Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia como lesionado su derecho a la libertad, en el entendido que no se valoró los argumentos de la improcedencia a la detención preventiva, en la resolución del Juez de primera instancia -Auto Interlocutorio 08/2022 de 12 de enero- y del recurso de apelación incidental -Auto de Vista 45/202 de 24 de enero-, entendiendo que se encuentra indebidamente detenido. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos del Tribunal de garantías y los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0482/2023-S2 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45899-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por dentro de la acción de libertad interpuesta por Livio Remich Yujra Vira en representación sin mandato de Alex René Balcazar Pereira contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del mismo departamento.
Por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, cursante a fs. 1; y, 9 a 10 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Desde el 10 de enero de 2022 su libertad fue restringida y el 12 de ese mes y año, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 08/2022 dispuso su detención preventiva que vulneró el art. 232.I.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; puesto que el delito atribuido de robo agravado en grado de tentativa, no ameritaba la imposición de esa medida extrema por lo que la misma deviene en improcedente. Interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio citado, el 24 de enero de 2022, la Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no consideró el agravio por el que lo formuló, emitiendo el Auto de Vista 45/2022, alegando la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmando el fallo impugnado; sin embargo, dicha Resolución vulneró el ordenamiento jurídico, ya que la defensa hizo conocer que los operadores de justicia establecen por lógica los dos tercios de la pena impuesta al robo agravado en grado de tentativa, y no alcanzaría a la medida extrema de detención preventiva, citando al respecto la SCP 0344/2020-S4 de 29 de julio, que refiere sobre la improcedencia de la medida cautelar en delitos de bagatela.
Consideró lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 45/2022 de 24 de enero, disponiendo la improcedencia de la detención preventiva y se ordene su libertad.
Celebrada la audiencia el 11 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos de la acción tutelar.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito el 11 de febrero de 2022, cursante a fs. 14 y vta., que indicó: a) Conforme lo invocado por el Ministerio Público, que acreditó la conducta reiterada en relación al art. 234.6 del CPP, por el impetrante de tutela y Wilson Jiménez Mamani, aspecto que fue citado en la Resolución apelada y que posteriormente fue confirmada; b) En relación a los fundamentos fácticos, la defensa solo fundamentó de manera generalizada y ambigua sobre la improcedencia de la detención preventiva en el ilícito atribuido; es decir, que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 396.3 concordante con los arts. 403 y 404 párrafo primero del CPP, los recursos de apelación incidental se deben interponer debidamente fundamentados, entendiendo la fundamentación como la expresión de agravios que causa la resolución atacada y determinar el apelante porqué esa resolución le causa perjuicio, así como los antecedentes cursantes en el legajo, que fueron valorados por el Juez de instancia y el Tribunal de apelación; c) El Tribunal de garantías no es un tribunal ordinario o de otra instancia, para revisar decisiones de la justicia ordinaria, como el Auto de Vista 45/2022; y, d) Se debió tomar en cuenta las características de la medida cautelar, que es la temporalidad y variabilidad de las resoluciones dictadas por los jueces de instancia y alzada, que no causan estado; de la lectura de la acción de libertad, no estableció de manera clara y concreta qué derechos y garantías se hubieran lesionado en la Resolución pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada. Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia indicó lo siguiente: 1) La detención del ahora accionante y otros fue en flagrancia y los riesgos procesales habrían sido señalados por la Fiscal de Materia y con base en la imputación formal sobre los riesgos de fuga y obstaculización, en relación al domicilio, trabajo y actividad, peligro de fuga, los cuales le fueron aplicados por delitos dolosos, y otros extremos de la imputación que no fueron desvirtuados; y, 2) Se emitió el Auto Interlocutorio 08/2022 considerando todos esos aspectos, incluso de la defensa sobre la improcedencia de la detención preventiva, que fue confirmada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 11 de febrero cursante de fs. 18 a 20, denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: i) Los jueces que emiten una resolución, lo hacen dentro de sus atribuciones y competencias, estructurando las mismas de forma clara y motivada, señalando las normas en las que se sustentan; en el caso, el Auto de Vista 45/2022, no evidenció vulneración al derecho o garantía del encausado en los puntos señalados por el accionante; ii) El demandante de tutela no fundamentó de manera fáctica y sucinta sobre qué base sienta su petitorio de improcedencia a la detención preventiva de acuerdo al núm. 6 del art. 232 del CPP; iii) El mismo art. 232.III del precitado Código establece que no se aplicarán los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del parágrafo I del citado artículo, así como el numeral 3 del parágrafo III, de la Ley Adjetiva Penal; iv) La acción de libertad no puede ser utilizada como pretende el impetrante de tutela, para revisar resoluciones dictadas por autoridades judiciales en pleno y legal ejercicio de sus atribuciones judiciales, salvo vulneración evidente de derechos y garantías que afecten su libertad, no siendo posible al Tribunal de garantías realizar una nueva valoración de los elementos que hacen al caso; y, v) La jurisdicción constitucional no puede dejar sin efecto la decisión asumida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, porque importaría doble valoración, más allá del conflicto de competencias entre la justicia constitucional y ordinaria.
En vía de complementación y enmienda, el accionante pidió se pronuncie respecto a la SCP 0344/2020-S4, sobre la improcedencia de la detención preventiva en delitos cuando la pena no supera los seis años, que es lo que solicitó se complemente; ante lo cual, el Tribunal de garantías, resolvió la solicitud declarando no ha lugar; toda vez que, la citada Resolución fue clara en lo manifestado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 198/2020 de 11 de septiembre, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Alejandro Alanoca Choque y otro, por el presunto delito de robo agravado, que en su parte resolutiva el juez de instancia dispuso la aplicación de medidas sustitutivas, conforme el art. 231 bis del CPP (fs. 2 a 6 vta.). II.2. Cursa el Auto de Vista 45/2022 de 24 de enero, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hoy demandada, respecto a la “apelación de medidas cautelares” dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alex René Balcazar Pereira -hoy accionante- y Wilson Jiménez Mamani por la supuesta comisión del delito de robo agravado, respecto al recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 08/2022 de 12 de enero, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, que determinó la detención preventiva de los imputados por el lapso de cuatro meses, que en su parte resolutiva, confirmó la precitada Resolución (fs. 7 a 8 vta.).
El accionante a través de su representante denuncia como lesionado su derecho a la libertad, en el entendido que no se valoró los argumentos de la improcedencia a la detención preventiva, en la resolución del Juez de primera instancia -Auto Interlocutorio 08/2022 de 12 de enero- y del recurso de apelación incidental -Auto de Vista 45/202 de 24 de enero-, entendiendo que se encuentra indebidamente detenido. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentesʼ. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelarʼ” (las negrillas nos corresponden). El deber de motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, conforme lo desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero que establece: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expone que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ. Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideraciónʼ” (las negrillas fueron añadidas).
La problemática traída en revisión con la presente acción de libertad, trata sobre la indebida aplicación del art. 232.I.6 del CPP por parte del Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, cuando emitió el Auto Interlocutorio 08/2022, suponiendo que era improcedente su detención preventiva, con base en la SCP 0344/2020-S4 de 29 de julio. Con esos argumentos, es decir, la aparente falta de fundamentación en el Auto de Vista 45/2022 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; reiterando que, en el delito atribuido de robo agravado en grado de tentativa, no procedía la detención preventiva. Previo al análisis de fondo, el accionante cuestionó la Resolución de primera instancia que dispuso su detención preventiva y el Auto de Vista 45/2022 que confirmó esa determinación, correspondiendo por la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa, circunscribirnos a la última resolución pronunciada en alzada. Ahora bien, del examen del Auto de Vista 45/2022, de acuerdo al recurso de apelación incidental interpuesto manifestó “…la falta de fundamentación y motivación conforme a los Arts. 124 y 173, así mismo con relación al Art. 233 de la norma adjetiva penal, en cuanto se refiere a la probabilidad de autoría, cuando señala la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe del hecho, el mismo que se encuentra relacionado con el Art. 231 de la mencionada ley adjetiva, expresando que el juez no habría considerado las pruebas que habrían sido presentados a los fines de establecer la falta de elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría, el presente caso se investiga por el ilícito de robo agravado en grado de tentativa donde no existe la víctima (…) ‘…con relación a la probabilidad de autoría el mismo se debe tomar en cuenta que dentro del contexto de los agravios los mismos deben estar debidamente fundamentados por la parte apelante, en el presente caso, se ha escuchado de manera generalizada la falta de fundamentación y motivación, sin haber manifestado que las resolución N° 08/2022 adolecería de alguna incongruencia omisiva o aditiva por falta de fundamentación, ni mucho menos se ha identificado en cuál de las vertientes la autoridad jurisdiccional habría vulnerado a objeto de que éste tribunal de alzada pueda ingresar al fondo de la resolución venida en grado de apelación, por lo que al no existir una crítica razonada ni suficiente por la parte apelante, imposibilita este tribunal de alzada ingresar a fundamentar la resolución N° 08/22. Con relación al recurso de apelación respecto a los riesgos procesales, la defensa refiere en primera instancia respecto a René Alex Pereira se habría presentado documentación a efectos de desvirtuar el domicilio real, que se habría acreditado documentación de manera digital adjuntando facturas con relación a la actividad lícita, se habría acreditado credencial que el mismo sería albañil de la empresa constructora Bel Andrés, por el cual al haberse desvirtuando dicho riesgo procesales, se desvirtúa el 234.2 que habría mantenido latente la autoridad judicial mantenido al no valorar dichos riesgos procesal. (…) con relación a la fundamentación emitida por la parte apelante el mismo no especifica cuáles serían los agravios en los cuales habría incurrido el juez al momento de emitir la resolución, la apelación no solamente el tribunal o juez tiene la obligación de fundamentar sus decisiones sino también las partes recurrentes, así se tiene manifestado por parte del Tribunal Supremo de Justicia que ha señalado en el presente caso el deber de fundamentar no solo es del juez o tribunal sino de la parte apelante quién tiene la obligación de dar una correcta motivación a sus recursos, toda vez que el pronunciamiento sobre el recurso será de manera proporcional a la motivación del mismo, por el cual el recurrente debe expresar de manera clara y jurídica lo que denuncia y lo que pretende identificar el agravio en cuanto a la resolución venida en grado de apelación objeto de que éste tribunal pueda ingresar a la revisión de fondo, en el presente caso la defensa del procesado no ha identificado dicha vulneración con relación al elemento domicilio y actividad lícita ni mucho menos ha expresado un lineamiento jurídico objeto de establecer si la autoridad jurisdiccional habría vulnerado el derecho a la defensa de los procesados. (…) los fundamentos expuestos por la autoridad jurisdiccional tienen la suficiente logicidad jurídica para establecer que el Ministerio Público habría acreditado mediante sistema JL por el cual no existe acto vulneratorio a efecto de establecer el artículo 234.6 del CPP” (sic). En relación a los arts. 234.7 sobre el peligro para la sociedad, y 235.2 del Código Adjetivo Penal, los Vocales no encontraron fundamentación fáctica; asimismo, en relación al art. 232 del CPP modificado por la Ley 1173, la defensa del imputado ahora demandante de tutela, no fundamentó los agravios, dicho acápite se refirió de manera generalizada y ambigua y que la detención preventiva no procedería, menos se fundamentó cómo la resolución en apelación adolece de incongruencia omisiva o falta de fundamentación en cuanto a los fundamentos fácticos jurídicos e interpretación de la norma procesal vigente, por el que imposibilita considerar ese hecho conforme establece el art. 398 de la Norma Adjetiva Penal. A lo expuesto, conforme al informe escrito presentado por la Vocal demandada, en coincidencia con el Auto de Vista 45/2022 cuestionado, señaló que el apelante no fundamentó de manera clara respecto al art. 232.I.6 del CPP, siendo únicamente generalizada y ambigua, que imposibilitó a ese tribunal de acuerdo al art. 398 del Código Adjetivo Penal, considerar dicho extremo, señalando además que los recursos de apelación deben interponerse debidamente fundamentados o la expresión de agravios que se causó en la Resolución apelada, así se encuentra establecido en los arts. 396 inc. 3), concordados con los arts. 403 y 404, todos de la precitada Norma. En el marco del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada están obligados a dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación, según lo establecido en el art. 398 del CPP, ajustando su resolución a los aspectos cuestionados del pronunciamiento de la autoridad inferior, precautelando que el fallo a emitirse esté motivado; lo que no supone obligatoriamente se constituyan en exposiciones exhaustivas y ampulosas; toda vez que, es permisible que se encuentren estructuradas incluso de manera breve y concisa, siendo lo primordial que la resolución permita conocer de forma incuestionable las razones que llevaron al juez o tribunal a tomar su decisión; en ese contexto, concierne analizar si los agravios identificados fueron absueltos con la debida fundamentación y motivación por el Vocal demandado. Es así que del contenido del Auto de Vista 45/2022, se advierte que efectuó el análisis del caso conforme los límites establecidos en el art. 398 y el marco de lo previsto por los arts. 396 inc. 3), ambos del CPP; es decir, ante la falta de una debida fundamentación del recurso de apelación incidental, impidió a ese Tribunal de alzada ingresar al análisis de fondo. Ese aspecto, también fue advertido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la acción de defensa, que, si bien se encuentra permitida conforme el art. 125 de la CPE, esta misma norma fundamental establece los requisitos de procedencia de la acción de libertad, cuyos argumentos deberán ser precisos respecto a la resolución cuestionada, la relación e identificación clara de los derechos y garantías lesionados por la última resolución como es el Auto de Vista 45/2022, aspecto que también imposibilitó al Tribunal de garantías ingresar al análisis de fondo, independientemente de observar que la resolución observada por el accionante se encuentra debidamente fundamentada y motivada, no existiendo ninguna lesión a los derechos denunciados como vulnerados. En ese mérito, la autoridad demandada en alzada no se apartó de la correcta aplicación de los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, respondió de manera cabal al recurso de apelación incidental, pese a su falta de fundamentación clara y precisa o expresión de agravios, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela, al no advertir falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 45/2022, máxime si la misma fue dictada en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Como se tiene aclarado, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional analizó por la naturaleza la última resolución, como es el Auto de Vista 45/2022, sin ingresar al análisis del Auto Interlocutorio 08/2022 del Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, correspondiendo denegar la tutela en relación a esa autoridad demandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos del Tribunal de garantías y los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0482_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): bea017df4929ab1398b6c36481efbd2311cb87ae3664a42db1ff22a915f45364
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