Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y la libertad de locomoción; debido a que, al solicitar custodio policial para el cumplimiento de su detención domiciliaria dispuesta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Director del Centro Penitenciario Palmasola del señalado departamento, no atendió su solicitud alegando falta de personal policial y ambigüedad de la orden judicial.
Ante ello, el demandado refirió que no se privó de libertad al impetrante de tutela, sino que, se solicitó aclaración sobre su situación jurídica y al no tener el personal policial para cumplir con lo ordenado, en menos de veinticuatro horas se realizó un informe dirigido a la Sala Penal la cual posteriormente hizo conocer el Auto de Vista Complementario 50, indicando que el escolta policial debía ser provisto por el Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana y no por su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 24 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0480/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52230-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 24 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ernesto Soljancic Pedraza en representación sin mandato de Alejandro Javier Soljancic Pedraza contra Nicanor Oscar Curcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 12 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y 13 a 16 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, el Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, determinó su detención preventiva; ante dicha decisión, planteó recurso de apelación que fue declarado admisible y procedente, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento mediante Auto de Vista de 11 de octubre de 2022, disponiéndose su libertad con medidas personales. Emitido el mandamiento de libertad el 11 de octubre de 2022, debía ejecutarse de inmediato; sin embargo, Nicanor Oscar Curcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, -hoy demandado-, se negó a ejecutar el mismo alegando falta de escoltas para trasladar al imputado. Para superar esta negativa, solicitó a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la complementación, aclaración y enmienda del precitado Auto de Vista, pidiendo que: a) Complemente la resolución emitida efectivizando de manera inmediata su libertad; b) Aclare la naturaleza de la audiencia; c) Enmiende la resolución disponiendo de manera indistinta quién debía proporcionar el escolta, si la autoridad hoy demandada, o el Comando Departamental de Policía del mencionado departamento; y, d) Establezca que la privación indebida de libertad es antijurídica. La referida Sala Penal, mediante Auto de Vista 50 de 12 de octubre de 2022, resolvió los puntos referidos, ordenando su libertad inmediata, estableciendo un plazo de diez días para el cumplimiento de las medidas personales, asignando la responsabilidad de escolta al Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, y advirtiendo que la inobservancia de estas disposiciones habilita al afectado para recurrir a la jurisdicción ordinaria y/o constitucional. A pesar de haberse emitido los Oficios 1090/2022 de 11 de octubre y 1091/2022 de 12 de octubre, por parte de la citada Sala Penal, al ahora demandado, y al Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, para cumplir con el mandamiento emitido, su libertad no fue efectivizada, manteniéndose así una privación indebida de libertad.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y la libertad de locomoción, citando al efecto los arts. 23.I, 115, y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se ordene la cesación de la privación indebida de su libertad, “…SIN EXISTENCIA DE ORDEN O RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LA DISPONGA…” (sic); 2) En la vía reparadora se restituya el derecho a la libertad dando cumplimiento al Auto de Vista de 11 de octubre de 2022 y Auto de Vista Complementario 50; y, 3) Remita al ahora demandado, al Ministerio Público por la comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.
Nicanor Oscar Curcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, en audiencia, por intermedio de su abogado, solicitó que se deniegue la tutela, señalando que: i) No se privó de libertad al accionante, sino que al existir dudas sobre su situación jurídica y dando cumplimiento a la SC “1696/2004-R”, se tomó contacto de forma “electrónica” con el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, a efecto de cumplir con el mandamiento de libertad con escolta policial de 11 de octubre de 2022, para que -el impetrante de tutela- cumpla con el arresto domiciliario, pero al no tener el personal policial correspondiente para cumplir con lo ordenado en menos de veinticuatro horas, se realizó un informe dirigido a la citada Sala Penal informando lo acaecido; ii) El 12 del mismo mes y año, la mencionada Sala Penal, remitió el Auto de Vista Complementario 50, indicando que el escolta policial debía ser otorgado por el Comando Departamental de Policía del precitado departamento, por lo que se volvió a tomar contacto con el Secretario de la mencionada Sala Penal para saber si el escolta policial debería constituirse en la Dirección del establecimiento penitenciario a objeto de dar cumplimiento al arresto domiciliario con escolta, y al no tener respuesta alguna, se hizo la consulta de manera escrita, pidiendo la aclaración de dicha situación; iii) No se lesionaron los derechos, o violentó la libertad del hoy accionante, lo cual puede ser verificado en los mensajes de Whatsapp que demuestran las consultas realizadas al Secretario de la mencionada Sala Penal; y, iv) El accionante debe acudir al Comando Departamental de la Policía, porque así lo ordenó el Auto de Vista 50.
El Ministerio de Gobierno, a través de su apoderada, en audiencia señaló que: solicitaron la corrección del Auto de Vista de 11 de octubre de 2022, en virtud a que se emitió un mandamiento de libertad pese a que no se cumplieron las seis medidas impuestas al accionante, cuando la SCP “0178/2018-S4”, claramente señala que cuando el imputado esté detenido y se le favorece con la libertad a través de medidas cautelares, se debe cumplir las medidas impuestas para que pueda emitirse el mandamiento de libertad, solicitud que hasta la interposición de la acción de libertad no fue respondida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la cual tampoco respondió al informe que presentó la autoridad demandada; por consiguiente, no se agotó la subsidiariedad antes de acudir a la acción de libertad, existiendo cuestiones pendientes que debe resolver la referida Sala Penal que muestran que la detención del impetrante de tutela no es ilegal, más aun en el caso concreto que deviene de un proceso de corrupción grave en contra del departamento de Santa Cruz.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 19/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 24 a 29, concedió provisionalmente la tutela solicitada, ordenando al demandado, dar cumplimiento en el día a lo dispuesto en el Auto de Vista de 11 de octubre de 2022 y en el Auto 50 de 12 del mismo mes y año, bajo responsabilidad establecida en la ley en caso de incumplimiento, “…mientras el mismo no varíe en razón al memorial de corrección…” (sic), presentado el 12 de octubre por el Ministerio de Gobierno; con base en los siguientes fundamentos: a) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista de 11 de octubre de 2022 ordenando la libertad del accionante bajo medidas sustitutivas, y el mismo día libró mandamiento de libertad; b) La autoridad demandada no cumplió con dicho mandamiento, argumentando ambigüedad en la orden y falta de respuesta a consultas informales realizadas por mensajes de Whatsapp al Secretario de la citada Sala; y, c) La jurisprudencia constitucional señaló que los servidores públicos deben cumplir sus tareas con agilidad y prontitud, más aun cuando hay una orden judicial expresa, la falta de personal policial no puede ser alegada como impedimento para materializar la detención domiciliaria, que está íntimamente ligada al derecho a la libertad.
De la revisión de antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio 1090/2022 de 11 de octubre, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dirigido al Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, solicitando escolta policial para Alejandro Javier Soljancic Pedraza -ahora accionante- (fs. 7). II.2. Por memorial presentado el 12 de octubre de 2022, Víctor Antonio Cartagena Tardillo, abogado del ahora impetrante de tutela, solicitó a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, aclare, complemente y enmiende el Auto de Vista de 11 del mismo mes y año, que dispuso su detención domiciliaria (fs. 5). II.3. A través de Auto de Vista 50 de 12 de octubre de 2022, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, admitió la solicitud de complementación y enmienda presentada por el accionante respecto al Auto de Vista de 11 de igual mes y año, señalando que: 1) En la audiencia de 11 de igual mes y año, se dispuso la libertad inmediata del accionante y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; 2) El plazo para que el imputado cumpla con las referidas medidas cautelares, es de diez días; 3) El escolta policial debe ser asignado por el Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana; y, 4) El incumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de alzada, permite al impetrante acudir ante las autoridades correspondientes a efecto de hacer prevalecer los derechos que se crean vulnerados (fs. 3 a 4). II.4. Por Oficio 1091/2022 de 12 de octubre, Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz solicitó al Comandante Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, escolta policial para el peticionante de tutela (fs. 6).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y la libertad de locomoción; debido a que, al solicitar custodio policial para el cumplimiento de su detención domiciliaria dispuesta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Director del Centro Penitenciario Palmasola del señalado departamento, no atendió su solicitud alegando falta de personal policial y ambigüedad de la orden judicial.
Ante ello, el demandado refirió que no se privó de libertad al impetrante de tutela, sino que, se solicitó aclaración sobre su situación jurídica y al no tener el personal policial para cumplir con lo ordenado, en menos de veinticuatro horas se realizó un informe dirigido a la Sala Penal la cual posteriormente hizo conocer el Auto de Vista Complementario 50, indicando que el escolta policial debía ser provisto por el Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana y no por su persona. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Este Tribunal, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, sentencia que fue reiterada por otras posteriores, como la SCP 0078/2018-S2, de 23 de marzo que refirió: “…en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad” (las negrillas son añadidas). En el mismo sentido, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, estableció que: “…las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa” (las negrillas nos corresponden). De igual manera, la SCP 0441/2023-S4 de 5 de junio, refirió que: “…el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone que la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional; norma que guarda coherencia con el art. 54.1 del adjetivo penal, que señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal; lo que implica que, el juez que ejerce el control jurisdiccional, en la etapa que corresponda, tiene el deber de ejercer el control del proceso, tanto en las actuaciones del Ministerio Público como en las que correspondan a la Policía Nacional, control que debe ser ejercido en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes en el proceso” (las negrillas son añadidas).
De acuerdo a los antecedentes de la presente acción tutelar y a lo manifestado por las partes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante, el “…juez tercero anticorrupción (…) Primo Flores” (sic [fs. 21 vta.]), dispuso su detención preventiva, motivo por el cual, el accionante presentó un recurso de apelación incidental; en consecuencia, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, habría emitido el Auto de Vista de 11 de octubre de 2022, disponiendo la detención domiciliaria del accionante con la aplicación de otras medidas cautelares personales que debían cumplirse en el plazo de diez días; en ese contexto, se advierte que la referida Sala Penal emitió el Oficio 1090/2022 de igual fecha, solicitando a Nicanor Oscar Curcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, que asigne escolta policial en cumplimiento del mencionado Auto de Vista (Conclusión II.1). En respuesta al referido oficio, la autoridad ahora demandada, el mismo 11 de octubre de 2022, remitió a la mencionada Sala Penal un informe haciendo conocer que no contaban con personal policial para cumplir la detención domiciliaria; por tal motivo, el peticionante de tutela presentó un memorial solicitando se aclare, complemente y enmiende el Auto de Vista de la citada fecha, respecto a cuatro puntos específicos (Conclusión II.2); en respuesta, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 50 de 12 igual mes y año, admitiendo la solicitud de complementación y enmienda presentada por el accionante, señalando que: i) En la audiencia de 11 de mismo mes y año, se dispuso la libertad inmediata del accionante y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; ii) El plazo para que el imputado cumpla con las referidas medidas cautelares, es de diez días; iii) El escolta policial debía ser asignado por el Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana; y, iv) El incumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de alzada, permite al impetrante acudir ante las autoridades correspondientes a efecto de hacer prevalecer los derechos que se crean vulnerados (Conclusión II.3). La referida Sala Penal emitió el Oficio 1091/2022 de 12 de igual mes y año, esta vez dirigido al Comandante Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, solicitando la designación de escolta policial (Conclusión II.4). El 12 de octubre de 2022, el accionante interpuso la presente acción de libertad alegando una supuesta dilación indebida para efectivizar su detención domiciliaria, pese a que en el mismo día se emitió el Auto de Vista 50 y el oficio 1091/2022, señalando además que no existe otro medio ordinario al cual acudir. En ese marco, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, refirió que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de esta acción tutelar; en el caso concreto, el accionante acudió de manera directa a esta acción tutelar, demandando al Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, sin antes haber acudido a la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso y del control jurisdiccional, solicitando la restauración de los derechos que alega ahora como vulnerados.
En ese sentido, en antecedentes no cursa prueba que demuestre la emisión del respectivo mandamiento de detención domiciliaria del accionante, únicamente se tienen los Oficios 1090/2022 y 1091/2022, por los cuales la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicitó la asignación de custodios policiales para efectivizar lo dispuesto en el Auto de Vista de 11 de octubre de 2022, denunciándose ahora el supuesto incumplimiento de lo dispuesto por la referida autoridad judicial, sin que al respecto se advierta que el ahora accionante haya acudido de manera previa ante la mencionada Sala Penal reclamando tal incumplimiento, siendo que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal antes citada, la vía idónea para conseguir la inmediata restitución de los derechos que se alega vulnerados, es la ordinaria, a través de la autoridad judicial competente. Asimismo y conforme antecedentes, se advierte que en el Auto de Vista de 11 de octubre de 2022 y Auto de Vista 50, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, además de la detención domiciliaria del accionante dispuso la aplicación de otras medidas cautelares de carácter personal, que debían cumplirse en el plazo de diez días; respecto a lo cual, el Ministerio de Gobierno -ahora tercero interviniente- señaló que de acuerdo a la SCP “0178/2018-S4”, no puede disponerse la libertad o detención domiciliaria del accionante mientras no se cumplan dichas medidas personales dispuestas, señalando al respecto el accionante que su caso se trata de una apelación a la medida cautelar de detención preventiva y no así una cesación de la misma, por lo que corresponde su libertad inmediata sin necesidad de que cumpla las otras medidas cautelares impuestas; no obstante, este Tribunal en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1992/2013, 0140/2015-S3, 0002/2019-S3 y 0223/2021-S4, señaló que la efectividad de la libertad cuando se impone como medida sustitutiva a la detención preventiva “…no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales el imputado o procesado no haya sido detenido preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio, en la audiencia de medida cautelar la aplicación de una medida sustitutiva a la detención preventiva…” (las negrillas nos corresponden). No obstante, este aspecto o solicitud, debe ser resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, bajo la responsabilidad a la que se encuentra sometida, autoridad que tendría la custodia del expediente hasta que resuelva la referida solicitud y por tanto ante quien el accionante debía acudir con los reclamos que ahora expone, de manera previa a interponer esta acción de libertad. Por consiguiente, conforme a lo expuesto, siendo que en el caso concreto, correspondía que el accionante acuda ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, como vía idónea para conseguir la inmediata restitución de los derechos que se alega vulnerados por el supuesto incumplimiento del Auto de Vista de 11 de octubre de 2022, Auto de Vista 50; y, los Oficios 1090/2022 y 1091/2022; no obstante, no actuó de esa manera incumpliendo así la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la jurisprudencia de este Tribunal, que de manera clara establece que: “…las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa…” (SCP 0584/2018-S1), más aun considerando que la Policía Boliviana y la Fiscalía, siempre actúan bajo control jurisdiccional a cargo del Juez competente en la etapa que corresponda; en consecuencia, conforme a todo lo señalado, siendo que la acción de libertad no sustituye las vías procesales ordinarias activándose únicamente ante la inexistencia o inoperancias de las mismas, situación que no fue considerada por el accionante, habiendo incurrió en una causal de improcedencia de esta acción tutelar, corresponde, denegar la tutela solicitada, sin aplicar el dimensionamiento de este fallo constitucional, considerando que existían solicitudes que debía resolver la precitada Sala Penal y que podían dar lugar a la modificación de sus resoluciones de manera previa a emitir u ordenar el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria del impetrante de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 24 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0480_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 181bc58f8face34ac121d02f3d9a81d7192c53438cdb0cd2698a34ba526354e0
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