Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física, de locomoción y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva por un plazo de cuatro meses, y habiendo transcurrido más de seis meses sin que se resuelva su situación jurídica, el 27 de octubre de 2022, solicitó señalamiento de audiencia para considerar su situación procesal y la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada omitió emitir pronunciamiento alguno, pese al tiempo transcurrido -doce días-, lo que supone una dilación procesal injustificada. Ante ello, la autoridad demandada señala que, por providencia de 8 de noviembre de 2022, fijó audiencia de consideración de situación jurídica y cesación de la detención preventiva, por lo que, no existiría vulneración de ningún derecho o garantía constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0479/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52225-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pamela Mendoza Mamani en representación sin mandato de Juan Carlos Mendoza Mamani contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1 y 9 a 12 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa -arts. 8 y 252 bis del Código Penal (CP)- se dispuso su detención preventiva mediante Resolución 401/”2022” de 12 de diciembre de 2021, estableciendo un plazo de duración de cuatro meses. Asimismo, se señaló audiencia pública para resolver su situación jurídica para el 12 de abril de 2022 a horas 9:30; sin embargo, dicho acto no se llevó a cabo, pese a la notificación de las partes, permaneciendo en detención preventiva más de seis meses de forma ilegal. Posteriormente, el 27 de octubre de 2022 a horas 14:56, solicitó a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, resuelva su situación procesal, disponiendo la cesación de su detención preventiva. No obstante, hasta la fecha -se asume de interposición de esta acción tutelar- no se emitió pronunciamiento alguno, habiendo transcurrido más de doce días desde la presentación de dicha solicitud.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física, de locomoción y al debido proceso en su elemento celeridad; citando al efecto los arts. 23.I, 115.I, 119.II; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.2 y 3 y 8.2 incs. b), c) y d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se resuelva su situación procesal, disponiendo la cesación de su detención preventiva, sea en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 23 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, sin entrar en mayores consideraciones, informó que fue notificado con el señalamiento de audiencia para considerar su situación jurídica; por lo que, retiró la presente acción de libertad.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 18, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que, la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el accionante el 27 de octubre de 2022 fue debidamente atendida mediante providencia de 8 de noviembre de 2022, por la cual se dispuso la programación de audiencia para considerar la situación jurídica del prenombrado. En consecuencia, no se produjo vulneración alguna de derechos o garantías constitucionales.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 37/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 24 a 25, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La solicitud presentada por el accionante el 27 de octubre de 2022, referida al señalamiento de audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva y la resolución de su situación jurídica procesal, fue atendida mediante providencia de 8 de noviembre de 2022, por la cual se señaló audiencia para el 11 del mismo mes y año a horas 9:30; y, b) El impetrante de tutela desistió de la acción de libertad interpuesta, razón por la cual no correspondería ingresar al fondo de su análisis.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 27 de octubre de 2022, Juan Carlos Mendoza Mamani -accionante- solicitó a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, resuelva su situación jurídica procesal y la cesación de su detención preventiva (fs. 7 a 8). II.2. Cursa providencia de 8 de noviembre de 2022 emitida por la autoridad demandada, mediante la cual señaló audiencia de consideración de situación jurídica y cesación de la detención preventiva para el 11 del mismo mes y año, a horas 9:30 (fs. 20 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física, de locomoción y al debido proceso en su elemento celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto su detención preventiva por un plazo de cuatro meses, y habiendo transcurrido más de seis meses sin que se resuelva su situación jurídica, el 27 de octubre de 2022, solicitó señalamiento de audiencia para considerar su situación procesal y la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada omitió emitir pronunciamiento alguno, pese al tiempo transcurrido -doce días-, lo que supone una dilación procesal injustificada. Ante ello, la autoridad demandada señala que, por providencia de 8 de noviembre de 2022, fijó audiencia de consideración de situación jurídica y cesación de la detención preventiva, por lo que, no existiría vulneración de ningún derecho o garantía constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, cabe señalar que la tramitación de todo proceso constitucional tiene un inicio, involucra una serie de actos y concluye en la mayoría de los casos con la emisión de una resolución o sentencia a través de la cual se declara si la pretensión tiene o no fundamento; no obstante, esa no es la única forma en la que culmina una causa, existiendo otras entre las que se encuentra la pérdida del objeto procesal, la que conforme explicó la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio: “...deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución” (énfasis añadido); este tipo de supuestos impide al juzgador pronunciarse sobre algo que ya no tiene nada que lo sustente, haciendo que se torne imposible resolver el fondo, o que, al desaparecer el acto impugnado y en caso de emitirse una resolución, la misma podría carecer de eficacia alguna.
El 12 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la cual se dispuso la detención preventiva del ahora accionante por el plazo de cuatro meses, fijándose audiencia para considerar su situación jurídica el 12 de abril de 2022 a horas 9:30; posteriormente, mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2022, el impetrante de tutela solicitó a la autoridad demandada el señalamiento de audiencia para la consideración de su situación procesal y cesación de su detención preventiva. Sin embargo, alega que, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, habían transcurrido más de doce días sin que se hubiera emitido pronunciamiento alguno, incurriéndose, en su criterio, en una dilación indebida. No obstante, durante la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, el abogado del accionante procedió a retirar la acción tutelar, manifestando que su defendido fue notificado con el señalamiento de audiencia para la consideración de su situación jurídica, programada para el 11 de noviembre de 2022 a horas 9:30, razón por la cual la pretensión tutelar fue satisfecha con la emisión de la providencia de 8 del mismo mes y año. En efecto, del análisis de antecedentes; se constata que, el memorial de 27 de octubre de 2022 fue resuelto mediante la mencionada providencia de 8 de noviembre de ese año, por la cual se dispuso la celebración de audiencia; sin embargo, se advierte que la notificación al accionante con dicha providencia recién se efectuó el 10 de noviembre de igual año a horas 10:03, esto es, pocos minutos antes de la celebración de la audiencia constitucional, por lo que, el impetrante de tutela, en conocimiento de ello, solicitó el retiro de la acción una vez instalada la misma; figura de retiro que, si bien no es admitida por la jurisprudencia constitucional, al estar siendo invocada con el fundamento que la pretensión había sido atendida con la programación de la audiencia jurisdiccional solicitada, muestra que el objeto procesal desapareció. En este contexto, resulta aplicable la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a la cual la pérdida del objeto procesal sobreviene cuando desaparecen los supuestos fácticos que motivaron la interposición de la acción, tornándose insubsistente el petitorio e innecesaria la intervención de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, al notificarse el señalamiento de audiencia de consideración de situación jurídica y cesación de la detención preventiva antes de la audiencia de garantías, hecho que fue informado por el accionante denotando su asentimiento, expresado implícitamente con la solicitud de retiro del mecanismo tutelar; en ese sentido, se concluye que la lesión invocada cesó por pérdida del objeto procesal, no existiendo controversia jurídica pendiente que justifique un pronunciamiento de fondo; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, sin necesidad de ingresar al análisis sustantivo del caso. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0479_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 50f694c22bcb11a9a308518806c1c77593b0aa68b184d79d1f912810c9124f40
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