Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de mayo de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; puesto que por negligencia del Secretario ahora accionado no pudo coordinar la notificación con la audiencia de medidas cautelares y con el incidente que presentó su contraparte, a efectos de proteger su vida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida y al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponiendo que el Secretario ahora accionado de forma inmediata proceda a remitir los decretos correspondientes, sobre el señalamiento de audiencia a la Oficina Gestora de Procesos, para que se efectivice las notificaciones a todas las partes del proceso y así pueda desarrollarse la audiencia de aplicación de medidas cautelares.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0478/2023-S3 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45452-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Tito Mamani contra Enrique Velásquez Guarachi, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
La accionante por memorial presentado el 24 de enero de 2022, cursante a fs. 5 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Teofilo Guillermo Huayllas Velasco, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a denuncia de su persona al ser víctima de violencia por parte de los familiares de su difunto cónyuge, proceso que cuenta con imputación formal de 11 de noviembre de 2021 y que fue notificado a todas las partes procesales; sin embargo, a la fecha por negligencia del Secretario ahora accionado, a quien llamó por más de diez veces y mandó mensajes, no pudo coordinar la notificación con el decreto que emitió el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, para que lleve adelante la audiencia del incidente que presentó su contraparte -se entiende Teofilo Guillermo Huayllas Velasco-, así como la audiencia de medidas cautelares de los imputados, a efectos de asegurar la protección de su vida, ya que actualmente los familiares del imputado siguen violentándola e incluso la madre del imputado trató de “acuchillarla” con un arma blanca, hecho que denunció de forma separada; sin embargo, son esos extremos que evidencian que su vida está en peligro.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se conmine al Secretario ahora accionado que de forma inmediata proceda a remitir los decretos correspondientes, sobre el señalamiento de audiencia de incidentes, a la “oficina Gestora”, para que se efectivice las notificaciones a todas las partes del proceso.
Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Interpuso una acción de libertad instructiva para precautelar su vida y no así la libertad; b) Sufrió múltiples agresiones psicológicas por parte de los familiares de su ex conyugue que falleció en el mes de junio del año pasado -se entiende 2021-; c) Los imputados presentaron dos incidentes que no fueron notificados, pero por las restricciones por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) únicamente se permite que se tenga acceso al “juzgado” a través de los números de celulares de los funcionarios subalternos, es así que el Secretario ahora accionado no contestó sus llamadas y a los mensajes responde que no salió de despacho, extremos que se demuestran de las capturas de pantalla de las llamadas que realizó el día de ayer, y de las capturas de pantalla de sus conversaciones vía WhatsApp por los cuales reclamó dicha situación al Secretario hoy accionado; d) Los imputados son personas sumamente peligrosos que forman un clan familiar criminal; e) La imputación es de 28 de noviembre “…si no más recuerda…” (sic), habiendo transcurrido tanto tiempo sin haberse llevado la audiencia de medidas cautelares; f) Se trata de un delito especial según la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, por la situación de violencia contra una mujer; g) Mal se entendería que está pidiendo que se lleven adelante los incidentes y la audiencia cautelar, lo que quiere que se lleve adelante es una audiencia de incumplimiento de medidas de protección que se solicitó al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, pero que vienen evadiendo porque presuntamente existen incidentes pendientes; h) Sus agresores tienen un cuchillo y pretenden agredirla, “en el memorial” “…que se puede ver en fotocopia y bajado del portafolio…” (sic) es precisamente uno de los indicios para demostrar que se vulneró su derecho a la vida; i) Conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y los instructivos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz los Secretarios señalan audiencias; j) El Estado tiene “deberes” positivos y la omisión de esos es considerado una vulneración al derecho a la vida; y, k) El trámite de las medidas de protección es de cumplimiento inmediato.
Enrique Velásquez Guarachi, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 25 de enero de 2022, cursante de fs. 10 a 11, manifestó que: 1) En el marco de sus funciones establecidas por ley, es su deber llevar audiencias y asistir con la debida diligencia al Juez a cargo de su Juzgado, siendo por ello incierto que no contestó las llamadas de la accionante por no querer hacerlo, sino porque estaba llevando audiencias conforme a la documentación adjunta; 2) Tampoco se indicó a qué número de celular llamaron, ni a qué hora, siendo que contestó varias llamadas; 3) El citado Juzgado no cuenta con funcionario auxiliar designado, al estar en teletrabajo solo se permite el ingreso del personal administrativo y funcionarios judiciales, encontrándose por ello muy atareado, al margen de ello, también envía información incluso fuera del horario laboral; 4) No se dio curso a los incidentes porque fueron presentados fuera de plazo, conforme lo previsto por el art. 314 de la Ley 1173; 5) Se brindó la información requerida ese día a tempranas horas; y, 6) Se concedió la solicitud de la accionante y en ningún momento existió retardación.
La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta., denegó la tutela solicitada, pudiendo la accionante hacer uso de los mecanismos procesales ordinarios o disciplinarios contra el Secretario hoy accionado; bajo los siguientes fundamentos: i) La amenaza al derecho a la vida no se refiere a lo expresado por la accionante, se refiere a la protección inmediata para su defensa sin condicionar el derecho a la libertad física; ii) El hecho que el Secretario ahora accionado no hubiese respondido a las llamadas o a una comunicación vía WhatsApp no es el elemento para interponer una acción de libertad bajo la modalidad instructiva, siendo que las omisiones o acciones de los servidores de apoyo jurisdiccional deben ser reclamadas a la instancia disciplinaria; y, iii) Según las copias adjuntas no se hubiera vulnerado los derechos de la accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 5 de enero de 2022, ante el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, Teofilo Guillermo Huayllas Velasco formuló incidente de actividad procesal defectuosa y solicitó nulidad de obrados (fs. 12 a 20), mereciendo en respuesta el decreto de 6 de igual mes y año por el que el Juez del citado Juzgado señaló no ha lugar al mismo (fs. 22). II.2. A través del memorial presentado el 7 de enero de 2022, ante el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, Teofilo Guillermo Huayllas Velasco y otros plantearon incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos (fs. 23 a 28), mereciendo el decreto de 10 del citado mes y año por el que el Juez del referido Juzgado declaró no ha lugar al mismo (fs. 29). II.3. Consta conversación vía WhatsApp entre Carlos Eduardo Ledezma Cossio -se entiende abogado de la accionante- y Enrique Velásquez Guarachi, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -se entiende ahora accionado- donde el primer nombrado le indica al segundo nombrado que solicitaron “medidas cautelares”, pero que no se llevaron adelante porque existen “incidentes” (fs. 36).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; puesto que por negligencia del Secretario ahora accionado no pudo coordinar la notificación con la audiencia de medidas cautelares y con el incidente que presentó su contraparte, a efectos de proteger su vida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0511/2021-S3 de 18 de agosto, dispuso que: “Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-). En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención’… La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos. En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’.
De lo anteriormente señalado, se tiene que tanto el ordenamiento jurídico boliviano, como las normas internacionales de derechos humanos ratificadas (que por mandato del art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad), coinciden en que en casos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales deben actuar con la debida diligencia, pues es un fin primordial del Estado erradicar dicha violencia” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De las citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; puesto que por negligencia del Secretario ahora accionado no pudo coordinar la notificación con la audiencia de medidas cautelares y con el incidente que presentó su contraparte, a efectos de proteger su vida. De la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 5 de enero de 2022, ante el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, Teofilo Guillermo Huayllas Velasco formuló incidente de actividad procesal defectuosa y solicitud de nulidad de obrados, mismo que recibió en respuesta el decreto de 6 de igual mes y año, por el que el Juez del referido Juzgado señaló que no ha lugar al mismo (Conclusión II.1.), cursa también memorial de 7 de enero de 2022 ante el citado Juzgado el nombrado y otros, presentaron incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos, mereciendo el decreto de 10 de igual mes y año por el que el Juez del citado Juzgado declaró no ha lugar a su pedido (Conclusión II.2.). Asimismo consta conversación vía WhatsApp entre Carlos Eduardo Ledezma Cossio -se entiende abogado de la accionante- y Enrique Velásquez Guarachi, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -se entiende ahora accionado- donde el primer nombrado le indica al segundo nombrado que solicitaron “medidas cautelares”, pero que no se llevaron adelante porque existen “incidentes” (Conclusión II. 3.).
Se aclara que, en el presente caso, la accionante denuncia de negligencia por parte del Secretario ahora accionado, en coordinar la notificación a las partes procesales con el decreto de señalamiento de audiencia del incidente que presentó su contraparte, así como para la audiencia de medidas cautelares del imputado, pero de una lectura más detallada del contenido del memorial de acción de libertad, se colige que existe una imputación formal que data del 11 de noviembre de 2021; empero la audiencia de aplicación de medidas cautelares correspondiente a la misma no fue instalada hasta el presente; razón por la cual, siendo que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo y con la finalidad de hacer efectivo el acceso a la justicia de una presunta víctima mujer de violencia familiar o doméstica, situación particular de riesgo que obliga a un pronunciamiento de fondo sobre aspectos que puedan afectar los derechos y garantías constitucionales del mencionado grupo que cuenta con protección reforzada, es que se procederá al examen de dicha situación que está relacionada con la denuncia principal.
En ese marco, se tiene que del 11 de noviembre de 2021 -imputación formal- al 24 de enero de 2022 -fecha en la que se interpuso esta acción de defensa- transcurrieron más de dos meses, sin que los imputados en el caso hubieran sido sometidos a la audiencia de consideración de la detención preventiva, lo que estuviera ocasionando una condición de riesgo o amenaza al derecho a la vida de la accionante, al existir una dilación en la consideración y tramitación del mencionado actuado procesal, que el debido proceso, que se dio por la negligencia del Secretario ahora accionado, con el que la accionante trato de comunicarse mediante WhatsApp, pero no logró coordinar las notificaciones con el decreto del Juez de la causa, extremos que no fueron rebatidos objetivamente por el Secretario hoy accionado, quien conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva para ser accionados en una acción de libertad al no ser una autoridad que asume determinaciones jurisdiccionales dentro del proceso, pero que excepcionalmente puede ser parte de una acción de defensa si incurren en una de las excepciones a la regla establecidas por la jurisprudencia, es así que en el presente caso el Secretario ahora accionado adecuó su accionar a la excepción del inc. b) del citado Fundamento que establece: “…la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos…”, debido a que la coordinación para la efectiva ejecución de las notificaciones, para garantizar la presencia de las partes, testigos, peritos, traductores u otros, es una facultad administrativa de las Secretarias de cada juzgado, conforme al inc. a) del punto 3.1.3 (Acciones Previas a la Audiencia Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos) del Protocolo de Actuación de las Oficinas Gestoras de Procesos; por lo que, existió el incumplimiento de una obligación que tenía el Secretario ahora accionado, que implicó una dilación que repercutió en la seguridad de una mujer presuntamente víctima de violencia, debida diligencia en las actuaciones de servidores públicos que tiene que ver con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el sentido de acelerar procedimientos y/o solicitudes que encuentre relación con el derecho a la vida en el marco de su posible riesgo y a una vida libre de violencia, en cualquiera de sus formas, al no efectivizarse la audiencia de medida cautelares dentro un plazo razonable, más aún cuando, existe una denuncia de la accionante de un presunto incumplimiento de las medidas de protección dispuestas; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida y al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponiendo que el Secretario ahora accionado de forma inmediata proceda a remitir los decretos correspondientes, sobre el señalamiento de audiencia a la Oficina Gestora de Procesos, para que se efectivice las notificaciones a todas las partes del proceso y así pueda desarrollarse la audiencia de aplicación de medidas cautelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0478_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4c19bbdcddaa8d0c41766a02c09da50e7082b8f08a1614f4ebdc4a79ddd5a02e
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