B.IA.LEGAL

SCP 0477/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55044-2023-111-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, a la salud y a la seguridad personal; alegando que, a pesar de haber sido sancionado por su comunidad con su expulsión y la multa de “Bs. 500” por intento de violación a Julia Churata García, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por disposición del Auto Interlocutorio de 7 de marzo de 2023, emitido por la Jueza demandada, sin considerar su condición de persona adulta mayor y su salud. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando el incumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; en razón a que, el impetrante de tutela no activó previamente los mecanismos intraprocesales para reclamar la restitución de sus derechos presuntamente lesionados; y, omitió explicar la manera en que la Fiscal de Materia codemandada incurrió en la vulneración alegada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 141 vta. a 145 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los razonamientos desarrollados precedentemente y aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0477/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55044-2023-111-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 141 vta. a 145 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Ayna Jachacata contra Jeanneth Acapa Huallata, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Arque del departamento de Cochabamba; y, Daniela Almaraz Huanca, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 15 a 20 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Julia Churata Garcia denunció ante el dirigente de la comunidad “Chuticaballo”, que el 7 de enero de 2022, al promediar las 7:00 horas, su persona intentó violarla cuando regresaba a su domicilio; por lo que, en una reunión, toda la comunidad decidió sancionarlo por dicho suceso, determinando su expulsión y el pago de una multa “Bs.500”; sin embargo, a pesar de ello, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, sin que se haya considerado su condición de persona adulta mayor y su delicado estado de salud.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, a la salud y a la seguridad personal, citando al efecto los arts. 14.III, 21.7, 22, 23 y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 141 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado defensor de oficio, ratificó el tenor íntegro de la acción tutelar presentada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jeanneth Acapa Huallata, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Arque del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 29 a 31 y vta., manifestó que: a) A denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Servicio Legal Integral de la Mujer (SLIM) de Arque, el Ministerio Público presentó imputación formal contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación; en ese sentido, mediante Auto Interlocutorio de 7 de marzo de 2023, dispuso la detención preventiva del prenombrado, por el plazo de dos meses, por concurrir los presupuestos exigidos en el art. 233.1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); así como, los riesgos procesales de los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del citado Código; determinación que no fue objeto de impugnación; en ese sentido, el impetrante de tutela pretende activar la acción de libertad de forma directa, sin haber agotado previamente los mecanismos intraprocesales; b) Ante los derechos del solicitante de tutela como adulto mayor, debe anteponerse los derechos de la víctima, por su condición de mujer, conforme establece el art. 47 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, además, el caso en cuestión se sustanció bajo el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género “…que la misma ha sido aprobado por Acuerdo de Sala Plena 116/2016 del Tribunal Supremo de Justicia…” (sic); y, c) El accionante pretende hacer incurrir en error al “órgano jurisdiccional”, para que se disponga su libertad sin enervar los riesgos procesales, bajo el argumento de que ya fue sancionado en su comunidad, pese a que se trata de un delito de violación que conforme al art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) no se encuentra dentro del ámbito de vigencia de la justicia indígena originaria campesina. Daniela Almaraz Huanca, Fiscal de Materia, por informe cursante de fs. 32 a 33 y vta., reiteró los mismos argumentos expresados por la Jueza accionada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 141 vta. a 145 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante incumplió con la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; toda vez que, antes de acudir a la justicia constitucional omitió activar los mecanismos idóneos y oportunos intraprocesales para el restablecimiento de sus derechos presuntamente vulnerados, a causa de su privación de libertad y su procesamiento en la jurisdicción ordinaria, a pesar de haber sido juzgado en la jurisdicción indígena originaria campesina; circunstancias que, necesariamente debieron ser de conocimiento de la Jueza demandada; además, el prenombrado no interpuso el recurso de apelación incidental contra la determinación que dispuso su detención preventiva; y, 2) No explicó la manera en que la Fiscal de Materia codemandada lesionó sus derechos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 153 a 155); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene cédula de identidad 6455652, correspondiente a Gregorio Ayna Jachacata -ahora accionante-, nacido en Arque - Cochabamba, el 8 de enero de 1956 (fs. 14).

II.2. Cursa acta de conciliación de 3 de febrero de 2022, emergente de la reunión de la comunidad de “Chuticaballo”, realizada para tratar y resolver el intento de violación cometido por el impetrante de tutela contra Julia Churata García, sucedido el 7 de enero del mismo año, en la que, se determinó la expulsión del prenombrado, como sanción por lo sucedido (fs. 2 y vta.). II.3. Se tiene acta de declaración informativa del solicitante de tutela, efectuada el 7 de marzo de 2023, en presencia de su abogada defensora -Analía Paniagua Saavedra-, dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y SLIM de Arque, por la presunta comisión del delito de violación. (fs. 122 y vta.). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 7 de marzo de 2023, Jeanneth Acapa Huallata, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Arque del departamento de Cochabamba -hoy demandada-, dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del mismo departamento, por el plazo de dos meses (fs. 129 a 134 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, a la salud y a la seguridad personal; alegando que, a pesar de haber sido sancionado por su comunidad con su expulsión y la multa de “Bs. 500” por intento de violación a Julia Churata García, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por disposición del Auto Interlocutorio de 7 de marzo de 2023, emitido por la Jueza demandada, sin considerar su condición de persona adulta mayor y su salud. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando el incumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; en razón a que, el impetrante de tutela no activó previamente los mecanismos intraprocesales para reclamar la restitución de sus derechos presuntamente lesionados; y, omitió explicar la manera en que la Fiscal de Materia codemandada incurrió en la vulneración alegada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, estableciendo que: “Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario introducir el tema referido a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que de dicha esencia se podrá determinar la viabilidad o no de la presente demanda, labor que será cumplida a continuación. (…) Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ (…). En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SCP 0020/2012 de 16 de marzo, citando a su vez SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituiría persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se advierte que el 3 de febrero de 2022, la comunidad de “Chuticaballo” se reunió a objeto de tratar y resolver el conflicto generado a raíz del intento de violación cometido por el accionante contra Julia Churata García, en la que, determinaron imponer al nombrado la sanción de expulsión de dicha población (Conclusión II.2); posteriormente, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y SLIM de Arque, por el mismo hecho, el Ministerio Público inició proceso penal contra el prenombrado, por la presunta comisión del delito de violación; a cuyo efecto, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio de 7 de marzo de 2023, dispuso como medida cautelar su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por el plazo de dos meses (Conclusión II.4). En ese contexto, el impetrante de tutela interpuso acción de libertad, denunciando la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad, a la salud y seguridad personal; alegando que: i) Se instauró el referido proceso penal en su contra, a pesar que fue sancionado en su comunidad por el mismo hecho; y, ii) No se consideró su condición de adulto mayor ni su estado delicado de salud. De lo manifestado, debe tenerse presente que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúe a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de la libertad física o de locomoción; c) Procesamiento indebido; y, d) Persecución indebida; de modo tal, que la inexistencia de estos hace inviable no solo la pretensión de tutela, sino el análisis del presunto acto lesivo. Bajo el referido entendimiento jurisprudencial, en el caso concreto se tiene que: En lo concerniente a la primera problemática, cabe señalar que la restricción del derecho a la libertad del impetrante de tutela, no es a causa del inicio y del proceso penal en su contra; es decir, la denuncia interpuesta por la DNA-SLIM de Arque y la imputación formal, no provocaron automáticamente la privación de su libertad, sino que esta se debe a la imposición de la medida cautelar de la detención preventiva; dispuesta por la Jueza accionada a través del Auto Interlocutorio de 7 de marzo de 2023, por concurrir los requisitos exigidos por el art. 233.1, 2 y 3 del CPP; así como los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1,2 y 7; y, 235.2 del citado Código; de manera que, no se tiene cumplida la primera exigencia. En dicho contexto, no se evidencia una probable restricción ilegal a su libertad o indebido procesamiento que emerja del acto lesivo denunciado. Asimismo, tampoco se advierte la existencia de persecución ilegal o indebida, ni fue alegado por el impetrante de tutela en su memorial de acción de defensa o en audiencia. En consecuencia, al no circunscribirse el acto lesivo denunciado a ninguno de los presupuestos de activación de la acción de libertad descritos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional corresponde denegar la tutela impetrada respecto a esta denuncia, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Respecto a la segunda problemática, con relación a que -en su reclusión- no se consideró su condición de persona adulta mayor al contar con sesenta y nueve años de edad (Conclusión II.1) ni su estado delicado de salud -situación de enfermedad-. En el caso concreto, la denuncia planteada no puede ser examinada en esta vía extraordinaria, toda vez que la parte accionante omitió agotar previamente los mecanismos intraprocesales idóneos y oportunos previstos por el ordenamiento jurídico, en particular el recurso de apelación incidental, que constituye el medio específico y eficaz para cuestionar la decisión que se reputa lesiva. Dicho recurso, por su naturaleza y finalidad, permite impugnar ante el Tribunal de alzada las resoluciones dictadas en el curso del proceso, brindando la posibilidad de corregir eventuales vulneraciones a derechos y garantías, sin necesidad de acudir a la acción de libertad, la cual, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional opera de manera excepcional y subsidiaria únicamente cuando los mecanismos ordinarios resultan ineficaces, inoportunos o inconducentes; extremo que no ocurre en el presente caso; por lo que, respecto a esta denuncia corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con diferentes fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 141 vta. a 145 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los razonamientos desarrollados precedentemente y aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0477_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 78bfb09d6a476d017ff2846233506ce9821fdcfc3754b9fb86fac6431c13286c

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