B.IA.LEGAL

SCP 0481/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de agosto de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48917-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alegó lesionado el debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 158/2022, de manera contradictoria, incorrecta, y con total falta de fundamentación, motivación, e incongruencia, confirmó el Auto Interlocutorio 17/2022, que rechazó su cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 31/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 70 a 73 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 158/2022 de 28 de marzo, ordenando a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la emisión de una nueva resolución, otorgando una respuesta fundamentada, motivada, y congruente, a los motivos de agravio contenidos en el memorial de recurso de apelación incidental presentado por el hoy accionante, esto conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y DENEGAR la tutela solicitada, referente a la situación jurídica y libertad del impetrante de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Sobre el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y los límites de los tribunales de apelación de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2024-S4 Sucre, 22 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48917-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 70 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeshua Enrriquez Mejía en representación sin mandato de Mauricio Ramírez Ticona contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de julio de 2022, cursante de fs. 1; y, 57 a 60; el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio; habiendo sido imputado formalmente el 22 de enero de 2019, mediante Auto Interlocutorio 46/2019 de la citada fecha, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, y desde la referida fecha hasta la presente (6 de julio de 2022), continuaría con dicha medida cautelar; toda vez que, habiendo solicitado el 24 de noviembre de 2021, cesación a su detención preventiva, conforme al art. 239 nums. 1 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), su requerimiento fue rechazado por Auto Interlocutorio 146/2021 de 30 de noviembre; asimismo, el 7 de diciembre de igual año, nuevamente solicitó cesación a su detención preventiva, según el art. 239 núm. 4 del CPP, señalando el plazo inicial y transcurrido, y las circulares del “tribunal”, respecto a la pandemia; es decir, todo lo referido en el Auto Interlocutorio 146/2021; de igual manera, el 11 de enero de 2022, otra vez requirió cesación a su medida cautelar, conforme al precitado artículo, y cumpliendo con todo lo solicitado por la referida Resolución; empero, mediante Auto Interlocutorio 05/2022 de 24 de enero, fue rechazada su solicitud, estableciendo que prima el principio de inversión de la prueba. Por último, el 1 de febrero de 2022, presentó nuevamente solicitud de cesación a su detención preventiva, conforme al art. 239 núm. 4 del CPP, que realizando una debida argumentación, y fundamentación, estableció de forma clara y precisa, en tres cuadros, que: a) Todos los actuados que resultaron en hechos dilatorios en el proceso; b) Las paralizaciones y suspensiones de las actividades del Tribunal Departamental, por causa del “SARS-COV2”; y, c) Las fechas de inicio y culminación de cada etapa del proceso, en el cual la acusación formal sería de 30 de julio 2019; no obstante, que el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz, haciendo caso omiso de las pruebas presentadas y fundamentaciones realizadas, mediante Auto Interlocutorio 17/2022 de 16 de febrero, declaró improcedente su requerimiento, con criterios y aspectos falsos; el 28 de marzo de igual año, en la audiencia de apelación contra la precitada Resolución, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandado–, estableciendo que: 1) A su compresión, solicitó su cesación a la detención preventiva conforme al art. 239 núm. 1, y posteriormente sobre el numeral 4 del CPP, y el agravio percatado sería la dilación del “Tribunal” con respecto al transcurso del tiempo; y, 2) Si bien seguirían latentes los riesgos procesales, no sería relevante cuando se trata de solicitar la cesación por el art. 239 núm. 4 del aludido Código; sin embargo, de forma contradictoria, señaló que el “Tribunal” habría rechazado la cesación de su medida, por el Informe del funcionario policial, quien su puestamente refirió que como acusado fue buscado, y por tal motivo no se evidenciaría agravio al contar con el riesgo de fuga; contradicción que hubiera cometido dicha autoridad, al señalar primeramente, que si se trata del merituado artículo, no se tomaría en cuenta los riesgos procesales, sino únicamente el transcurso del tiempo; por lo que, el Vocal demandado, mediante el Auto de Vista 158/2022 de 28 de marzo, declaró improcedente su recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 17/2022 de 16 de febrero, a pesar de no existir fundamento alguno del Tribunal a quo para rechazar su cesación a la detención preventiva. Por último, en la vía de complementación y enmienda, al solicitar a la autoridad demandada, se pronuncie respecto al art. 239 núm. 4 del CPP, tomando en cuenta la disposición Décima Segunda de la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019–; el mismo refirió que la citada norma aplicaría en la etapa de investigación, y en la presente se estaría en juicio oral; empero, en el entendido que el art. 233 núm. 3 de la precitada Ley, el Ministerio Público es quien debería solicitar la detención preventiva; y, comprendiendo dicho aspecto que, en el presente caso, esta institución no requirió la ampliación de la detención, por no existir más actos investigativos pendientes, y también porque la causa se encontraría en la etapa de juicio oral; en tal sentido, por el trascurso del tiempo que demostró, y la temporalidad que establece la disposición Décima Segunda de la Ley 1173, debió otorgársele la cesación de su detención preventiva de forma inmediata, y permitirle ejercer su defensa con medidas menos gravosas; por lo que, el Vocal demandado, al considerar que la pretensión de su cesación de su medida, por el art. 239 núm. 4 del CPP, no sería viable, por estar latente el riesgo de fuga, cuando la normativa sería clara al señalar que únicamente debería de verificarse el transcurso del tiempo y no la atribución de los actos dilatorios; se encontraría indebidamente detenido, a la espera de la fijación de su juicio oral; y, que habiendo transcurrido un tiempo total con dicha medida de tres años y cinco meses, dilación que sería atribuible al Tribunal de origen, la autoridad demandada, al no tomar en cuenta este aspecto, incurrió en su contra con una detención ilegal, y vulneración de su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó lesionado el debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia, vinculado con su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: i) Se proceda a valorar la fundamentación, criterio legal, aplicación de justicia y respeto al debido proceso; y, ii) Restituyendo su libertad, se disponga las medidas de aseguramiento que se considere pertinentes para dar continuidad al presente proceso.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 69 vta., presente la parte accionante, y ausentes la autoridad demandada, y el representante del Ministerio Público; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó íntegramente los términos expuestos en su demanda de acción de defensa, y ampliándola, manifestó que: a) Estaría indebidamente con detención preventiva, por una mala e ilegal interpretación de las normas; toda vez que, desde su aprehensión el 21 de enero de 2019, por el presunto delito de homicidio, su imposición de la medida cautelar de detención preventiva de 22 de igual mes y año, y su acusación formal de 30 de julio del citado año, hasta el presente, estaría con dicha medida más de tres años y medio; es decir, al estar acusado formalmente desde la precitada fecha, el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz, además no hacer nada respecto del tiempo de su detención preventiva, rechazó sus solicitudes de cesación de dicha medida, constituyendo con ello en actos dilatorios; b) Por otra parte, “fijese las fechas Sr. Magistrado, o sea…” (sic), al haberse realizado la audiencia de cesación de su medida el 16 de febrero de 2022, y haber interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 17/2022 (22 de igual mes y año), recién el 28 de marzo del citado año, se llevó a cabo el acto procesal de su apelación incidental; en el cual, señaló que su solicitud de cesación a la detención preventiva, no estaría conforme al art. 239 núm. 1 del CPP, sino al numeral 4 de la aludida norma, misma que justamente se adecuaría a la dilación del “Tribunal”, respecto al transcurso del tiempo de su detención preventiva; empero, el Vocal demandado, en el Considerando Tercero, numeral 2 del Auto de Vista 158/2022, señaló que, si bien seguirían latentes los riesgos procesales, no sería relevante cuando se trata de solicitar la cesación conforme al art. 239 núm. 4 del aludido Código; sin embargo, de forma contradictoria, mencionó que el “Tribunal” habría rechazado la cesación de su medida, por el Informe del funcionario policial, quien supuestamente refirió que como acusado fue buscado, y por tal motivo no se evidenciaría agravio al contar con el riesgo de fuga; cuando el mismo ya habría referido que si se tratase del merituado artículo, no se tomaría en cuenta los riesgos procesales, sino únicamente el transcurso del tiempo; c) El contar con una detención preventiva con un plazo de temporalidad, este aspecto no fue entendido por el Tribunal a quo, ni por el Vocal demandado; puesto que, solamente por el trascurso del tiempo de estar con dicha medida, y entrando al sistema legal en cuanto a la calificación de su situación jurídica, se encontraría con un apresamiento o una prisión ilegal o indebida, esto conforme a los arts. 239 núm. 4, y 233 del CPP, que establecerían el tema de la temporalidad; y, d) Además, ya habría superado todos los plazos respectivos, para estar con detención preventiva; dado que, si bien dicha medida comúnmente se establecería de seis meses, y en su ampliación puede ser otros seis; sin embargo, estaría con la referida medida por tres años y siete meses; y, sin que el Tribunal a quo ni si quiera mueva un actuado procesal; puesto que, no se le podría atribuir una dilación en el proceso, cuando reiteradamente en el mismo, solicitó cesación a su detención preventiva; por lo que, conforme a todo lo precitado, además de requerir se le conceda la tutela impetrada, según la petición de su demanda de acción tutelar, también se considere que su pretensión comprendería que se cumpla la norma, ya que el legislador de forma clara estableció los parámetros de la detención preventiva.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 7 de julio de 2022, cursante a fs. 65 y vta., manifestó que: 1) El Auto de Vista 158/2022, fue emitido absolviendo los agravios planteados, que consistió en el art. 239 núm. 4 del CPP, porque el accionante se encontraría detenido en el Centro Penitenciario de “Chonchocoro” de La Paz, desde el 2019, sin que exista una sentencia por parte del Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz; 2) Si bien el proceso penal se desarrolló por el delito de homicidio, y la norma establece el plazo de doce o veinticuatro meses sin que se haya dictado acusación, debería tomarse en cuenta el tipo de delito por el que se está juzgando al impetrante de tutela, que versa sobre el bien jurídico vulnerado que es el derecho a la vida; y, 3) Si bien en el Auto Interlocutorio 17/2022, se ordenó que el precitado Tribunal de Sentencia debería de imprimir celeridad bajo responsabilidad, y de por medio se encontraría los derechos que sustenta la parte accionante; empero, para la aplicación de norma antes mencionada, también estaría el derecho de la víctima, y un hecho por el delito de homicidio, mismo que debería de privilegiarse; por lo que, conforme a ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante de la Fiscalía Departamental de La Paz, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni presentó informe escrito alguno, a pesar de su citación conforme cursa a fs. 63.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 31/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 70 a 73 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto en parte el Auto de Vista 158/2022, y ordenó en el plazo de tres días, la autoridad demandada, dicte una nueva resolución, cumpliendo el lineamiento que estableció la citada Resolución Constitucional, y particularmente, respecto a las contradicciones que se hizo con el art. 239 núm. 4 del CPP, y sea debidamente motivada y fundamentada; ello con base a los siguientes fundamentos: i) Del contenido del Auto de Vista 158/2022, se evidenciaría contradicciones, ya que existiría en el mismo cuestiones de forma que se denotarían; es decir, en el Considerando I, la autoridad demandada, en cuanto a la apertura de su competencia o admisibilidad, refirió que el recurso de apelación del accionante, fue interpuesto de forma oral; empero, dicho extremo no sería evidente; puesto que, a raíz del trámite que se dio en base al art. 239 núm. 4 del CPP, no se convocó a una audiencia pública para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, sino se resolvió en escritorio; y, al haberse notificado con el Auto Interlocutorio 17/2022, el nombrado presentó su recurso de apelación incidental contra la misma, mediante memorial de 22 de febrero de 2022; ii) Asimismo, otro hecho contradictorio del Auto de Vista 158/2022, se encontraría en el Considerando II, Segundo; al establecer el Vocal demandado que, corresponde considerar los agravios de la Resolución 55/2022; sin embargo, conforme a la revisión de los antecedentes del proceso, la resolución apelada por el accionante, sería el Auto Interlocutorio 17/2022, y no la Resolución 55/2022; iii) Igualmente, como tercer aspecto observado, estaría en el Considerando III, precisamente en los puntos 1º y 2º, donde existiría datos contradictorios; puesto que, la autoridad demandada, estaría reconociendo cuales son las exigencias del art. 239 núm. 4 del CPP, lo que es precisamente la pretensión que estaría persiguiendo el impetrante de tutela en cuanto a su cesación a la detención preventiva; es decir, cuando la duración de esta extrema medida exceda los veinticuatro meses sin haberse dictado sentencia; asimismo, el requisito establecido en el párrafo segundo del citado artículo, respecto a los casos de los numerales 3 y 4, mismos que también deberían tomarse en cuenta, para establecer que la demora no sea atribuible a actos dilatorios por parte del imputado; iv) La parte accionante, al invocar el art. 239 núm. 4 del CPP, hizo referencia a la verificación del trascurso del tiempo, y que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del imputado; sin embargo, además que en la precitada norma, no establece otra mayor exigencia relativa a riesgos procesales; el Vocal demandado, en los párrafos séptimo y octavo del Considerando II, en cuanto al art. 239 núm. 4 del CPP, estaría consignando otras exigencias no previstas en la aludida norma, ni en el lineamiento jurisprudencial; y, si bien podría entenderse a una mala trascripción por parte del Secretario, en el Auto de Vista 158/2022; empero, las partes deben tener certeza de las razones del rechazo de su pretensión, en este caso traducida en una apelación incidental de medida cautelar, en el cual no debería ninguna contradicción, ya que también se hizo referencia al art. 234 núm. 4 del adjetivo penal, cuando el mismo no fue traído a colación en los agravios del recurso de apelación del impetrante de tutela; v) Por otra parte, la valoración realizada por la autoridad demandada, respecto a la situación jurídica del accionante, y la determinación asumida por el Tribunal a quo, sería la más adecuada; toda vez que, se evidenciaría que lo realizó en base a un análisis integral de los antecedentes relativos a la presente causa penal, los derechos de la víctima, los fundamentos que estableció el citado Tribunal, y la situación del hecho atribuido al acusado; asimismo, se advierte que el Vocal demandado, de forma correcta, realizó las conminatorias al precitado Tribunal de Sentencia, sobre el cumplimiento del principio de celeridad, tomando en cuenta la situación de la detención preventiva del accionante; vi) En ese contexto, la autoridad demandada debió otorgar una respuesta al recurso de apelación, de forma clara, y sin dar lugar a duda, que genere perjuicio a ninguna de las partes, y en el presente caso lo relacionado al art. 239 núm. 4 del CPP; por lo que, la aludida autoridad deberá subsanar los extremos señalados y observados anteriormente, lo cual no implica que disponga la libertad del solicitante de tutela, si no que los referidos datos contradictorios en la Resolución cuestionada, deberán ser aclarados bajo las previsiones que el mismo estableció en el Auto de Vista 158/2022, que son los arts. 398 con relación al 239 núm. 4 del precitado Código; y, vii) Por consiguiente y conforme a lo expuesto, corresponde dar viabilidad a la solicitud de la parte accionante, de contar con una resolución debidamente fundamentada, motivada, sin contradicciones y con una respuesta efectiva y congruente por parte del Vocal demandado, tomando en cuentas los tres aspectos observados en el Auto de Vista 158/2022.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 46/2019 de 22 de enero, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Mauricio Ramírez Ticona –ahora accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de homicidio; dispuso la detención preventiva del nombrado en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz; y, para tal efecto, cursa Mandamiento de Detención Preventiva de la aludida fecha, dirigida a dicho Centro, para el cumplimiento de la referida medida dispuesta en contra el impetrante de tutela (fs. 10 a 14; y, 15). II.2. Por Resolución de Acusación GALM 30/2019 de 30 de julio, el Fiscal de Materia asignado al caso, presentó al Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, resolución conclusiva en el proceso penal de referencia, y formuló acusación formal contra el accionante y otros, por la comisión del delito de homicidio, y solicitó la remisión de la acusación ante la autoridad juzgadora (fs. 16 a 19 vta.). II.3. A través del escrito presentado el 24 de noviembre de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz; el impetrante de tutela, solicitó cesación de su detención preventiva; realizada la audiencia virtual para la consideración de dicha medida el 29 de igual mes y año, el citado Tribunal, mediante Auto Interlocutorio 146/2021 de 30 del aludido mes y año, declaró improcedente el requerimiento del impetrante de tutela; asimismo, cursa memorial de 11 de enero de 2022; por el que, accionante, solicitó cesación a su detención preventiva; requerimiento que fue declarado improcedente por el Auto Interlocutorio 05/2022 de 24 de enero (fs. 20 a 23 vta.; 24; 27 a 30; 36 a 37 vta.; y, 38 y vta.). II.4. Mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz; el impetrante de tutela, solicitó cesación a su detención preventiva y conforme al art. 239 núm. 4 del CPP, se disponga su libertad (fs. 39 a 42). II.5. Por Auto Interlocutorio 17/2022 de 16 de febrero, el precitado Tribunal de Sentencia Penal; declaro improcedente el requerimiento de cesación de la detención preventiva del accionante (fs. 43 a 44). II.6. A través del memorial presentado el 22 de febrero de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz; el impetrante de tutela, presentó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 17/2022 (fs. 45 a 48 vta.). II.7. Mediante Auto de Vista 158/2022 de 28 de marzo, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –hoy demandado–; determinó la admisibilidad del recurso de apelación del accionante, y declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en el fondo del mismo, confirmando con ello el Auto Interlocutorio 17/2022; y, por otra parte, conminó al precitado Tribunal de Sentencia Penal, en aplicación del art. 180 de la CPE, dar celeridad en el proceso penal de referencia, bajo responsabilidad; merituada disposición que fue reiterada, en la vía de explicación, enmienda y complementación del referido Auto de Vista (fs. 52 a 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alegó lesionado el debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 158/2022, de manera contradictoria, incorrecta, y con total falta de fundamentación, motivación, e incongruencia, confirmó el Auto Interlocutorio 17/2022, que rechazó su cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.

Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Sobre el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y los límites de los tribunales de apelación de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados

Con relación a la temática de exordio, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; afirmó que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.

Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

(…)

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…).

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, alegó lesionado el debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 158/2022, de manera contradictoria, incorrecta, y con total falta de fundamentación, motivación, e incongruencia, confirmó el Auto Interlocutorio 17/2022, que rechazó su cesación a la detención preventiva. Identificada que fue la problemática jurídica venida en revisión, de antecedentes y Conclusiones; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Mauricio Ramírez Ticona –ahora accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de homicidio; mediante Auto Interlocutorio 46/2019 de 22 de enero, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del nombrado en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz; y, para tal efecto, se emitió el Mandamiento de Detención Preventiva de la aludida fecha, dirigida a dicho Centro, para el cumplimiento de la referida medida dispuesta en contra el impetrante de tutela; posteriormente, el Fiscal de Materia asignado al caso, a través de la Resolución de Acusación GALM 30/2019 de 30 de julio, presentó resolución conclusiva en el proceso penal de referencia, y formuló acusación formal contra el accionante y otros, por la comisión del delito de homicidio, y solicitó la remisión de la acusación ante la autoridad juzgadora (Conclusiones II.1, y II.2). En ese estado del proceso penal, mediante memorial presentado el 24 de noviembre de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz; el impetrante de tutela, solicitó cesación de su detención preventiva; sin embargo, realizada la audiencia virtual para la consideración de dicha medida el 29 de noviembre de 2021, el citado Tribunal, mediante Auto Interlocutorio 146/2021 de 30 del aludido mes y año, declaró improcedente el requerimiento del accionante; asimismo, al haber solicitado nuevamente el prenombrado cesación a su detención preventiva, por escrito de 11 de enero de 2022; dicho requerimiento fue declarado improcedente mediante Auto Interlocutorio 05/2022 (Conclusión II.3). Por último, se tiene que el accionante, al haber intentado nuevamente solicitar su cesación a la detención preventiva, mediante memorial de 1 de febrero de 2022; el precitado Tribunal de Sentencia Penal, por Auto Interlocutorio 17/2022 de 16 de febrero, declaro improcedente su requerimiento; y, al haber interpuesto recurso de apelación incidental contra la señalada Resolución el 22 de igual mes y año; el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz – hoy demandado–, mediante Auto de Vista 158/2022 de 28 de marzo, además de determinar la admisibilidad del referido recurso, declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en el fondo del mismo, confirmando con ello el Auto Interlocutorio 17/2022 recurrido; y, por otra parte, conminó al precitado Tribunal de Sentencia Penal, en aplicación del art. 180 de la CPE, dar celeridad en el proceso penal de referencia, bajo responsabilidad; merituada disposición que fue reiterada, en la vía de explicación, enmienda y complementación del referido Auto de Vista (Conclusiones II.4, II.5, II.6, y II.7). En ese contexto, conforme a la problemática planteada, el accionante identificó al Auto de Vista 158/2022 como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados vía esta acción de tutela; alegando que, el Vocal demandado, al resolver su recurso de apelación contra el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva, de manera contradictoria, incorrecta aplicación del art. 239 núm. 4 del CPP que fundó su requerimiento de cesación, y con total falta de fundamentación, motivación, e incongruencia, mediante el precitado Auto de Vista –hoy cuestionado–, confirmó el Auto Interlocutorio 17/2022 del Tribunal a quo; y, al considerar que con dicha determinación se lesionó de otra forma su derecho a la libertad, señaló que se encontraría todavía detenido preventivamente de manera indebida.

Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos de recurso de apelación incidental interpuesta en contra del Auto Interlocutorio 17/2022, por el cual el recurrente ahora accionante, solicitó que el Tribunal a quo, emita una nueva resolución, y al concederle la admisibilidad de su requerimiento, se le otorgue la cesación a su detención preventiva; centrándose en los siguientes agravios:

a) Primer agravio: Como antecedentes, expuso que: 1) El 21 de enero 2019, junto con otros, fue detenido por medio de una acción directa, y al ser imputado formalmente el 22 de igual mes y año, aplicándole medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio 46/2019 de 22 de enero, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, medida que le fue implementada desde la aludida fecha hasta la presente; asimismo, ante su solicitud de cesación preventiva el 11 de enero de 2022, amparado en el art. 239 núm. 4 del CPP, obtuvo como respuesta el Auto Interlocutorio 05/2022, estableciendo que prima el principio de inversión de la prueba, y que su requerimiento debía estar debidamente fundamentado y argumentado; 2) Igualmente, ante su solicitud de cesación de dicha medida mediante memorial de 1 de febrero del citado año, conforme al merituado artículo, estableciendo de forma clara y precisa que los hechos dilatorios no son atribuibles a su persona, más al contrario se mencionó que al tratarse de varios imputados, y por la inmensa carga procesal que conlleva el caso, el indicado Tribunal de Sentencia no se pronunció respecto al señalamiento de fecha y hora de audiencia de juicio oral, tampoco referente que no fue notificado con la Acusación Formal de 30 de julio de 2019, vulnerando sus derechos a la defensa, un juicio pronto, inmediato, justo y según establece el debido proceso; y, 3) También por el mismo escrito, mencionó que todos los actos dilatorios que se cometieron dentro del proceso, conforme al expediente, no son atribuibles a su persona; asimismo, hizo referencia a las paralizaciones y suspensiones de las actividades del Tribunal Departamental, por causa del “SARS-COV2”, detallando en un cuadro con sus respectivas fechas y adjuntando las circulares de dichos actos dilatorios, y siendo este punto fundamental para determinar que el transcurso del tiempo no es atribuible a su persona; conforme a todo lo expuesto, el referido Tribunal de Sentencia, mediante el Auto Interlocutorio 17/2022, hizo caso omiso de las pruebas y las argumentaciones vertidas, sin pronunciarse a ningún punto de lo probado y fundamentado; es decir, a pesar de todas las pruebas que acompaño en su pretensión, el aludido Tribunal omitió pronunciarse de todo lo precedentemente manifestado; pues únicamente habló respecto al cuadro de actos procesales, mencionando que solo hizo referencia a actos presentados por los demás imputados y no así por él, cuando en realidad estableció todos los actos que podrían manifestarse en el expediente, incluidos los de él; además, el precitado cuadro era completamente referencial, porque la prueba de este punto era todo el expediente, tal como lo señaló en el Otrosí 1 de su memorial de 1 de febrero de 2022; sin embargo, no se tomó en cuenta ese aspecto. b) Segundo agravio: El precitado Tribunal de Sentencia Penal, no se pronunció respecto a la suspensión y paralización de actividades del Tribunal Departamental de Justicia por causa del “SARS-COVS2”; asimismo, tampoco se pronunció en cuanto al tiempo transcurrido de sobremanera en comparación de lo establecido en el numeral 4 del art. 239 del CPP; igualmente, no se pronunció respecto al estancamiento del proceso que mantiene a los imputados privados de libertad sin sentencia ni señalamiento de juicio, incumpliendo sus deberes y parcializándose en su contra; además, sobre la dilación del citado Tribunal, que se encontraría plasmado en un cuadro especifico en el punto IV de su memorial de 1 de febrero de 2022; es decir, el mismo debió de deliberar sobre los cuatros puntos claves, para otorgarle la cesación a la detención preventiva por el art. 239 núm. 4 del CPP; es decir, sobre: i) El tiempo trascurrido desde el 22 de enero de 2019 hasta la fecha, que sobrepasa superabundantemente lo establecido por el referido artículo. El aludido Tribunal no se pronunció: ii) Los actos de suspensión y paralización de actividades por el COVID-19, el cuadro presentado en su escrito de 1 de febrero de 2022, las circulares adjuntas al expediente, etc. No se pronunció; iii) Los actos de las partes que retardan el proceso y si el Tribunal es parte de la retardación, al omitir o retrasar la respuesta. No se pronunció; y, iv) Los actos de omisión del Tribunal que retardan el proceso, tales como no señalar día y hora de audiencia del juicio oral, y la tardanza en sus peticiones. c) Tercer agravio: En el Auto Interlocutorio 17/2022, el merituado Tribunal de Sentencia, hiso referencia al Informe del Investigador asignado al caso, sosteniendo que su persona tuvo que ser buscado; afirmación totalmente falsa e inexistente, ya que no se menciona cuanto tiempo fue buscado, porque el día de la denuncia el 21 de enero de 2019, se apersonó voluntariamente, incluso le tomaron su declaración; asimismo, en ninguna parte de dicho informe, menciona que obstruyo u obstaculizó el proceso; además, en el citado día, cuando la Policía preguntó por su paradero, al recibir un llamado, inmediatamente acudió personalmente donde se encontraban los funcionarios policiales en menos de treinta minutos; y, no ofreció ninguna resistencia ni intento de fuga, más al contrario estuvo presente y actuando con predisposición en todos los actos del proceso; por lo que, se debería tomar en cuenta, que lo referido por el indicado Tribunal de Sentencia, sería completamente ilegal, al intentar sostener su detención preventiva con mentiras y sin un solo fundamento, y tan solo serían pretextos que únicamente le causarían indefensión, vulneración al debido proceso y ultraje, atentando contra los principios básicos y fundamentales de la justicia penal Boliviana y la Constitución Política del Estado.

En ese entendido, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, motivación, congruencia, y valoración de la prueba denunciada, debe tenerse presente que toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente u objetante en el presente caso, que se entiende, deben estar relacionado con lo discutido ante la autoridad a quo. Y siendo que el accionante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada, congruente, y valoración de la prueba, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación, motivación, congruencia y valoración de las pruebas de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados, esto conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, respecto a que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada; y, además que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.

En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos de agravios en el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en contra de la Auto Interlocutorio 17/2022, y los fundamentos que utilizó la autoridad demandada, dentro del Auto de Vista 158/2022, por el cual determinó declarar improcedente las cuestiones planteadas del recurso, y ratificar en su totalidad el fallo objetado; en ese entendido, de dicha Resolución de alzada, se tiene lo siguiente: 1) Considerando I.- segundo párrafo. Habiendo asumido conocimiento el impetrante de tutela del Auto Interlocutorio 17/2022, y al haber interpuesto recurso de apelación de forma oral contra el mismo, se determinaría la admisibilidad de la referida impugnación, por ser presentado dentro del plazo previsto por ley. 2) Considerando III.- El accionante manifestaría que el Auto Interlocutorio 17/2022, le causaría agravios, estableciendo de esa forma lo siguiente: i) El mismo se encontraría detenido desde el 19 de enero de “2022”, en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, por el delito de homicidio; ii) Solicitó cesación a su detención preventiva, tomando en cuenta que desde el 22 de enero de “2009”, “se presentó acusación el 30 de julio de 2009 existe salidas médicas, no hay incidentes” (sic), y su requerimiento se basó en el art. 239 núm. 4 del CPP, sobre los veinticuatro meses sin que exista sentencia, y detenido por el precitado delito, y desde el 2019 no se movió el proceso, ni el juicio oral fue iniciado; iii) El Tribunal no indicó sobre los veinticuatro meses de su detención, y los actos dilatorios del apelante; y, iv) De igual manera, planteó su cesación a la detención preventiva, en base al art. 239 núm. 1 del citado Código, “si no sobre nuevos elementos, son que está detenido más de tres años por el Tribunal de Sentencias, no se notificó aún para hacer las pruebas de descargo, se halla radicado en el Tribunal 7º de Sentencia de este 9 de agosto de 2019” (sic); por lo que, solicitó la cesación a su detención preventiva; 3) Considerando que el art. 398 del CPP, establece la apertura de la competencia de los Tribunales de alzada, de escuchar los agravios de la parte apelante; en la audiencia de apelación incidental, el accionante manifestó que, solicitó su cesación a la detención preventiva en base al art. 239 núm. 4 del CPP, en su segunda parte; que es evidente la existencia de una acusación formal, pero no aún de una sentencia, no obstante de haber trascurrido más de los veinticuatro meses de estar detenido preventivamente; asimismo, refirió que desde la acusación formal, no se movió el proceso, y pese que la misma fue radicada el 9 de agosto de 2019 –no indica donde–, aún no fue notificado –no señala con qué–, con el objeto de presentar pruebas de descargo, conforme al art. 340 del aludido Código y siguientes;

4) A ese efecto, amerita considerar los siguientes elementos, revisado el cuaderno de apelación, se tiene que efectivamente se estaría sustanciando un proceso penal, que por sus hechos ya no sería de probabilidad de autoría, sino extremos por los cuales el Fiscal de Materia debería de probar, porque la base del juicio es la acusación, y en el que está de por medio una víctima fallecida de veinte y ocho años aproximadamente, y que el autor a criterio del Fiscal de Materia en los hechos acusados, sería precisamente el impetrante de tutela, quien levantó un cuchillo de cocina, y procedió a apuñalar a Cristian Armando Calle Mendoza; es decir, el apelante fue el que victimizó al nombrado utilizando un cuchillo, que “en el desarrollo del juicio, con la producción de pruebas de cargo y descargo bajo los principios que rigen el juicio oral, público y contradictor, inmediación, contradicción y oralidad, el tribunal acude a adoptar una decisión positiva o negativa en base precisamente a la producción de prueba y la comunidad de pruebas en la cual ingresará estos medios. Si de por medio está como víctima una persona ya fallecida, y el Ministerio Público es el director de las investigaciones y una vez concluida las mismas, se ha visto obligado a presentar una resolución conclusiva de acusación que cursa en el cuaderno de apelación, con lo hechos ya los ha dos líneas” (sic).

5) Ahora bien, si el petitorio se basaría en el art. 239 núm. 4 del CPP, y contrastando con la resolución apelada, en el que no debería de evidenciarse actos dilatorios del imputado; el Tribunal a quo, observó que en la etapa investigativa, el referido fue buscado por funcionarios policiales, según el Informe del Sgto. Sdo. Fernando Delgado Moya; en consecuencia por dicha aseveración, estaría latente el peligro de fuga;

6) Si bien es evidente que, “en la presente audiencia hechos como ser simple y llanamente en la norma en la cual está solicitado la modificación de la situación jurídica no menos cierto es que también no ha tomado en cuenta que si aún persisten los riesgos procesales de fuga o e obstaculización; empero, este segundo razonamiento no es relevante es respecto al artículo 234, numeral 4) del Código Penal” (sic); porque, siendo ese el fundamento que ha solicitado el apelante, para que se modifique su situación jurídica, precisamente el Tribunal de Sentencia ha rechazado por los argumentos vertidos mediante el Informe del Sgto. Sdo. Fernando Delgado Moya; es decir, “que fue buscado el ahora apelante al que pueda ahora someterse a juicio, sobre este punto no se evidencia agravio” (sic).

7) El apelante demuestra que el juicio aún no se inició, y que existe un “Auto de radicatoria del 9 de agosto de 2017”; revisado el cuaderno de apelación, dichos argumentos serian evidentes, ya que el Fiscal de Materia, presentó la resolución conclusiva de acusación y mediante providencia de 31 de julio de 2019, el juez contralor de las investigaciones, ordenó la remisión a un Tribunal de Sentencia, y mediante sorteo, recayó en el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz; de esa forma, el 9 de agosto de 2019 fue radicado la causa, y se dispuso la notificación al representante del Ministerio Público, para que presente sus pruebas de cargo en veinticuatro horas, y “el representante del Ministerio Público ha presentado sus pruebas de descargo mediante Memorial, de apelación y el cargo de recepción por el Tribunal 7º de Sentencia data del 26 de febrero de 2020” (sic);

8) Si bien es evidente que en el presente proceso, se está sustanciando o se llevaría a cabo sobre un hecho contra la vida, delito de homicidio, y el Informe del Investigador del caso, muestra que el imputado no se sometió, inclusive desde la etapa inicial de las investigaciones, al ser buscado por miembros de la Policía Boliviana; en consecuencia, no amerita dar curso a lo solicitado por el apelante, de que se modifique su situación jurídica; “sin embargo, ello ya atañe a actos del citado Tribunal 7º de Sentencia, en los datos del cuaderno de apelación, no se evidencia, una vez radicada la causa, las notificaciones tanto el acusado en particular estima, si es que existe cese, si es que hubiera presentado este petitorio o a la parte acusada para que presente sus pruebas de descargo y luego dictado el auto de apertura de juicio con el señalamiento correspondiente e iniciar el juicio en forma ininterrumpida” (sic); es decir, una vez radicado el proceso, existiría una evidente dejación del director de la causa, ya que un tribunal de sentencia, está conformado por tres jueces, siendo uno responsable del proceso y los demás coadyuvantes, obviamente ello no implica que no sean también responsables; empero, siendo el director presidente de la causa, no muestra que el proceso esté en pleno desarrollo de juicio, tomando en cuenta las fechas de la radicatoria de la causa, y de la presentación de pruebas de cargo por el Ministerio Público; en consecuencia, sería sorprendente estos actos, en el que está de por medio un proceso contra la vida, por el supuesto delito de homicidio, que en el accesorio del juicio, se verificaran si son ciertos y evidentes los hechos de la acusación, siendo esta última la base del juicio; por ello, se ordena y dispone que el precitado Tribunal de Sentencia, de cumplimiento al art. 180 de la CPE, principios de celeridad, constitucional, legalidad, y equilibrio de las partes, bajo responsabilidad exclusiva del aludido Tribunal, y con mayor razón al Presidente del proceso, de persistir dicha dejadez y una vez se haga conocer a las personas responsables, se hará constar al Concejo de la Magistratura. Efectuada la contrastación entre lo denunciado en esta acción de defensa, los agravios del recurso de apelación incidental y lo resuelto por el Vocal demandado; del Auto de Vista 158/2022 cuestionado, como primer término se tiene en los Considerandos I, y III (incisos 1 y 2 del presente fallo constitucional), la señalización o exposición de datos incorrectos o erróneos, incongruentes y no conforme a los antecedentes del proceso que indicó el accionante en su recurso de apelación; toda vez que, en el primero el Vocal demandado, establece la admisibilidad del recurso de apelación al haber sido presentado de forma oral y dentro plazo previsto por ley, cuando dicha impugnación fue interpuesta de forma escrita mediante memorial de 22 de febrero de 2022, y no en la audiencia programada para tal efecto; y, en el segundo, señalando de forma errada las fechas que manifestó el accionante respecto a los antecedentes de su proceso; y, en el inciso 3, señaló que en la audiencia de apelación incidental, el accionante manifestó que dicho requerimiento de cesación sería en base al art. 239 núm. 4 del CPP, en su segunda parte; empero, a partir del inciso 4, la autoridad demandada, manifestó que se debería considerar que en base a los hechos ocurridos, en el cual existiría una víctima fallecida, y el Fiscal de Materia debería de probar la autoría del impetrante de tutela en base a una acusación y juicio oral con la producción de pruebas de cargo y descargo bajo los principios que rigen el juicio oral, público y contradictor, inmediación, contradicción y oralidad; y en el inciso 5, señaló respecto a la petición del art. 239 núm. 4 del CPP, que contrastando con la resolución apelada, únicamente señalo que en la etapa investigativa, el referido fue buscado por funcionarios policiales, según del Informe del Sgto. Sdo. Fernando Delgado Moya; en consecuencia por dicha aseveración, estaría latente el peligro de fuga; y, en el inciso 6, realizó una suscita exposición sobre los hechos y la norma en la cual estaba solicitada la modificación de la situación jurídica, estableciendo que no menos cierto es que también no se había tomado en cuenta que aún persistían los riesgos procesales de fuga o e obstaculización; empero, este segundo razonamiento no es relevante es respecto al artículo 234, numeral 4) del Código Penal” (sic[las negrillas son nuestras]); porque, siendo ese el fundamento que ha solicitado el apelante, para que se modifique su situación jurídica, precisamente el Tribunal de Sentencia rechazó por los argumentos vertidos mediante el Informe del Sgto. Sdo. Fernando Delgado Moya; es decir, “que fue buscado el ahora apelante al que pueda ahora someterse a juicio, sobre este punto no se evidencia agravio” (sic); hasta lo precedentemente señalado, además de lo último expuesto, se advierte contradicciones por parte de la autoridad demandada, sobre la consideración o no de los riesgos procesales de fuga u obstaculización, en el recurso de apelación que planteó el accionante referente al art. 239 núm. 4 del CPP, tampoco se fundamenta y motiva respecto a la citada norma, sobre la duración o temporalidad de la detención preventiva del accionante desde el 22 de enero de 2019, que existiendo de por medio acusación formal, solicitudes de cesación a su medida, y no la interposición de ampliación de la medida por parte del Ministerio del Público, hasta la presentación de su cesación a la detención preventiva, sobrepasaría el plazo de su medida conforme lo establecido por el referido artículo. Por otra, parte si bien la autoridad demandada, en el Considerando III (incisos 7 y 8 del presente fallo constitucional), realizó una compulsa, entre la presentación de la Resolución de Acusación GALM 30/2019 de 30 de julio, por parte del Fiscal de Materia, la radicatoria de la misma en el Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancia Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz, el 9 de agosto de igual año, y el accionante demostró que desde la precitada fecha, no se inició el juicio oral; empero, la merituada autoridad, se limita a señalar que en el proceso se estaría sustanciando un hecho contra la vida, delito de homicidio, y de manera enunciativa y no argumentada, señaló el Informe del Investigador del caso, cuando el solicitante de tutela, en su recurso de apelación estableció que hubiera una contradicción referente a dicho Informe; para luego concluir la merituada autoridad, que al ser evidente que el Presidente del referido Tribunal de Sentencia, no demostró el pleno desarrollo de proceso penal, se le ordenaría de cumplimiento al art. 180 de la CPE, respecto a los principios de celeridad, de legalidad, y equilibrio de las partes, bajo responsabilidad exclusiva del aludido Tribunal, y con mayor razón del citado Presidente, y que de persistir dicha dejadez y una vez se haga conocer a las personas responsablegs, se hará constar al Concejo de la Magistratura.

En ese entendido, conforme a todo lo expuesto, se evidenciaría que la autoridad demandada, incurrió en una errónea identificación de los datos del proceso, además de no otorgar no una respuesta fundamentada, motivada y congruente al impetrante de tutela, respecto a los agravios de su recurso de apelación, puntualmente a la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal a quo, en el Auto Interlocutorio 17/2022 –239.4 del CPP–; es decir, conforme a la solicitud de cesación a la detención preventiva de 1 de febrero de igual año, estableció que los actos dilatorios no son atribuibles a su persona; sin embargo, el indicado Tribunal de Sentencia no se pronunció respecto al señalamiento de fecha y hora de audiencia de juicio oral; tampoco referente al falta de notificación con la Acusación Formal de 30 de julio de 2019, vulnerando sus derechos a la defensa, un juicio pronto, inmediato, justo y según establece el debido proceso; asimismo, a las paralizaciones y suspensiones de las actividades del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por causa del “SARS-COV2”, detallando en un cuadro con sus respectivas fechas y adjuntando las circulares de dichos actos dilatorios, y siendo este punto fundamental para determinar que el transcurso del tiempo no es atribuible a su persona; igualmente, y más propiamente sobre la falta de pronunciamiento, respecto al tiempo transcurrido y que incumple lo previsto en numeral 4 del art. 239 del CPP, norma en la que se basó su planteamiento de su cesación a la detención preventiva; por lo que, conforme a todo lo detallado, corresponde conceder la tutela impetrada, respecto a todos los agravios.

Por otra parte, se debe dejar claramente establecido que la concesión de tutela, en su análisis solo abarca a la emisión de una nueva resolución referente a dar respuesta de forma fundamentada, motivada, y congruente, mas no sobre si corresponde o no, otorgar la libertad al accionante en base a su situación jurídica, ya que dicha determinación se encuentra arrogada a la autoridad jurisdiccional quien previa evaluación minuciosa de los antecedentes que hacen al proceso, deberán emitir una resolución fundamentada asumiendo siempre en sus determinaciones el respeto y garantías de las partes intervinientes de un proceso, pero con énfasis a una protección reforzada a las víctimas y su entorno.

III.3.1. Otras consideraciones

Sin perjuicio de lo resuelto supra, conforme a los antecedentes del proceso expuesto, se exhorta al Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas y Liquidador Séptimo del departamento de La Paz, a cumplir con lo previsto en el art. 180 de la CPE, respetando los plazos procesales en la realización del juicio oral, para así garantizar el acceso a una justicia pronta y oportuna de las partes. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 31/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 70 a 73 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 158/2022 de 28 de marzo, ordenando a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la emisión de una nueva resolución, otorgando una respuesta fundamentada, motivada, y congruente, a los motivos de agravio contenidos en el memorial de recurso de apelación incidental presentado por el hoy accionante, esto conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y DENEGAR la tutela solicitada, referente a la situación jurídica y libertad del impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0481_2024-S4.pdf · páginas 1 a 20.

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