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SCP 0480/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
45858-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 191 a 203, dictada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero -en suplencia legal de su similar Noveno- de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0480/2023-S2 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45858-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 191 a 203, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maximiliano Dávila Pérez contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2022, cursante de fs. 159 a 173, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de ganancias ilícitas, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz por Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, como medida cautelar de carácter personal determinando la existencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2, 3 y 6; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contra el que planeó recurso de apelación incidental; instancia en la cual, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero; por el que, confirmó el referido Auto Interlocutorio, agregando razonamientos que no fueron considerados por el inferior, generando lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria.

Expuso como agravio en su recurso de apelación, que con relación al elemento domicilio acreditó el mismo y el Juez de la causa tomó en cuenta la certificación emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), al ser producto de su cédula de identidad emitida con anterioridad al proceso y en cuyo transcurso cambió de domicilio, lo que no sería obligatorio comunicar a dicha entidad, sino cuando se vencería la fecha de validez de la misma y en su caso estaba vigente, habiendo indicado en su declaración informativa policial que su domicilio actualmente se encontraría en la ciudad de Cochabamba y en este caso debió ser considerado; empero, el Vocal ahora demandado incurrió en el mismo error del inferior manteniendo el Auto Interlocutorio 49/2022 apelado, al indicar posteriormente que su defensa no señaló cuál de los dos domicilios sería el suyo, si el establecido en su declaración o el de la certificación del SEGIP. De la misma manera, sobre el elemento de actividad lícita, el Juez de la causa si bien señaló que era funcionario policial; sin embargo, determinó que no lo acreditó porque la papeleta de pago que acompañó era de 2020; al respecto el Vocal demandado generó nuevamente incongruencia al sostener que el Juez inferior reconoció que tiene una actividad lícita y que no se podía utilizar la probabilidad de autoría para fundar peligros de fuga y obstaculización; para luego utilizar específicamente ésta para mantener la subsistencia de dichos riesgos procesales y sin tomar en cuenta que el Juez de la causa, no dio curso al argumento que usó de su profesión para cometer el delito porque -según su criterio-, todavía se encontraba en etapa investigativa, aduciendo el demandado que de hecho lo rechazó. Con referencia a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto (art. 234.2 del CPP), alegó que si bien en su flujo migratorio se evidenciaba que viajó a diferentes países; empero, estaban justificados; sin embargo, la autoridad inferior, determinó este riesgo procesal argumentando la facilidad para salir del país, sin tener presente que los viajes fueron por actividad laboral; el Vocal demandado, no obstante los argumentos expuestos, mantuvo el mencionado riesgo procesal manifestando que fue encontrado en Villazón, lo que es evidente porque se encontraba de paso, sin que se pronuncie si existió algún informe en sentido que estuviere intentando cruzar la frontera. Asimismo, el Juez inferior incongruentemente sostuvo la evidencia que estaba realizando actos preparatorios de fuga, arguyendo que sus maletas estaban en Cochabamba y él fue aprehendido en Villazón, y respecto a lo cual el Tribunal de apelación dijo que su persona tenía conocimiento que estaba siendo investigado y se fue a Villazón, omitiendo pronunciarse que el Ministerio Público no tuvo argumentos sobre las maletas, y no presentó elemento probatorio que así lo demostrara. Prosiguió revelando que con relación a la existencia de actividad ilícita reiterada o anterior debidamente acreditada (art. 234.6 del CPP), el Juez de la causa expresó que en su contra existían tres procesos; dos en el departamento de Beni y uno en el departamento de Santa Cruz, este último no guardaba relación con el hecho ahora investigado y respecto a los otros no se encontraban en el cuaderno de investigaciones, habiéndose limitado el derecho a la defensa para que se pronunciara sobre ellos; empero, el Vocal demandado no manifestó si el Ministerio Público al no subir las causas del departamento de Beni al sistema para su conocimiento, lo dejó en estado de indefensión omitiendo referirse a su pedido que dichos procesos sean revisados para determinar si guardaban correlación con la protección a la presunción de inocencia. En cuanto al art. 235.2 del CPP, el Juez inferior sustentó su concurrencia afirmando que podría influir sobre Omar Rojas Echevarría, Ignacio Angus Nieto y la madre de éste; situación que impugnada en la apelación, no mereció pronunciamiento sobre la falta de elementos materiales que demostrarían la posible influencia, sin que el Tribunal de alzada corrigiera el error del Juez inferior, refiriendo que no se podría introducir argumentos que no fueron presentados por las partes.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, sin citar al efecto ninguna norma contenida en la Constitución Política del Estado.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: Se deje sin efecto el Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero, debiendo en el día emitir uno nuevo valorando correctamente el razonamiento de los arts. 234.1, 2, 3 y 6; y, 235.2 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 180 a 190 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: a) Impugnó sobre el elemento domicilio, porque el Juez inferior señaló que tenía dos; y en su caso es aplicable la SCP 0335/2018-S2 de 18 de julio, que establece que no puede considerarse como indiscutible lo reflejado en la cédula de identidad, con criterios asumidos en la Ley del Servicio General de Identificación Personal y del Servicio General de Licencias Para Conducir -Ley 145 de 27 de junio de 2011-, siendo claro en lo referente al estado civil, domicilio, y ocupación, que éstos pueden cambiar en el curso de la vigencia del documento de acreditación de identidad; por lo que, en su declaración informativa señaló su actual domicilio que es diferente al de su cédula de identidad y certificación del SEGIP, al haber sido emitida antes de este proceso y tendría vigencia de cinco años; es decir, que cambió de domicilio, aspecto no valorado tanto por el Juez de la causa como por el Vocal demandado; puesto que no sería exigible el comunicar el cambio del domicilio cuando se produce; b) En lo concerniente al art. 234.3 del CPP, existió contradicción toda vez que por una parte se mencionó que no tenía domicilio al conocerse dos; sin embargo, afirmaron que fue aprehendido en Villazón pretendiendo fugarse a la República Argentina, haciendo latente ese riesgo procesal que guardó relación con el hecho que en uno de los domicilios que estaría ubicado en la calle pasaje Manuel Gandarillas entre avenida Villavicencio y Jorge Duaeta de la zona Sarco 372 de la ciudad de Cochabamba, fueron encontradas diversas maletas a razón de equipaje y luego para establecer la concurrencia del art. 234.3 del citado Código Adjetivo Penal, indicó que si existía domicilio que sería el mismo que señaló en su declaración informativa policial en el que también se efectuó el allanamiento; sin embargo, al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, no se pronunció sobre ese extremo; c) Respecto al art. 234.2 del CPP, si bien el Juez de la causa reconoció que es de profesión Policía y tenía una actividad lícita; empero, observó que la papeleta de pago presentada correspondía al 2020, además de haber desestimado lo alegado por el Ministerio Público que la profesión la utilizó para cometer el delito; y contrariamente, tanto dicha autoridad como el Tribunal de alzada, argumentaron probabilidad de autoría al sostener que en su condición de funcionario policial realizó los hechos denunciados, determinando por ello la inconcurrencia de una actividad lícita; demostrando la incongruencia en que incurrió, ocasionando en su contra reforma en perjuicio, lesionando el debido proceso; puesto que, un razonamiento distinto hubiere viabilizado un arraigo social, con el que podía enervar la citada disposición adjetiva penal. Asimismo, con relación a la facilidad de abandonar el país o permanecer oculto, vinculado a la existencia del peligro de fuga, argumentó que de acuerdo a su flujo migratorio se demostró que viajó a diferentes países, y que fue aprehendido en Villazón, sin tener presente que de acuerdo a la certificación del Comando Policial, los efectuó a Colombia y Brasil por su actividad laboral habiendo autorizado los mismos en “comisión”. De la misma forma, con relación al art. 234.6 del CPP, no se demostró su conducta reiterativa; ya que si bien el Ministerio Público sostuvo que en el departamento de Beni se seguían en su contra dos procesos penales; empero, no los “cargo” como prueba, aspecto sobre el que el Juez inferior omitió pronunciarse, y fue objeto de agravio en la apelación que planteó; al no haberse demostrado su actividad ilícita reiterada; y a pesar de ello, se remitió a un proceso en el departamento de Santa Cruz que fue desestimado por el Juez de la causa, y no consideró que los alegados juicios del Beni no fueron subidos al sistema de plataforma digital, y sin embargo ahora cursan en obrados, habiéndole causado indefensión, puesto que no determinaron que para la concurrencia del referido riesgo procesal, se exige la existencia de sentencia ejecutoriada en su contra lo que no ocurrió en su caso, ya que arguyeron que su defensa no aclaró si era verídico lo afirmado por el Ministerio Público, sin analizar que su persona no tuvo acceso a esos antecedentes al no haberlos enviado el Ministerio Público al portafolio digital; d) En lo relativo al art. 252.2 del CPP, el Juez inferior sostuvo que influiría negativamente sobre Omar Rojas Chavarría, Ignacio Angus Nieto y una dama implicada; sin tener presente que el primero de los nombrados se encontraría en Colombia custodiado porque sería extraditado a Estados Unidos de Norte América, y el informe al que se refirió el Ministerio Público no sería tal sino una nota periodística, además no demostró como influiría ya que no viajaría a dicho país, al igual que tampoco ha probado de qué manera actuaría sobre el segundo de los nombrados, e incorpora el Juez de la causa a una tercera persona que sería la madre de éste último, a la que ni siquiera la mencionó el Ministerio Público en la imputación formal; es decir, incorporó a otra persona oficiosamente, aspecto que no fue corregido por el Tribunal de alzada; no obstante, haberlo expuesto como agravio; y, e) Por lo expresado, demostró que el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista 38/2022, no se pronunció sobre todos los agravios formulados ni valoró los elementos probatorios presentados; por lo que, en el nuevo auto de vista que emita, deberá efectuar un test de proporcionalidad, con la posibilidad de la aplicación de medidas menos gravosas a la lesión del valor libertad; reiterando, se conceda la tutela pedida y que se multe al demandado con la suma de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), en favor del Consejo de la Magistratura por haber ocasionado se active el órgano judicial en desmedro de otras actividades, que como Juez de garantías tiene que cumplir.

I.2.2. Informe del demandado

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió informe escrito el 8 de febrero de 2022, cursante a fs. 179 y vta., mediante el cual solicitó se deniegue la tutela en virtud a los siguientes argumentos: 1) Como Tribunal de apelación emitió el Auto de Vista 38/2022; por el que, en aplicación del art. 398 del CPP, los agravios planteados por el apelante fueron resueltos de forma puntual, conforme a lo previsto en los arts. 234.1, 2, 3 y 6; y, 235.2 del CPP, con relación a los peligros de fuga y obstaculización respectivamente; 2) No incurrió en incongruencia interna ni externa, al contrastar los agravios con el Auto Interlocutorio 49/2022 apelado, estableciendo que el Juez inferior, aplicó el art. 173 del citado Código Adjetivo Penal, sin observar que las reglas de valoración efectuada por dicha autoridad hubiere sido arbitraria o absurda, sustancialmente coligió que el ahora accionante estaba en aprontes de fuga, al encontrarlo en una localidad fronteriza al sur del país; 3) El impetrante de tutela a través de esta acción de defensa, distorsionó los fundamentos expuestos en la audiencia de apelación demostrando falta de ética y lealtad procesal; toda vez que, bastaría únicamente verificar los fundamentos de dicho Auto Interlocutorio apelado; y, 4) El demandante de tutela, presentó una anterior acción de libertad que se sorteó al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz contra el mismo Auto Interlocutorio que la retiró, aspecto que solicitó se tenga presente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero -en suplencia legal de su similar Noveno- de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 191 a 203, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: i) Respecto al reclamo sobre el domicilio el Vocal ahora demandado evidenció la contradicción señalada por el Juez de la causa, que el hoy accionante tenía registrado un domicilio en el SEGIP que era el mismo de la cédula de identidad y otro que indicó en su declaración informativa policial, sin que hubiere establecido si eran o no de su propiedad, lo que determinó que el Juez inferior no incurrió en incongruencia omisiva interna o externa, al constatar la inexistencia de agravios; ii) Sobre la actividad lícita prevista en el art. 234.1 del CPP, el Juez de la causa mencionó que era efectivo policial y que presentó una boleta de pago de 2020 y no así actual, y mientras no existiera certeza de cuál sería su actividad o a qué se dedicaría, se estableció no haber sido acreditado; puesto que si bien el Juez inferior sostuvo que estaba siendo investigado y como funcionario policial cometió los ilícitos; sin embargo, también indicó que los hechos que se establecieron de la probabilidad de autoría no deberían considerarse en los presupuestos de riesgo de fuga y obstaculización; por lo que, no se evidenció perjuicios sobre este punto; iii) En cuanto al art. 234.2 del Código Adjetivo Penal, con relación a la facilidad para abandonar el país o permanecer oculto, alegó que el Juez de la causa tomó en cuenta el flujo migratorio y su aprehensión en el departamento de Potosí; circunstancia por la que, en la apelación impugnó que no se explicó por qué se encontraba en esa ciudad, indicando simplemente que iba a trasladar a una persona al departamento de La Paz, argumento con el que pretendió dar por enervado ese riesgo procesal; por lo cual, el razonamiento del Juez inferior al relacionar el movimiento migratorio del accionante con la situación de haber sido ubicado en la localidad fronteriza de Villazón, no constituye incongruencia omisiva, no siendo evidente agravio alguno; iv) Con referencia al art. 234.3 del CPP, o la certidumbre que estaba realizando actos preparatorios de fuga, lo cierto fue que las maletas se encontraban en Cochabamba y el lugar de su aprehensión fue en Villazón, fundamento por el que se estableció la concurrencia de este riesgo procesal relacionado al lugar donde fue encontrado, evidenciándose que tampoco en este punto el demandado incurrió en incongruencia aditiva, ni ocasionó reforma en perjuicio; v) Asimismo, en relación al aludido art. 234.6 del CPP, de la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, el Juez de la causa determinó su concurrencia en lo sostenido por el Ministerio Público de la existencia de dos procesos en investigación en el departamento de Beni; por lo que, ese riesgo procesal se encontraba vigente; criterio que mantuvo señalando que el Juez inferior actuó correctamente; vi) El Juez de la causa estableció el riesgo procesal contenido en al art. 235.2 del CPP, afirmando que influiría sobre Omar Rojas Echevarría, Ignacio Augusto Nieto y una tercera persona que sería la madre del último de los nombrados, determinando objetivamente sobre quiénes repercutiría, teniendo presente lo expresado por el Ministerio Público de cuatro actos investigativos con registro de lugar de los hechos, del imputado, triangulación de llamadas entrantes y salientes de los testigos y declaraciones de otras personas; siendo que en la presente causa se estaría investigando el delito de ganancias ilícitas del sindicado con nexos internacionales, como son los nombrados precedentemente quienes tuvieren relación con otros sujetos que estarían detenidos en Estados Unidos de Norte América, y en consideración a que Omar Rojas Echevarría, Ignacio Augusto Nieto deberían ser sometidos la justicia boliviana, se estableció que el razonamiento del Juez inferior al señalar en forma clara sobre quiénes influiría el peticionante de tutela, que serían datos objetivos; por lo que, concurría el mencionado riesgo procesal y respecto al cual, no se ve ningún agravio; y, vii) El Auto de Vista 38/2022, cumplió con la fundamentación, motivación y congruencia exigida; puesto que, identificó claramente los agravios y se pronunció sobre los puntos apelados, desarrollando de manera individual los riesgos procesales de fuga; por lo cual, se dispuso no ser viable determinar la vulneración del derecho a la libertad del demandante de tutela. En vía de explicación, complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante, solicitó en audiencia que el Juez de garantías se pronuncie: a) Sobre el art. 234.1 referido a la actividad ilícita, al mantener como bien dada la fundamentación del Juez de la causa y el Vocal demandado, quien desconoció el argumento del Juez inferior, utilizando la probabilidad de autoría, generando una reforma en perjuicio determinando la concurrencia de este riesgo procesal adhiriendo a este razonamiento el hecho de ser funcionario policial; b) Con referencia al art. 234.3 del CPP, denunció que el Juez de la causa identificó que el argumento de la permanencia de las maletas en el departamento de Cochabamba, no era congruente con su situación física porque su persona se encontraba en Villazón, argumento que fue modificado en perjuicio por el demandado estableciendo la concurrencia de dicho riesgo procesal; por lo que, solicitó sea enmendado dicho razonamiento como Juez de garantías; y, c) Enmiende o complemente por qué convalidó un argumento que no fue solicitado por el Ministerio Público, referido a la posibilidad de influencia de “la señora”, que ni siquiera se la identificó; es decir, la tercera dama que sería la madre de Ignacio Angus Nieto, como lo indicó el Juez inferior. El Juez de garantías, declaró “no ha lugar”, señalando que conforme al art. 36.9 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se entendió que los argumentos respecto a la vulneración de los derechos alegados por la parte accionante de los arts. 234.1, 2, 3 y 6; y, 235.2 del CPP, fueron debidamente respondidos en los fundamentos que emitió en la Resolución 12/2022, estableciendo que el Auto de Vista 38/2022, no adoleció ni vulneró derechos de la parte procesada, en cuanto a los lineamientos indicados por el abogado de la defensa relativos a sentencias constitucionales, porque no todos los casos son iguales.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2, 3 y 6; y, 235.2 del CPP, de la que pidió explicación, complementación y enmienda, que fue declarada “no ha lugar” mediante Auto de la misma fecha (fs. 2 a 10). II.2. Contra la decisión judicial precitada, el demandante de tutela interpuso en la misma audiencia recurso de apelación incidental; instancia en la cual, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero, por el que declaró admisible el recurso interpuesto y la improcedencia de las cuestiones planteadas, confirmando en el fondo el Auto Interlocutorio apelado, cuya explicación complementación y enmienda solicitada, fue resuelta por Auto de la misma fecha (fs. 11 a 20).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia que el Vocal ahora demandado, vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, por Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero, confirmó el Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, que dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2, 3 y 6; y, 235.2 del CPP; puesto que, lejos de resolver conforme a los fundamentos de la apelación, omitió pronunciarse sobre todos los agravios formulados, sin valorar los elementos probatorios presentados. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP

Al respecto, la SCP 0093/2020-S1 de 20 de julio, establece: “Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencial de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado 'El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva', señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares: 'Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: «Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad»'. En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

'En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP'.

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0303/2013; 0329/2016-S2; y, 1158/2017-S2”.

III.2. Sobre la fundamentación y valoración integral de los medios probatorios en medidas cautelares y el debido proceso

Siguiendo las líneas jurisprudenciales desarrolladas sobre la fundamentación y motivación exigida e ineludible en toda resolución, sea judicial o administrativa y específicamente en aquellas vinculadas con las solicitudes de medidas cautelares, el Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyó que se encuentran directamente relacionadas con las reglas del debido proceso; en este entendido, la SCP 1226/2017-S1 de 17 de noviembre, señaló: “…en un análisis de jurisprudencia al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció los requisitos para asegurar el elemento motivación en las resoluciones jurisprudenciales y también la valoración integral de la prueba aportada, exigencias entre las cuales se encuentran las siguientes: ‘a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) 11 Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado'. ‘Los aspectos antes señalados, ya asumidos por la jurisprudencia precedente, deben ser aplicados por la nueva jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, por ser acordes con el ejercicio pleno del control plural de constitucionalidad, en ese orden, y merced a este entendimiento, se colige que los requisitos detallados supra, denotan la exigencia del cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales de la motivación y constituyen presupuestos esenciales de las reglas de un debido proceso, postulados, que en definitiva asegurarán la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y que en caso de ser vulnerados, hacen viable la activación del control de constitucionalidad a través de la acción de libertad en el marco del presupuesto del procesamiento indebido en causas procesales referentes a medidas cautelares vinculadas con la libertad. Asimismo, debe precisarse que la omisión valoratoria, en el marco de las reglas de un debido proceso, implica la falta de consideración de alguno de los elementos probatorios producidos por las partes en el decurso de la causa, aspecto que implica el incumplimiento del postulado en virtud del cual, la autoridad jurisdiccional, debe considerar de manera integral todos los medios de prueba aportados; por lo señalado, se concluye que el incumplimiento de este presupuesto, al igual que el incumplimiento de la motivación de decisiones jurisdiccionales, activa el control tutelar de constitucionalidad para la restitución del mismo en el marco del respeto al debido proceso’”.

Como lo señala la jurisprudencia citada, toda resolución en la que se disponga una medida restrictiva o limitativa de derechos fundamentales, la autoridad que la emita deberá basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver.

III.3. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela a través de la presente acción de libertad, denuncia que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el Vocal ahora demandado por Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero, confirmó el Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero; por el que, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva como medida de carácter personal, estableciendo la concurrencia de los riesgos procesales de fuga de los arts. 234.1, 2, 3 y 6; y, 235.2, influir negativamente en los familiares, testigos y peritos, obstaculización, facilidad de abandonar el país o permanecer oculto, existencia de actividad delictiva reiterada, todos del CPP; decisión judicial, dictada sin la debida ni correcta fundamentación, motivación, congruencia y sin valorar los elementos probatorios que fueron incorporados; incurriendo en omisión, al no pronunciarse sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental que formuló. Planteada la problemática, se advierte que el impetrante de tutela cuestiona el Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero, dictado por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien declaró admisible el recurso de apelación incidental y la improcedencia de las cuestiones planteadas, confirmando en el fondo el Auto Interlocutorio apelado; a cuyo efecto, se procederá a su análisis con el objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción tutelar. En ese cometido, el accionante interpuso su recurso de apelación incidental, expresando como agravios en la audiencia pública para su consideración, establecidas en dicho Auto Interlocutorio que: 1) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0335/2018-S2 de 18 de julio y 0388/2018-S4 de 2 de agosto, señalan que la persona puede cambiar de domicilio de acuerdo a sus intereses, las cuales en su caso son aplicables; por cuanto, el Juez inferior determinó la existencia de contradicción en cuanto al domicilio al estar consignado uno en la certificación del SEGIP y otro que mencionó en su declaración informativa policial, mismo que es el actual y debió tenerse presente, y con el cual desvirtuó el presupuesto del art. 234.1 del CPP; por lo que, no debió tomarse en cuenta el del SEGIP; 2) Sobre la actividad lícita, el Ministerio Público reconoció que es de profesión Policía, habiendo utilizado esa su función para cometer delitos; sin embargo, la SCP 0583/2017-S3 de 26 de junio, referida a la libertad probatoria expresa que no debe utilizarse la probabilidad de autoría para el peligro de fuga y obstaculización, y en el caso de autos presentó una boleta de pago con lo que desvirtuó dicho riesgo procesal, no habiendo sido compulsada debidamente al señalar que el Juez de la causa al momento de la audiencia cautelar no demostró a qué se dedica; es decir, su actividad laboral actual; 3) Con relación al art. 234.3 del Código Adjetivo Penal, relativo a actos preparatorios de fuga, el Juez inferior, sostuvo que fue aprehendido en la localidad fronteriza de Villazón del departamento de Potosí, pretendiendo fugarse a la República Argentina; para luego de forma contradictoria, a pesar de haber determinado que no tenía un domicilio al conocerse más de dos allanados, sostener que encontraron maletas señalando en su declaración informativa policial que presumiblemente no pudo sacarlas para fugarse; 4) Con referencia al art. 234.6 del CPP, el Juez de la causa fundamentó su concurrencia en la existencia de dos procesos penales que se le siguen en el departamento de Beni, sin considerar que esos antecedentes no fueron subidos al portafolio digital por el Ministerio Público ni cursaban en el cuaderno de investigaciones, habiéndole causado indefensión; y, 5) En cuanto al art. 235.2 del CPP, el Juez inferior sostuvo que influiría negativamente sobre Omar Rojas Chavarría, Ignacio Angus Nieto y una dama implicada; sin tener presente que el primero de los nombrados se encuentra en Colombia custodiado porque será extraditado a Estados Unidos de Norte América; y por lo tanto, no hay prueba material que su persona tenga incidencia sobre funcionarios de dichos países que se encuentren a cargo de su custodia. Asimismo, no hubo elemento material que hubiere determinado la influencia sobre el segundo de los nombrados, a lo que se sumó que el Juez de la causa no podía introducir la posible repercusión sobre la madre de éste, al no haber sido pedido por el Ministerio Público; por lo que, no puede mantenerse dicho razonamiento. El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 38/2022, por el que declaró admisible el recurso de apelación y la improcedencia de las cuestiones planteadas, confirmando en el fondo el Auto Interlocutorio 49/2022 apelado, con los siguientes fundamentos: i) Sobre el domicilio, en los fundamentos expuestos por la parte apelante mencionó dos de ellos, el verificado en SEGIP y el de su declaración informativa, sin señalar si son o no suyos, habiendo sostenido simplemente que el certificado del SEGIP no debe privilegiarse porque en materia penal no existe prueba tasada, habiendo tomado en cuenta el Juez inferior que en la imputación formal el Ministerio Público encontró dos domicilios y el allanamiento de tres más, sin saber si ambos son o no son de su propiedad; en consecuencia, sobre este punto no se evidencia agravio; ii) En relación a la actividad ilícita, el Juez de la causa estableció que el imputado es de profesión Policía, habiendo presentado una boleta de pago de septiembre de 2020; sin embargo, en el precitado Auto Interlocutorio, no adjuntó otra de esa fecha; porque en su condición de funcionario policial está siendo investigado; es decir, que utilizó dicha función; siendo evidente que los hechos que se establece en la probabilidad de autoría no deben considerarse en los riesgos de fuga o de obstaculización; en consecuencia, sobre este punto no se comprobó ningún perjuicio; iii) Con referencia al art. 234.3 del CPP, la defensa mencionó en la audiencia de apelación incidental, que no debía concatenarse un argumento para que persistan dos riesgos procesales como en el presente caso; es decir, la facilidad para abandonar el país o permanecer oculto y la evidencia de que el imputado esté realizando actos preparatorios de fuga, aludiendo que hay personas que están en fronteras y no por ello creer que realizan actos preparatorios de fuga; sobre lo cual se razonó, cómo fue encontrado estaría en etapa investigativa y fue hallado en una localidad fronteriza, advirtiéndose que el argumento aludido es abstracto, puesto que si bien hay individuos que están de viaje en fronteras; empero, si ese sujeto está siendo investigado y no justificó el por qué estaba allí, argumentando que fue a recoger a una persona para llevarla al departamento de La Paz, sin exponer ningún otro fundamento, sino que se encontró maletas de viaje en Cochabamba; por lo que, cómo podría prepararlas si estaba en Villazón; es una explicación abstracta; siendo lo cierto y evidente, que los equipajes eran del imputado; iv) Respecto al art. 234.6 del Código Adjetivo Penal, el sustento básico señalado fue que si existen casos el Ministerio Público debe subirlos a la plataforma digital “JL”, y al no hacerlo lesionó el derecho a la defensa; sin embargo, el hecho que el ente acusador no lo haya efectivizado, al haberse compartido ya es público y si bien puede considerarse como argumento para enervar ese riesgo procesal; sin embargo, también lo objetivo es que se demostró según el razonamiento del Juez de la causa, la existencia de un caso en la Fiscalía de Santa Cruz y dos en el Beni que son neutrales, sin que hubiese mencionado la defensa si son verídicos o no condicen con la realidad, ya que simple y llanamente sostuvo que no fueron subidos al sistema digital; por lo cual, no se evidenció agravio al no haber sido enervado; y, v) Es evidente que la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, establece que las autoridades jurisdiccionales no deben basarse sobre presunciones o suposiciones para determinar la existencia del peligro de obstaculización; sin embargo, el Juez inferior mencionó en forma objetiva las personas sobre las cuales repercutiría el imputado que son Omar Rojas Echavarría, Ignacio Angus Nieto y la madre de éste, quien si no está señalada en la imputación; empero, el Juez de la causa indicó que también influiría sobre ella, persistiendo por esta razón dicho riesgo procesal y el argumento que el primero de los nombrados está en Colombia y que según datos de medios periodísticos estaría por ser extraditado a Estados Unidos de Norte América, es un fundamento de la defensa; siendo lo cierto y evidente que existen personas con nombres y apellidos establecidos por el Juez de la causa, y que son elementos objetivos, no evidenciándose agravio. Por lo relacionado precedentemente y de la revisión del Auto de Vista 38/2022, se constata que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, actuó correctamente; puesto que se pronunció sobre los agravios expuestos por el accionante, previo análisis y revisión del Auto Interlocutorio apelado, concluyendo que el Juez inferior actuó correctamente, en virtud a que efectivamente existían indicios de la probabilidad de autoría del imputado en el hecho incriminado y que respecto a los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 2341, 2, 3 y 6; y, 235.2 del CPP, no los desvirtuó; toda vez que, a pesar de haber señalado su domicilio en su declaración informativa policial que cambió estando aún vigente; empero, no lo acreditó debidamente, como tampoco demostró fehacientemente al momento de su atestación tener una actividad lícita actual, al margen de su profesión que no fue cuestionada. Asimismo, respecto de los riesgos procesales, referidos a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, la evidencia que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga; la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior y de obstaculización determinando sobre qué personas -identificándolas- influiría negativamente, dicha autoridad judicial demandada los fundamentó si bien en forma escueta; empero estableciendo y explicando su concurrencia al evidenciar vinculación entre ellos; habiendo para esta conclusión, valorado los medios probatorios existentes en el proceso investigativo. Consiguientemente, lo denunciado por el impetrante de tutela en sentido que el Vocal demandado pronunció el Auto de Vista impugnado, vulnerando el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; no es evidente, por haberse constatado que actuó con la facultad que la ley le atribuye, resolviendo el recurso de apelación incidental planteado, efectuando la compulsa de los antecedentes procesales, valorando los elementos probatorios y cumpliendo con las reglas del debido proceso en la emisión del Auto de Vista cuestionado, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no siendo cierto que hubiere lesionado el derecho fundamental invocado; lo que determina no se abra el ámbito de protección de la acción de libertad, correspondiendo por ello, se deniegue la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 191 a 203, dictada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero -en suplencia legal de su similar Noveno- de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.

2 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0480_2023-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 14a2ba40e428fa2f9245032f5fde5e086d1a915119cc5a4920f6c7b736d9899d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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