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SCP 0481/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55102-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la inocencia y de la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación; puesto que, en etapa de apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de substancias controladas, la Vocal demandada declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental;

empero, mantuvo subsistente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, y como consecuencia, subsistente la detención preventiva, incurriendo en una indebida fundamentación y sin considerar el principio de proporcionalidad. Ante ello, la Vocal demandada señala que el accionante incumplió el principio de subsidiariedad, solo se pronunció a los agravios formulados en el recurso de apelación incidental y en el recurso no se desarrolló fundamento respecto al principio de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada respecto a ambos demandados conforme a lo referido en el presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firme y subsistente los actos producidos de la Resolución 15/2023 de 31 de marzo, como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la accionante, dispuesta por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55102-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ximena Lola Poma Berno en representación sin mandato de Leandro Mamani Villca contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera; y, Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda, ambos del Tribunal Departamental del Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 30 de marzo de 2023, cursantes a fs. 1, 3 y vta.; y, 15 a 16 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por delitos de orden público, en el que se encuentra como detenido preventivo, solicitó la cesación a la detención preventiva ante el Juez de Sentencia Penal Noveno de la ciudad de El Alto, quien le negó la solicitud mediante Auto Interlocutorio 52/2023 de 16 de febrero; por ello, presentó apelación incidental contra dicha determinación, que fue resuelta por Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, mediante Auto de Vista 253/2023 de 13 de marzo, por el cual se dispuso la procedencia del recurso, teniendo por desvirtuados los riesgos procesales del art. 234.1 y 2, manteniendo el riesgo procesal previsto en el art. 235.2, en ambos casos del Código de Procedimiento Penal (CPP); por ende, subsistente la detención preventiva, sin tomar en cuenta el test de proporcionalidad para resolver conflictos entre principios y derechos o para evaluar la constitucionalidad de una medida que restrinja el derecho a la libertad, puesto que la autoridad demandada no valoró medios probatorios; al contrario, mantuvo subsistente el riesgo en base a presunciones, puesto que: “…no fundamenta de que manera mi mandante puede influir en contra de los testigos, más aun si estos son autoridades policiales, es deber de la autoridad judicial accionada el de fundamentar…” (sic); por tanto, mantuvo subsistente la detención preventiva por la sola existencia de un riesgo procesal, sin fundamentarla debidamente; aspectos que fueron convalidados por Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal, en suplencia legal de su similar tercero. Esto con base a aspectos subjetivos y genéricos al señalar: “además la existencia de proveedores, compradores”, dejándolo en indefensión, puesto que era deber de la Vocal demandada establecer de manera concreta quiénes son los proveedores y quiénes son los supuestos compradores, por lo que no se dio una correcta aplicación del test de proporcionalidad.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la inocencia y de la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación; citando al efecto el art. 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 253/2023 y ordene a la Vocal demandada la emisión de un nuevo fallo, observando el test de proporcionalidad respecto a la aplicación de las medidas cautelares y aplicando medidas menos gravosas a la detención preventiva en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 31 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 32, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad presentada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera; y, Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 25 a 28 vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) En la acción de libertad solo se efectúa una relación escueta exclusivamente contra el Secretario codemandado, sin precisar en qué momento y de qué manera se procedió con la vulneración al emitir el Auto de Vista 253/2023, por lo que no cumplió con los requisitos esenciales de la acción de libertad; b) El accionante no entendió claramente los fundamentos del Auto de Vista, por lo que pudo pedir explicación, complementación y enmienda; empero, no lo hizo ni agotó esa instancia judicial; c) Respecto a la denuncia de que se encuentra indebidamente procesado e ilegalmente perseguido, esa instancia solo se encargó de atender la apelación planteada, dentro de los plazos procesales; d) La competencia de ese Tribunal de apelación se rige por los agravios expuestos por el apelante y la respuesta a estos, y es sobre ellos que debe emitir pronunciamiento fundado; otros aspectos no vienen al caso considerar; en ese entendido, el Auto de Vista impugnado está debidamente fundamentado, con la claridad respecto a los aspectos de hecho y derecho; y, e) En cuanto al test de proporcionalidad, el impetrante de tutela no fundamenta jurídicamente su posición, por lo que no hay mérito para repetirlo, al haber intervenido ese Tribunal en etapa de apelación incidental en la solicitud de cesación a la detención preventiva; en ese entendido, no hay vulneración a derecho fundamental alguno.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 15/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 33 a 35 vta., concedió la tutela solicitada con relación a la Vocal demandada, y denegó la tutela respecto al Secretario codemandado; por consiguiente, ordenó que la referida Vocal demandada dicte resolución con relación al riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, debidamente fundamentada, estableciendo de qué manera y cómo podría influir el ahora accionante sobre testigos y peritos, así como establecer objetivamente quiénes serían los proveedores o compradores; asimismo, dar aplicación al test de proporcionalidad y considerar la aplicación de una medida menos gravosa al accionante; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En torno a la fundamentación realizada por la autoridad demandada respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 235.2 del CPP, hizo mención a la resolución inicial concerniente a la influencia en determinadas personas, como ser Beltrán Cordero, Edgar Velasco Ramírez, Pablo Ponce Suárez y Javier Mamani, quienes serían funcionarios policiales; también a la existencia de proveedores y compradores, la Lic. María Nela Gutiérrez Valdivia, perito, y el My. Luis Guerrero Ayllón, citados en la acusación fiscal, los cuales serían el fundamento para mantener subsistente el riesgo procesal y que el cumplimiento de la etapa de investigación daría lugar a desvirtuar dicho riesgo; empero, a criterio de esa autoridad, no considera que se encuentre debidamente fundamentado, por cuanto no llegó a justificar de qué manera el ahora accionante puede influir contra los testigos y funcionarios policiales antes mencionados; tampoco llegó a establecer la existencia de proveedores o compradores, realizando una valoración subjetiva; 2) Respecto al test de proporcionalidad, la jurisprudencia constitucional señala que toda medida cautelar debe ser proporcionalmente adecuada a los fines perseguidos y que la libertad personal y otros derechos y garantías de toda persona reconocidos solo podrán ser restringidos cuando sea absolutamente indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; y, 3) Corresponde establecer si se vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación de las resoluciones del impetrante de tutela, quien se encuentra con detención preventiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 41 a 43).

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 253/2023 de 13 de marzo, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental del Justicia de La Paz -ahora demandada-, en el proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Leandro Mamani Villca -accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de substancias controladas, resolvió declarar la admisibilidad del recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela y procedente en parte; y, como efecto confirmó en parte el Auto Interlocutorio 52/2023 de 16 de febrero, emitido por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la ciudad de El Alto del referido departamento, dejando sin efecto los riesgos procesales previstos en el art 234.1 y 2 del CPP, y manteniendo vigente los demás riesgos procesales y la posible autoría del imputado (fs. 21 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la inocencia y de la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación; puesto que, en etapa de apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de substancias controladas, la Vocal demandada declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental;

empero, mantuvo subsistente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, y como consecuencia, subsistente la detención preventiva, incurriendo en una indebida fundamentación y sin considerar el principio de proporcionalidad. Ante ello, la Vocal demandada señala que el accionante incumplió el principio de subsidiariedad, solo se pronunció a los agravios formulados en el recurso de apelación incidental y en el recurso no se desarrolló fundamento respecto al principio de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares

Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. En ese sentido, (…) los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (el resaltado y subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes adjuntos a la presente causa se puede establecer que, en el proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico de substancias controladas seguido por el Ministerio Público contra Leandro Mamani Villca -hoy accionante-, contra quien se aplicó la medida cautelar de detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio 349/2022 de 16 de diciembre, fue resuelta la solicitud de cesación de la detención preventiva por el Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 52/2023 de 16 de febrero, que rechazó la mencionada solicitud. En etapa de apelación incidental, promovida por el accionante, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Auto de Vista 253/2023 de 13 de marzo, declarando la admisibilidad del recurso y procedente en parte el mismo y, como efecto, confirmó en parte el Auto Interlocutorio recurrido, dejando sin efecto los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP y manteniendo vigentes los demás riesgos procesales y la probabilidad de autoría del imputado (Conclusión II.1). De la lectura del Auto de Vista impugnado es necesario destacar que la resolución primigenia que dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva fue el Auto Interlocutorio 349/2022, fundada en la existencia de la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización; en ese entendido, la solicitud y resolución de la cesación de detención preventiva promovida por el accionante estuvo fundada en la existencia de nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o que tornen conveniente su sustitución por otra medida, conforme lo previsto en el art. 239.1 del CPP, al citarlo expresamente (fs. 22). En la parte resolutiva del mencionado Auto de Vista, se declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental y, como efecto, se confirmó en parte el Auto Interlocutorio 52/2023, dejando sin efecto los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 y manteniendo vigente los demás riesgos procesales y la probabilidad de autoría del imputado. Al hacer referencia a la subsistencia de los demás riesgos procesales, se alude expresamente al art. 235.2 del CPP en el punto 5.1 (previo a la parte dispositiva), riesgo procesal de obstaculización que está referido a que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; ahora bien, justificando la subsistencia de este riesgo procesal de obstaculización dispuesto en la resolución primigenia, se expresó que: “…en ninguna parte de la misma señala que el cumplimiento de la etapa preparatoria daría lugar a la desvirtuación de ese riesgo procesal, por lo que no podemos aducir que el hecho de que ha concluido la investigación de la etapa preparatoria desvirtúa ese riesgo procesal como lo indica la parte apelante, ya que es en etapa de juicio donde evidentemente se realiza el verdadero proceso probatorio de declaraciones testificales, periciales y otros, por lo que en este caso no existiría agravio alguno” (sic). En ese entendido, es esta última decisión y sus fundamentos contenidos en el Auto de Vista cuestionado -que no podrán ser modificados ni mediante solicitud de explicación, complementación y enmienda- la que se cuestiona en la presente acción de libertad y la que merecerá análisis y pronunciamiento, en el marco del procedimiento de solicitud de cesación de la detención preventiva fundado en la existencia de nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida, conforme lo previsto en el art. 239.1 del CPP. Al respecto, por una parte, es necesario señalar que, por disposición de la jurisprudencia constitucional, es el imputado quien tiene el deber de demostrar con prueba idónea los nuevos elementos que acrediten que ya no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o que tornen conveniente su sustitución por otras medidas menos gravosas; y, por otra, para la resolución de dicha solicitud, el juez o tribunal debe analizar dos elementos: “1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción que determinaron la imposición de la detención preventiva?; y 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestra que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, y sólo luego del análisis y compulsa de ambos aspectos, la autoridad judicial determinará la cesación de la detención preventiva, si con los nuevos elementos de juicio el imputado logra destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la detención preventiva o, caso contrario, rechazará la solicitud explicando las razones por las cuales persisten los motivos que la fundaron, sin que aquello implique inmiscuirse en la investigación del hecho" (las negrillas son añadidas [SC 0962/2005-R de 18 de agosto]). En ese entendido, el accionante, al cuestionar el Auto de Vista que resolvió en grado de apelación incidental la solicitud de cesación de la detención preventiva, refiere que la autoridad demandada justifica la subsistencia del riesgo procesal de obstaculización a criterios genéricos y subjetivos como la “existencia de proveedores y compradores” a los que el impetrante de tutela podría influir; sin embargo, estos criterios fueron establecidos en la resolución primigenia -como lo refiere expresamente el Auto de Vista impugnado (fs. 23 vta.)- al imponer la medida cautelar de detención preventiva, la cual a la fecha se encuentra ejecutoriada y, en todo caso, corresponde desvirtuar o solicitar su modificación.

En la especie, de la lectura del Auto de Vista cuestionado, no se advierte que el accionante haya aportado prueba alguna para que el juez de la causa examine la subsistencia del riesgo procesal de obstaculización o para que el tribunal de apelación revise la resolución impugnada en mérito al agravio formulado, vinculado a la existencia de nuevos elementos de convicción que acrediten que ya no concurren los motivos que la fundaron o que tornen conveniente su sustitución por otras medidas menos gravosas; en el mencionado Auto de Vista, se advierte que el peticionante de tutela alega que la resolución primigenia condiciona la vigencia del riesgo procesal de obstaculización al cumplimiento de la etapa preparatoria; en respuesta, la Vocal demandada expresó que el cumplimiento de dicha etapa no desvirtúa el riesgo procesal, puesto que la verdadera actividad probatoria con declaración de testigos, peritos y otros se desarrolla en la etapa de juicio oral, razón por la que el Tribunal de apelación entiende que subsiste el riesgo procesal; además, el impetrante de tutela no adjuntó prueba alguna respecto a que en la resolución primigenia se hubiera condicionado la vigencia del riesgo procesal de obstaculización al cumplimiento de la etapa preparatoria, por lo que no amerita mayor análisis al respecto. De la revisión efectuada del Auto de Vista impugnado en la presente acción de libertad, vinculado a la resolución de cesación de la detención preventiva por la existencia de nuevos elementos de convicción aportados por el imputado que acrediten que ya no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otras medidas menos gravosas, respecto al riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, se advierte que se encuentra fundamentado; si bien no efectúa un despliegue ampuloso en su carga argumentativa, se pronuncia de manera suficiente sobre el agravio formulado en el recurso de apelación incidental, sin que se advierta lesión al debido proceso en su elemento de fundamentación; consiguientemente, no se evidencia lesión a la presunción de inocencia ni al derecho a la libertad, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Respecto a la acción de libertad interpuesta contra el Secretario codemandado, el accionante, además de incluir su nombre en la acción de defensa, no identificó en forma específica ningún acto que le hubiera causado agravio o lesión a sus derechos fundamentales, por lo que no amerita análisis ni pronunciamiento alguno.

III.3. Otras consideraciones

Finalmente, considerando que en primera instancia se concedió la tutela solicitada -en parte-, disponiendo que la Vocal demandada dicte resolución con relación al riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, debidamente fundamentada, estableciendo de qué manera y cómo podría influir el ahora accionante sobre testigos y peritos, así como establecer objetivamente quiénes serían los proveedores o compradores; asimismo, dar aplicación al test de proporcionalidad y considerar la aplicación de una medida menos gravosa al accionante; empero, conforme se razonó en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, dicha determinación resulta incorrecta, mereciendo la denegatoria de tutela; no obstante, en aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que faculta a modular los efectos de los fallos sobre el fondo de la acción considerando el tiempo transcurrido y los efectos ya producidos, corresponde mantener los alcances favorables derivados de la Resolución 15/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada respecto a ambos demandados conforme a lo referido en el presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firme y subsistente los actos producidos de la Resolución 15/2023 de 31 de marzo, como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la accionante, dispuesta por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0481_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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