Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; tutela efectiva y al debido proceso; toda vez que, el 30 de agosto de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, remitió el legajo de la apelación incidental de medidas cautelares que presentó contra el Auto Interlocutorio 147/2022 ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, transcurriendo más de treinta días, sin que el Vocal demandado señale audiencia para la consideración del recurso presentado. Ante ello, la autoridad demandada refiere que la Secretaria de Cámara de la Sala Penal a su cargo emitió un proveído realizando observaciones de forma al legajo de apelación; empero, el Juez de origen no recogió dicho legajo, por lo que no puede ser sujeto de esta acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 18 a 22, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, ordenando se adopten las medidas inmediatas para celebrar la audiencia de apelación, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante ya se hubiese resuelto.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0477/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52210-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 18 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Filemón Aruni Gonzales en representación sin mandato de Franz Coaquira Chuquimia contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de octubre de 2022, cursante a fs. 2 y 5 a 7 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
El 30 de agosto de 2022, mediante Oficio CITE OF. 368/2022 de 26 de agosto, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, remitió el legajo de la apelación incidental de medidas cautelares que presentó contra el Auto Interlocutorio 147/2022 de 27 de julio; sin embargo, transcurridos más de treinta días -se entiende desde la remisión del legajo hasta la interposición de la presente acción tutelar-, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-, no señaló audiencia para la consideración de su recurso, permaneciendo detenido preventivamente durante ese tiempo, sin que el referido Vocal impulsara con celeridad y economía procesal la convocatoria a audiencia.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, tutela efectiva y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna que los contenga.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de consideración de la apelación incidental y se repare integralmente el daño causado.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El 30 de agosto de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, remitió el legajo de apelación incidental a la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, posteriormente, el 31 de igual mes y año, a horas 16:10, el mismo fue enviado a la Sala Penal Tercera del referido Tribunal Departamental de Justicia; desde entonces, no se convocó a audiencia, pese a que el procedimiento establece que debe realizarse dentro de los tres días siguientes; b) Desde el 4 de agosto de igual año, realizaron un seguimiento constante, incluso desplazándose desde las ciudades de Caranavi a Nuestra Señora de La Paz; sin embargo, el personal de apoyo de la referida Sala Penal, indicó que no se hallaba el legajo, lo cual evidencia una falta de diligencia por parte de la autoridad demandada; en consecuencia, esta omisión provocó una dilación procesal de más de dos meses, manteniendo de manera indebida su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento; y, c) Las SSCC 0044/2010-R de 20 de abril y “1582 de 2003” y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1555/2013” y “1586/2013” reconocen la procedencia de la acción de libertad cuando se exceden los plazos para resolver apelaciones relacionadas con cesación a la detención preventiva, por lo que solicita el resguardo de los derechos establecidos en los arts. 50 y 39 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en concordancia con el 113 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 14 a 15 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando lo siguiente: 1) No puede ser sujeto de esta acción de libertad, ya que, si bien el caso fue sorteado mediante el sistema informático, desconocía de su tramitación, puesto que la Secretaria de Cámara de la Sala Penal a su cargo emitió un proveído de mero trámite, realizando observaciones de forma en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 56 del CPP modificado por el art. 3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; 2) La SCP 0556/2021-S3 de 30 de agosto establece que los tribunales de alzada tienen la facultad de realizar observaciones de mero trámite, lo cual hizo la Secretaria de Cámara, conforme a lo informado por el Oficial de Diligencias; sin embargo, pese a la notificación realizada, los funcionarios del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no recogieron el legajo de apelación, a efectos de subsanar los defectos señalados; por ende, no constituye su responsabilidad; y, 3) No tiene legitimación pasiva, ya que, conforme la SCP 0009/2015-S1 de 29 enero, la demanda debe ser dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 13/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 18 a 22, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) No se tiene información verificada respecto a la fecha en que la apelación incidental de medida cautelar fue remitida al Tribunal de apelación “…contando simplemente con la información del accionante, que refiere que la misma fue remitida en fecha 30 de agosto del presente año; no obstante de ello, la autoridad jerárquica refiere que en fecha 31 de agosto de 2022 habría sido remitido el cuadernillo de apelaciones a la Sala Penal Tercera…” (sic); ii) Se notificó al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, el 1 de septiembre de 2022, ordenando el recojo del legajo de apelación a efectos de subsanar las observaciones de forma realizadas a la brevedad posible; iii) El Juez a quo debió subsanar las observaciones realizadas de forma oportuna e inmediata, considerando que de por medio existía un privado de libertad; y, iv) El accionante debió dirigir su acción de libertad contra el referido Juez, ya que fue dicha autoridad quien no subsanó las observaciones realizadas, por lo que la demora no es atribuible al Vocal demandado. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado del peticionante de tutela señaló que, el 4 de octubre de 2022 se apersonaron ante el despacho de la autoridad demandada, donde se les indicó que “…no existía el legajo de apelaciones…” (sic); por otro lado, solicitó se corra en traslado el informe y las pruebas aportadas por la referida autoridad demandada a efectos de hacer el reclamo ante las instancias correspondientes.
Ante ello, el Juez de garantías aclaró que la autoridad demandada informó que no tuvo conocimiento del recurso de apelación debido a las observaciones de forma realizadas por la Secretaria de Cámara de su despacho, lo cual lo exime de responsabilidad; por otro lado, recomendó a la parte accionante a apersonarse ante la mencionada autoridad demandada a fin de reclamar las supuestas vulneraciones a sus derechos cometidas por los funcionarios de apoyo judicial; y, finalmente, ordenó el traslado del informe presentado por el Vocal demandado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Oficio CITE: OF. 368/2022 de 26 de agosto, Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, remitió el legajo de apelación contra el Auto Interlocutorio 147/2022 de 27 de julio, a los Vocales de la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 3). II.2. Cursa hoja de ruta de 31 de agosto de 2022, con sello de recepción de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a horas 16:10 (fs. 4). II.3. Por informe de 5 de octubre de 2022, la Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puso a conocimiento del Vocal demandado lo siguiente: a) El proceso penal seguido contra el accionante fue remitido ante la mencionada Sala Penal el 31 de agosto de 2022; b) En cumplimiento al proveído de 1 de septiembre de igual año, se comunicó con los funcionarios del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del mencionado departamento, a efectos de que subsanen la observación realizada; y, c) Ante la inasistencia de los funcionarios del mencionado Tribunal, se comunicó con uno de los jueces técnicos del mismo -no refiere cual-, quien le respondió vía WhatsApp lo siguiente: “…Dr. estamos sin oficial de diligencias, la secretaria esta en audiencias de juicio, además con las labores de notificación y secretaria; situación que ha impedido que salga a La Paz, le pido su tolerancia y comprensión, estimamos salir la próxima semana con juicios, de esa manera poder recoger lo pendiente” (sic [fs. 13]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; tutela efectiva y al debido proceso; toda vez que, el 30 de agosto de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, remitió el legajo de la apelación incidental de medidas cautelares que presentó contra el Auto Interlocutorio 147/2022 ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, transcurriendo más de treinta días, sin que el Vocal demandado señale audiencia para la consideración del recurso presentado. Ante ello, la autoridad demandada refiere que la Secretaria de Cámara de la Sala Penal a su cargo emitió un proveído realizando observaciones de forma al legajo de apelación; empero, el Juez de origen no recogió dicho legajo, por lo que no puede ser sujeto de esta acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa, sea judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera adecuada. Por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que:“…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilatación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos corresponden).
En lo concerniente a la presente problemática, resulta relevante considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual señala que, toda autoridad que conozca una solicitud relacionada con la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro de un plazo razonable. Además, con el fin de garantizar dicho objetivo, el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que: “…los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueron necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”; aspecto que también es aplicable a los jueces en lo relativo a la organización y gestión de sus despachos judiciales. Ahora bien, el Vocal demandado manifiesta desconocer la apelación incidental interpuesta por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 147/2022 de 27 de julio y que constituye la base de la presente acción de libertad, argumentando que la observación fue elaborada por la Secretaría de Cámara de su despacho en ejercicio de las funciones conferidas por el art. 56 del CPP modificado por el art. 3 de la Ley 1173, y que no tiene atribuciones para emitir este tipo de resoluciones; no obstante, en su informe escrito, reconoce que el tribunal de alzada tiene la facultad de realizar observaciones de mero trámite con el fin de viabilizar la audiencia de apelación de medidas cautelares y, por otro lado, no desvirtúa la recepción del legajo de apelación, la cual fue realizada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 31 de agosto del mismo año, a horas 16:10, conforme consta en el sello de recepción puesto en la hoja de ruta del referido Tribunal Departamental de Justicia (Conclusión II.2); por lo que, el prenombrado no puede alegar desconocimiento de los legajos que se encontraban radicados en el despacho que preside. En efecto, la autoridad demandada alega que la presente acción de libertad incurre en falta de legitimación pasiva, señalando que la misma no debió dirigirse en su contra, sino contra el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; ya que, se observaron cuestiones de mero trámite con el fin de viabilizar la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares y que, en ese contexto, la Secretaria del despacho se comunicó inicialmente con el Oficial de Diligencias del mencionado Juzgado -quien ya no ejercía funciones- y posteriormente con la Secretaria del citado Juzgado, a fin de que recogiera y subsanara las observaciones realizadas al legajo; sin embargo, dicho argumento no resulta atendible, ya que de la revisión de los antecedentes, el expediente no fue devuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; en consecuencia al haberse reconocido la no devolución del expediente, se evidencia que el proceso no continuó de manera regular, esta omisión en la devolución oficial del expediente, necesaria para garantizar la adecuada remisión de los actuados, genera dudas respecto a la transparencia e integridad del procedimiento. Esto demuestra que, la responsabilidad de su tramitación recaía en la autoridad demandada; de ahí que no existe justificación que lo exonere de responsabilidad, pues tiene el deber ineludible de ejercer control y supervisión sobre todas las actuaciones procesales desarrolladas en su despacho, a fin de garantizar el debido proceso, la celeridad y el correcto funcionamiento de la administración de justicia; por lo que, no resulta jurídicamente válido que el mismo intente deslindar su responsabilidad, atribuyendo la omisión exclusivamente a la Secretaría de Cámara, cuando es él quien ostenta la función de dirección, control y vigilancia del trámite; en consecuencia, su inacción vulneró el principio de celeridad procesal y afectó de manera directa los derechos del accionante al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, resulta viable activar los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al verificarse una demora indebida en la tramitación de la solicitud de apelación incidental de medidas cautelares. Finalmente, en lo que respecta a la reparación integral del daño, si bien el art. 113 de la CPE reconoce dicho derecho, en el presente caso el accionante no fundamentó sobre el alcance del daño causado y el nexo directo con la forma de su satisfacción, motivo por el cual no corresponde su otorgamiento. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 18 a 22, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, ordenando se adopten las medidas inmediatas para celebrar la audiencia de apelación, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante ya se hubiese resuelto.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0477_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5e55d10f6b2f2902eea55dfab4e78077b3370dd5379963d69b61f451595064ef
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