B.IA.LEGAL

SCP 0480/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
45854-2022-92-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 23 a 26;

pronunciada, por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos que lo hizo la Sala Constitucional; y exhortar a la autoridad demandada, a no incurrir en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, cumplir con los plazos legales para la atención de sus causas; y con mayor razón, las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las personas.

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0480/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45854-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 23 a 26; pronunciada, dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabiola Suárez Brito en representación sin mandato de Mauricio Rioja Valenzuela contra Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de enero de 2022, cursante de fs. 6 a 7, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo, el 3 de noviembre de 2021, presentó memorial al Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, impetrando oficios para el correspondiente desarchivo de su expediente; posteriormente, el 11 y 29 de igual mes y año, presentó escritos con incidentes y excepciones, solicitando la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. El 19 de enero de 2022, pidió resolución a las diferentes solicitudes de incidentes y excepciones por duración máxima del proceso, al amparo del art. 308.4, 27.inc.8, 10 y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin obtener respuesta alguna. Por otra parte, la Auxiliar de dicho Juzgado, manifestó a su abogado y familiares que el expediente se habría extraviado; puesto que no se tenía registro de remisión en los libros de archivos; por lo que, se les señaló que fueran personalmente ellos un fin de semana a buscar el expediente extraviado; situación totalmente prohibida, por la Ley del Órgano Judicial (LOJ), al margen de que dicha tarea corresponde a las auxiliares y funcionarios del Juzgado, por cuestión de seguridad. A la fecha, su situación jurídica continúa en incertidumbre ocasionándole perjuicio; toda vez que, son más de diez años que se encuentra con medidas de carácter personal que le impuso dicho Juzgado, habiendo cumplido en ese tiempo todas las medidas impuestas, entre ellas, el asistir cada quince días a firmar el libro de asistencia y/o control biométrico y arraigo, lo que le perjudica de gran manera; debido a que, padece una enfermedad crónica que se le agravó a raíz del COVID-19; razón por la cual, necesita salir del país para que le hagan una valoración médica y una intervención quirúrgica. Por esa razón, el 11 de noviembre de 2021, impetró la modificación de dichas medidas de carácter personal; empero, hasta la fecha no obtuvo respuesta alguna a sus solicitudes; por ello, dicha dilación estaría atentando contra su vida, su salud, su libertad y su derecho al trabajo; puesto que, sus empleadores, por los permisos que le tienen que dar cada quince días, se ven afectados al disminuir por tal motivo su desempeño laboral; siendo además, que tales ausencias se constituyen en causal de despido en diferentes fuentes de trabajo, lo que pone en riesgo su situación económica y familiar. En estas circunstancias, solicitó la restitución de sus derechos fundamentales; puesto que, son más de diez años que su situación jurídica sigue pendiente; ya que, el Ministerio Público, hasta la fecha no presentó sus actos conclusivos ni la acusación fiscal; siendo deber y obligación del Juzgador, resolver su situación jurídica de oficio, tal como lo establece el art. 133 del CPP; pues, de no hacerlo estaría incumpliendo dicha normativa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la vida, y a la salud, citando al efecto los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 72, 115, 116, 117, y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que; la autoridad ahora demandada, en el plazo de veinticuatro horas, señale audiencia de modificación de medidas de carácter personal; corra traslado, notifique. Sea con costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 22 vta.; presentes el solicitante de tutela asistido de su abogado y la autoridad judicial demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso su demanda de acción de libertad y ampliándola manifestó que; a) Por encontrarse el expediente extraviado, la autoridad ahora demandada no habría decretado los incidentes y excepciones presentados, de ser así, se debió elaborar una nota ingresando el memorial; sin embargo, dicha acción no fue realizada, no pudiendo pretender hacer creer que se emitió decreto dentro del plazo previsto por ley, cuando por el contrario, resulta evidente que hubieron procedimientos que no se cumplieron; y, b) Al estar en riesgo su salud y bienestar económico, impetró se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz, en audiencia de consideración de la acción de libertad, señaló que: 1) El ahora solicitante de tutela, fue cautelado en dos oportunidades en el juzgado a su cargo cuando él aún no era titular de ese despacho judicial, siendo que “curiosamente” sus dos procesos “no se encuentran en el Juzgado” (se extraviaron); así, de uno de ellos se encontró un solo cuerpo, en el cual no existe nada; por ello, solicitó a la auxiliar la reposición; empero, son las partes las que tienen la obligación de proveer las fotocopias que cursan en su poder de algunas actuaciones, lamentablemente el abogado del ahora accionante, no presentó las fotocopias necesarias para proceder a la reposición; 2) Es evidente que, lo primero que habrá que hacer es la reposición del expediente; sin embargo, es necesario que el ahora impetrante de tutela proporcione los números de teléfonos de las partes para señalar audiencia si correspondiera y resolver el incidente o excepción planteados; asimismo, de disponerse la celebración de alguna audiencia de modificación de medidas cautelares de carácter personal, se procederá de acuerdo a procedimiento, siempre y cuando se cuente con las actuaciones procesales necesarias; es decir, que si no se cuenta con las mismas, no se podrá realizar dicha audiencia; puesto que, desconoce cuáles serían los motivos, por los que fue cautelado; 3) Coincidentemente, los dos expedientes del caso del ahora accionante fueron extraviados; por ello, solicitará al Ministerio Público que se investigue al respecto; y, 4) Impetró se ordene al peticionario de tutela, que proporcione las copias necesarias y que otorgue los números de todas las partes a fin de señalar audiencia; y considerando que, no está en riesgo su vida ni fue ilegalmente perseguido ni ilegalmente procesado, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz, mediante Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 23 a 26, concedió la tutela solicitada, disponiendo que; i) Roberto Raúl Arias Sejas Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz, autoridad ahora demandada, proceda a la reposición, en el plazo de cinco días; ii) Proceda a señalar audiencia para resolver los incidentes y excepciones presentadas; y, iii) Se considere el pedido de modificación de medida cautelar en el mismo plazo, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos; a) Es evidente que existe un proceso que se halla con una demora considerable, llamando altamente la atención, el hecho de que sean dos procesos del hoy accionante que hubieran desaparecido; sin embargo, debe de existir la debida diligencia para que pueda resolverse adecuadamente lo solicitado por el impetrante de tutela; b) Existió una solicitud de pronto despacho, por ello es correcto conceder la tutela impetrada; puesto que, es una situación en la que existe incertidumbre respecto a los antecedentes que corrían dentro del proceso penal en contra del ahora solicitante de tutela; por lo que, el Juez ahora demandado debió dar una respuesta oportuna a las solitudes realizadas; c) La autoridad demandada en el plazo de cinco días, deberá proceder a la reposición de los antecedentes que pudiesen existir dentro de los archivos del Juzgado para poder averiguar la fecha de su detención y la fecha en la que fue puesto en libertad el hoy accionante; y, d) En cuanto a las medidas cautelares de carácter personal impuestas en su momento, se debe de dar curso a la solicitud de señalamiento de audiencia para consideración de su modificación; sea en el plazo de cinco días, a efectos de que se puedan resolver todas las cuestiones que se hayan formulado por el ahora impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan memoriales de 3 y 11 de noviembre de 2021, presentados por Mauricio Rioja Valenzuela –ahora accionante–, dirigidos a Roberto Raúl Arias Sejas Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz –autoridad hoy demandada–; por los que, solicitó desarchivo y fotocopias del cuaderno procesal; así como, modificación de las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas con anterioridad (fs. 2 a 3 y vta.). II.2. Por escrito de 29 de noviembre de 2021, el ahora impetrante de tutela;

presentó incidentes y excepciones por prescripción y por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, dirigido al Juez ahora demandado; de igual forma se tiene que, el 19 de enero de 2022, impetró se dicte resolución de los incidentes y excepciones presentados ante la prenombrada autoridad (fs. 4 a 5).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la vida, y a la salud; puesto que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la supuesta comisión del delito de robo, planteó –entre otros– incidentes y excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso; los cuales, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no fueron atendidos por la autoridad ahora demandada, quien pese al plazo establecido por Ley y bajo el argumento de que los antecedentes no existirían o hubieran desaparecido, no emitió resolución alguna, estando su situación jurídica en incertidumbre. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de celeridad que rige las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0381/2013 de 25 de marzo, citada entre otras, en la SCP 0098/2018-S4 de 3 de abril; estableció que: “..la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre la el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: ‘La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva’. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido implícitamente por el art. 125 de la CPE. En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano determinando lo siguiente: ‘…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…’. En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que ‘(…) el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: «…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. (…) Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados, conforme concluyó la SC 2115/2012 de 8 de noviembre, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad’” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SCP 0885/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.3. Sobre el trámite de las excepciones e incidentes en materia penal

La SCP 0869/2022-S1 de 31 de agosto, señaló que: “La tramitación de las excepciones e incidentes, establecidos en los arts. 314 y 315 del CPP, fueron modificados por mandato del art. 12 Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173-, bajo el siguiente texto: “Articulo 314. (TRAMITES).

I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.

II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se

considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.” (el resaltado es añadido) Del citado texto procesal penal, se establece que las excepciones y/o los incidentes como medios de defensa, diferentes al litigio principal, pero relacionados directamente con él, se sustancian vía incidental, imponiendo al excepcionista y/o incidentista el ofrecimiento de la carga probatoria que resulte idónea y pertinente, y frente a su interposición, la autoridad judicial queda reatada al cumplimiento del plazo de veinticuatro (24) horas, para señalar audiencia, y la cual deberá realizarse dentro el plazo de tres días; advirtiendo, en consecuencia que el trámite de las excepciones y/o incidentes vía incidental, en sus plazos y por su oralidad goza de una tramitación sumarísima. Asimismo cabe resaltar que la norma legal supracitada, establece que ante la inasistencia del excepcionista y/o incidentista a la audiencia señalada, su planteamiento será rechazado, aplicándose el principio de convalidación del acto u omisión, en el caso de inasistencia de la otra parte, esta no se constituye como causal de suspensión, y su salvedad está condicionado al impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. Ahora bien, los citados medios de defensa -excepción e incidente-, al ser resueltos en audiencia, se encuentran vinculados de forma directa con el procedimiento establecido para las audiencias establecido en el art. 113 del CPP, que fue modificada por el art. 7 de la citada Ley 1173, que precisó: “Articulo 113. (Audiencias). I Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterara el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuando este previsto la realización de audiencias orales (…) II Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad.

En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal. III Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes. (…) De la norma modificatoria glosada, se infiere que la jueza, juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias; y verificadas la presencia de las partes, abrirá el debate para posteriormente emitir la resolución respectiva; sin embargo la misma norma prevé que de forma excepcional puede suspenderse dicho actuado en los siguientes casos: i) Causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados; ii) Ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa. A las causales descritas, entratandose de audiencias en el trámite de excepciones y/o incidentes, conviene agregar el apartado; y, c) La acreditación de inconcurrencia de la otra parte mediante prueba idónea Acontecida una de las causales descritas, la autoridad judicial, se encuentra facultada para suspender la audiencia; sin embargo el nuevo señalamiento deberá realizarlo dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas”.

III.4. Sobre el señalamiento de audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva y la celeridad en su tramitación

Al respecto, la SCP 0547/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que: «La SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, señalando a la SCP 0766/2014 de 21 de abril, que a su vez cita a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, respecto a la celeridad hizo énfasis en que: “‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’. Es a partir de esta sólida línea jurisprudencial que propende al cumplimiento del principio de celeridad en la tramitación de toda solicitud de cesación de la detención preventiva y con la finalidad de la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado; en ese sentido se promulgó la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019- que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente al art. 239 de la citada norma referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, cuando señala:

‘(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12)

meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código’”.

En ese sentido, se concluye que conforme prevé el art. 239 del CPP, el juez o tribunal ordinario que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva, que se encuentre comprendida en los numerales 1, 2, 5 y 6, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; en efecto, el artículo es taxativo para la programación del referido acto procesal; además, la autoridad judicial deberá garantizar bajo su responsabilidad, la comparecencia de los sujetos procesales, desplegando de forma eficaz y efectiva todas las acciones que devengan de su poder ordenador y disciplinario, a fin de cumplir con lo dispuesto en el citado artículo y evitar su diferimiento -audiencia de cesación de la detención preventiva-; un actuar contrario, supondría una dilación indebida, que merecerá tutela por parte de este Tribunal. En armonía con lo expuesto en el acápite que precede, se advierte que en concordancia con lo previsto en el art. 239.2 del citado Código, el art. 235 ter de dicha norma, en lo que respecta a la aplicación de la detención preventiva refiere lo siguiente: ‘…si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad’ (…); con lo que, se confirma la obligación que tiene la autoridad judicial de señalar audiencia en el mismo acto que resuelve una cuestión planteada por los sujetos procesales; es así que, a la luz del principio de celeridad, los operadores de justicia deben realizar un uso efectivo del tiempo, medios y herramientas jurídicas contenidas en los procedimientos y, ante cualquier falencia esta debe corregirse a la brevedad, evitando dilatar, diferir o retrasar actuaciones que quebrantan el mencionado principio, el cual se encuentra en relación con otros principios inmersos en el proceso penal. De forma excepcional, de acuerdo a lo previsto en el art. 113.II del CPP se puede suspender la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando sea atribuible a causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, debiendo la autoridad judicial en el mismo acto, señalar de oficio fecha y hora del nuevo verificativo, caso contrario incurriría en actos dilatorios e indebidos, lesionando con ello el debido proceso y por la naturaleza del acto procesal, comprometería el derecho a la libertad del justiciable, resultando en consecuencia, viable su tutela a través de la acción de libertad en la modalidad de pronto despacho; así también lo entendió la SCP 1322/2014 de 30 de junio, que refirió: ‘'…del acta de suspensión de la audiencia, se evidencia que la autoridad demandada no habría fijado nueva fecha de audiencia (…) dicha omisión justamente vulnera el derecho del accionante, pues si bien al encontrarse los sujetos procesales en la audiencia correspondía programar de oficio una nueva fecha quedando los mismos notificados en dicha audiencia y al no haberlo hecho así, afecta la celeridad que amerita la tramitación de una solicitud vinculada a la libertad del accionante’» (las negrillas corresponden al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la vida, y a la salud; puesto que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la supuesta comisión del delito de robo, planteó –entre otros– incidentes y excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso; los cuales, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no fueron atendidos por la autoridad ahora demandada, quien pese al plazo establecido por Ley y bajo el argumento de que los antecedentes no existirían o hubieran desaparecido, no emitió resolución alguna, estando su situación jurídica en incertidumbre. De los antecedentes se tiene que, el 3 y 11 de noviembre de 2021, Mauricio Rioja Valenzuela –ahora accionante– solicitó al Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de Santa Cruz –autoridad hoy demandada-, el desarchivo y fotocopias del cuaderno procesal; así como, la modificación de las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas; posteriormente, y a través de escrito de 29 de igual mes y año, formuló incidentes y excepciones por prescripción y por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, dirigido al Juez ahora demandado; por ello, el 19 de enero de 2022, impetró se dicte resolución de los incidentes y excepciones presentados ante la prenombrada autoridad (Conclusión II.2). Ahora bien, en el marco de los entendimientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos III.1 y II.2 del presente fallo constitucional, todas las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser resueltas con la mayor celeridad; en cuyo defecto, se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que, se puede establecer que esta modalidad de la acción de libertad, busca esencialmente reparar las dilaciones indebidas respecto a solicitudes vinculadas con la libertad, máxime si se trata de personas que se encuentran privadas de ella.

En armonía con lo antes señalado y de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; se tiene que, la tramitación de las excepciones e incidentes, establecidos como medios de defensa, diferentes al litigio principal, pero relacionados directamente con él, se sustancian vía incidental, imponiéndose al excepcionista y/o incidentista el ofrecimiento de la carga probatoria que resulte idónea y pertinente, y frente a su interposición, la autoridad judicial queda reatada al cumplimiento del plazo de veinticuatro (24) horas, para señalar audiencia que, deberá realizarse dentro el plazo de tres días. En ese marco, en el presente caso; se advierte que, el ahora accionante, presentó memoriales el 3, 11 y 29 de noviembre de 2021, ante el Juez ahora demandado; solicitando, no solo la modificación de la medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas, sino también interponiendo e impetrando la resolución de los incidentes y excepciones suscitados de prescripción y duración máxima del proceso; empero, ninguna de sus solicitudes fue atendida, bajo el argumento de que los expedientes correspondientes al proceso penal seguido en su contra se hubieran extraviado; razón por la cual, conforme señaló el juzgador en el informe presentado, habría solicitado a la auxiliar del despacho judicial a su cargo, proceder con la reposición del mismo; indicando además, que sería la parte ahora impetrante de tutela quien debe proporcionar las copias y datos pertinentes del expediente, para poder conocer sobre las actuaciones del mismo; analizar los incidentes y excepciones planteados; y, recién señalar audiencia. De dichos extremos, se evidencia que la autoridad demandada, en ambos casos (solicitud de modificación de medidas cautelares de carácter personal y resolución de incidentes y excepciones), incurrió en dilación indebida; puesto que, no atendió ninguna de ellas dentro de los términos previstos por ley, no siendo un justificativo valedero ni legal, el hecho de que el expediente del proceso penal con las medidas cautelares impuestas al solicitante de tutela se hubiera “extraviado”; pues en todo caso, y de ser esa la situación, el ahora demandado, asumiendo su rol de contralor de derechos constitucionales de los privados de libertad, debió solicitar a archivos copia del mismo y señalar día y hora para la audiencia; pues, resulta intolerable en un Estado de Derecho, que la dejadez y negligencia en el manejo de los expedientes judiciales, por parte de la administración de justicia, constituyan motivo suficiente para no atender solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, al margen de que el descuido demostrado en el manejo y custodia de los expedientes, no puede serle atribuido al justiciable que, de ninguna manera se encuentra obligado a soportar las fallas del sistema judicial. Bajo tales consideraciones; y siendo que, conforme se tiene evidenciado, no fue señalada audiencia de consideración de modificación de las medidas cautelares de carácter personales, solicitadas el 3 y 11 de noviembre de 2021 dentro del plazo de 24 horas conforme previene el art. 239 del CPP; así como tampoco, fueron resueltos ni providenciados los incidentes y excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso, conforme a lo eestablecido en los arts. 314 y 315 del CPP, modificados por mandato del art. 12 Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que establecen un plazo de 24 horas para el señalamiento de audiencia y un término de 3 tres días para emitir resolución. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho al evidenciarse que la autoridad jurisdiccional demandada incurrió en dilación indebida al no haber atendido las solicitudes formuladas por el peticionante de tutela respecto a la modificación de medidas cautelares de carácter personal e incidentes y excepciones de extinción de la acción por prescripción y por duración máxima del proceso que fueron planteados por el justiciable, incumpliendo los plazos establecidos por Ley, ocasionando retardación en la definición de su situación jurídica, con la consecuente lesión a su derecho a la libertad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 23 a 26;

pronunciada, por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos que lo hizo la Sala Constitucional; y exhortar a la autoridad demandada, a no incurrir en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, cumplir con los plazos legales para la atención de sus causas; y con mayor razón, las solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las personas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0480_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 814d0121b12aa40249445cc89ffdc63401580a41fb91fc69b4229e242e0aadae

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →