B.IA.LEGAL

SCP 0478/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46148-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la igualdad, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por parte de: 1) El Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, quien emitió el Auto Interlocutorio 009/2022 de 14 de enero, rechazando su solicitud de cesación a su detención preventiva, determinación incongruente puesto que primero se declaró incompetente por existir requerimiento conclusivo de acusación formal, contrariamente amplió el plazo de la detención, sin que esta fuera solicitada por el representante del Ministerio Público; y, 2) La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del citado departamento, resolvió el recurso de apelación incidental pronunciando el Auto de Vista 93/2022 de 7 de febrero, declarando improbados los agravios planteados, confirmando el Auto Interlocutorio 009/2022, sin cumplir con la normativa plasmada en el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, más cuando se dio a conocer que no existía solicitud alguna por parte de la Fiscal de Materia para la ampliación del plazo de detención; sin embargo, con el mismo criterio del Juez a quo, estableció que cursaría la presentación de un requerimiento conclusivo de acusación formal, la cual no requirió la ampliación de la detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 75 a 77 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto citado departamento; y, 2° CONCEDER la tutela respecto a la Vocal de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal Departamental, en los mismos términos que la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. El principio de congruencia como elemento de toda resolución judicial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0478/2023-S2 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46148-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 75 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Gregorio Mallque Quispe contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de febrero de 2022, cursante de fs. 56 a 60 vta., el accionante señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de corrupción de niño, niña o adolescente, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 216/2021 de 17 de agosto, ordenó su detención preventiva de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento. El 10 de enero de 2022, solicitó audiencia para considerar la cesación a su detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 009/2022 de 14 de enero, por el cual se rechazó su solicitud de cesación, siendo incongruente dicha determinación ya que en el mismo el Juez hoy demandado señaló que ya no tendría competencia por existir requerimiento conclusivo de acusación formal; empero, de manera contradictoria aceptó la ampliación de la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público, determinación que fue apelada en audiencia, remitiéndose los actuados ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Auto de Vista 93/2022 de 7 de febrero, declaró la admisibilidad del recurso e improbados los agravios, llegando a confirmar el Auto Interlocutorio 009/2022. El Auto de Vista 93/2022, lesionó sus derechos fundamentales al no haber cumplido con la norma plasmada en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y la Ley de Modificación a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año- señalando que: “Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención” (las negrillas son nuestras); como se observa las autoridades demandadas no dieron estricto cumplimiento a la norma citada, máxime cuando se hizo conocer que no cursaba ninguna petición de ampliación de plazo de la detención preventiva por parte del Ministerio Público que esté en el cuaderno de control jurisdiccional, hecho que fue evidenciado por las autoridades judiciales demandadas; sin embargo, soslayan que cursaría la presentación de un requerimiento conclusivo de acusación formal, interpuesto de manera posterior a su solicitud de cesación de las medidas cautelares de carácter personal, debió tomarse en cuenta que dicha acusación fiscal no requirió la ampliación de la detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días, menos se encontraba fundamentada como exige la última parte del art. 233 del CPP. El Auto de Vista ahora cuestionado señaló que el Ministerio Público no podría presentar ampliación de la duración de la detención preventiva; empero, “razona” con la misma subjetividad que el Juez a quo, al indicar que cursaría requerimiento conclusivo de acusación formal y que con el fin de “garantizar la presencia de los imputados” (sic) existiría logicidad jurídica en ampliar el plazo de detención preventiva, decisión de la Vocal demandada de mantenerlo privado de su libertad sin haber realizado un análisis completo de los antecedentes remitidos a su despacho, ingresando en subjetividades y meras presunciones, vulnerando una vez más sus derechos por omisiones indebidas que se encuentran directamente vinculadas con su libertad personal, incurriendo en un proceso indebido al no valorar la normativa procesal penal, restringiéndole su derecho a tener un proceso imparcial. Por lo expuesto, la Vocal demandada fundó su determinación de ampliar la detención preventiva de tres meses, sin siquiera utilizar carga argumentativa que haga referencia al principio de necesidad, que argumentó su decisión motivada con base en elementos probatorios que expresen que su persona no se sometería al proceso, máxime cuando existen medidas menos gravosas que aseguran la presencia del imputado en un determinado proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad personal, a la igualdad, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela: “POR VULNERACIÓN DE MIS DERECHOS MEDIANTE EL AUTO DE VISTA No 93/2022 de fecha 07 de febrero de 2022 emitida por los Sres. Vocales de la sala penal segunda quienes deberán aplicar en concordancia a la jurisprudencia invocada y disponer la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 74, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola señaló que: a) En audiencia de 14 de enero de 2022, el Juez de la causa, refirió que no habría presentado elementos probatorios para otorgarle la cesación a la detención preventiva, así también señaló que la Fiscal de Materia presentó ampliación del plazo de detención, para asegurar la presencia de los acusados dentro el juicio oral público y contradictorio; b) Por lo establecido en el art. 239.2 del CPP, procede la libertad cuando se cumple el periodo de detención preventiva, empero, la Vocal demandada mencionó que habría una acusación formal que fue presentada un día antes de la solicitud de cesación; pero el requerimiento conclusivo de acusación fiscal en ninguna parte pidió la ampliación de su detención preventiva y mucho menos llegó a fundamentar ese aspecto; y, c) Es altamente delicado que una autoridad judicial exija al litigante que para dar aplicabilidad a la normativa constitucional se tenga que presentar en físico las sentencias constitucionales desconociendo el carácter vinculante que tienen las mismas, pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 93/2022 y se aplique la normativa constitucional y una medida sustitutiva a la detención preventiva prevista en el art. 231 bis del CPP. En conformidad del art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo) la Jueza de garantías a fin de tener mayores elementos de convicción para tomar una determinación, realizó preguntas a la parte accionante. ¿En qué fecha se cumplió la detención preventiva de tres meses?

R. Fue detenido el 17 de agosto y hasta el 17 de noviembre de 2021 se cumplió los tres meses de detención preventiva. ¿En la audiencia de 14 de enero de 2022 fundamentó la solicitud de cesación a la detención preventiva? R. Si, mediante memorial de 10 de enero de 2022. La Vocal demandada fundamentó la incongruencia de incompetencia reclamada. R. La Vocal reiteró la lectura del Juez a quo, manifestando que la ampliación del plazo de la detención preventiva podrá ser ampliando por la Fiscal de Materia, sin que exista esa solicitud de ampliación.

I.2.2. Informe de los demandados

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante escrito presentado el 18 de febrero 2022, cursante de fs. 64 a 66, solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) El Tribunal de alzada, debe regirse por el principio de limitación por competencia previsto en el art. 398 del CPP; es decir, los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a la misma, son los que apertura la competencia y es sobre los cuales se debe emitir la fundamentación correspondiente; en ese sentido, se emitió el Auto de Vista 93/2022, el cual está debidamente fundamentado con aspectos de hecho y derecho; 2) El citado Auto de Vista es claro y preciso, siendo que el apelante hoy accionante, únicamente señaló que se le vulneró el derecho al debido proceso y se le manifestó que de acuerdo al art. 124 del CPP el agravio es totalmente genérico y ambiguo; pues no solo es deber del juez o tribunal fundamentar sus decisiones, sino también la parte apelante tenía la obligación de dar una correcta motivación a su recurso; toda vez que, el pronunciamiento sobre el recurso de apelación incidental será bajo el principio de proporcionalidad; 3) Se realizó una ponderación de derechos tratándose de un caso que involucra a menores de edad en estado de vulnerabilidad, se debe dar prioridad a las víctimas, en ese entendido este Tribunal de alzada consideró bajo el principio de proporcionalidad y ponderación de derechos que la víctima se encontraba en desventaja con el imputado, en ese entendido, se consideró que los fundamentos del Juez a quo, tienen la suficiente logicidad en la necesidad de que el procesado guarde la detención preventiva a efectos del desarrollo de la etapa de juicio oral; y, 4) Finalmente, se observa que la petición del accionante de que se disponga la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, no es posible ya que un Tribunal de garantías no es un tribunal ordinario u otra instancia jurisdiccional para revisar las decisiones de la justicia ordinaria.

Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 18 de febrero 2022, cursante a fs. 63 y vta., solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: i) Se puso en su conocimiento por parte del Ministerio Público el inicio de investigación e imputación formal el 16 de agosto de 2021, fijándose audiencia de consideración de medidas cautelares donde emitió el Auto Interlocutorio 216/2021 de 17 de agosto; por el cual dispuso la detención preventiva de los imputados, misma que fue apelada remitiéndose los actuados al Tribunal de alzada que fue confirmada; ii) Posteriormente, el 10 de enero de 2022 se solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva que se realizó el 14 de igual mes y año, considerándose la situación jurídica de los imputados por el principio de concentración emitiendo el Auto Interlocutorio 009/2022 que rechazó la citada solicitud por falta de fundamentación y elementos probatorios, y en cumplimiento con la emisión de requerimiento conclusivo; asimismo, aceptó la solicitud de ampliación de la detención preventiva por el plazo de cuarenta y cinco días tal como lo solicitó el Ministerio Público a fines de garantizar la presencia de los imputados en la etapa de juicio oral; determinación que fue apelada remitiéndose los actuados al Tribunal superior mismo que fue confirmado mediante el Auto de Vista 93/2022; y, iii) Ante el requerimiento conclusivo de acusación formal de 13 de enero de 2022, procedió a remitir el “15 de febrero de 2022” el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz como se advierte del Oficio Cite Of. 15/2022 de 17 enero.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 75 a 77 vta., concedió la tutela con relación a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental, disponiendo que emita un nuevo auto de vista adecuándose a normativa especial, a los antecedentes del caso y la jurisprudencia constitucional sea en el término de cuarenta y ocho horas hábiles a partir de la notificación con la presente Resolución y denegó la tutela solicitada, respecto a Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del mencionado departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto a la autoridad jurisdiccional que emitió el Auto Interlocutorio 009/2022, no se ingresará a analizar el mismo, puesto que fue oportunamente recurrido de apelación incidental y fue el Tribunal de alzada que cumplió su labor emitiendo el Auto de Vista 93/2022, lo contrario sería convertir al Tribunal de garantías en un Tribunal de apelación; b) La Vocal demandada que emitió el Auto de Vista 93/2022 declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental, improcedente las cuestiones planteadas y confirmó el Auto Interlocutorio 009/2022 emitido por el Juez inferior, de donde se advierte algunas determinaciones omisivas, no observaron el actuar del Juez a quo, por el contrario lo confirmó, sin tener en cuenta que en principio debía establecerse incongruencia en el actuar del Juez de la causa, cuando consideró que al haberse presentado acusación formal seria incompetente y debía remitirse la causa a otro tribunal; ese aspecto fue reclamado y se omitió referirse al mismo, el Tribunal de alzada debió observar el hecho de que el Juez de la causa era o no competente para proseguir con la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; c) Otro hecho omitido fue escuchar a la Fiscal de Materia cuando señaló que se le notificó solo para considerar un planteamiento de cesación a la detención preventiva y por el contrario a título de concentración de actos resolvió rechazar la misma y aceptó la solicitud de ampliación de la detención preventiva por cuarenta y cinco días más, a sola fundamentación de la citada Fiscal en audiencia, pese a que el plazo había vencido el 17 de noviembre de 2021; y, d) En ese contexto, no se podía resolver estas situaciones de manera conjunta porque una es la petición sobre el rechazo de cesación a la detención preventiva que puede ser apelada, y otra es la decisión de ampliar el periodo de la detención por cuarenta y cinco días más, que también puede ser apelable, aglutinar todos estos actos lesionó el derecho al debido proceso de las partes, finalmente la Vocal demandada debió resolver si el Juez de la causa actuó con competencia, en vista de su propio reconocimiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 216/2021 de 17 de agosto, pronunciado por Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, -ahora demandado- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rubén Gregorio Mallque Quispe -hoy accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores; por el cual, dispuso la detención preventiva de los imputados entre ellos al impetrante de tutela, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 9 a 11 vta.). II.2. Por memorial de 10 de enero de 2022, el peticionante de tutela solicitó al Juez demandado, audiencia de cesación de medidas cautelares personales en aplicación del art. 239.2 del CPP (fs. 44). II.3. A través del Auto Interlocutorio 009/2022 de 14 de enero, el Juez de primera instancia rechazo la solicitud de cesación peticionada por: “RUBEN GROGORIO MALLQUE QUISPE, a falta de fundamentación y elementos probatorios, asimismo en relación a la situación jurídica se RECHAZA la solicitud de cesación a las medidas cautelare de los co imputados (…) toda vez que se ha dado cumplimiento con la emisión de un requerimiento conclusivo y asimismo se ACEPTA la solicitud de ampliación de detención preventiva por el plazo de 45 días tal como lo solicitó la señora representante del Ministerio Público a fines de garantizar la presencia de los imputados en la etapa de juicio, asimismo remítase antecedentes al juzgado correspondiente previo sorteo por plataforma virtual” (sic [fs. 47 a 48]). II.4. Mediante Auto de Vista 93/2022 de 7 de febrero, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada- resolvió el recurso de apelación incidental del Auto Interlocutorio 009/2022 determinado declarar la “…ADMISIBILIDAD del recurso de apelación, e IMPROCEDENTE las cuestiones planteadas, por lo que en el fondo CONFIRMA la Resolución N° 009/2022” (sic) recurrido (fs. 52 a 54).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la igualdad, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por parte de: 1) El Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, quien emitió el Auto Interlocutorio 009/2022 de 14 de enero, rechazando su solicitud de cesación a su detención preventiva, determinación incongruente puesto que primero se declaró incompetente por existir requerimiento conclusivo de acusación formal, contrariamente amplió el plazo de la detención, sin que esta fuera solicitada por el representante del Ministerio Público; y, 2) La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del citado departamento, resolvió el recurso de apelación incidental pronunciando el Auto de Vista 93/2022 de 7 de febrero, declarando improbados los agravios planteados, confirmando el Auto Interlocutorio 009/2022, sin cumplir con la normativa plasmada en el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, más cuando se dio a conocer que no existía solicitud alguna por parte de la Fiscal de Materia para la ampliación del plazo de detención; sin embargo, con el mismo criterio del Juez a quo, estableció que cursaría la presentación de un requerimiento conclusivo de acusación formal, la cual no requirió la ampliación de la detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

Al respecto, la SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, sobre el tema expuso que: “El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: 'Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes'. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una '…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…'. En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: '…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas'. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: 'Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…”’ (el resaltado es nuestro).

III.2. El principio de congruencia como elemento de toda resolución judicial

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto al principio de congruencia, estableció que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras). En el mismo sentido, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que el:“…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución…”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la igualdad, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por parte de: i) El Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, el cual emitió el Auto Interlocutorio 009/2022 de 14 de enero, rechazando su solicitud de cesación a la detención preventiva, determinación incongruente puesto que primero se declaró incompetente por existir requerimiento conclusivo de acusación formal, contrariamente amplió el plazo de la detención preventiva, sin que esta fuera solicitada por el Ministerio Público; y, ii) Por otro lado, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del citado departamento, resolvió el recurso de apelación incidental pronunciando el Auto de Vista 93/2022 de 7 de febrero, declarando improbado los agravios planteados y confirmando el Auto Interlocutorio 009/2022, sin cumplir con la normativa plasmada en el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, más cuando se dio a conocer que no existía solicitud alguna por parte de la Fiscal de Materia para la ampliación del plazo de detención; sin embargo, con el mismo criterio del Juez a quo, estableció que cursaría la presentación de un requerimiento conclusivo de acusación formal, el cual no requirió la ampliación de la detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días. De acuerdo a los antecedentes adjuntos al expediente se advierte que el impetrante de tutela se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por disposición del Juez demandado. Se observa que el 10 de enero de 2022, el accionante solicitó mediante memorial al Juez demandado señalamiento de audiencia para la consideración de la cesación de medidas cautelares personales, petición realizada en aplicación del art. 239.2 del CPP y mediante Auto Interlocutorio 009/2022, rechazó la solicitud de cesación por falta de fundamentación y elementos probatorios; asimismo, en relación a la situación jurídica también fue rechazada la solicitud de cesación a las medidas cautelares de los imputados, manifestando que se dio cumplimiento con la emisión de un requerimiento conclusivo; así también aceptó la solicitud de ampliación de detención preventiva por el plazo de cuarenta y cinco días -según la Vocal demandada- tal como lo solicitó el Ministerio Público a fin de garantizar la presencia de los imputados en la etapa de juicio. Como se advierte dicha determinación precedentemente citada fue objeto de apelación incidental por parte del peticionante de tutela, mereciendo el pronunciamiento de la Vocal demandada mediante Auto de Vista 93/2022, resolviendo declarar la: “…ADMISIBILIDAD del recurso de apelación, e IMPROCEDENTE las cuestiones planteadas, por lo que en el fondo CONFIRMA la Resolución N° 009/2022” (sic). Previó a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es necesario señalar que el accionante identificó como los actos vulneratorios de sus derechos, las determinaciones asumidas tanto por el Juez y la Vocal demandados; en tal sentido, en atención al alcance del principio de subsidiariedad, el análisis se centrará en la última decisión o acto que hubiera lesionado derechos fundamentales y garantías constitucionales como es el Auto de Vista 93/2022, pronunciado por la Vocal demandada, por ser la autoridad que resolvió el recurso de apelación incidental planteado por el accionante sobre los agravios denunciados. En el caso concreto se observa que mediante el Auto de Vista 93/2022 se expresó que el imputado sostuvo que el Auto Interlocutorio 009/2022 habría rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva y modificó su situación jurídica, además que habría determinado la ampliación de la duración de la detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días, incumpliendo el plazo de consideración de su situación jurídica que fue señalado para el 10 de enero de 2022 pero se desarrolló el 14 de igual mes y año, lo cual consideró seria vulneratorio a garantías constitucionales. Se advierte que la Vocal demandada no habría considerado el art. 239.2 del CPP, la misma refirió que: “…con relación a los fundamentos facticos emitidos por la autoridad jurisdiccional se tiene que el Ministerio Público mediante el sistema de interoperabilidad sistema JL1 habría acreditado el respectivo requerimiento conclusivo de acusación aspecto por el cual habría concluido con los actos investigativos, por lo que este tribunal de alzada considera que no podría el Ministerio Público presentar la ampliación de la duración de la detención preventiva, consecuentemente bajo los fundamentos expuestos por la autoridad jurisdiccional se tiene que dicha ampliación se establece para garantizar la presencia de los imputados en etapa de juicio por lo que este tribunal considera que dichos fundamentos tiene la suficiente logicidad jurídica ante la presentación del respectivo requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, por lo cual no existe acto vulneratorio que reparar con relación a la aplicabilidad del art. 239.2 respectivamente al 233 ultima parte” (sic). Sobre este punto se advierte la existencia de una incongruencia interna, puesto que la Vocal demandada en primer lugar manifestó que al haberse emitido el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, se culminó con la etapa investigativa por lo que no se podría solicitar la ampliación de la medida extrema de detención preventiva; empero, de forma contraria expresa que la decisión asumida por el Juez inferior de ampliar el plazo de detención para garantizar la presencia de los imputados en el juicio, tendría suficiente logicidad jurídica; en ese sentido, se puede advertir que la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 93/2022, debió considerar si se cumplió o no con lo dispuesto por el art. 239.2 del CPP señala que: “(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: (…)

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención”. En el caso presente, se puede observar que se habría cumplido el plazo de detención preventiva del accionante el 17 de noviembre de 2021, lo cual debió ser considerado por la Vocal demandada a fin de emitir el Auto de Vista ahora recurrido conforme a los antecedentes que cursaban en el expediente y disponer lo que en derecho corresponda, mucho más cuando de la revisión del requerimiento conclusivo de acusación (fs. 21 a 27 vta.), el Ministerio Público en su petitorio no solicitó la ampliación del plazo de detención preventiva, simplemente pidió la remisión de la acusación al Tribunal de Sentencia de turno aspectos no tomados en cuenta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para emitir el Auto de Vista 93/2022, denotándose incongruencia en la emisión del citado Auto de Vista, por lo que corresponde conceder la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 75 a 77 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto citado departamento; y, 2° CONCEDER la tutela respecto a la Vocal de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal Departamental, en los mismos términos que la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0478_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): d85dcb50087cda0b78c0fd4dd90d3bee50be23785fd304cdad705a0a0e8a2304

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