B.IA.LEGAL

SCP 0482/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
45892-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y efectiva, sin dilaciones y al principio de celeridad debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente, solicitó audiencias de cesación a la detención preventiva en reiteradas oportunidades; sin embargo, las mismas no fueron llevadas a cabo hasta la fecha, en razón a que fueron suspendidas indebidamente por el Juez ahora demandado, autoridad que ante las suspensiones, tampoco señaló una nueva fecha para la realización de la audiencia requerida. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 10/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, sin responsabilidad por ser excusable, exhortándoles que en casos futuros con situaciones similares, los ahora demandados actúen conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencia de medida cautelar
  3. III.3. Jurisprudencia reiterada. Sobre la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0482/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45892-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fortunato Molina Pérez contra Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez y Dyna Marilú Ojeda Conde, Oficial de Diligencias respectivamente ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación con agravante; por el cual, se encuentra detenido preventivamente, mediante memorial presentado el 28 de enero de 2022, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, habiendo sido señalada para el 2 de febrero de ese año, a las 16:30; sin embargo, cuando su persona y sus abogados ya habían ingresado a la plataforma virtual, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, les pidió que abandonaran la Sala, debido a que aún se desarrollaba una audiencia dentro de otro proceso y que posteriormente les comunicaría cuando se inicie la audiencia correspondiente. Pasados varios minutos, el Juez ahora demandado, dispuso la suspensión de la audiencia, sin señalar o haber fijado una nueva fecha; razón por la que, el 7 de febrero de 2022, reiteró su petición de cesación a la detención preventiva, en aplicación del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), recalcando además que, de acuerdo a la ley, el Juez o Tribunal, en ningún caso podrá suspender las audiencias; empero, desde esa fecha, no se le notificó y menos se mencionó la audiencia de cesación que solicitó, incurriéndose de esa forma en dilación indebida e incumplimiento de deberes por parte de los ahora demandados, quienes no cumplieron los plazos y los principios a los que deben sujetarse los funcionarios públicos judiciales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y efectiva, sin dilaciones y el principio de celeridad, citando al efecto los arts., 115. I y II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se otorgue la tutela impetrada; y en consecuencia, se reponga el acto procesal de audiencia de cesación en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de 15 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., presentes el solicitante de tutela acompañado de su abogado y la Oficial de Diligencia Marilú Ojeda, codemandada; y, ausente la autoridad judicial demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de la presente acción de defensa.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial y la funcionaria subalterna demandados

Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez del Tribunal Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, presentó informe escrito de 15 de febrero de 2022, cursante a fs. 19 y vta., manifestando que: a) El caso seguido por el Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Guanay contra Fortunato Molina Pérez, por la presunta comisión del delito de Violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, se encuentra en la etapa final de conclusiones o alegatos de juicio; b) De la revisión de obrados del cuaderno de juicio, se tiene la presentación de la solicitud de cesación a la detención preventiva, realizada el 7 de febrero de 2022, la cual fue atendida, con el señalamiento de audiencia para el 11 del mismo mes y año; sin embargo, la misma no se pudo realizar por falta de notificación a las partes; por lo que, de oficio se fijó nueva audiencia para el 15 del mes y año referidos, habiéndose conminado a la Oficial de Diligencias cumplir con lo dispuesto, funcionaria que además fue habilitada como Secretaria del citado Tribunal y que cumplió con las diligencias para la audiencia señalada; y, c) Con los antecedentes y motivos manifestados, no atribuibles a su autoridad, se tiene que, operó la sustracción del objeto de la presente acción tutelar; razón por la que, se debe denegar la acción interpuesta. Dyna Marilú Ojeda Conde, Oficial de Diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia informó lo siguiente: 1) El 2 de febrero de 2022, se suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, debido a que se desarrollaba otra audiencia por el delito de violencia familiar, que se llevó a cabo hasta altas horas de la noche; razón por la que, presentó un informe pidiendo se realice un nuevo señalamiento de audiencia; y, 2) El 7 de febrero de 2022, el imputado presentó un memorial solicitando señalamiento de audiencia, la cual fue programada para el 11 del mismo mes y año; empero, tuvo que ser suspendida por la falta de notificaciones; asimismo, se debe poner en conocimiento, que su persona viene cumpliendo además las funciones de Secretaria y auxiliar del citado Tribunal de Sentencia, que a la fecha cuenta con trescientos ochenta y cinco (385) detenidos por violación, feminicio e infanticidios, siendo inhumanamente imposible hacerse responsable de las funciones de un Tribunal que no cuenta con secretaria y auxiliar.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., concedió la tutela impetrada en relación al Juez ahora demandado, a efectos de que no vuelvan a repetirse las mismas vulneraciones; y, denegó la tutela respecto a la Oficial de Diligencias, con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme a los antecedentes del caso, se tiene que habiéndose señalado audiencia de cesación a la detención preventiva para el 2 de febrero de 2022, no se llevó a cabo, debido a que el Tribunal de Sentencia se encontraba desarrollando otra audiencia, que se extendió hasta largas horas de la noche, imposibilitando que la audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante pueda desarrollarse; sin embargo, tras la suspensión el Juez ahora demandado no fijó una nueva audiencia a la brevedad posible como correspondía; ii) Una vez que dicha autoridad tuvo conocimiento de esta acción de libertad, es que elaboró un acta de suspensión con fecha 11 de febrero de 2022, en la que además indicó nueva audiencia de cesación para el 15 del mismo mes y año, situación que no es creíble; puesto que, hasta el día de ayer no existía ningún señalamiento de audiencia que hubiera sido puesto en conocimiento del impetrante de tutela; iii) Esta omisión por parte de la autoridad referida, vulnero el derecho a la libertad del solicitante de tutela, la celeridad y la tutela pronta y oportuna, para esclarecer su situación procesal, en cuanto a la petición de cesación a la detención preventiva, lo que hace viable la tutela impetrada, al no haberse cumplido con el señalamiento de audiencias dentro de los plazos previstos por ley; iv) Toda vez que, el Juez demandado recién fijó la audiencia para el día de hoy 15 de igual mes y año, ya que las partes ya tienen conocimiento de la misma, no amerito activar la acción de libertad traslativa de pronto despacho, correspondiendo reconducir esta acción de defensa en su vertiente innovativa, a efectos que la autoridad demandada no incurra nuevamente en esta omisión con vulneración directa de los derechos de los justiciables; v) En cuanto al argumento de que esta acción de libertad debiera denegarse por la pérdida del objeto material, no procede, porque recién una vez conocida esta acción tutelar el Juez fijó audiencia, reparando el daño al accionante, debiendo señalarse que la pérdida del objeto material procede cuando las autoridades demandadas han reparado el daño antes de tener conocimiento de una acción de libertad; y, vi) Respecto a la participación de la Oficial de Diligencias, se tiene que también debe cumplir las funciones de Secretaria habilitada del Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, por consiguiente quien tenía la obligación de instalar la audiencia de cesación a la detención preventiva y por consiguiente señalar otra en el plazo breve, era el Juez de dicho Tribunal, no siendo responsabilidad de la funcionaria de apoyo nombrada, que más al contrario está coadyuvando cumpliendo inclusive otras funciones; razón por la que, se debe denegar la tutela impetrada respecto a ficha funcionaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, el ahora accionante solicitó audiencia virtual de cesación a la detención preventiva (fs.5 y vta.), audiencia que fue programada para el 2 de febrero del mismo año, según la providencia de 28 de enero de 2022 (fs. 7). II.2. Cursa memorial interpuesto el 7 de febrero de 2022, ante el Tribunal de Sentencia anteriormente prenombrado; a través del cual, el impetrante de tutela, peticionó nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, debido a que la audiencia señalada para el 2 del mismo mes y año, fue suspendida por la autoridad judicial ahora demandada, sin fijar nueva fecha (fs. 6 y vta.). II.3. Por Decreto de 8 de febrero de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en favor del imputado, para el 11 del mismo mes y año (fs. 16). II.4. De acuerdo al Acta de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva instalada el 11 de febrero de 2022, se verifica que dicha audiencia fue suspendida debido a la falta de notificaciones a las partes procesales, habiéndose reprogramado para el 15 del mismo mes y año (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y efectiva, sin dilaciones y al principio de celeridad debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente, solicitó audiencias de cesación a la detención preventiva en reiteradas oportunidades; sin embargo, las mismas no fueron llevadas a cabo hasta la fecha, en razón a que fueron suspendidas indebidamente por el Juez ahora demandado, autoridad que ante las suspensiones, tampoco señaló una nueva fecha para la realización de la audiencia requerida. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos pertenecen).

Así también, la SCP 0819/2019-S4 de 12 de septiembre, al respecto señaló que: “‘…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona (…) pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. (…) Bajo esta premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. La SCP 0673/2020-S4 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0880/2019-S4 de 9 de octubre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencia de medida cautelar

Sobre la temática de exordio, la SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis respecto a la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia de cesación a la detención preventiva, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada con relación a la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…) De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; (..) corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva,… (…)

…debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que (…) resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertad” (las negrillas son nuestras). Precepto que, a su vez fue modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, cuyo texto vigente estipula lo siguiente: “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. Jurisprudencia reiterada. Sobre la acción de libertad innovativa

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló, refiriéndose a la acción de libertad innovativa, estableció lo siguiente: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial

Respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del Órgano Judicial la SCP 0593/2018-S4 de 2 de octubre, reitera el entendimiento desarrollado en la SCP 1110/2017-S2 de 23 de octubre, que citando la SCP 0427/2015 de 29 de abril, estableció que: “‘(…) es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde;

habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: «Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial». Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: «El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno»; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa’” (las negrillas y subrayado son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

En el caso presente, el solicitante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y efectiva, sin dilaciones y el principio de celeridad, debido a que tanto el Juez y la funcionaria de apoyo jurisdiccional ahora demandados hubiesen incurrido en dilación indebida en cuanto al trámite y resolución de las audiencias de cesación a la detención preventiva que el ahora accionante solicitó.

De la revisión de antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se tiene que, mediante memorial presentado el 28 de enero de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, el ahora accionante peticionó audiencia virtual de cesación a la detención preventiva audiencia que fue programada para el 2 de febrero del mismo año, según la providencia de 28 de enero de 2022 (Conclusión II.1). Ahora bien, de acuerdo a lo denunciado por el impetrante de tutela, esta primera audiencia fue suspendida debido a que una vez presentes en la sala de audiencia virtual, la hoy codemandada Oficial de Diligencias habilitada como Secretaria en esa oportunidad, les informó que aún se estaba desarrollando otra audiencia dentro de un proceso penal por violencia familiar, la cual se extendió hasta largas horas de la noche y que imposibilitó que la audiencia de cesación a la detención preventiva del ahora solicitante de tutela pueda llevarse a cabo, haciendo notar que ante esta suspensión, la autoridad judicial hoy demandada omitió indicar un nuevo día y hora de audiencia; extremos, que fueron confirmados por la Oficial de Diligencias ahora codemandada en el informe de descargo que presentó de forma oral ante el Juez de garantías. Ante la falta de señalamiento de nueva audiencia, el impetrante de tutela presentó el 7 de febrero de 2022, una nueva solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.2), petición que fue respondida mediante Decreto de 8 de febrero de 2022, por el ahora demandado el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero del Caranavi del departamento de La Paz, que fijó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, para el 11 del mismo mes y año, según se observa en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional; sin embargo, esta audiencia nuevamente fue suspendida por la falta de notificaciones a las partes procesales (lo que implica que esta audiencia no fue de conocimiento del interesado), según lo detallado en el Acta de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva instalada el 11 de febrero de 2022; razón por la que, en su última parte manifestó fecha de audiencia para el 15 del mismo mes y año (Conclusión II.4). Bajo los antecedentes expuestos, en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se ha establecido que, uno de los principios que se deben aplicar en la jurisdicción ordinaria, es el principio de celeridad, elemento del derecho al debido proceso, el cual exige que las autoridades jurisdiccionales deben resolver las solicitudes en el marco de los plazos establecidos por la normativa, siendo este aspecto más apremiante al tratarse de peticiones vinculadas con el derecho a la libertad, teniendo las autoridades jurisdiccionales el deber de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho.

En ese marco, en el caso de la primera audiencia programada para el 2 de febrero 2022, se tiene que, el Juez ahora demandado, procedió a suspender la audiencia debido a que en la misma hora se encontraba desarrollando otra audiencia (presumiblemente de aplicación de medidas cautelares) dentro de un proceso por violencia familiar, la cual se extendió hasta horas de la noche, extremo que justifica la suspensión de la audiencia; sin embargo, es evidente que la autoridad judicial referida, incurrió en dilación indebida; puesto que, correspondía que una vez suspendida la audiencia, de forma inmediata señale nuevo día y hora, lo que no ocurrió; siendo que, por el contrario, ante la falta de señalamiento, el accionante nuevamente presentó el 7 de febrero de 2022, un memorial solicitando audiencia virtual de cesación a la detención preventiva, petición que si bien fue respondida por el Juez, que indicó nueva fecha para el 11 del mismo mes y año; empero, no figura constancia o diligencia de notificación a las partes procesales, circunstancia que decantó en que una vez instalada la audiencia en la fecha manifestada, la misma tuviera que ser suspendida nuevamente debido a la falta de notificaciones, por parte de la Oficial de Diligencias.

Como se puede advertir, la actitud pasiva asumida por la autoridad demandada desde la primera petición de audiencia realizada el 28 de enero de 2022, hasta el último señalamiento de audiencia para el 15 de febrero de 2022, provocó que se genere una dilación procesal indebida, en perjuicio de la libertad del impetrante de tutela, ya que como ya se dijo anteriormente, la mencionada autoridad desconoció el principio de celeridad que debe regir en las actuaciones relacionadas a la libertad, incumpliendo con su deber de señalar y desarrollar la audiencia en función del trámite y plazo establecido en el fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, dejando transcurrir, desde la primera solicitud que fue realizada el 28 de enero de 2022 hasta la presentación de esta acción de libertad, diecisiete días sin que se lleve a cabo las audiencias de cesación a la detención preventiva, lo que sin duda alguna permite concluir que el Juez ahora demandado dilató innecesaria e injustificadamente la resolución de la situación jurídica del accionante. Asimismo, se debe indicar que la autoridad judicial, una vez suspendida la audiencia de 11 de febrero de 2022, fijó nueva fecha para el 15 de febrero de 2022 a las 15:30; es decir, para el mismo día de la realización de la audiencia de acción de libertad; sin embargo, este actuado recién fue notificado al impetrante de tutela el 14 del mes y año referidos, a las 16:30, prácticamente minutos después de que los ahora demandados fueran citados legalmente con la presente acción de libertad, lo que lleva a concluir, que por la presión generada por la acción de defensa interpuesta en su contra, el Juez ahora demandado trató de corregir su omisión señalando la audiencia requerida por el privado de libertad; sin embargo, no obstante, al haberse evidenciado que dicho acto procesal fue dispuesto en pleno incumplimiento a los plazos establecidos, causando dilación indebida con directa afectación al derecho a la libertad del hoy accionante, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad innovativa de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ello con la finalidad de procurar que en el futuro estos actos dilatorios no vuelvan a repetirse. En cuanto a la Oficial de Diligencias codemandada, a través de su informe de descargo, alegó que su persona viene cumpliendo además las funciones de Secretaria y auxiliar del Tribunal de Sentencia, que a la fecha cuenta con trescientos ochenta y cinco (385) detenidos por violación, feminicio e infanticidios, siendo inhumanamente imposible hacerse responsable de las funciones de un Tribunal que no cuenta con secretaria y auxiliar; argumentos que el Juez de garantías consideró valederos para denegar la tutela impetrada en su contra; empero, se debe señalar que esta funcionaria de apoyo jurisdiccional, incurrió en el incumplimiento de sus funciones, al no haber ejecutado a cabalidad lo dispuesto por el Juez a quo en el Decreto de 8 de febrero de 2022, que señaló nueva audiencia de cesación a la detención preventiva para el 11 del mismo mes y año y que ordenó a Oficial de Diligencias proceda a notificar a las partes procesales con el actuado señalado y que producto de dicho incumplimiento provocó nuevamente la suspensión de esa audiencia. En tal sentido, conforme al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, dicha funcionaria judicial tiene legitimación pasiva para ser responsabilizada por su actuación dilatoria en la presente acción de defensa, al no haber acatado la orden del Juez de la causa, incurriendo en dilación indebida en franca vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y que tiene vinculación con el derecho a la libertad del ahora accionante; razón por la cual, también debe concederse la acción de libertad respecto a esta funcionaria. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada respecto al Juez demandado y denegar la tutela solicitada en cuanto a la Oficial de Diligencias codemandada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 10/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, sin responsabilidad por ser excusable, exhortándoles que en casos futuros con situaciones similares, los ahora demandados actúen conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0482_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8175f8123932a2a20fb8cf0e5ad08490f00044317722f3e35fc12249cbd0b08f

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