras fueron absueltas; l) La demandante de tutela tuvo la oportunidad de ingresar como alumna de esa Unidad Académica dependiente de la UNIPOL, teniendo conocimiento de sus reglamentos y sometiéndose voluntariamente a los mismos, lo que no implica la conculcación de derecho alguno, menos del derecho a la educación en su componente permanencia, toda vez que la Universidad Policial al constituirse en una Universidad de Régimen Especial, cuenta con regulación normativa específica en cuanto a la permanencia y/o retiro de sus estudiantes, lo que implica que los retiros o bajas se encuentran reglados y tienen sus procedimientos propios; m) Además se debe tener en cuenta que la nombrada cuenta con antecedentes disciplinarios, existiendo la Resolución Administrativa 020/2021 que a la fecha se encuentra debidamente ejecutoriada, con la que fue sancionada con el retiro de esa Facultad Técnica por el lapso de una gestión académica, por haber provocado, amenazado, desafiado, faltado el respeto y haberse dirigido de manera agresiva y airada a su instructor Fredy Altamirano Callizaya; y, n) De acuerdo a todo lo manifestado no se lesionó derecho alguno de la nombrada, por lo que solicitó se deniegue la tutela. A las preguntas efectuadas en la audiencia por los Vocales Constitucionales, la parte demandada señaló lo siguiente: 1) Lo manifestado por la solicitante de tutela no es cierto, ya que la Universidad Policial se rige por el ordenamiento jurídico interno, así como por la Constitución y todo el ordenamiento jurídico vigente, habiéndose determinado que evidentemente la peticionante de tutela cuando hizo su consulta en el Hospital Policial de Alto Següencoma ha resultado positivo para embarazo, es momento fue de conocimiento de las autoridades académicas y los instructores de la FATESCIPOL; 2) Respetuosos de los derechos de la mujer prevén ese tipo de situaciones desde hace mucho tiempo atrás, es así que el Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial, así como el Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, prevén que en ese tipo de casos se debe permitir gestar a la estudiante y para ese efecto se dispone su retiro; y, 3) La UNIPOL se rige por normas específicas de convenio, la Ley de Educación de Abelino Siñani - Elizardo Pérez ya que es un régimen especial y todos sus estudiantes tiene la obligación de hacer conocer si en caso se encuentran en estado de gestación, por lo que al ingresar suscriben un compromiso notarial, debiendo hacer conocer padecimientos de salud, todo con el fin de precautelar la misma;
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 195/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 298 a 303, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela señala que la Resolución Jerárquica 096/2022 de 10 de marzo, es lesiva a sus derechos, puesto que la Dirección Nacional de Instrucción Enseñanza de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, a través de la misma confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 026/2021 de 25 de noviembre, emitido por la Comisión de Régimen Disciplinario de FATESCIPOL de El Alto; ii) Como antecedentes del hecho se tiene referido por la demandante de tutela que cursaba el primer año de formación profesional en esa Facultad Técnica, y debido a que se encontraba delicada de salud con sangrados vaginales y dolores en el vientre, “pidiéndole a su concubino Sub Tte. Juan Carlos Anara Flores que le acompañe a revisión médica” (sic); sin embargo, los funcionarios de dicha institución encargados de trasladarla a la Clínica Policial al tener conocimiento que el padre de su hijo era el nombrado, tomaron el hecho como una falta grave, ya que según manifestaron los personeros de dicha Unidad Académica, al haber engendrado un hijo con un Oficial de Policía su persona habría mellado la imagen de la Institución, de esa manera habrían empezado con un proceso disciplinario en su contra por la presunta transgresión del Reglamento Disciplinario de la Universidad Policial, tomando como base esas afirmaciones, acusándole al padre de su hijo de haberles faltado el respeto por el simple hecho de solicitar trasladarle de regreso a esa Facultad en su vehículo particular, todo con el único fin de salvaguardar su derecho a la salud y el de su hijo, ya que padecía de un embarazo ectópico, situación que no fue entendida por los nombrados. Enterados de ese extremo las autoridades de la FATESCIPOL decidieron instaurarle un proceso disciplinario, además de denunciar a su concubino ante la Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policía Boliviana por la presunta infracción de la Ley 101; iii) En ese sentido, se emitió la Resolución 26/2021 de 25 de noviembre, contra la solicitante de tutela por haber infringido el art. 74 núm. 6, 75 núm. 16, 76 núm. 23, 77 núm. 1, 3 y 21, todos del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pre Grado de UNIPOL, resolviendo sancionar a la peticionante de tutela con la baja definitiva sin derecho a reincorporación a esa Unidad Académica, por la comisión de las faltas disciplinarias graves tipificadas en los arts. Art. 74 núm. 6, 76 núm. 23 y 77 núm. 2 y 3; así como se la absolvió por la comisión de las faltas previstas en los arts. 75 núm. 16, 76 núm. 1; iv) Dicha determinación fue objeto de recurso jerárquico, el cual fue resuelto por la Resolución 096/2022 de 10 de marzo, quien hace una relación de los antecedes del proceso disciplinario, resolviendo confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 26/2021, por haber sido dictada acorde a las normativas que rigen en el Sistema Educativo Policial en actual vigencia; v) El art. 66 de la CPE garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, es decir, que no puede constituirse de ninguna manera en un factor que determine la desvinculación no solo de su fuente de trabajo, sino también del lugar donde presta servicios o como en el caso de autos una institución de formación profesional, toda vez que el estar en esa situación no constituye ningún tipo de falta, por el contrario la Constitución garantiza desde el primer momento de gestación velando el tratamiento y evolución hasta el momento de dar a luz, y posteriormente el tiempo suficiente para su restablecimiento y poder reintegrarse a sus actividades, de esa manera el Reglamento Disciplinario vigente en dicha institución policial al no consignar como falta el estado de gestación, garantiza su derecho a la educación y formación profesional, en relación al mencionado artículo, teniendo presente que de los antecedentes del proceso fueron tres las damas estudiantes que fueron sometidas al test de embarazo, siendo que las otras dos personas se habrían sometido sin problema alguno y a quienes se les sancionó conforme a procedimiento concediendo la baja para que se reincorporen pasada una gestión, lo que no aconteció con la ahora accionante, debiéndose tomar en cuenta que de acuerdo a reglamento y normas que rigen dentro de la institución, la impetrante de tutela en su momento no habría hecho conocer a las autoridades de la institución sobre su estado, para que puedan tomar las previsiones correspondientes, velando por su salud y del bebe en gestación, más aun cuando se encontraba delicada de salud, dando lugar a que sea conducida al centro médico para ser atendida; vi) De acuerdo a los fallos emitidos, la citada resolución Administrativa 26/2021 hace referencia al proceso administrativo que habría sido sometida, sin embargo, en ninguno de sus artículos hacen referencia a su desvinculación por estado de embarazo, es más tampoco figura en el Reglamento Disciplinario como falta de ninguna naturaleza, que la misma habría sido sancionada por faltas disciplinarias establecidas en los arts. 77 nums 3 y 21, 76 núm. 23 y 14 núm. 6, lo que implica que la misma habría sido procesada de acuerdo al Régimen Disciplinario por otro tipo de conductas establecidas por la comisión de faltas disciplinarias; vii) La señalada Resolución Jerárquica 096/2022 refiere a los antecedentes que dieron lugar al recurso correspondiente, en el Considerando II se halla la fundamentación requerida respecto a los derechos que considera la solicitante de tutela, como vulnerados, como ser el derecho a la libertad sexual y reproductiva previsto en el art. 66 de la CPE, en tal sentido el Reglamento Disciplinario de la UNIPOL en ninguno de sus articulados prohíbe la gestación, tampoco señala que el embarazo sea considerado como un acto inmoral o impropio que dañe la imagen de la Unidad Académica, por lo que no puede haber sanción si la misma norma disciplinaria no la contempla como contravención; y, viii) También refieren el derecho a la salud, establecido en el art. 18.1 de la Norma Suprema, tomando una disposición en el momento de haberse establecido su delicado estado de salud, para tomar las previsiones del caso, relacionadas que se hallan al debido proceso art. 115 de la misma CPE, en su elemento componente de taxatividad, vulneración del derecho a la igualdad jurídica que debe existir entre todos los ciudadanos, incongruencia omisiva del Presidente del Tribunal a quo, no pudiéndose considerar aspectos relacionados al derecho a la educación establecido en el art. 17 de la CPE, tomando en cuenta que en el presente caso ese fallo establece que no habría vulnerado dichos derechos, toda vez que la causal de su desvinculación como de toda institución educativa por faltas que puedan ser cometidas puedan ser desvinculadas de existir justificativo, lo cual demuestra que no se atentó contra dicho derecho en cuanto se refiere al fallo impugnado. La peticionante de tutela mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 305 a 307, solicitó complementación y enmienda de la Resolución precedentemente citada; mereciendo el Auto de 25 ese mes y año, cursante a fs. 307, a través del cual se declaró no ha lugar dicha petición, señalando que los términos de la misma fueron claros y precisos.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa 029/2021 de 7 de septiembre, emitido por el Consejo Académico de la FATESCIPOL, mediante la cual se resolvió en mérito al Informe de Junta Médica Policial 01/2021 y en cumplimiento del art. 9 inc. c) y 16 inc. b), c) y d) del Reglamento Estudiantil de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, el retiro con derecho a reincorporación de Miriam Condori Villca, del primer año de formación policial, por el lapso de un año calendario, debiendo presentar su solicitud expresa de reincorporación antes de finalizar el plazo señalado y con la anticipación debida para su valoración y pronunciamiento por ese cuerpo colegiado y de no hacerlo se dispondrá la preclusión de ese derecho; ello debido a que concluyeron que no estaría apta físicamente de manera temporal debido a su embarazo -cuarenta semanas o nueve meses aproximadamente-, resguardando de esa manera el derecho a la salud y consiguientemente a la vida de la gestante y el concebido (fs. 198 a 205 vta.). II.2. Dentro del proceso administrativo disciplinario seguido por la Comisión de Régimen Disciplinario de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales El Alto en contra de Miriam Condori Villca, impetrante de tutela, estudiante de la citada Facultad Técnica, se emitió la Resolución Administrativa 026/2021 de 25 de noviembre, mediante la cual sancionó a la nombrada con la baja definitiva sin derecho a reincorporación de esa Unidad Académica de Pregrado de la UNIPOL, por la comisión de las faltas disciplinarias graves tipificadas en los arts. 77 núm. 3 -incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de pregrado o de la Policía Boliviana- y 21 -no cumplir con los compromisos adquiridos con la Unidad Académica de Pregrado en el Contrato de Admisión de permanencia, retiro y/o egreso; art. 76 núm. 23 -recurrir a influencias o recomendaciones para obtener prebendas en beneficio personal o de tercero- y art. 74 núm. 6 -desobedecer órdenes superiores injustificadamente-, todos del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” (fs. 222 a 238). II.3. La demandante de tutela por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa 26/2021, identificando los siguientes agravios: a) De las uniones libres reconocidos por la Ley fundamental y de los actos vulneradores de derechos; por cuanto no se tiene contemplado que el estado civil constituya una falta disciplinaria, ni mucho menos que el estado de gravidez melle la imagen dela Unidad Académica, por lo que no existiría falta que perseguir, por lo que al ser procesada y sancionada en razón a su estado civil y estado de gravidez se vulnero su derecho a no ser discriminada; b) De la vulneración de su derecho a la libertad sexual y reproductiva, teniéndose establecido que la descendencia ya no constituye una causal de separación de las Unidades académicas de Pregrado de la UNIPOL, lo contrario es un acto de discriminación; c) Del derecho a la salud, puesto que habría acreditado el 27 y 30 de agosto de 2021, mediante la presentación de oficios que solicitó permiso para acudir a consulta médica de emergencia por encontrarse delicada de salud y con sangrados vaginales, las cuales le fueron negadas por las autoridades de FATESCIPOL El Alto, cuya consecuencia perdió a su bebe, extremo que fue puesto a conocimiento del Nelson Ariel Bozo Villca, en audiencia de 17 de noviembre de ese año, empero, esa denuncia fue tildada de falsa, por lo que solicita que se investigue ese hecho; d) De la afectación del debido proceso y “motivo”, para cuyo efecto presentó por memorial de 27 de octubre de igual año, documentación para que sea valorada; sin embargo, no se lo hizo a tiempo de emitir la citada Resolución Administrativa 026/2021, al contario se la sancionó con baja definitiva, sin que se explique los motivos por los que sus pruebas no contarían con ningún valor ni asidero legal, por lo que la misma carecería de fundamentación y motivación; e) De la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento taxatividad, puesto que se indicó que su estado de gravidez habría mellado la imagen de la Unidad Académica, forzando una sanción de baja definitiva por su estado de gravidez, fue discriminada por parte de las autoridades que conocieron el proceso disciplinario; f) De la vulneración al derecho a la igualdad jurídica, al imponerle la ilegal y arbitraria sanción de baja definitiva de la FATESCIPOL El Alto por su estado de gravidez y estado civil, situación que no ocurrió en otros casos de características similares, en donde otras alumnas en estado de gravidez se beneficiaron con el retiro por el lapso de una gestión, empero, a su persona le impusieron una drástica sanción; g) De la incongruencia omisiva del Presidente del Tribunal a quo y omisión de labor, ya que la referida Resolución Administrativa 026/2021, no contempla los reclamos, argumentos legales y medios probatorios presentados en la audiencia de 17 de noviembre de 2021, tales como los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los cuales pidió permiso para acudir a consulta médica, mismos que fueron negados, así como también el informe en conclusiones desvirtuó la infracción del art. 76 núm. 23 del Reglamento disciplinario de la UNIPOL, pero el Tribunal a quo de manera ilegal y arbitraria le sancionó por ese artículo; h) De la ilegalidad de la mencionada Resolución 026/2021, toda vez que a través de la misma se forzó una sanción en su contra en contravención de la Normativa disciplinaria y de la CPE; i) De la afectación del derecho a la educación, ya que la FATESCIPOL El Alto no solo tiene la obligación de permitirle el ingreso para poder formarse sino también por mandato constitucional debe garantizar su permanencia y de esa manera poder adquirir formación superior e integral; derecho que se ve afectado de manera directa por la violación de su derecho a no ser discriminada en razón al embarazo y estado civil (fs. 84 a 94). II.4. A través de la Resolución de recurso jerárquico 096/2022 de 10 de marzo, el Vicerrector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, resolvió confirmar en todas sus partes la referida Resolución Administrativa 026/2021, venida en grado de recurso jerárquico ante la Direccional Nacional de Instrucción y enseñanza de dicha Universidad, por haber sido dictada acorde a las normativas que rigen el Sistema Educativo Policial en actual vigencia; señalando lo siguiente:
“Al respecto, efectuado el análisis y la compulsa de la normativa legal, reclamado por la impetrante mediante Recurso Jerárquico y lo resuelto por la Resolución Administrativa 026/2021, se establece los siguiente y se advierte que la autoridad disciplinaria se pronunciara en cuanto a los siguientes puntos reclamados:
1.- De las uniones libres, reconocidos por la Ley Fundamental y de los actos vulneradores de derecho, Al presente recalcar a la impetrante que, el estado de gravidez y estado civil, de acuerdo a la Ley 603, son diferentes denominativos, es decir estado gravidez.- Es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto, en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger. Por otro lado el Estado Civil.- Es la situación de convivencia en el momento en que se realiza la recogida de información, consta de las siguientes modalidades, soltero o soltera, casada o casado, viudo o viuda, separada o separado y divorciada o divorciado, asimismo las personas gozan de libertad de estado para formar un estado civil matrimonial o viceversa, a este efecto verifíquese el Art. 147 de la Ley 603 y siguientes, que determina con exactitud, bajo esta disposición legal la impetrante no puede confundir, la Ley 603 con el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, toda vez que la impetrante en primera instancia conforme la Resolución de Auto Inicial Caso No. CRD/023/2021 de fecha 03 de septiembre de 2021, la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto inicia Proceso Sumario Interno por haber infringido los Arts. 74 Numeral 6, 75 numeral 16, 76 numeral 223 y 77 numerales 3 y 21 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, y NO así de su estado gravidez (gestación), por lo que la impetrante y su defensa solo se limitaron en todo su contenido de obrados al estado de gravidez, estado civil y unión libre, dejando a un lado el proceso sumario disciplinario. (…)
Siendo sancionado mediante Resolución Administrativa No. 026/2021, conforme los Art. 77 numeral 3 y 21, Faltas Graves de Cuarto Grado “Incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen dela Unidad Académica de Pregrado o dela Policía Boliviana” y “No Cumplir con los compromisos adquiridos con la Unidad Académica de Pregrado en el Contrato de Admisión Permanencia, Retiro y/o Egreso”.
A este efecto la recurrente en fecha 28 de agosto de 2021, es trasladado al Hospital Policial Virgen de Copacabana, a objeto de que se realicen prueba de embarazo, en las instalaciones del Hospital Policial, en el interior la recurrente ha cometido falta grave con su comportamiento, incumpliendo la disposición emanada por el superior (instructores), haciendo tratar mal a los (instructores subalternos) con tercera persona que es el Oficial de Policía supuesto (concubino), esa es la denigración el prestigio y la imagen de la Unidad Académica siendo maltratado los (instructores) con palabras de prepotencia en frente de los tutores y padres de familia de las Alumnas Estefani Suxo Bonifacio y Carla Chambi Yujra, al ser maltratado y mellado la dignidad de los instructores provocado por el Oficial Ex instructor de la FATESCIPOL El Alto Sbtte. Juan Carlos Anara Flores, (padre de su bebe de la recurrente), quien se habría dirigido hacia a los instructores con palabras despectivas y con prepotencia transportando en su vehículo particular a la Alumna recurrente con destino desconocido, extremos que también esa es la falta cometida por la recurrente, repito por haber que su pareja Sbtte. Anara se dirija con prepotencia y alterado en contra de los instructores, haciendo prevalecer superioridad tratando de hacer quedar mal a los instructores y la imagen de la Unidad Académica FATESCIPOL El Alto delante de los familiares de las demás Alumnas, así señala el Informe No. 006/2021 de fecha 28 de agosto de 2021, que cursa en obrados en fojas 11, 12 y 13. Por lo que su reclamo es inconsistente.
2.- De la vulneración de mis derecho a la libertad sexual y reproductiva, Al presente la recurrente señala haber sido restringido sus derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a la descendencia y derecho a la Educación. A este efecto esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que la comisión de Régimen Disciplinario de FATESCIPOL El Alto, sanciona a la impetrante por falta grave y NO así del estado de gravidez (embarazo), en el presente caso también son dos asuntos muy distintos, entre ellos Cometer Falta Grave en las Instalaciones del Hospital Policial, con las conductas No adecuadas entre ellos, Recurrir a influencias por un Superior Jerárquico, Desobedecer Ordenes Superiores, Incurrir en Actividades que Denigren la Imagen de la Unidad Académica, obteniendo ventajas prebendas en beneficio personal mediante un superior (oficial), haciendo faltar al respeto con palabras NO adecuadas a los instructores de la FATESCIPOL El Alto en frente de los padres de familia en el interior del Hospital Policial extremos que la imagen de los Instructores y de la Unidad Académica en ese momento fue afectado por el superior al tratar con palabras que No son adecuadas, y la recurrente abandona y se retira con su concubino sin hacer conocer a los Instructores y mucho menos pedir permiso donde se dirigirá, con quien y en qué medio de transporte se trasladara, a que destino y con quien como Alumna, atribuible a la recurrente, por otro lado la recurrente olvida sus deberes y obligaciones de cumplir el contrato de admisiones de permanencia que suscribió de manera voluntaria, al NO cumplir este precepto voluntario de la misma forma la conducta de la recurrente adecua al Art. 77 parágrafo 21 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la UNIPOL. Por otro lado, es muy distinto Estado Gravidez que reclama la recurrente, entre ellos derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a la descendencia y derecho a la educación, a este efecto esta instancia jerárquica a revisión integra de obrados no constata esta afectación del estado de gravidez, toda vez que la UNIPOL y sus Unidades Académicas NO puede restringir estos derechos conforme el Art. 25 inciso b) Del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial, Art. 16 inciso b) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL y el Art. 71 de la CPE, bajo este precepto legal interna y constitucional la UNIPOL y sus Unidades Académicas a ninguna de los Alumnos y alumnas puede restringir sus derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a la descendencia y derecho a la Educación, con excepción de las recomendaciones vertidas por los inmediatos superiores en las Unidades Académicas en temas de embarazo, quienes imparten dichas recomendaciones a fin de evitar embarazos no deseados y NO se perjudiquen en temas de sus estudios a los Alumnos y Alumnas de las Unidades Académicas mientras se encuentren cursando Pregrado, consecuentemente esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que NO existe vulneración de sus derechos vertidas ya reclamados, toda vez que la FATESCIPOL El Alto atendió en su momento por el estado de Gravidez mediante Resolución Administrativa No. 029/2021 de fecha 07 de septiembre de 2021, retirándolo de la Unidad Académica por una gestión académica, que cursa en obrados en fojas 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, por tanto su reclamo es infundado.
3.- De la vulneración del derecho a la salud, Al respecto, esta instancia Jerárquica aclara a la recurrente que las solicitudes en cuestión conforme obrados en fojas 85, 86 y 87 No tiene sello de recepción, consecuentemente refiere que se habría hecho suministrar un inyectable, sin señalar que tipo de inyectable se habría suministrado en su humanidad, por otro lado refiere que a consecuencia dela Negación del permiso solicitado la recurrente habría perdido a su bebe, extremos que es totalmente contradictorio, si bien la recurrente en primera instancia acude a una farmacia a suministrase inyectable por dolores que presentaba, a sabiendas que tenía unión libre con el Sr. Sbtte. Juan Carlos Anara Flores, afirma la recurrente en su declaración informativa, por lo que esta instancia jerárquica estima que la misma recurrente por voluntad propia provocaría la pérdida de su bebe, al ser suministrado con un inyectable desconocido en su humanidad, conforme informes de la misma y su declaración informativa, su reclamo es inconsistente.
4.- De la afectación del debido proceso y motivo.- Al presente la recurrente reclama vulneración al debido proceso y motivo en la Resolución Administrativa No. 026/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente su reclamo es poco objetivo toda vez que la RA No. 026/2021 en cuestión cumple con la motivación en la parte considerando I y II, en la que toma en cuenta los informes y otras documentaciones, con relación a la falta disciplinaria cometida por la recurrente en el interior de la Clínica Policial Virgen de Copacabana.
Por otro lado, refiere que no se habría valorado por la Comisión de Régimen Disciplinario los informes de Laboratorio de fecha 28 de agosto de 2021 emitido por la Dra. Adela Suxo Mamani de la Clínica Policial – Informe Médico Ginecológico de fecha 30 de agosto de 2021 emitido por el Dr. Juan Chávez, con Matricula Profesional MP: CH-435.- Informe de Examen de Ecografía de fecha 30 de agosto de 2021 – Nota de Epicrisis de fecha 06 de septiembre de 2021 emitido por el Dr. José A. Méndez B., con matricula Profesional M-704 GINECOLOGO OBSTETRA del Hospital Municipal Los Andes (De donde se acredite la intervención quirúrgica por mi delicado estado de salud, DX EMBARAZO ECTOPICO COMPLICADO), extremos que la RA No. 026/2021 no cumpliría con la debida motivación al no tomar en cuenta estas documentaciones adjuntas como prueba, por lo que esta instancia Jerárquica nuevamente reitera a la recurrente que en primera instancia previamente antes de pedir supuesto permiso con informe en fechas 27 y 30 de agosto de 2021, acude a una farmacia para ser suministrado con inyectable desconocido sin receta médica, extremos que la recurrente podría haber provocado alteración de su embarazo, asimismo señala que habría adjuntado como prueba y presentado en la audiencia de fecha 17 de noviembre de 2021, en la que NO se habría valorado por el Presidente de la comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, al respecto conforme obrados en fojas 126 el recurrente en dicha audiencia solo se limitó señalar que la Alumna ha solicitado en dos ocasiones permiso que fue denegado y a consecuencia de esa impronta atención medica habría perdió al bebe sin buscar responsables, atribuible a la recurrente al NO reclamar en dicha audiencia de las faltas graves cometidas en su contra en las instalaciones de la Clínica Policial Virgen de Copacabana, toda vez que el Estado de Gravidez por embarazo es muy distinto que a sido atendido en su oportunidad, sin embargo la recurrente que sometido a la Recurrente en primera instancia reclama haber perdido su bebe por impronta atención medica que no buscaría responsables, sin embargo también refiere que perdió su bebe por un EMBARAZO ECTOPICO COMPLICADO, que asido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Municipal Los Anes, bajo esta contradicción de la impetrante, su argumento es inconsistente.
5.- De la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento componente de taxatividad, Al presente, la recurrente reclama que no hay la taxatividad para su juzgamiento disciplinario, a este efecto es pertinente hacer conocer a la impetrante que la taxatividad que aplicaron en su contra en FATESCIPOL El alto, es por infringir los artículos 77 numerales 3 y 21, Art. 76 numeral 23, Art. 74 numeral 6 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, por lo que esta instancia jerárquica NO identifica tal extremo reclamado por la recurrente que el Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, quien de manera abusiva y arbitraria habría forzado la sanción de baja definitiva en su contra por su otrora estado de gravidez, sin embargo la recurrente reclama de la discriminación en estado de gravidez, a este efecto esta instancia Jerárquica interpreta como aquella persona que se encuentra en mal estado que tiene dolencia en su humanidad y seguida de su destitución de un lugar a una persona sin causa justificada, en el presente caso NO existe tal extremos como manifiesta la recurrente toda vez que la recurrente fue sometida legalmente a un proceso disciplinario administrativo interno en la Unidad Académica de Pregrado FATESCIPOL El Alto, siendo su situación actual baja definitiva sin derecho a reincorporación a la Unidad Académica, Por tanto su argumento es inconsistente. (…)
7.- De la incongruencia omisiva del presidente del Tribuna a-quo y omisión de labor, La recurrente reclama que la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, incurriendo en incongruencia omisiva no contempla los reclamos, argumentos legales y medios probatorios presentados de su parte en la Audiencia de fecha 17 de noviembre de 2021, sin embargo verificado en obrado de la RA No. 026/2021 en la parte considerativa IV cursa en fojas 234 de tales reclamos vertidos por la impetrante. A este efecto la recurrente solo presenta los descargos entre ellos Informe de TEST DE EMBARAZO de fecha 28 de agosto de 2021 fojas 76, Nota de Certificación de fecha 30 de agosto de 2021 fojas 77, nota de certificación medica de fecha 30 de agosto de 2021 fojas 79, ecografía fojas 80 y 81, Nota epicrisis de fecha 06 de septiembre de 2021 fojas 82, certificado médico de fecha 02 de septiembre de 2021 de embarazo ectópico fojas 83 certificado médico de fecha 22 de octubre de 2021 embarazo ectópico complicado fojas 84.
A este efecto, esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que en la Audiencia de fecha 17 de noviembre de 2021, NO ha demostrado objetivamente con Certificado Médico Actualizado de un Médico Gionecobstetra a la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, toda vez que la recurrente según la documentación medica estaba con embarazo de alto riesgo ECTOPICO, es decir su embrazo estaba fuera del útero en ovario y No así en útero, por lo que esta instancia Jerárquica conforme los antecedentes médicos aprecia que la recurrente habría sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Los Andes de la Ciudad de El Alto, donde los profesionales médicos habría extraído un ovario por sangrado vaginal, a este efecto atribuible a la recurrente al NO haber demostrado en su oportunidad con un Certificado Médico Actualizado de un GINECOOBSTETRA para demostrar a la Comisión de Régimen Disciplinario de su condición física si es apto para realizar físicamente los ejercicios policiales y que posteriormente ser considerado, para lo que corresponda, en el presente caso NO cursa en obrados el Certificado Médico Actualizado de un GINECOBSTETRA, por tanto su reclamo es inconsistente.
8.- De la ilegalidad de la Resolución de primera instancia, La recurrente reclama que la Resolución Administrativa No. 026/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021 habría sido emitida de manera ilegal forzando una sanción en su contra, a este efecto esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que la Comisión de Régimen Disciplinario de El alto emisión la Resolución en cuestión, conforme el Art. 31 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado, por tanto su reclamo es inconsistente.
9.- De la afectación del derecho a la educación.- La recurrente se ampara de los Arts. 17, 77.I, 82.I de la Constitución Política del Estado y de la SSCC 0030/2015-S2 de fecha 16 de enero de 2015, la FATESCIPOL El Alto, no únicamente tiene la obligación de permitir el ingreso de mi persona para poder formarme, sino también tiene la obligación por mandato constitucional, de garantizar mi permanencia en dicha casa de estudios y de esa manera poder adquirir formación superior e integral. Al respecto la FATESCIPOL El Alto conforme a la Constitución Policita del Estado y demás Normativas vigentes, garantiza a la recurrente su permanencia en la Unidad Académica, sin embargo cometió falta disciplinaria en las instalaciones del Hospital Policial, siendo sancionado conforme la Resolución Administrativa Nro. 026/2021, con baja definitiva sin derecho a reincorporación.
En el caso concreto, la Resolución Administrativa de primera instancia Nro. 026/2021 emitida por la autoridad disciplinaria, al fundamentar de la mejor forma posible y con suficiente motivación y fundamentación al tratarse de una resolución sancionatoria que implica la Baja Definitiva sin Derecho a Reincorporación a la Unidad Académica de Pregrado de la Ex Alumna Miriam Condori Villca, en virtud al artículo 77 numeral 3 y 21, articulo 76 numeral 23 y 74 numeral 6 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL, ya que la falta fue cometida por “INCURRIR EN CONDUCTAS O PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE DENIGREN EL PRESTIGIO E IMAGEN DE LA UNIDAD ACADEMICA DE PREGRADO O DE LA POLICIA BOLIVIANA” Y NO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS OCN LA UNIDAD ACADEMICA DE PREGRADO EN EL CONTRATO DE ADMISION PERMENCIA, RETIRO Y/O EGRESO”; al respecto.
En razón de estos motivos de mucha relevancia que fue comprobado la conducta de la Ex Alumna Miriam Condori Villca, mediante Informes de fecha 28 de agosto y 01 de septiembre de 2021 y demás antecedentes en obrados. El suscrito autoridad jerárquica tiene la obligación y el deber de enmendar, cuando corresponda la libre otorgación de valor probatorio a cada prueba, de modo que se tenga claridad y plenitud sobre las razones de la decisión, dando respuesta a los nueve (9) puntos reclamados e identificados en el memorial de fecha 03 de diciembre del 2021; exigencia que ha sido cumplida por esta autoridad superior jerárquica” (sic [fs. 239 a 248]).
La solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, taxatividad, a la defensa, a la discriminación, a la educación y a la permanencia; así como a la presunción y a la seguridad jurídica; puesto que la autoridad demandada mediante la referida Resolución Jerárquica 096/2022, confirmó su baja definitiva determinada por la citada Resolución Administrativa 026/2021: 1) Sin atender los agravios planteados en su recurso jerárquico, en cuanto a la omisión de valoración de medios probatorios consistentes en los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los que solicitó y reiteró su solicitud de permiso para atención médica de emergencia, certificados médicos de 2 de septiembre de ese año y de 22 de octubre de igual año. Así también reclamó la vulneración a no ser discriminada por embarazo y estado civil, que tampoco fue absuelto, “al menos no en la magnitud de lo reclamado” (sic); y, 2) Dicha determinación se basó en otros hechos que no fueron parte de la investigación; pretendiendo justificar que su baja definitiva se debe a otros hechos y no así por la relación de concubinato entre su persona y con un oficial de policía y su embarazo, lo que no puede ser considerado como una falta grave que dañe la imagen de la Institución Policial que merezca su baja definitiva. Por esa razón solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución Jerárquica 096/2022, y se disponga se dicte una nueva resolución que con razonable motivación y congruencia, además en estricto apego del derecho a no ser discriminada por estado de gravidez y estado civil, vinculado al derecho a la educación y la permanencia, absuelva todos y cada uno de sus reclamos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, taxatividad, a la defensa, a la discriminación, a la educación y a la permanencia; así como a la presunción y a la seguridad jurídica; puesto que la autoridad demandada mediante la Resolución Jerárquica 096/2022 de 10 de marzo, confirmó su baja definitiva determinada por la Resolución Administrativa 026/2021 de 25 de noviembre: a) Sin atender los agravios planteados en su recurso jerárquico, en cuanto a la omisión de valoración de medios probatorios consistentes en los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los que solicitó y reiteró su solicitud de permiso para atención médica de emergencia, certificados médicos de 2 de septiembre de ese año y de 22 de octubre de igual año. Así también reclamó la vulneración a no ser discriminada por embarazo y estado civil, que tampoco fue absuelto, “al menos no en la magnitud de lo reclamado” (sic); y, b) Dicha determinación se basó en otros hechos que no fueron parte de la investigación; pretendiendo justificar que su baja definitiva se debe a otros hechos y no así por la relación de concubinato entre su persona y con un oficial de policía y su embarazo, lo que no puede ser considerado como una falta grave que dañe la imagen de la Institución Policial que merezca su baja definitiva. Por esa razón solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la referida Resolución Jerárquica 096/2022, y se disponga se dicte una nueva resolución que con razonable motivación y congruencia, además en estricto apego del derecho a no ser discriminada por estado de gravidez y estado civil, vinculado al derecho a la educación y la permanencia, absuelva todos y cada uno de sus reclamos.
Ahora bien, considerando los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene por un lado la Resolución Administrativa 029/2021 de 7 de septiembre, emitido por el Consejo Académico de la FATESCIPOL, mediante la cual se resolvió en mérito al Informe de Junta Médica Policial 01/2021 de 28 de agosto y en cumplimiento del art. 9 inc. c) y 16 inc. b), c) y d) del Reglamento Estudiantil de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, el retiro con derecho a reincorporación de Miriam Condori Villca, del primer año de formación policial, por el lapso de un año calendario, debiendo presentar su solicitud expresa de reincorporación antes de finalizar el plazo señalado y con la anticipación debida para su valoración y pronunciamiento por ese cuerpo colegiado y de no hacerlo se dispondrá la preclusión de ese derecho; ello debido a que concluyeron que no estaría apta físicamene de manera temporal debido a su embarazo -cuarenta semanas o nueve meses aproximadamente-, resguardando de esa manera el derecho a la salud y consiguientemente a la vida de la gestante y el concebido (Conclusión II.1.). Por otro lado, dentro del proceso administrativo disciplinario seguido por la Comisión de Régimen Disciplinario de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales El Alto en contra de Miriam Condori Villca, ahora accionante, estudiante de la citada Facultad Técnica, se emitió la citada Resolución Administrativa 026/2021, mediante la cual sancionó a la nombrada con la baja definitiva sin derecho a reincorporación de esa Unidad Académica de Pregrado de la UNIPOL, por la comisión de las faltas disciplinarias graves tipificadas en los arts. 77 núm. 3 -incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de pregrado o de la Policía Boliviana- y 21 -no cumplir con los compromisos adquiridos con la Unidad Académica de Pregrado en el Contrato de Admisión de permanencia, retiro y/o egreso; art. 76 núm. 23 -recurrir a influencias o recomendaciones para obtener prebendas en beneficio personal o de tercero- y art. 74 núm. 6 -desobedecer órdenes superiores injustificadamente-, todos del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre” (Conclusión II.2.). En ese sentido, la impetrante de tutela por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, interpuso recurso jerárquico contra la mencionada Resolución Administrativa 26/2021 (Conclusión II.3.). Dicho recurso jerárquico fue resuelto mediante la Resolución de 096/2022 de 10 de marzo; por el cual, el Vicerrector de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, resolvió confirmar en todas sus partes la citada Resolución Administrativa 026/2021, venida en grado de recurso jerárquico ante la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de dicha Universidad, por haber sido dictada acorde a las normativas que rigen el Sistema Educativo Policial en actual vigencia (Conclusión II.4.). Ahora bien, considerando la problemática planteada por la demandante de tutela a través de esta acción de amparo constitucional, justamente para resolver la denuncia de falta de fundamentación motivación y congruencia de la referida Resolución Jerárquica 096/2022, emitida por la autoridad demandada, en cuanto a que se confirmó su baja definitiva determinada por la antes señalada Resolución Administrativa 026/2021: 1) Sin atender los agravios planteados en su recurso jerárquico, en cuanto a la omisión de valoración de medios probatorios consistentes en los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los que solicitó y reiteró su solicitud de permiso para atención médica de emergencia, certificados médicos de 2 de septiembre de ese año y de 22 de octubre de igual año. Así también reclamó la vulneración a no ser discriminada por embarazo y estado civil, que tampoco fue absuelto, “al menos no en la magnitud de lo reclamado” (sic); y, 2) Dicha determinación se basó en otros hechos que no fueron parte de la investigación; pretendiendo justificar que su baja definitiva se debe a otros hechos y no así por la relación de concubinato entre su persona y con un oficial de policía y su embarazo, lo que no puede ser considerado como una falta grave que dañe la imagen de la Institución Policial que merezca su baja definitiva. En ese sentido, corresponde hacer el contraste entre el recurso jerárquico planteado por la solicitante de tutela y la mencionada Resolución Jerárquica 096/2022, respecto a los puntos denunciados mediante la presente acción de amparo constitucional, teniéndose en ese sentido los siguientes agravios reclamados en el recurso jerárquico: i) De las uniones libres reconocidos por la Ley fundamental y de los actos vulneradores de derechos; por cuanto no se tiene contemplado que el estado civil constituya una falta disciplinaria, ni mucho menos que el estado de gravidez melle la imagen de la Unidad Académica, por lo que no existiría falta que perseguir, por lo que al ser procesada y sancionada en razón a su estado civil y estado de gravidez se vulneró su derecho a no ser discriminada; ii) De la vulneración de su derecho a la libertad sexual y reproductiva, teniéndose establecido que la descendencia ya no constituye una causal de separación de las Unidades académicas de Pregrado de la UNIPOL, lo contrario es un acto de discriminación; iii) Del derecho a la salud, puesto que habría acreditado el 27 y 30 de agosto de 2021, mediante la presentación de oficios que solicitó permiso para acudir a consulta médica de emergencia por encontrarse delicada de salud y con sangrados vaginales, las cuales le fueron negadas por las autoridades de FATESCIPOL El Alto, a cuya consecuencia perdió a su bebe, extremo que fue puesto a conocimiento de Nelson Ariel Bozo Villca, en audiencia de 17 de noviembre de ese año, empero, esa denuncia fue tildada de falsa, por lo que solicita que se investigue ese hecho; iv) De la afectación del debido proceso y “motivo”, para cuyo efecto presentó por memorial de 27 de octubre de igual año, documentación para que sea valorada; sin embargo, no se lo hizo a tiempo de emitir la señalada Resolución Administrativa 026/2021, al contario se la sancionó con baja definitiva, sin que se explique los motivos por los que sus pruebas no contarían con ningún valor ni asidero legal, por lo que la misma carecería de fundamentación y motivación; v) De la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento taxatividad, puesto que se indicó que su estado de gravidez habría mellado la imagen de la Unidad Académica, forzando una sanción de baja definitiva por su estado de gravidez, fue discriminada por parte de las autoridades que conocieron el proceso disciplinario; vi) De la vulneración al derecho a la igualdad jurídica, al imponerle la ilegal y arbitraria sanción de baja definitiva de la FATESCIPOL El Alto por su estado de gravidez y estado civil, situación que no ocurrió en otros casos de características similares, en donde otras alumnas en estado de gravidez se beneficiaron con el retiro por el lapso de una gestión, empero, a su persona le impusieron una drástica sanción; vii) De la incongruencia omisiva del Presidente del Tribunal a quo y omisión de labor, ya que la mencionada Resolución Administrativa 026/2021, no contempla los reclamos, argumentos legales y medios probatorios presentados en la audiencia de 17 de noviembre de 2021, tales como los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los cuales pidió permiso para acudir a consulta médica, mismos que fueron negados, así como también el informe en conclusiones desvirtuó la infracción del art. 76 núm. 23 del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL, pero el Tribunal a quo de manera ilegal y arbitraria le sancionó por ese artículo; viii) De la ilegalidad de la referida Resolución 026/2021, toda vez que a través de la misma se forzó una sanción en su contra en contravención de la Normativa disciplinaria y de la Constitución Política del Estado; y, ix) De la afectación del derecho a la educación, ya que la FATESCIPOL El Alto no solo tiene la obligación de permitirle el ingreso para poder formarse sino también por mandato Constitucional debe garantizar su permanencia y de esa manera poder adquirir formación superior e integral; derecho que se ve afectado de manera directa por la violación de su derecho a no ser discriminada en razón al embarazo y estado civil.
Al respecto la autoridad ahora demandada mediante la citada Resolución Jerárquica 096/2022, resolvió confirmar la señalada Resolución Administrativa 026/2021, consecuentemente la baja definitiva de la peticionante de tutela, sosteniendo que:
“1.- De las uniones libres, reconocidos por la Ley Fundamental y de los actos vulneradores de derecho, Al presente recalcar a la impetrante que, el estado de gravidez y estado civil, de acuerdo a la Ley 603, son diferentes denominativos, es decir estado gravidez.- Es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto, en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger. Por otro lado el Estado Civil.- Es la situación de convivencia en el momento en que se realiza la recogida de información, consta de las siguientes modalidades, soltero o soltera, casada o casado, viudo o viuda, separada o separado y divorciada o divorciado, asimismo las personas gozan de libertad de estado para formar un estado civil matrimonial o viceversa, a este efecto verifíquese el Art. 147 de la Ley 603 y siguientes, que determina con exactitud, bajo esta disposición legal la impetrante no puede confundir, la Ley 603 con el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, toda vez que la impetrante en primera instancia conforme la Resolución de Auto Inicial Caso No. CRD/023/2021 de fecha 03 de septiembre de 2021, la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto inicia Proceso Sumario Interno por haber infringido los Arts. 74 Numeral 6, 75 numeral 16, 76 numeral 223 y 77 numerales 3 y 21 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, y NO así de su estado gravidez (gestación), por lo que la impetrante y su defensa solo se limitaron en todo su contenido de obrados al estado de gravidez, estado civil y unión libre, dejando a un lado el proceso sumario disciplinario. (…)
Siendo sancionado mediante Resolución Administrativa No. 026/2021, conforme los Art. 77 numeral 3 y 21, Faltas Graves de Cuarto Grado “Incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de Pregrado o dela Policía Boliviana” y “No Cumplir con los compromisos adquiridos con la Unidad Académica de Pregrado en el Contrato de Admisión Permanencia, Retiro y/o Egreso”. A este efecto la recurrente en fecha 28 de agosto de 2021, es trasladado al Hospital Policial Virgen de Copacabana, a objeto de que se realicen prueba de embarazo, en las instalaciones del Hospital Policial, en el interior la recurrente ha cometido falta grave con su comportamiento, incumpliendo la disposición emanada por el superior (instructores), haciendo tratar mal a los (instructores subalternos) con tercera persona que es el Oficial de Policía supuesto (concubino), esa es la denigración el prestigio y la imagen de la Unidad Académica siendo maltratado los (instructores) con palabras de prepotencia en frente de los tutores y padres de familia de las Alumnas Estefani Suxo Bonifacio y Carla Chambi Yujra, al ser maltratado y mellado la dignidad de los instructores provocado por el Oficial Ex instructor de la FATESCIPOL El Alto Sbtte. Juan Carlos Anara Flores, (padre de su bebe de la recurrente), quien se habría dirigido hacia a los instructores con palabras despectivas y con prepotencia transportando en su vehículo particular a la Alumna recurrente con destino desconocido, extremos que también esa es la falta cometida por la recurrente, repito por haber que su pareja Sbtte. Anara se dirija con prepotencia y alterado en contra de los instructores, haciendo prevalecer superioridad tratando de hacer quedar mal a los instructores y la imagen de la Unidad Académica FATESCIPOL El Alto delante de los familiares de las demás Alumnas, así señala el Informe No. 006/2021 de fecha 28 de agosto de 2021, que cursa en obrados en fojas 11, 12 y 13. Por lo que su reclamo es inconsistente.
2.- De la vulneración de mis derecho a la libertad sexual y reproductiva, Al presente la recurrente señala haber sido restringido sus derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a la descendencia y derecho a la Educación. A este efecto esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que la comisión de Régimen Disciplinario de FATESCIPOL El Alto, sanciona a la impetrante por falta grave y NO así del estado de gravidez (embarazo), en el presente caso también son dos asuntos muy distintos, entre ellos Cometer Falta Grave en las Instalaciones del Hospital Policial, con las conductas No adecuadas entre ellos, Recurrir a influencias por un Superior Jerárquico, Desobedecer Órdenes Superiores, Incurrir en Actividades que Denigren la Imagen de la Unidad Académica, obteniendo ventajas prebendas en beneficio personal mediante un superior (oficial), haciendo faltar al respeto con palabras NO adecuadas a los instructores de la FATESCIPOL El Alto en frente de los padres de familia en el interior del Hospital Policial extremos que la imagen de los Instructores y de la Unidad Académica en ese momento fue afectado por el superior al tratar con palabras que No son adecuadas, y la recurrente abandona y se retira con su concubino sin hacer conocer a los Instructores y mucho menos pedir permiso donde se dirigirá, con quien y en qué medio de transporte se trasladara, a que destino y con quien como Alumna, atribuible a la recurrente, por otro lado la recurrente olvida sus deberes y obligaciones de cumplir el contrato de admisiones de permanencia que suscribió de manera voluntaria, al NO cumplir este precepto voluntario de la misma forma la conducta de la recurrente adecua al Art. 77 parágrafo 21 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la UNIPOL. Por otro lado, es muy distinto Estado Gravidez que reclama la recurrente, entre ellos derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a la descendencia y derecho a la educación, a este efecto esta instancia jerárquica a revisión integra de obrados no constata esta afectación del estado de gravidez, toda vez que la UNIPOL y sus Unidades Académicas NO puede restringir estos derechos conforme el Art. 25 inciso b) Del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial, Art. 16 inciso b) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL y el Art. 71 de la CPE, bajo este precepto legal interna y constitucional la UNIPOL y sus Unidades Académicas a ninguna de los Alumnos y alumnas puede restringir sus derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a la descendencia y derecho a la Educación, con excepción de las recomendaciones vertidas por los inmediatos superiores en las Unidades Académicas en temas de embarazo, quienes imparten dichas recomendaciones a fin de evitar embarazos no deseados y NO se perjudiquen en temas de sus estudios a los Alumnos y Alumnas de las Unidades Académicas mientras se encuentren cursando Pregrado, consecuentemente esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que NO existe vulneración de sus derechos vertidas ya reclamados, toda vez que la FATESCIPOL El Alto atendió en su momento por el estado de Gravidez mediante Resolución Administrativa No. 029/2021 de fecha 07 de septiembre de 2021, retirándolo de la Unidad Académica por una gestión académica, que cursa en obrados en fojas 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, por tanto su reclamo es infundado.
3.- De la vulneración del derecho a la salud, Al respecto, esta instancia Jerárquica aclara a la recurrente que las solicitudes en cuestión conforme obrados en fojas 85, 86 y 87 No tiene sello de recepción, consecuentemente refiere que se habría hecho suministrar un inyectable, sin señalar que tipo de inyectable se habría suministrado en su humanidad, por otro lado refiere que a consecuencia dela Negación del permiso solicitado la recurrente habría perdido a su bebe, extremos que es totalmente contradictorio, si bien la recurrente en primera instancia acude a una farmacia a suministrase inyectable por dolores que presentaba, a sabiendas que tenía unión libre con el Sr. Sbtte. Juan Carlos Anara Flores, afirma la recurrente en su declaración informativa, por lo que esta instancia jerárquica estima que la misma recurrente por voluntad propia provocaría la pérdida de su bebe, al ser suministrado con un inyectable desconocido en su humanidad, conforme informes de la misma y su declaración informativa, su reclamo es inconsistente.
4.- De la afectación del debido proceso y motivo.- Al presente la recurrente reclama vulneración al debido proceso y motivo en la Resolución Administrativa No. 026/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente su reclamo es poco objetivo toda vez que la RA No. 026/2021 en cuestión cumple con la motivación en la parte considerando I y II, en la que toma en cuenta los informes y otras documentaciones, con relación a la falta disciplinaria cometida por la recurrente en el interior de la Clínica Policial Virgen de Copacabana.
Por otro lado, refiere que no se habría valorado por la Comisión de Régimen Disciplinario los informes de Laboratorio de fecha 28 de agosto de 2021 emitido por la Dra. Adela Suxo Mamani de la Clínica Policial – Informe Médico Ginecológico de fecha 30 de agosto de 2021 emitido por el Dr. Juan Chávez, con Matricula Profesional MP: CH-435.- Informe de Examen de Ecografía de fecha 30 de agosto de 2021 – Nota de Epicrisis de fecha 06 de septiembre de 2021 emitido por el Dr. José A. Méndez B., con matricula Profesional M-704 GINECOLOGO OBSTETRA del Hospital Municipal Los Andes (De donde se acredite la intervención quirúrgica por mi delicado estado de salud, DX EMBARAZO ECTOPICO COMPLICADO), extremos que la RA No. 026/2021 no cumpliría con la debida motivación al no tomar en cuenta estas documentaciones adjuntas como prueba, por lo que esta instancia Jerárquica nuevamente reitera a la recurrente que en primera instancia previamente antes de pedir supuesto permiso con informe en fechas 27 y 30 de agosto de 2021, acude a una farmacia para ser suministrado con inyectable desconocido sin receta médica, extremos que la recurrente podría haber provocado alteración de su embarazo, asimismo señala que habría adjuntado como prueba y presentado en la audiencia de fecha 17 de noviembre de 2021, en la que NO se habría valorado por el Presidente de la comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, al respecto conforme obrados en fojas 126 el recurrente en dicha audiencia solo se limitó señalar que la Alumna ha solicitado en dos ocasiones permiso que fue denegado y a consecuencia de esa impronta atención medica habría perdió al bebe sin buscar responsables, atribuible a la recurrente al NO reclamar en dicha audiencia de las faltas graves cometidas en su contra en las instalaciones de la Clínica Policial Virgen de Copacabana, toda vez que el Estado de Gravidez por embarazo es muy distinto que a sido atendido en su oportunidad, sin embargo la recurrente que sometido a la Recurrente en primera instancia reclama haber perdido su bebe por impronta atención medica que no buscaría responsables, sin embargo también refiere que perdió su bebe por un EMBARAZO ECTOPICO COMPLICADO, que asido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Municipal Los Andes, bajo esta contradicción de la impetrante, su argumento es inconsistente. 5.- De la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento componente de taxatividad, Al presente, la recurrente reclama que no hay la taxatividad para su juzgamiento disciplinario, a este efecto es pertinente hacer conocer a la impetrante que la taxatividad que aplicaron en su contra en FATESCIPOL El alto, es por infringir los artículos 77 numerales 3 y 21, Art. 76 numeral 23, Art. 74 numeral 6 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, por lo que esta instancia jerárquica NO identifica tal extremo reclamado por la recurrente que el Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, quien de manera abusiva y arbitraria habría forzado la sanción de baja definitiva en su contra por su otrora estado de gravidez, sin embargo la recurrente reclama de la discriminación en estado de gravidez, a este efecto esta instancia Jerárquica interpreta como aquella persona que se encuentra en mal estado que tiene dolencia en su humanidad y seguida de su destitución de un lugar a una persona sin causa justificada, en el presente caso NO existe tal extremos como manifiesta la recurrente toda vez que la recurrente fue sometida legalmente a un proceso disciplinario administrativo interno en la Unidad Académica de Pregrado FATESCIPOL El Alto, siendo su situación actual baja definitiva sin derecho a reincorporación a la Unidad Académica, Por tanto su argumento es inconsistente. (…)
7.- De la incongruencia omisiva del presidente del Tribuna a-quo y omisión de labor, La recurrente reclama que la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, incurriendo en incongruencia omisiva no contempla los reclamos, argumentos legales y medios probatorios presentados de su parte en la Audiencia de fecha 17 de noviembre de 2021, sin embargo verificado en obrado de la RA No. 026/2021 en la parte considerativa IV cursa en fojas 234 de tales reclamos vertidos por la impetrante. A este efecto la recurrente solo presenta los descargos entre ellos Informe de TEST DE EMBARAZO de fecha 28 de agosto de 2021 fojas 76, Nota de Certificación de fecha 30 de agosto de 2021 fojas 77, nota de certificación medica de fecha 30 de agosto de 2021 fojas 79, ecografía fojas 80 y 81, Nota epicrisis de fecha 06 de septiembre de 2021 fojas 82, certificado médico de fecha 02 de septiembre de 2021 de embarazo ectópico fojas 83 certificado médico de fecha 22 de octubre de 2021 embarazo ectópico complicado fojas 84.
A este efecto, esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que en la Audiencia de fecha 17 de noviembre de 2021, NO ha demostrado objetivamente con Certificado Médico Actualizado de un Médico Gionecobstetra a la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, toda vez que la recurrente según la documentación medica estaba con embarazo de alto riesgo ECTOPICO, es decir su embrazo estaba fuera del útero en ovario y No así en útero, por lo que esta instancia Jerárquica conforme los antecedentes médicos aprecia que la recurrente habría sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Los Andes de la Ciudad de El Alto, donde los profesionales médicos habría extraído un ovario por sangrado vaginal, a este efecto atribuible a la recurrente al NO haber demostrado en su oportunidad con un Certificado Médico Actualizado de un GINECOOBSTETRA para demostrar a la Comisión de Régimen Disciplinario de su condición física si es apto para realizar físicamente los ejercicios policiales y que posteriormente ser considerado, para lo que corresponda, en el presente caso NO cursa en obrados el Certificado Médico Actualizado de un GINECOBSTETRA, por tanto su reclamo es inconsistente.
8.- De la ilegalidad de la Resolución de primera instancia, La recurrente reclama que la Resolución Administrativa No. 026/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021 habría sido emitida de manera ilegal forzando una sanción en su contra, a este efecto esta instancia Jerárquica advierte a la recurrente que la Comisión de Régimen Disciplinario de El alto emisión la Resolución en cuestión, conforme el Art. 31 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado, por tanto su reclamo es inconsistente.
9.- De la afectación del derecho a la educación.- La recurrente se ampara de los Arts. 17, 77.I, 82.I de la Constitución Política del Estado y de la SSCC 0030/2015-S2 de fecha 16 de enero de 2015, la FATESCIPOL El Alto, no únicamente tiene la obligación de permitir el ingreso de mi persona para poder formarme, sino también tiene la obligación por mandato constitucional, de garantizar mi permanencia en dicha casa de estudios y de esa manera poder adquirir formación superior e integral. Al respecto la FATESCIPOL El Alto conforme a la Constitución Policita del Estado y demás Normativas vigentes, garantiza a la recurrente su permanencia en la Unidad Académica, sin embargo cometió falta disciplinaria en las instalaciones del Hospital Policial, siendo sancionado conforme la Resolución Administrativa Nro. 026/2021, con baja definitiva sin derecho a reincorporación.
En el caso concreto, la Resolución Administrativa de primera instancia Nro. 026/2021 emitida por la autoridad disciplinaria, al fundamentar de la mejor forma posible y con suficiente motivación y fundamentación al tratarse de una resolución sancionatoria que implica la Baja Definitiva sin Derecho a Reincorporación a la Unidad Académica de Pregrado de la Ex Alumna Miriam Condori Villca, en virtud al artículo 77 numeral 3 y 21, articulo 76 numeral 23 y 74 numeral 6 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL, ya que la falta fue cometida por “INCURRIR EN CONDUCTAS O PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE DENIGREN EL PRESTIGIO E IMAGEN DE LA UNIDAD ACADEMICA DE PREGRADO O DE LA POLICIA BOLIVIANA” Y NO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS OCN LA UNIDAD ACADEMICA DE PREGRADO EN EL CONTRATO DE ADMISION PERMENCIA, RETIRO Y/O EGRESO”; al respecto.
En razón de estos motivos de mucha relevancia que fue comprobado la conducta de la Ex Alumna Miriam Condori Villca, mediante Informes de fecha 28 de agosto y 01 de septiembre de 2021 y demás antecedentes en obrados. El suscrito autoridad jerárquica tiene la obligación y el deber de enmendar, cuando corresponda la libre otorgación de valor probatorio a cada prueba, de modo que se tenga claridad y plenitud sobre las razones de la decisión, dando respuesta a los nueve (9) puntos reclamados e identificados en el memorial de fecha 03 de diciembre del 2021; exigencia que ha sido cumplida por esta autoridad superior jerárquica” (sic). Ahora bien, para una mejor comprensión se procederá al análisis individualizado en cuanto a las dos problemáticas planteadas por la impetrante de tutela. Respecto a la problemática identificada en el inc. b) -La citada Resolución Jerárquica 096/2022 se basó en otros hechos que no fueron parte de la investigación, pretendiendo justificar que su baja definitiva se debe a otros hechos y no así por la relación de concubinato entre su persona y con un oficial de policía y su embarazo, lo que no puede ser considerado como una falta grave-
Bajo ese marco, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el fundamento jurídico precedentemente señalado, la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; es decir, que una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o jurisdiccional, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.
Por lo señalado, y analizando los fundamentos y argumentos señalados por el entonces Vicerrector de la Universidad Policial “Mscal. Antonio José de Sucre”, se tiene que la misma a momento de resolver el Recurso Jerárquico interpuesto por la impetrante de tutela, sostuvo que: En cuanto al agravio planteado respecto a las uniones libres, reconocidos por la Ley Fundamental y de los actos vulneradores de derecho, señaló que de acuerdo al Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, el estado de gravidez es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto, en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer. El Estado Civil es la situación de convivencia. Las personas gozan de libertad de estado para formar un estado civil, teniéndose al efecto el art. 147 y siguientes de la citada Ley, por lo que la recurrente -ahora demandante de tutela- no debe confundir dicha Ley con el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, toda vez que conforme al Auto Inicial Caso CRD/023/2021 de 3 de septiembre de 2021, la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto inició proceso sumario interno en su contra por la infracción de los arts. 74 núm. 6, 75 núm. 16, 76 núm. 23; y, 77 nums. 3 y 21 del indicado Reglamento, no por su estado gravidez; por lo que no se puede dejar de lado el proceso sumario disciplinario que concluyó con mencionada la Resolución Administrativa 026/2021, por haber incurrido en faltas graves de cuarto grado -Incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de Pregrado de la Policía Boliviana y no cumplir con los compromisos adquiridos con la misma en cuanto a retiro y/o egreso-, previstas en el art. 77 nums. 3 y 21 del citado Reglamento. También la autoridad demandada señaló que, la recurrente el 28 de agosto de 2021, fue trasladada al Hospital Policial Virgen de Copacabana, a objeto de que se le realice la prueba de embarazo, donde la nombrada cometió una falta grave al haber incumplido disposiciones emanadas por su superior –instructor-, haciendo que Juan Carlos Anara Flores -su concubino- trate de mala manera al instructor, con lo que se denigró el prestigio y la imagen de la FATESCIPOL El Alto, al maltratarlo con palabras prepotentes y despectivas en frente de los tutores y padres de familia de las alumnas Estefani Suxo Bonifacio y Carla Chambi Yujra, y al transportar en su vehículo particular a la recurrente con destino desconocido, extremo que ocasionó y consiguió la nombrada haciendo prevalecer su superioridad, tal como señala el Informe 006/2021 de 28 de agosto; por lo que determinó que su reclamo fue inconsistente. En cuanto al segundo agravio -De la vulneración de sus derechos a la libertad sexual y reproductiva-, se tiene que la Comisión de Régimen Disciplinario de FATESCIPOL El Alto, sancionó a la solicitante de tutela por una falta grave cometida en instalaciones del Hospital Policial, no así por su estado de gravidez, al haber realizado conductas inadecuadas al recurrir a influencias de un superior jerárquico y desobedecer órdenes superiores, denigrando la imagen de la Unidad Académica, obteniendo ventajas en beneficio personal mediante un superior, haciendo faltar al respeto con palabras no adecuadas a los instructores de esa Facultad Técnica en frente de los padres de familia de las otras alumnas que también se encontraban en el lugar, oportunidad en la que la peticionante de tutela se retiró con su concubino sin que ese hecho sea de conocimiento de los Instructores y mucho menos haya pedido permiso y comunicado donde se dirigirá, con quien y en qué medio de transporte, a que destino, ello en su condición de alumna, pues tenía la obligación de cumplir el Contrato de admisiones y de permanencia que suscribió de manera voluntaria, adecuándose su conducta al art. 77 núm. 21 del Reglamento del citado Régimen; por otro lado, es muy distinto el estado de gravidez que menciona la nombrada, los derechos sexuales, reproductivos, a la descendencia y a la educación, por cuanto a partir de la revisión integral de obrados no consta afectación al estado de gravidez, toda vez que la UNIPOL y sus Unidades Académicas no puede restringir estos derechos, de acuerdo a la previsión de los arts. 25 inc. b) del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial; 16 inc. b) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL; y, 71 de la CPE, con excepción de las recomendaciones de los inmediatos superiores de las Unidades Académicas a fin de evitar embarazos no deseados y no se perjudiquen los alumnos y alumnas en sus estudios mientras se encuentren cursando pregrado; consecuentemente, no existe vulneración de dichos derechos, más al contrario se tiene que la FATESCIPOL El Alto atendió en su momento el estado de gravidez de la nombrada mediante la señalada Resolución Administrativa 029/2021 de 7 de septiembre, retirándola de esa Unidad Académica por una gestión, en resguardo de ella y bebe, por tanto su reclamo es infundado. Respecto a la vulneración del derecho a la salud denunciado como agravio, al respecto esa instancia jerárquica aclaró que las solicitudes en cuestión cursantes a fs. 85, 86 y 87 -se entiende las realizadas el 27 y 30 de agosto de 2021-, que fueron citadas por la peticionante de tutela en ese punto de agravio- no tienen sello de recepción; teniéndose al respecto que se habría hecho suministrar un inyectable, sin señalar cual; por otro lado, refiere que a consecuencia de la negatoria del permiso solicitado la recurrente habría perdido a su bebe, extremo que es totalmente contradictorio, pues si bien la recurrente en primera instancia acude a una farmacia a suministrase inyectable por dolores que presentaba, concluyó que la misma por voluntad propia habría provocado la pérdida de su bebe al haberse suministrado un inyectable desconocido, tal como se tiene de la misma declaración informativa de la nombrada, por lo que su reclamo fue considerado inconsistente.
En cuanto a la “afectación del debido proceso y motivo” en la referida Resolución Administrativa 026/2021, la autoridad ahora demandada sostuvo que ese agravio era poco objetivo, toda vez que la citada Resolución tomó en cuenta los informes y otras documentaciones extrañadas por la ahora accionante, con relación a la falta disciplinaria que cometió en el interior de la Clínica Policial Virgen de Copacabana. Al respecto la impetrante de tutela señaló en su recurso jerárquico que la Comisión de Régimen Disciplinario no consideró el informe de laboratorio de 28 de agosto de 2021 emitido por Adela Suxo Mamani de la Clínica Policial; el Informe Médico Ginecológico de 30 de ese mes y año emitido por el Juan Chávez con Matricula Profesional MP CH-435; el Informe de Examen de Ecografía de igual fecha; la Nota de Epicrisis de 6 de septiembre de dicho año emitida por el José Méndez con matricula Profesional M-704 Ginecólogo Obstetra del Hospital Municipal Los Andes; sosteniendo que los mismos acreditarían la intervención quirúrgica que le realizaron por su embarazo ectópico complicado, consecuentemente, no cumpliría con la debida motivación; sin embargo, la autoridad demandada al respecto señaló que antes de pedir el supuesto permiso el 27 y 30 de agosto de 2021, la nombrada acudió a una farmacia para que le suministren un inyectable desconocido sin receta médica, por lo que ella bien pudo provocar alteración de su embarazo. Así también, la nombrada señaló que dicha documentación habría presentado como prueba en la audiencia de 17 de noviembre de 2021, oportunidad que no se habría valorado por el Presidente de la citada Comisión de Régimen Disciplinario; al respecto conforme se tiene del acta de dicha audiencia se tiene que solo se limitó a señalar que solicitó en dos ocasiones permiso el que le fue rechazado y a consecuencia de esa impronta atención medica habría perdido al bebe pero que no buscaba responsables, extremo que corresponde atribuible a la misma al no haber reclamado ese extremo en esa audiencia, toda vez que el estado de gravidez por embarazo es muy distinto a las faltas atribuibles en su contra, mismo que fue atendido en su oportunidad; existiendo contradicción en lo referido por la nombrada en cuanto a que habría perdido a su bebe por una impronta atención médica; empero, también indicó que lo perdió por un embarazo ectópico complicado, intervenido quirúrgicamente en el Hospital Municipal Los Andes; concluyendo que ese argumento sería inconsistente. En cuanto al agravio de vulneración del derecho al debido proceso en su componente taxatividad; la recurrente reclamó que no hay la taxatividad para su juzgamiento disciplinario, a este efecto la Resolución Jerárquica objeto de autos, aclaró a la nombrada que se la procesa por la infracción de los arts. 77 nums. 3 y 21; 76 núm. 23; y, 74 núm. 6 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, por lo que no se identificó en esa instancia lo reclamado respecto a que el Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, de manera abusiva y arbitraria haya forzado la sanción de baja definitiva en su contra por su estado de gravidez; en cuanto a la discriminación por su estado de gravidez, la recurrente fue sometida legalmente a un proceso disciplinario administrativo interno en la Unidad Académica de Pregrado FATESCIPOL El Alto, siendo su situación actual baja definitiva sin derecho a reincorporación a la Unidad Académica, por lo que ese argumento correspondería inconsistente. La recurrente también reclamó que la Comisión de Régimen Disciplinario de la FATESCIPOL El Alto, incurriendo en incongruencia omisiva no contempla los reclamos, argumentos legales y medios probatorios que presentó en la audiencia de 17 de noviembre de 2021; sin embargo, del Considerando IV de la citada Resolución Administrativa 026/2021, constan el Informe de test de embarazo de 28 de agosto de ese año; Nota de Certificación de 30 de agosto de 2021 fs. 77; Certificación médica de 30 de agosto de 2021 fs. 79; Ecografía fs. 80 y 81; Nota epicrisis de 6 de septiembre de 2021 fs. 82; Certificado médico de 2 de septiembre de 2021 de embarazo ectópico fs. 83; y, Certificado médico de 22 de octubre de 2021 embarazo ectópico complicado fs. 84; de lo cual concluyó la instancia jerárquica que la recurrente en la indicada audiencia, no demostró objetivamente con certificado médico actualizado emitido por un médico Gionecobstetra que tenía un embarazo ectópico de alto riesgo; es decir, embarazo fuera del útero en ovario, advirtiéndose conforme a los antecedentes médicos que la recurrente fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Los Andes de El Alto, donde los profesionales médicos habrían extraído un ovario por sangrado vaginal; consecuentemente, la recurrente no demostró en su oportunidad a la Comisión de Régimen Disciplinario si su condición física era apta para que se desempeñe con normalidad como alumna; es decir, para realizar los ejercicios policiales, por tanto concluyó que su reclamo era inconsistente. En cuanto a la ilegalidad de la Resolución de primera instancia, la demandante de tutela reclamó que la señalada Resolución Administrativa 026/2021 fue emitida de manera ilegal forzando una sanción en su contra, a este efecto esa instancia jerárquica advirtió que la Comisión de Régimen Disciplinario de El Alto emitió esa Resolución conforme al art. 31 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado, por tanto su reclamo es inconsistente. Finalmente, en cuanto al agravio planteado respecto a la afectación del derecho a la educación, realizado al amparo de los arts. 17, 77.I y 82.I de la CPE y de la SCP 0030/2015-S2 de 16 de enero, sosteniendo que la FATESCIPOL El Alto, no solo tiene la obligación de permitir el ingreso de alumnos para su formación, sino también debe garantizar su permanencia en la misma y de esa manera poder adquirir formación superior e integral. Al respecto la autoridad demandada sostuvo que esa facultad conforme a la Constitución Policita del Estado y normativa vigente garantiza no solo a la recurrente su permanencia en la Unidad Académica; sin embargo, en su caso se debía considerar la sanción emitida en su contra por la comisión de faltas disciplinarias -cometidas en instalaciones del Hospital Policial-motivo por el cual se inició un proceso administrativo disciplinario en su contra el cual concluyó con la referida Resolución Administrativa 026/2021, que dispuso su baja definitiva sin derecho a reincorporación; consecuentemente, si bien tiene dicho derecho, no obstante el mismo cae por su propio peso al existir en su contra dicha sanción. En el caso concreto, mediante la citada Resolución jerárquica objeto de autos se concluyó que la mencionada Resolución Administrativa 026/2021, fue emitida de manera suficientemente fundamentada y motivada al tratarse de una determinación sancionatoria que implica la baja definitiva sin derecho a reincorporación a la Unidad Académica de Pregrado de la solicitante de tutela, en virtud a los arts. 77 nums. 3 y 21; 76 núm. 23; y, 74 núm. 6 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL, ya que la falta incurrió en conductas o participó en actividades que denigraron el prestigio e imagen de la Unidad Académica de Pregrado de la Policía Boliviana y no cumplió con los compromisos adquiridos con la misma mediante el contrato de admisión, permanencia, retiro y/o egreso; extremos comprobados a través de los Informes de 28 de agosto y 01 de septiembre de 2021 y demás antecedentes citados que cursan en obrados.
En ese sentido, con base en lo señalado precedentemente, el entonces Vicerrector de la Universidad Policial “Mscal. Antonio José de Sucre”, cumplió con su obligación de pronunciar una resolución conforme al debido proceso, exponiendo de forma fundamentada y motivada la razón de su decisión, mencionando los motivos por los cuales confirmó la señalada Resolución Administrativa 026/2021 de 25 de noviembre, mediante la cual se determinó la baja definitiva de la peticionante de tutela, haciendo el análisis correspondiente al respecto, precisando que y aclarando cuales son los motivos por los cuales se le inició el proceso disciplinario y que por los mismos fue sancionada con la mencionada baja definitiva, aclarándole que el proceso se debió a que la conducta desplegada el 28 de agosto de 2021 en instalaciones del Hospital Policial, provocó que incurra en las faltas graves previstas en los arts. 77 nums. 3 y 21; 76 núm. 23; y, 74 núm. 6 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL, al haber dañado la imagen de esa institución policial; y no así por la relación de concubinato con un oficial de policía y su embarazo, entendiéndose que estos últimos no tuvieron nada que ver en cuanto al objeto mismo del proceso, reiterándose que el mismo se debió a las actitudes y hechos acontecidos en el citado Hospital la mencionada fecha; además, citó las normas jurídicas y jurisprudencia que sustentan los motivos de su decisión; de esa manera observó el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada.
En cuanto a la problemática identificada en el inc. a) -falta de atención de los agravios planteados en su recurso jerárquico, respecto a la omisión de valoración probatoria de los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, y en cuanto a la no discriminación-
Por otra parte, en cuanto a la denuncia de que la autoridad demandada al pronunciar la citada Resolución Jerárquica 026/2022, no atendió los agravios planteados en su recurso jerárquico, en cuanto a la omisión de valoración de medios probatorios consistentes en los oficios de 27 y 30 de agosto de 2021, mediante los que solicitó y reiteró su solicitud de permiso para atención médica de emergencia, certificados médicos de 2 de septiembre de ese año y de 22 de octubre de igual año. Así también reclamó la vulneración a no ser discriminada por embarazo y estado civil, que tampoco fue absuelto, “al menos no en la magnitud de lo reclamado”; a partir del contraste precedentemente realizado entre los agravios planteados por la impetrante de tutela a momento de interponer el recurso jerárquico y la citada Resolución Ministerial, se tiene que: En efecto la demandante de tutela a momento de interponer recurso jerárquico señaló como punto de agravio que habría acreditado el 27 y 30 de agosto de 2021, mediante la presentación de oficios, que solicitó permiso para acudir a consulta médica de emergencia por encontrarse delicada de salud y con sangrados vaginales, las cuales le fueron negadas por las autoridades de FATESCIPOL El Alto, a cuya consecuencia perdió a su bebe. Al respecto, tal como se tiene a partir de la jurisprudencia constitucional citada en Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; así también, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, ese pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En ese sentido, sobre la denuncia planteada precedentemente identificada, cabe señalar que no es evidente, puesto que el entonces Vicerrector ahora demandado al emitir la señalada Resolución Jerárquica 096/2022 consideró lo extrañado sosteniendo que las solicitudes en cuestión cursantes a fs. 85, 86 y 87 -se entiende las realizadas el 27 y 30 de agosto de 2021-, que fueron citadas por la solicitante de tutela en el agravio respecto al derecho a la salud, no tienen sello de recepción; y que la nombrada se hizo suministrar un inyectable desconocido por dolores que presentaba, y que ocasionó la pérdida de su bebe. Lo mismo ocurre con la denuncia de falta de consideración y/o pronunciamiento de los certificados médicos de 2 de septiembre de 2021 y 22 de octubre de igual año, los cuales señalarían que la peticionante de tutela tenía un embarazo ectópico complicado; a partir de la mencionada Resolución Jerárquica 096/2022 se advierte que si fueron considerados; sin embargo, la autoridad demandada consideró que correspondía la presentación de un certificado médico actualizado emitido por un Médico Gionecobstetra, concluyendo que si bien esa documentación médica presentada indica que estaba con embarazo ectópico de alto riesgo; es decir, su embrazo estaba fuera del útero en ovario y no así en útero, y que la nombrada según los antecedentes cursantes en obrados habría sido intervenida quirúrgicamente en el Hospital Los Andes de la Ciudad de El Alto, habiéndole extraído un ovario por sangrado vaginal; extremo que según lo concluido por dicha autoridad no estaría en tela de juicio; sin embargo, nada tendría que ver con el fondo del proceso disciplinario efectuado en su contra, mismo que fue concluido con la emisión de la indicada Resolución Administrativa 026/2021, que la sancionó con baja definitiva por haber incurrido en las faltas graves previstas en los arts. 77 nums. 3 y 21; 76 núm. 23; y, 74 núm. 6 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL.
Así también, en cuanto a su reclamo de no ser discriminada por embarazo y estado civil, que tampoco fue absuelto, “al menos no en la magnitud de lo reclamado; se tiene que en efecto, la ahora accionante a tiempo de plantear su recurso jerárquico como un punto de agravio indico que las uniones libres se encuentran reconocidos por la Ley fundamental, por lo que no se tiene contemplado que el estado civil constituya una falta disciplinaria, ni mucho menos que el estado de gravidez melle la imagen dela Unidad Académica, en ese sentido no existiría falta que perseguir, por lo que al ser procesada y sancionada en razón a su estado civil y estado de gravidez se vulneró su derecho a no ser discriminada; al respecto si se tiene una respuesta otorgada por el entonces Vicerrector de la UNIPOL, no siendo evidente que dicha autoridad no lo haya absuelto ese punto planteado, al contrario en la apuntada Resolución Jerárquica 096/2022 indicó sobre el particular que la Ley 603 establece que el estado de gravidez es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto, en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer; y, que el estado civil es la situación de convivencia; consecuentemente, concluyó que las personas gozan de libertad de estado para formar un estado civil, teniéndose al efecto el art. 147 y siguientes. de la citada Ley; en ese marco, sostuvo que la recurrente -ahora impetrante de tutela- no debe confundir dicha Ley con el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado en base a la cual se realizó el proceso administrativo disciplinario en su contra, haciendo notar a la nombrada que no fue por su estado civil o de embarazo que se siguió el mismo, sino por el incumplimiento a dicho Reglamento, por lo que no puede alegar la vulneración a su derecho a la discriminación.
En ese marco, se advierte que respecto a los agravios denunciados como no considerados o atendidos y que por consiguiente no hubieran merecido un pronunciamiento en la mencionada Resolución Jerárquica 096/2022 no es evidente, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento congruencia, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto a los derechos al debido proceso en su elemento taxatividad, a la defensa, a la educación y a la permanencia, así como a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica; habiéndose limitado a señalarlos en la demanda de acción de amparo constitucional que nos ocupa sin realizar ninguna fundamentación al respecto, únicamente reiterando y/o copiando los argumentos de dicho recurso, por lo que este Tribunal Constitucional Plurinacional al respecto no emitirá pronunciamiento alguno. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 195/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 298 a 303, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0483_2024-S1.pdf · páginas 1 a 39.
Huella digital del PDF (SHA-256): 304cc976b36e662fe206f1721fbfae3558c156bdfd6449fd25f686e6b44bcb2d
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