Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, relacionados con la libertad de locomoción internacional y los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, la Vocal demandada en audiencia de apelación incidental, mediante Auto de Vista 628/2022 de 26 de agosto, declaró procedente en parte las cuestiones planteadas en su impugnación, y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 253/2022 de 3 de agosto, haciendo entrever que seguiría latente el riesgo de fuga, pese a que en su Auto complementario, señaló que se habría desvirtuado el art. 234.1 del CPP, en cuanto se refiere a la actividad lícita, extremo que obligaba a que se levante su arraigo dispuesto por el Juez a quo, el cual no era proporcional al no tener lógica estar arraigado si no iba a fugarse; tampoco es idónea dicha medida, ya que no obedecía a la realidad procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 19 vta. a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, en virtud a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0477/2025-S3 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52381-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 41/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 19 vta. a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Belén Silvia Peña Zambrana en representación sin mandato de Janneth Ángela Fernández Coronel contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 10 a 14 vta., la accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Pascal Jean Louis Antonin, por la presunta comisión del delito de estelionato, el Juez de la causa, en audiencia pública emitió el Auto Interlocutorio 253/2022 de 3 agosto de 2022, disponiendo la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre ellas su arraigo, al existir riesgo procesal de fuga; en vista de ello, interpuso recurso de apelación incidental, así como la víctima, siendo remitido el proceso ante el Tribunal de alzada. En audiencia de apelación, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, pronunció el Auto de Vista 628/2022 de 26 de agosto, determinando la admisibilidad de ambos recursos, declarando procedente en parte las cuestiones que planteó, confirmando la Resolución impugnada; sin embargo, por errada motivación y fundamentación, se le dejó en completa incertidumbre, haciendo suponer que seguiría latente el riesgo de fuga; empero, ante la solicitud de complementación y enmienda, la Vocal señaló: “se ha desvirtuado el art. 234.1, en cuanto se refiere la actividad lícita” (sic); haciendo entrever que no concurriría dicho riesgo en la presente causa, siendo un elemento que obligaba a levantar su arraigo, el cual no es proporcional; puesto que, no tiene lógica estar arraigado si a criterio de la indicada autoridad, no iba a fugarse; tampoco es idóneo, al no obedecer a la realidad procesal, dado que al no contar con el riesgo de fuga, no se explica por qué se le prohíbe la libertad de locomoción internacional. El citado fallo de alzada, si bien no determinó la medida cautelar de arraigo; sin embargo, al considerar el recurso de apelación incidental, la Vocal demandada tenía la obligación de verificar todos los elementos que fueron tratados en la audiencia de consideración de medidas cautelares, contrastando si los mismos son o no idóneos en esta causa, debiendo fundamentar el porqué del rechazo a su solicitud.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, relacionados con la libertad de locomoción internacional y los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, ordenando se deje sin efecto el Auto de Vista 628/2022 de 26 de agosto, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución y se proceda al levantamiento de su arraigo correspondiente.
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándolo expresó que: a) La autoridad demandada en la complementación del Auto de Vista 628/2022 cuestionado, enervó el riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en cuanto se refiere a la actividad lícita; b) El Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 253/2022 de 3 de agosto, dispuso su arraigo y la Vocal demandada debe asumir un criterio proporcional para aplicar la medida cautelar, evitando un exceso y abuso de poder contra los derechos fundamentales de las personas; y, c) Existe una mala motivación en el fallo de alzada, con relación al riesgo de fuga, al advertirse una contradicción; asimismo, no explicó por qué es idónea la medida del arraigo sin tener riesgo de fuga; reiterando su petitorio.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 11 de noviembre de 2022 presentó informe escrito, cursante a fs. 17 y vta., manifestando que: 1) Encontrándose el proceso en la etapa preparatoria, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, a los fines de llegar a la verdad histórica de los hechos, debiendo el mismo presentar un requerimiento conclusivo ya sea de sobreseimiento o de acusación; aspectos por los cuales, bajo los fundamentos expuestos en el fallo venido en apelación, el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, aún se mantiene latente; 2) En la audiencia no se escuchó a la parte procesada- hoy solicitante de tutela- cuál sería idoneidad, necesidad y utilidad para el levantamiento de la medida sustitutiva de arraigo dispuesta por la autoridad judicial, tomando en cuenta que las medidas cautelares no causan estado y pueden ser modificadas de acuerdo a las circunstancias de los hechos; 3) En el memorial de acción de libertad presentada, se efectuó una relación muy escueta de las actuaciones realizadas en el caso de autos; puesto que, no establece de manera cierta y concreta cómo se habría vulnerado los derechos y garantías de la accionante, “…Y la RESOLUCION y AUTO PRONUNCIADA POR LA SALA PENAL SEGUNDA, TIENE LA DEBIDA FUNDAMENTACION CONFORME al art. 124 del C.P.P., concordante con el Art. 173 del CPP” (sic); y, 4) El Tribunal de garantías no es otra instancia para revisar las decisiones de la justicia ordinaria; es decir, que la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos y del derecho, no es labor propia de la justicia constitucional; y, para que la misma analice la actividad interpretativa efectuada por el Tribunal de alzada, la accionante debió hacer una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa – argumentativa; sin embargo, dicho requisito está ausente en esta acción de defensa; por ello, pidió se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 41/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 19 vta. a 20 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) En el presente caso de autos, si bien se señaló que no se demostró el riesgo procesal de fuga; sin embargo, la autoridad de primera instancia indicó que es para garantizar el desarrollo del proceso y la presencia de la ahora accionante; ii) Es evidente que no se debe demostrar la necesidad de abandonar o salir al exterior o hacer su relación laboral; empero, en esta audiencia no se señaló cual sería la necesidad o urgencia que tiene la peticionante de tutela, para salir del país y constituirse en cualquier otra ciudad; iii) No se está vulnerando ningún derecho, en razón a que la nombrada tiene el derecho de locomoción nacional, excepto el internacional que está restringido; en la audiencia de medidas cautelares, el fundamento del Juez a quo y de la Vocal demandada, siguió la misma línea; vale decir, que no se demostró el agravio que estaría sufriendo la peticionante de tutela; y, iv) El Auto de Vista cuestionado se halla debidamente fundamentado; consecuentemente, no existe transgresión de ningún derecho; asimismo, se debe tener en cuenta que las medidas cautelares no causan estado, y la impetrante de tutela, si tiene la necesidad de constituirse ya sea por razones de trabajo, estudio o salud o cualquier otro motivo, fuera del territorio nacional, puede pedir a la autoridad de control jurisdiccional que le autorice ausentarse momentáneamente de este país el tiempo que sea necesario.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pascal Jean Louis Antonin contra Janneth Ángela Fernández Coronel -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estelionato, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 253/2022 de 3 de agosto, disponiendo -entre otras medidas- el arraigo de la prenombrada, al existir riesgo procesal de fuga (fs. 3 a 6). II.2. En virtud a los recursos de apelación incidental formulados por la víctima y la peticionante de tutela contra el fallo supra; Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, en audiencia, pronunció el Auto de Vista 628/2022 de 26 de agosto, determinando la admisibilidad de ambas impugnaciones, procedente en parte las cuestiones planteadas por la impetrante de tutela, e improcedente respecto a la víctima, en el fondo CONFIRMÓ el Auto Interlocutorio recurrido; y, ante la solicitud de explicación alegado por la primera de las nombradas, la autoridad demandada señaló que: “…se ha desvirtuado el art. 234.1, en cuanto se refiere la actividad lícita…” (sic [fs. 7 a 9 vta.]).
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, relacionados con la libertad de locomoción internacional y los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, la Vocal demandada en audiencia de apelación incidental, mediante Auto de Vista 628/2022 de 26 de agosto, declaró procedente en parte las cuestiones planteadas en su impugnación, y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 253/2022 de 3 de agosto, haciendo entrever que seguiría latente el riesgo de fuga, pese a que en su Auto complementario, señaló que se habría desvirtuado el art. 234.1 del CPP, en cuanto se refiere a la actividad lícita, extremo que obligaba a que se levante su arraigo dispuesto por el Juez a quo, el cual no era proporcional al no tener lógica estar arraigado si no iba a fugarse; tampoco es idónea dicha medida, ya que no obedecía a la realidad procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas son agregadas). Sobre la norma legal precedentemente referida, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó que: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir” (las negrillas son añadidas).
Asimismo, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sostuvo que: “…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia” (el resaltado es nuestro). Por otra parte, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, sostuvo lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 005/2020-S3 de 2 de marzo, añadiendo que: «Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión» (las negrillas corresponden al texto original).
De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Pascal Jean Louis Antonin contra Janneth Ángela Fernández Coronel -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estelionato, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 253/2022 de 3 de agosto, disponiendo -entre otras medidas- el arraigo de la prenombrada, al existir riesgo procesal de fuga. Contra el citado fallo, la víctima y la peticionante de tutela formularon apelación incidental; a tal efecto; Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento -ahora demandada-, en audiencia pronunció el Auto de Vista 628/2022 de 26 de agosto, determinando la admisibilidad de ambas impugnaciones, procedente en parte las cuestiones planteadas por la impetrante de tutela e improcedente respecto a la víctima, en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio recurrido; y, ante la solicitud de explicación alegada por la primera de las nombradas, la autoridad demandada señaló que: “…se ha desvirtuado el art. 234.1, en cuanto se refiere la actividad lícita…”. Ahora bien, ingresando a examinar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias expresadas por la accionante, respecto a la errada motivación y fundamentación que advirtió en el Auto de Vista ahora confutado, corresponde en primera instancia identificar los agravios expresados en el recurso de apelación incidental formulado por la prenombrada, extraídos del referido fallo de alzada, coligiéndose lo siguiente: a) Al existir una aceptación tácita por parte de la víctima, con relación a la devolución del monto de $us4 000.- (cuatro mil dólares estadounidenses), no puede considerarse el proceso investigativo por el delito de estelionato; por lo que, no concurriría el art. 233.1 del CPP, al haber un acuerdo con relación a la venta del bien inmueble; b) Respecto a los riesgos procesales contenidos en el art. 234.1 y 2 del citado Código; según la autoridad jurisdiccional, de acuerdo a su cédula de identidad, tendría su actividad de ser estudiante; en tal sentido, se habría determinado que sería una persona independiente con relación a su actividad; “…aspecto por el cual vulnera lo establecido la Ley 1173, en cuanto se refiere que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora particular y al Ministerio Público (…) toda vez que, nadie puede declarar en contra de sí mismo…” (sic); aspecto por el cual, al no existir la suficiente fundamentación por parte del Juez a quo, debe aplicarse el principio in dubio pro reo; ya que, dicha autoridad habría manifestado que no tendría la certeza respecto a la actividad lícita; y, c) Con relación al art. 235.2 del CPP, bajo los fundamentos expuestos en el Auto Interlocutorio 253/2022, el Juez de la causa únicamente habría señalado que podría influenciar negativamente a Juan Carlos Chambilla Mendoza; sin embargo, dicho extremo no se puede fundar en meras suposiciones, ya que no se estableció de qué manera iba a influir o amenazar al nombrado; por lo que, dicho riesgo procesal no puede mantenerse sobre supuestos abstractos; por ello, en caso de aceptarse la existencia de probabilidad de autoría, se modifique la determinación del arraigo, pidiendo que se ordene su desarraigo.
A su turno, la Vocal demandada a través del Auto de Vista 628/2022, declaró procedente en parte las cuestiones planteadas por la accionante; en el fondo, confirmó el Auto Interlocutorio recurrido, con los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de alzada no cuenta con los elementos requeridos para ingresar a la revisión de fondo respecto a la probabilidad de autoría o participación de la imputada -hoy peticionante de tutela-, conforme al art. 233.1 del CPP, “…al no haberse cumplido con los requisitos de fondo por la defensa de la parte procesada y conforme al artículo 398 imposibilita a la suscrita vocal ingresar a fundamentar aspectos de fondo en la Resolución N° 253/2022” (sic); 2) Si bien no le corresponde a la parte imputada acreditar que es estudiante o independiente; no obstante, el art. 234 del CPP refiere que debe fundarse no solamente en documentación o elementos de convicción, sino también información precisa y circunstanciada que dé razonabilidad; en este caso, dichos términos son amplios y genéricos, ya que no se tiene certeza de la entidad donde la prenombrada estaría cumpliendo sus funciones de estudiante o en qué calidad se hallaría desempeñando la actividad independiente, en cuanto a una empresa o algún negocio de manera lícita; porque la finalidad de la medida cautelar se encuentra prevista en el art. 221 del indicado Código, para garantizar la presencia de la imputada, la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, lo cual se debe efectivizar inclusive a través de un arraigo económico; por ello, dicho riesgo procesal se mantiene latente;
3) Al respecto, es necesario tomar en cuenta el art. 231 bis.V del CPP, que señala que la carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad; precepto que guarda relación con el art. 234 última parte del mismo Código. En el presente caso, en la imputación formal la imputada señaló que su ocupación sería el de ser estudiante, extremo que fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, no existiendo prueba en contrario del mismo; en ese sentido, “…este Tribunal de Alzada considera la vulneración al principio del debido proceso en su elemento principio de seguridad jurídica y legalidad, en ese contexto se establece que dicho riesgo procesal se encuentra latente” (sic);
4) Con relación al art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, contrastando los fundamentos expuestos en la Resolución de imputación formal, se tiene que, en cuanto a la póliza de importación, el vehículo objeto del proceso de investigación se encontraría a nombre de Juan Carlos Chambilla Mendoza, a quien se le citará para que preste su declaración en calidad de testigo e indique de qué forma realizó la compra del vehículo; por el cual señala que la imputada influiría negativamente sobre el mismo. Al encontrarse el proceso en la etapa preparatoria, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público; en tal sentido, “…este Tribunal de Alzada bajo los fundamentos expuestos de la Resolución venida en grado de apelación se tiene que dicho riesgo procesal aún se mantiene latente” (sic); y,
5) En cuanto al arraigo de la imputada, dispuesto por la autoridad jurisdiccional, en la presente audiencia no se escuchó cuál sería la idoneidad, la necesidad y la utilidad para el levantamiento de dicha medida sustitutiva determinada; a tal efecto, se debe tomar en cuenta que las medidas cautelares no causan estado, pueden ser modificadas de acuerdo a las circunstancias de los hechos. Asimismo, con relación a la explicación impetrada por la mencionada, respecto a los fundamentos que el Tribunal de alzada determinó, “…se ha desvirtuado el art. 234.1, en cuanto se refiere la actividad lícita…” (sic).
Ahora bien, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada al momento de resolver un recurso de apelación incidental, están obligados a responder a los agravios expresados en el mismo, no pudiendo ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado, según dispone el art. 398 del CPP, emitiendo una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código.
Teniendo presente el entendimiento jurisprudencial expresado en líneas precedentes, se evidencia que los agravios traídos por la accionante en su recurso de apelación incidental, convergen esencialmente respecto a la no concurrencia de uno de los requisitos previstos en el art. 233.1 del CPP, para disponer la medida cautelar de la detención preventiva, y con relación a los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1 y 2, y 235.2 del citado Código, los mismos que a su juicio habrían sido enervados; sin embargo, en caso de aceptarse la existencia de probabilidad de autoría, solicitó se modifique la determinación del arraigo dispuesta en su contra.
De los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista objetado, se advirtió claramente que se consideró todos los agravios identificados por la peticionante de tutela en su impugnación, al establecer en primera instancia que el Tribunal de alzada no contaría con los elementos requeridos para ingresar a la revisión respecto a la probabilidad de autoría o participación de la prenombrada, al no haber cumplido la misma con los requisitos de fondo, conforme al art. 398 del CPP; asimismo, analizó los riesgos procesales previstos en los arts. 234 (peligro de fuga) y 235.2 (peligro de obstaculización), tomando en cuenta los fundamentos expuestos en el Auto Interlocutorio 253/2022 venida en grado de apelación, emitido por el Juez a quo; llegando a concluir que los mismos se mantendrían latentes. Por otra parte, en cuanto al arraigo de la impetrante de tutela dispuesto por la referida autoridad jurisdiccional, señaló que ésta no habría referido cuál sería la idoneidad, necesidad y utilidad para el levantamiento de dicha medida sustitutiva; destacando que, las medidas cautelares no causan estado y pueden ser modificadas de acuerdo a las circunstancias del hecho. Finalmente, ante la solicitud de explicación requerida por la prenombrada, la Vocal demandada fue clara al afirmar que se había desvirtuado el art. 234.1 del Código Adjetivo Penal, en cuanto se refiere a la actividad lícita. Consecuentemente, analizados los fundamentos expresados en la citada Resolución de alzada, se evidenció que la Vocal demandada justificó razonablemente su decisión de declarar procedente en parte las cuestiones planteadas por la solicitante de tutela, confirmando el Auto Interlocutorio recurrido; esto debido a que, los argumentos esgrimidos en respuesta a los agravios expresados contienen la suficiente fundamentación y motivación que sustenta su decisión, acorde con los preceptos jurídico procesales pertinentes; ya que, enmarcó su actuación a lo previsto en la normativa adjetiva penal, así como la jurisprudencia constitucional; haciendo hincapié en que, la aludida fundamentación y motivación, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que integre todos los puntos demandados, no dejando margen de duda respecto a su determinación; extremo que en el caso que se analiza efectivamente aconteció. Por los argumentos esgrimidos precedentemente, no se evidenció la vulneración de los derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, relacionados con la libertad de locomoción internacional, invocados por la accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela demandada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 19 vta. a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, en virtud a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0477_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): d4e3639af640281741e08e4c19f369bbdaac18f34b4bc0903bb7e861523d74b7
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