Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de junio de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación; toda vez que, su empleador el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, no entregó oportunamente el subsidio de lactancia, solicitando se disponga la cancelación de once subsidios de lactancia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 049/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 40 a 43 vta. , pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a los once subsidios de lactancia, de acuerdo a la normativa aplicable y vigente al caso concreto; y, 2° Disponer que mediante la precitada Sala Constitucional se remitan antecedentes ante el Gobernador Departamental de Beni, para que en conocimiento de los mismos envíe antecedentes a auditoría interna a fin determinar las responsabilidades que correspondan.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0477/2023-S2 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 47632-2022-96-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 049/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yeraldine Caller Chávez contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador Departamental de Beni.
Por memorial presentado el 6 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 y 17 a 21 vta., la accionante expresó lo siguiente:
Señaló que en su condición de personal eventual en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni fue recontratada el 4 enero de 2021 por Memorándum SDAF/99-AD/2021, como Analista II - Dirección Departamental de Recursos Humanos (RR.HH.) dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas. Después de dar a luz a su hija en febrero de igual año, solicitó verbalmente y por escrito el pago de sus subsidios de lactancia; sin embargo, no recibió ninguna respuesta ni pago por parte del empleador. Indicó que erogó los gastos de alimentación para ella y su hija por un monto que ascendería a más de Bs22 000.- (veintidós mil bolivianos); además, alegó que el incumplimiento habría puesto en grave riesgo la nutrición y formación física de su hija. En este caso, la autoridad ahora demandada no cumplió con su obligación de pagar los subsidios de lactancia.
Señaló como lesionados sus derechos a la seguridad social, vida, salud y a la alimentación; citando al efecto los arts. 45.I, II, III y V; 48.I, II, III y IV; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar la cancelación de las asignaciones familiares de manera retroactiva en “DINERO” consistente en once subsidios de lactancia.
Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 39 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda, y amplió su demanda señalando que: a) La subsidiariedad debería ser considerada teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, la SCP “343/2018-S de 17 de julio de 2018” (sic) y las líneas adoptadas por la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (sic) sobre el interés superior del menor, en la cual se establece que “no es necesario adoptar la subsidiaridad” (sic), en este caso por ser derechos fundamentales; b) En cuanto al fondo, reclamó de forma oportuna y en reiteradas ocasiones el pago de las asignaciones familiares; c) Por lo cual, correspondería que sean cancelados en dinero; toda vez que, el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política del Estado; y, d) Reiteró se le conceda la tutela correspondiente y se proceda al pago de los subsidios de lactancia en efectivo.
José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador Departamental de Beni, a través de sus apoderadas legales presentó informe escrito el 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 34 a 36, y en audiencia ratificó el mismo, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Consideró que existiría subsidiariedad porque la acción de amparo constitucional no procederá cuando existan otros recursos que pudieran modificar o suprimir las resoluciones judiciales o administrativas y no se haya hecho uso oportuno de ellos, basando su argumento en lo siguiente: i) El art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional; ii) La SCP 0471/2012 de 4 de julio, establece reglas y subreglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad; y, iii) El AC 0222/2018-RCA de 28 de mayo, dispone que la acción tutelar solo podrá ser analizada en el fondo cuando la parte accionante hubiere acudido con su reclamo ante la misma autoridad o instancia que incurrió en la supuesta lesión al derecho fundamental o garantía constitucional invocado; 2) En cuanto al fondo, se presentó una certificación por la Dirección de Bienestar Laboral y Previsión Social de la Gobernación, Informe 183/2022 de 10 de mayo; por el que, se determinó el pago de once meses de subsidios a la ahora impetrante de tutela; 3) El Gobierno Autónomo Departamental de Beni, sería una institución pública y se solicitó que el pago de asignaciones familiares sea en el plazo de veinte días; 4) El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, define las asignaciones familiares y el subsidio de lactancia; y, 5) El referido Reglamento establece que los empleadores están prohibidos de otorgar el subsidio de lactancia en dinero.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante la Resolución 049/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 40 a 43 vta., concedió la tutela, disponiendo se proceda al pago de once subsidios y dentro del plazo de veinte días el subsidio de lactancia, debiendo ser dichas compensaciones retroactivas y canceladas en dinero. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Previo a ingresar a analizar la problemática planteada, es necesario referirse a la aplicación del principio de subsidiariedad; razón por la cual, habiéndose denunciado la vulneración a derechos constitucionales vinculados con la seguridad social, en virtud a lo expuesto en la “SCP 0894/2019-S3 de 31 de octubre” (sic), corresponde la abstracción del mencionado principio; b) Del informe escrito y lo manifestado en la audiencia por ambas partes, reconocieron que adeudan a la parte accionante once subsidios de lactancia; c) La autoridad demandada solicitó que el pago de asignaciones familiares sea en el plazo de veinte días y pidió que se deniegue la tutela solicitada por el pago en dinero, conforme al art. 21 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida; toda vez que, los empleadores están prohibidos de otorgar el subsidio de lactancia en dinero; d) Conforme a la SCP “0894/2019-S3 de 31 de octubre” (sic) consideró que la otorgación de las asignaciones familiares serían de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues se trataría de la seguridad social relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante y a la vida del recién nacido hasta que cumpliera un año de edad, y que el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares permitiría la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido; e) En el presente caso, la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias en favor de la impetrante de tutela generó lesión de los derechos constitucionales invocados; y, f) En ese contexto, fue viable determinar el pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, conforme al art. 19 del precitado Reglamento, correspondiendo disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Memorándum SDAF/99 A-D/2021 de 4 de enero; por el que, el Director del Servicio Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni designó a Yeraldine Caller Chavez -ahora accionante- en el cargo de “ANALISTA II - DIRECCIÓN DPTAL. DE RECURSOS HUMANOS GAD - BENI, dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas” (sic), con un nivel salarial 9 de la planilla de inversión, hasta el 31 de diciembre (fs. 3). II.2. El Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C. E-21/2022 de 3 de enero, suscrito entre el Secretario Departamental de Administración Y Finanzas GAD-Beni y la ahora solicitante de tutela suscribieron un contrato a plazo fijo hasta el 31 de marzo de 2022, con el el cargo de “ANALISTA II -DIRECCIÓN DPTAL DE RECURSOS HUMANOS GAD - BENI UNIDAD”, con dependencia de la referida Secretaría, con un nivel salarial 9 de la planilla de inversión (fs. 4 a 6) II.3. Cursa Certificado Médico de “Nacid@ Viv@” CNVBN/1808 10339 de 22 de febrero de 2022, correspondiente a la recién nacida AA, siendo la madre Yeraldine Caller Chávez, emitido por Javier Ramírez, Médico Pediatra de la Caja de Salud de la Corporación Regional de Desarrollo (CORDES [fs. 7]). II.4. La Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de la Caja de Salud CORDES de 3 de marzo de 2021, a favor de la asegurada Yeraldine Caller Chávez -hoy demandante de tutela-, determinando la cancelación del subsidio de natalidad, y el inicio del pago de las asignaciones familiares a partir del 1 del mismo mes y año, hasta el 22 de febrero de 2022, correspondiéndole doce asignaciones (fs. 9). II.5. Por nota de 29 de abril de 2022, la impetrante de tutela solicitó a la ahora autoridad demandada el pago de once meses de subsidio de lactancia en efectivo (fs. 12).
La accionante denuncia la vulneración de los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación; toda vez que, su empleador el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, no entregó oportunamente el subsidio de lactancia, solicitando se disponga la cancelación de once subsidios de lactancia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La jurisprudencia constitucional con relación a la excepción del principio de subsidiariedad tratándose de mujeres embarazadas y progenitores, a través de la SC 0530/2010-R de 12 de julio, determina que: “…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…” (las negrillas fueron añadidas); en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado-sostiene que: “…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…” (énfasis añadido). En ese entendido, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, en cuanto a la seguridad social y a la excepción al principio de subsidiariedad, señaló lo siguiente: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). De la jurisprudencia desarrollada, se establece que en los casos de mujer embarazada o padre progenitor hasta que el niño o niña cumpla un año de edad, no es imprescindible que él o la accionante agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, por cuanto no puede exigirse el cumplimiento de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa cuando se encuentra de por medio derechos que merecen una tutela inmediata como son: la alimentación, salud y vida del nasciturus.
Al respecto, la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, establece que: “Tanto el Estado Plurinacional de Bolivia como otros Estados, otorgan protección especial a los menores de edad, cuyos derechos fundamentales se hallan insertos en la Ley Fundamental así como en diversos instrumentos internacionales; situación que conlleva el deber de toda autoridad de tomar sus decisiones considerando la situación de los niños, niñas y adolescentes que puedan verse afectados; debiendo en cualquier caso prestar atención al interés superior que merecen al ser sujetos de derechos progresivos. En esa perspectiva, la Sección V del Capítulo V de la Norma Suprema, consagra los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Así, el art. 58, indica: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en esta Constitución…’; teniendo derecho a su desarrollo integral (art. 59.I). Estableciéndose en el art. 60, el deber que atañe al Estado, la sociedad y la familia de: ‘…garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’. Estando instituido por el art. 61.I, la prohibición de toda forma de violencia contra éstos, tanto en la familia como en la sociedad, lo cual conlleva la sanción respectiva. Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente (CNNA), de 14 de octubre de 1999, que de acuerdo a su art. 1: ‘…establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y sociedad debe garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia’; determina la obligatoriedad de velar por su interés superior según la Norma Suprema, Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y leyes del Estado Plurinacional (art. 6); siendo deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurarles con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos (art. 7); deviniendo de ello el derecho que tienen de ser atendidos con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas (art. 8). En cuanto a instrumentos internacionales, se tiene la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959, que en su Principio 2, determina que los niños gozarán de una: ‘...protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño’. El art. 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece el: ‘…derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado’. En igual sentido, se encuentran otros instrumentos internacionales que otorgan protección especial a los niños, niñas y adolescentes, tal el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Glosada la normativa constitucional e internacional que demuestra el máximo interés que la legislación ha otorgado a los menores de edad, en prevalencia de sus derechos fundamentales, compele referirse a la jurisprudencia sentada por otros tribunales de justicia constitucional; tal es el caso, de la Corte Constitucional de Colombia, que en relación al interés superior del que gozan, a través de su Sentencia T-973/11 de 15 de diciembre de 2011 -entre otros fallos emitidos al respecto-, expresó: ‘…Bajo la concepción de que los niños, por su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, y por ser quienes representan el futuro de los pueblos, necesitan protección y cuidados especiales, los Estados y en general la comunidad internacional, los han proclamado como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, centrado su atención en el propósito de garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde al rol de gran trascendencia que están llamados a cumplir en la sociedad. 6.2. Ese especial interés en proporcionarle a los menores un tratamiento preferencial, que implica adoptar «una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran», encuentra particular sustento en los distintos instrumentos o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia…’ El fallo citado continúa estableciendo que: ‘...El denominado «interés superior» es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado «menos que los demás» y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida. (…) 6.16. En suma, el interés superior del menor es un principio rector, ampliamente reconocido por el derecho internacional y reproducido de manera directa en la Constitución Política, que propende por la máxima satisfacción de los derechos de que son titulares todos los niños, niñas y adolescentes, entendidos como fundamentales, prevalentes e interdependientes, y que como tal, constituye una limitación u obligación de carácter imperativo, especialmente dirigida a todas las autoridades del Estado, quienes deberán actuar con diligencia y especial cuidado al momento de adoptar sus decisiones, en aquellos asuntos en los que se hayan involucrados los intereses de un menor’. De todo lo relacionado se concluye que, los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’ ” (las negrillas son nuestras).
El art. 45.II de la CPE, establece que: “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social” (las negrillas fueron agregadas). En este sentido, los parágrafos III y V de la misma disposición constitucional estipulan que: “El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. (…) V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas nos pertenecen). El art. 50 de la Norma Suprema, dispone que: “El Estado mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social” (las negrillas son nuestras). En ese marco constitucional y al tratarse de una competencia exclusiva del nivel central, conforme el art. 51 del Decreto Ley (DL) 13214 de 24 de diciembre de 1975 (elevado a rango de ley, mediante Ley 006 de 1 de mayo de 2010) determina:”… Subsidio de lactancia por cada hijo menor de un año, durante los primeros doce meses de vida 200 mensuales en especie…” (énfasis añadido). De la misma manera, el art. 25.c del Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987 (modificado en el primer párrafo por el DS 2892 de 1 de septiembre de 2016, modificado posteriormente por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018), dispone que: “Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida…” (énfasis agregado). Asimismo, el Estado reglamentó mediante el art. 2 del DS 3319 de 6 de septiembre de 2017, cuando: “El Ministerio de Salud, según los parámetros técnicos nutricionales requeridos, determinará la lista de productos para los Subsidios Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida, mediante resolución expresa hasta el primer trimestre de cada gestión” (las negrillas nos pertenecen). En consonancia, con lo anterior el art. 2 del DS 3561 de 16 de mayo de 2018, crea la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) “… con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la Seguridad Social de Corto Plazo, en base a sus principios, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios…” (énfasis añadido), así que en su calidad de órgano administrativo especializado tiene como atribuciones fiscalizar la otorgación de la prestación de las asignaciones familiares a sus beneficiarios, así como controlar el subsidio de lactancia de la Seguridad Social de Corto Plazo (arts. 11.nn y oo del referido DS). A tal efecto, dicta la Resolución Administrativa (RA) ASUSS 101/2021 de 31 de diciembre, que en el anexo aprueba el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares. Posteriormente que en lo referente a los subsidios dispone la obligación de los empleadores en el art. 9.b y h “Depositar mensualmente al SEDEM, Bs2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos), por cada trabajador(a) o beneficiaria, destinado a cubrir la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia conforme a la planilla consolidada (…) Socializar de manera obligatoria la normativa sobre el Régimen de Asignaciones Familiares a sus trabajadores (as), mediante la unidad de recursos humanos o la instancia correspondiente”
(las negrillas son añadidas). Razón por la cual, el precitado Reglamento estableció en el marco del principio de Unidad de Gestión las obligaciones de cada parte de la Seguridad Social; vale decir, el empleador, el beneficiario, los entes gestores de la Seguridad Social y el Estado; en este último caso, representado por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS). En este contexto, estableció en el art. 11.c que: “Son beneficiario (a[…] ) Lactantes durante sus primeros doce (12) meses de vida, que se encuentren debidamente afiliados a un Ente Gestor”. Además estableció obligaciones para: a) Beneficiarios de consumir el subsidio (art. 13.f); b) Empleadores de afiliar al trabajador; depositar mensualmente el subsidio; elaborar planillas de asignaciones familiares; presentar la planilla consolidada; entregar las boletas de subsidio a los beneficiarios; y, socializar la normativa de las asignaciones familiares a sus trabajadores (art. 9.a, b, e, g, y h); c) Entes Gestores de entregar el carnet y/o formulario de afiliación para la entrega la empleador; presentar al órgano administrativo especializado mensualmente la nómina y/o Planilla de afiliados; y, extender certificados de control prenatal desde el quinto mes de embarazo cumplido y certificado de nacimiento vivo u óbito art. 8.a, b, y c); d) ASUSS de fiscalizar, supervisar, controlar, inspeccionar y sancionar la otorgación de los subsidios entre ellos prenatal y lactancia; verificar el incumplimiento de la normativa; procesar la atención de quejas y denuncias de incumplimiento de la otorgación de las asignaciones familiares, y administrar el régimen de sanciones. (arts. 7.a y b, 16, 23, y 24). La ASUSS, en el marco del principio de gestión de la seguridad social, se constituye en la entidad establecida por el Estado, para garantizar el cumplimiento del régimen de asignaciones familiares en mérito a los principios de unidad de gestión y oportunidad; vale decir, que asume atender el procedimiento de quejas y denuncias de incumplimiento (art. 16), así como regula el pago excepcional del subsidio prenatal en dinero, previa autorización expresa de la misma (art. 28); por lo que, se establece la prohibición de los empleadores de entregar el subsidio de lactancia en dinero, además de retrasarse por más de un mes en el pago de los subsidios prenatal y de lactancia (art. 21.a y e), y negar a los beneficiarios la opción de recibir el subsidio de lactancia en dinero (art. 22.a), estableciendo a tal efecto un régimen sancionatorio, en el que se puede denunciar el incumplimiento de los empleadores en la obligación de otorgar la asignaciones familiares y la correcta entrega de las boletas de subsidio (art. 23). Finalmente, el precitado Reglamento dispone en el art. 35.a, que: “En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes” (énfasis añadido). En el referido contexto, el Tribunal Constitucional en la SC 0934/2005-R de 12 de agosto, estableció que: “…en una correcta interpretación de la norma prevista en el art. 25 del DS 21637, de 25 de junio de 1987, que dispone que los empleadores de los sectores público y privado son los responsables directos de pagar los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, en favor de la madre gestante o beneficiaria tratándose de los subsidios prenatal y de natalidad, así como para el hijo en sus primeros doce meses de vida que es el beneficiario del subsidio de lactancia; el empleador, sea el Estado o una entidad privada, reatada al cumplimiento de este deber, pagará estas prestaciones a favor de la madre como asegurada directa o como beneficiaria. En consecuencia, las autoridades recurridas, deberán observar su efectivo cumplimiento” (las negrillas son añadidas). En este mismo sentido, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional consideró que la entrega debe ser oportuna para garantizar los derechos que tutela, así que en la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, que cita la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de la SC 0030/2002 de 2 abril, y señala que: “Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos” (las negrillas son nuestras). En atención a la normativa específica, aplicable y vigente (Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares) a la fecha de interposición de la acción tutelar, y a la jurisprudencia glosada anteriormente, corresponde señalar que el subsidio prenatal y de natalidad, como parte de las asignaciones familiares establecidas dentro del seguro a corto plazo, conforme a la Norma Suprema, el Estado asume el control y administración de la misma y la realizará conforme a varios principios, entre éstos, la Unidad de Gestión y la oportunidad en la prestación; obliga a la ASUSS controlar y fiscalizar para hacerlos efectivos, como órgano administrativo especializado. Teniendo en cuenta los principios de oportunidad y eficacia en que se sustenta la seguridad social, el Estado caracteriza al subsidio de lactancia, como la entrega periódica mensual en especie de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) de forma mensual, y bajo el control y fiscalización de la ASUSS; entidad que verifica que el subsidio llegue a la madre y al recién nacido, en condiciones que les permitan el aprovechamiento de los paquetes de subsidio lactancia. Sin embargo, considerando el incumplimiento de las prestaciones (independiente de los mecanismos institucionales de denuncia, procedimiento administrativo, y sancionatorio establecido para cuando el empleador no provea el mismo), este Tribunal tiene la obligación de llevar a cabo las medidas y los mecanismos necesarios para que sea una realidad el desarrollo, el reconocimiento y el ejercicio de todos los derechos sociales. Por lo que, en la vía excepcional el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el deber de conceder la tutela correspondiente, y disponer que la otorgación de las asignaciones familiares se realice conforme a la normativa detallada anteriormente.
En cuanto al intitulado, este Tribunal a través de la SC 0653/2010-R de 19 de julio, ratificando la jurisprudencia ya existente e interpretando la norma constitucional vigente, señala: “En cuanto al derecho a la vida Es el primero de los derechos fundamentales y que da inicio al catálogo desarrollado por el art. 15.I de la CPE; derecho primigenio cuyos alcances ya han sido establecidos por este Tribunal, que en el entendido de que es el bien jurídico más importante, señaló que: ‘Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento’ (SC 1294/2004-R de 12 de agosto). Respecto al derecho a la salud También previsto como derecho fundamental en el art. 18.I de la CPE, desarrollado por los arts. 35 al 44, de dicha norma Suprema Sección II ‘La salud y a la seguridad Social’ del Capítulo Quinto sobre los ‘Derechos Sociales y Económicos’, Título Segundo ‘Derechos Fundamentales y garantías’, de la Primera Parte de la ‘Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías’. Derecho, sobre cuyo entendimiento este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: ‘es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida’. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9 num. 5) de la CPE, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley ‘Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo’. En cuanto al derecho a la seguridad social En el mismo orden normativo constitucional, tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, que han sido precedentemente expuestos, y se halla desarrollado también en la Sección II ‘La salud y a la seguridad Social’ del Capítulo Quinto sobre los ‘Derechos Sociales y Económicos’, Título Segundo ‘Derechos Fundamentales y garantías’, de la Primera Parte de la ‘Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías’ de la Constitución Política del estado, concretamente en el art. 45, cuyo parágrafo I, establece que: ‘Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social’; cuyos principios, alances, ámbito y limitaciones están descritos en los parágrafos II, III, V y VI de dicha norma constitucional. Al respecto este Tribunal también ya se ha pronunciado, así en la SC 0062/2005-R de 19 de septiembre, se señaló que el derecho a la seguridad social es: ‘la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares’. A lo que se añade que al ser el derecho a la seguridad social, derivado del derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el ‘vivir bien’. Por tanto, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien sostiene, dirige y administra, por tanto, también es responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, puesto que el art. 45.II de la CPE establece el control y participación social” (las negrillas nos corresponden). En cuanto al derecho a la alimentación La SC 0172/2006-R de 16 de febrero, al considerar este derecho con relación a la prestación de asistencia familiar y dentro del derecho a la vida y la salud “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones (…) derechos a la vivienda, a la alimentación y al vestido constituyen derechos esenciales que conducen a un nivel de vida adecuado por cuanto aseguran el sustento diario, la habitación y la vestimenta de las personas. La ausencia de estos bienes básicos conduce a una muerte segura” (énfasis añadido). Bajo el mismo entendimiento, la SCP 0169/2014-S1 de 19 de diciembre, al considerar el derecho al agua señala que:“…por ende, asociado, vinculado o relacionado bajo el principio de interdependencia (art. 13.I de la CPE), al derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación adecuados, entre otros derechos individuales que tengan que ver con un nivel de vida adecuado y la vida digna, lo que la Ley Fundamental denomina el 'vivir bien' como finalidad del Estado (Preámbulo, art. 8.II de la CPE) y fundamento del modelo económico boliviano (arts. 306.I y 313 de la CPE), o lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama el derecho al acceso a una existencia digna. Esta primera relación e interdependencia entre los derechos fundamentales individuales señalados -con el fin de materializar la vida digna, el 'vivir bien' y satisfacer las necesidades básicas de la vida- además, guarda armonía con el contexto del reconocimiento del derecho de acceso al agua potable en la Constitución y en algunos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así en su Título II, Capítulo Segundo, referido a los Derechos Fundamentales, y su art. 16.I reconoce que: ‘Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación’” (las negrillas nos corresponden). En este sentido, el derecho a la alimentación como tal, es un derecho fundamental que es interdependiente con el derecho a la salud; y en este contexto relacionado con la seguridad social y las asignaciones familiares, por cuanto se entiende que busca lograr un nivel de vida adecuado y digno.
En revisión de la acción de amparo constitucional formulada por la accionante, corresponde a este Tribunal determinar si la tutela requerida es o no procedente, considerando si el Gobierno Autónomo Departamental de Beni lesionó los derechos reclamados, por no haber provisto los subsidios a los que estaba obligado; conforme y valorando fácticamente los hechos puestos a consideración de la justicia constitucional. Al existir la excepción al principio de subsidiariedad en la presente acción tutelar, conforme a la línea jurisprudencial continua y reiterada señalada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde determinar la existencia del derecho a la seguridad social, puesto que el mismo se origina en la obligación del empleador de proveer los subsidios a los que tendrían derecho por su condición de madre o padre progenitor de un concebido o un nacido hasta el primer año de vida. En este contexto, se procederá a verificar la relación laboral entre el Gobierno Autónomo Departamental de Beni con la impetrante de tutela. De la información provista por la accionante (Conclusiones II.1 y II.2), emerge que su contrato de trabajo estaría vigente hasta el 31 de marzo de 2022.
La autoridad ahora demandada en el informe escrito, no mencionó nada y en audiencia reconoció la deuda que tendría por la certificación de la Dirección de Bienestar Laboral y Previsión Social de la Gobernación, Informe 183/2022 de 10 de mayo (no adjuntado), determinando el pago de once meses de subsidios a la solicitante de tutela. Asimismo, dicha autoridad demandada en ninguna parte de sus alegatos detalló o explicó las razones del por qué no habría cancelado, a pesar que a favor de la misma accionante ya se le habría concedido en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni otras asignaciones familiares, y si bien pudieron tener imposibilidades de gestionar recursos para el pago oportuno de sus obligaciones, la citada entidad no explicó o argumentó razones que permitan a esta instancia constitucional, entender el cumplimiento continuo y manifiesto en no pagar las asignaciones familiares a las que se encuentran obligados. En atención al interés superior del menor, y que la autoridad demandada se allanó al petitorio reconociendo la deuda a la demandante de tutela, este Tribunal considerando la prueba provista por la accionante, reconocen la existencia de la obligación de cancelar las asignaciones familiares; por lo que, corresponde garantizar el derecho del menor, ante la ineficiente y desordenada administración del Gobierno Autónomo Departamental de Beni. Analizaremos ahora, los derechos que se reclaman para ser tutelados por la presente acción de defensa; en primer lugar, el derecho a la vida, en este caso podemos sostener que el Estado conforme a las políticas en materia de seguridad social ha creado las condiciones indispensables con el subsidio prenatal, natalidad y de lactancia, para que se garantice la existencia de todo recién nacido hasta el primer año de vida, y determinó la obligación del empleador de sostenerla y proveerla. En cuanto al derecho a la salud, de acuerdo a lo referido anteriormente el Estado ha establecido mecanismos para crear las condiciones adecuadas con el fin que los individuos alcancen un estado óptimo de bienestar físico, mental, social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones; a tal efecto, con relación a satisfacer este fin del Estado, las entidades encargadas del subsidio prenatal y de lactancia determinan los productos que logren dicho objetivo, tanto para el recién nacido como para la madre. Así que de la misma manera se da el cumplimiento de este derecho, cuando el empleador provee el subsidio en la forma y frecuencia establecida por el Estado. Respecto al derecho a la alimentación, tal como se refirió en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al ser interdependiente de los derechos a la vida y a la salud, y que en definitiva se relaciona con la seguridad social y las asignaciones familiares, por cuanto se entiende que busca lograr un nivel de vida adecuado y digno, corresponde ser tutelado. Finalmente, a propósito del derecho a la seguridad social; de conformidad a lo anterior, consta que se cumplió la obligación de afiliar en el ente gestor, el certificado médico de “Nacid@ Viv@”, y la calificación de beneficios para el régimen de asignaciones familiares (Conclusiones II.3 y II.4). En ese marco, se puede establecer claramente las asignaciones familiares que deben ser provistas; es decir, los once subsidios de lactancia para que una vez acreditados y con el seguimiento del ente gestor y de la autoridad administrativa, sean ejecutados conforme a los principios de la seguridad social, con oportunidad y eficacia; entendida como que el subsidio sea entregado cada mes para suplir la nutrición del recién nacido, eventualmente de la madre mientras sea lactante, y que al ser periódico no se puede considerar oportuno si no se provee en la forma establecida; toda vez que, el fin es brindar complementos a la madre y al recién nacido hasta el año de vida, y así asegurar su derecho a la vida y la salud, fin último del derecho a la seguridad social. Asimismo, conforme a lo manifestado por la entidad demandada en audiencia, reconoce que no se proveyó los once subsidios, no se habría otorgado el subsidio de lactancia al no realizar la entrega de forma mensual; razón por la que, tuvo que ser reclamada el 29 abril de 2022 por la ahora impetrante de tutela (Conclusión II.5); por lo que, la entidad pública habría vulnerado los derechos a la seguridad social, vida, salud y alimentación del hijo de la accionante; pues a fin de dar cumplimiento a los principios de oportunidad y eficacia de la seguridad social, se debe otorgar los subsidios de acuerdo a la normativa específica, aplicable y vigente a la fecha de interposición de la presente acción tutelar.
De los antecedentes presentados, se evidencia que la entidad no se encuentra cumpliendo con los procedimientos de las asignaciones familiares, de los funcionarios eventuales por tiempo definido, denotando fallas de control interno que deberán ser evaluadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a fin que ordene la realización de las auditorías necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 049/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 40 a 43 vta. , pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a los once subsidios de lactancia, de acuerdo a la normativa aplicable y vigente al caso concreto; y, 2° Disponer que mediante la precitada Sala Constitucional se remitan antecedentes ante el Gobernador Departamental de Beni, para que en conocimiento de los mismos envíe antecedentes a auditoría interna a fin determinar las responsabilidades que correspondan. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Brigida Celia Vargas Barañado es de voto aclaratorio.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0477_2023-S2.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 440bc02cbfa0dfbd78dab210888619fb5a61f7918023bb0f6bb01b11a87c0153
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