Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El demandante de tutela a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitó salida judicial con la finalidad de recabar elementos de prueba mediante la firma de un contrato de trabajo en una Notaría de Fe Pública y un trámite ante el SEGIP para luego solicitar la cesación de su detención preventiva. Sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada, causó una dilación indebida e injustificada en el trámite relacionado con su derecho a la libertad pues mediante decreto de 9 de febrero de 2022, le ordenó previamente adjuntar los requerimientos del Ministerio Público y el pago por concepto de cédula de identidad.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela únicamente respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso; y, 2° DENEGAR la tutela en relación al principio de seguridad jurídica conforme los fundamentos previamente expuestos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2023-S2 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45898-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Jorge Mamio Villanueva contra Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Guanay del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 14 de febrero de 2022 cursante a fs. 21 a 22 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, por Auto Interlocutorio 109/2021 – P de 10 de septiembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Acusó que por memorial de 8 de febrero de 2022, solicitó ante el Juez de la causa su salida judicial para que el 15 del mismo mes y año, pueda concurrir ante una Notaria de Fe Pública a firmar un contrato de trabajo y “…actualización de datos ante el SEGIP…” (sic), ello -afirma- para solicitar en un futuro la cesación a la medida impuesta. Sin embargo, reveló que por providencia de 9 de igual mes y año, la autoridad judicial ahora demandada negó su pretensión, señalando que “PREVIAMENTE ADJUNTE LOS REQUERIMIENTOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL PAGO DE CONCEPTO DE CÉDULA DE IDENTIDAD” (sic).
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, a la “seguridad jurídica” citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116.I, 117.I, 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia ordenar se libre la orden de salida judicial solicitada.
Celebrada la audiencia pública el 15 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar destacando que: a) En el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, se encuentra detenido preventivamente y con imputación formal. Aclaró que la privación de libertad fue dispuesta “…observando la actividad lícita y el domicilio…” (sic) pues no contaba con un documento idóneo para demostrar su arraigo natural y social; b) Su solicitud de salida judicial fue resuelta por la autoridad hoy demandada quien emitió el “decreto”, “…privando las invitaciones en este caso sobre imponiendo las limitaciones y formalismos…” (sic); c) Necesitaba acreditar su domicilio “ante el SEGIP”; por lo cual, demostró la pertinencia de su pretensión “…y no podemos estar en inquisitivo de esas autoridades de exigir en documentación para que nosotros adjuntamos los requerimientos (…) requerimientos que cuales puedan ser para que nos permita firmar el contrato futuro., o requerimiento dirigido a seguir para que no se actualice la cédula de identidad…” (sic) extremos que consideró arbitrarios; d) El Juzgado en cuestión se encontraba en la localidad de Guanay a más de diez horas de viaje de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; de forma que, presentar un memorial en dicha localidad era “un martirio” y esperar la respuesta dilatoria -según afirma- le generó incertidumbre; e) Al estar privado de libertad primero debió ser atendido de forma inmediata y “…segundo que debe ser colectivo debemos evitar que se agrave las condiciones de esa persona…” (sic); y, f) No entendía la negativa y desconocía los motivos de “…las autoridades provinciales para actuar de esta manera…” (sic).
Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Guanay del departamento de La Paz, mediante informe escrito sin fecha remitido vía whatsapp, cursante de fs. 28 a 29 peticionó se “rechace” la tutela, arguyendo que: 1) Evidentemente el 8 de febrero de 2022, se solicitó la salida judicial que jamás fue negada ni rechazada; al contrario, simplemente se requirió al impetrante de tutela adjuntar documentación a efectos de informar a la “Autoridad funcional de investigaciones” (sic) lo requerido; 2) Lo reclamado en relación a la debida diligencia de la pretensión, no evidenciaba ninguna lesión pues se atendió la solicitud al día siguiente sin que se haya puesto en peligro la vida u otro derecho del imputado ahora accionante; 3) La jurisprudencia invocada por el demandante de tutela, se refería a un caso donde se encontraba en tela de juicio la situación jurídica del privado de libertad; por lo que, no existía analogía con el caso de análisis; y, 4) Conforme los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP) los actos procesales defectuosos lesivos a derechos fundamentales, podían reclamarse a través de los incidentes que resultaban mecanismos idóneos al efecto. Asimismo, en observancia del art. 401 del mismo cuerpo legal, se pudo activar el recurso de reposición contra la providencia antes de activar la jurisdicción constitucional.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., concedió la tutela, disponiendo que la autoridad judicial demandada conceda la salida de manera oportuna y siempre “…ordenando que las autoridades correspondientes se hallen a cargo de la custodia del accionante hasta que retorne…” (sic) sin costas ni multas por ser excusable; bajo los siguientes fundamentos: i) Al disponer el Juez demandado de forma previa, ordenar la salida judicial se adjunten los requerimientos fiscales y el pago -para acudir al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP)-, denegó en los hechos la pretensión; ii) El derecho a la petición se encuentra protegido en la Norma Suprema; y, tanto el SEGIP, como las Notarías de Fe Pública, requerían la presencia física de los solicitantes al tratarse de trámites de índole personal; por lo que, el demandado no debió actuar con “excesivo celo funcionario” (sic); y, iii) Se debió tomar en cuenta la distancia entre el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Guanay del departamento de La Paz y la ciudad Nuestra Señora de La Paz, para que cuando el hoy demandante de tutela utilice su salida “…debe hacerlo con fecha (…) y con horas exactas para volver al recinto carcelario…” (sic). En vía de complementación, el abogado del accionante solicitó que el Juez demandado otorgue al impetrante de tutela salida para el día lunes 21 de febrero de 2022, a partir de horas 8:30 a 12:30.
La prenombrada Jueza de garantías, dispuso que la autoridad judicial demandada otorgue salida judicial para el día y hora peticionado, donde el accionante obre con lealtad procesal y cumpliendo las órdenes con responsabilidad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 109/2021 - P de 10 de septiembre, por el cual se impuso la medida de detención preventiva a Jorge Mamio Villanueva -ahora accionante- dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado. Sobresale que una de las causas para asumir la determinación fue la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en el art. 234 del CPP relacionados a la falta de acreditación de domicilio -que coincida en su cédula de identidad con el señalado en la declaración informativa- y actividad lícita (fs. 11 a 15). II.2. Por memorial presentado el 8 de febrero de 2022, el impetrante de tutela, requirió autorizar su salida judicial para el 15 de ese mes y año, “…para el cambio de domicilio y renovación…” (sic) de su cédula de identidad y para acudir a la Notaría de Fe Pública 16, a realizar reconocimiento de firmas de un contrato de trabajo (fs. 19 y vta.). II.3. Mediante decreto de 9 de febrero de 2022, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, -hoy demandado-solicitó que el accionante “…Previamente adjunte los requerimientos ante el Ministerio Público y el pago por concepto de cédula de identidad” (sic [fs. 20]).
El demandante de tutela a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitó salida judicial con la finalidad de recabar elementos de prueba mediante la firma de un contrato de trabajo en una Notaría de Fe Pública y un trámite ante el SEGIP para luego solicitar la cesación de su detención preventiva. Sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada, causó una dilación indebida e injustificada en el trámite relacionado con su derecho a la libertad pues mediante decreto de 9 de febrero de 2022, le ordenó previamente adjuntar los requerimientos del Ministerio Público y el pago por concepto de cédula de identidad.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, señala que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese entendimiento, cualquier dilación innecesaria e injustificada que imposibilite definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, se considera lesiva a dicho derecho conforme se desarrolla a continuación. Lesión que puede ser tutelada a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho.
El accionante a través de su representante, acusa la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, peticionó salida judicial con la finalidad de recabar elementos de prueba para luego solicitar la cesación de su detención preventiva que se fundó en la imposibilidad de demostrar su arraigo natural y domicilio. En tal sentido, requirió la referida orden con la finalidad de actualizar la información contenida en su cédula de identidad consignando su cambio de domicilio; y, para reconocer firmas en un contrato de trabajo y ocupación (Conclusión II.2). Empero, la autoridad judicial ahora demandada, mediante decreto de 9 de febrero de 2022, causó dilación indebida e injustificada al ordenarle de forma previa, atender su solicitud adjuntando los requerimientos ante el Ministerio Público y el pago por concepto de cédula de identidad (Conclusión II.3). En tal sentido, no obtuvo un pronunciamiento sobre el fondo de lo pretendido; y, se incurrió en una dilación indebida que afecta directamente su derecho a la libertad vinculado al debido proceso, pues de ese actuado procesal dependerá que se acredite su arraigo natural y trabajo. En tal contexto, conforme lo establecido por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye el medio idóneo ante la inobservancia del principio de celeridad, respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad, teniendo la autoridad judicial o administrativa la obligación de pronunciarse de acuerdo a lo estipulado en la norma jurídica, o dentro de un plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del aludido derecho por prolongar la incertidumbre respecto a la situación jurídica del privado de libertad. En ese entendido, en el caso en estudio se advierte de la minuciosa revisión de los antecedentes, que el impetrante de tutela se encuentra con detención preventiva. Asimismo, una de las causas para asumir la determinación fueron la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en el art. 234 del CPP relacionados a la falta de acreditación de domicilio -que coincida en su cédula de identidad con el señalado en la declaración informativa- y actividad lícita (Conclusión II.1); con este antecedente, solicitó la salida judicial con el fin de desvirtuar dichos peligros procesales y así su situación jurídica sea modificada. En tal contexto, si bien el requerimiento fue atendido de forma pronta -al día siguiente-; empero, la pretensión no fue resuelta en el fondo; en virtud a que el Juez ahora demandado, de forma previa ordenó que adjunte los requerimientos ante el Ministerio Público y el pago por concepto de cédula de identidad; lo que, materialmente impidió que el hoy peticionante de tutela consolide las acciones tendientes a desvirtuar los riesgos procesales anteriormente descritos prolongando en el tiempo la imposibilidad para que el mismo solicite la cesación a la detención preventiva que pretende. De lo precedentemente expuesto, se denota que en los hechos desde el 8 de febrero de 2022, -cuando se presentó la solicitud- hasta la presentación de la acción de libertad, no existe un pronunciamiento de fondo de la autoridad judicial demandada por el cual se resuelva la viabilidad o no de esa petición; además, considerando el tiempo de viaje desde la ciudad Nuestra Señora de La Paz hasta el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Guanay del departamento de La Paz, que provoca la necesidad que el accionante o sus representantes viajen alrededor de ocho horas o más únicamente para advertir que el trámite se encontraba observado. En tal contexto, siendo evidente que existió una dilación injustificada provocada por el Juez demandado, quien condicionó la salida solicitada, restringiéndola más allá de las previsiones legales al imponer una exigencia sin la debida justificación. Advirtiéndose que, de la salida requerida dependía que el solicitante de tutela recabe documentación para solicitar la cesación de su detención preventiva; por lo que, corresponderá conceder la tutela impetrada sobre los derechos invocados. Respecto a la vulneración de la seguridad jurídica, es menester referir que existe vasta jurisprudencia como la SC 1336/2011-R de 26 de septiembre y la SCP 0324/2012 de 18 de junio (por citar algunas), donde se ha reiterado que este Tribunal, ha establecido que no constituye un derecho, sino un principio regulador de la administración de justicia. De lo cual, se deduce que no se puede solicitar la tutela del mismo, a través de la presente acción tutelar, salvo que se encuentre vinculado a uno de los derechos que son objeto de protección a través de la acción de libertad, lo que no ocurrió en el caso de análisis donde el impetrante de tutela no relacionó el referido principio con ningún derecho; por lo que, no corresponderá su tutela. Finalmente, respecto a la Resolución de la Jueza de garantías, si bien fundó su fallo en el derecho de petición sin tomar en cuenta la naturaleza de la acción de libertad. No obstante, aparentemente lo que resolvió fue tutelar el derecho al debido proceso sin decirlo. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela únicamente respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso; y, 2° DENEGAR la tutela en relación al principio de seguridad jurídica conforme los fundamentos previamente expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0481_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3294c24d9684912d25e546f7ca75e4e2036343ffed4f799607244a4d6c80c1fb
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