B.IA.LEGAL

SCP 0476/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52491-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad por haber incurrido en dilación indebida en el proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, toda vez que: a) La Jueza demandada a pesar que emitió el Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, que declaró probada la excepción de incompetencia en razón de territorio y a su vez, dispuso la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha del departamento de La Paz, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, no efectuó el envío respectivo; b) El Fiscal codemandado, tampoco remitió el cuaderno de investigación del mencionado proceso penal, a la Fiscalía de Viacha; por lo que, debido a la inacción de ambas autoridades continúa privado de libertad; y, c) No obstante su solicitud presentada ante el Fiscal Departamental de La Paz, para que se sorteé un fiscal asignado al municipio de Viacha, por carecer del mismo, tampoco se realizó dicha asignación. Por lo que; solicitó se conceda la tutela, y consecuentemente: 1) Se ordene a la Jueza demandada que en el día efectúe la remisión del legajo de declinatoria en razón de territorio al Juzgado de Viacha mencionado; así como el Fiscal codemandado remita el cuaderno de investigaciones a la Fiscalía de Viacha; y, 2) Se establezca responsabilidad administrativa de los demandados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 33/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con relación a las autoridades demandadas, conforme a los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer lo siguiente: a) Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, una vez notificada con el presente fallo constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, verifique el destino actual del cuaderno procesal y realice las diligencias necesaria para que se efectivice la remisión de la causa seguida contra el accionante al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha, para que en esta instancia se asuma competencia, valore la situación jurídica del accionante y se resuelva lo que en derecho corresponda, salvo si ese acto procesal ya se hubiera realizado. b) Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia de la localidad de Tapacari del departamento de Cochabamba, una vez notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el plazo de veinticuatro horas, remita el cuaderno de investigaciones o, en su defecto, adopte las acciones necesarias para asegurar su efectiva recepción en la Fiscalía de Viacha, salvo que ese acto procesal ya se habría realizado en el transcurso del tiempo.

3° DENEGAR la tutela con relación a la denuncia de no designación de fiscal de materia, por no haberse demandado al Fiscal Departamental de La Paz situación que imposibilita un análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La falta de legitimación pasiva en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2025-S3 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52491-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Mita Jimenez contra Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Público Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba; y, Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 6 a 9, el accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público a instancia de Marcos Mendoza Ramírez, por la presunta comisión del delito de robo agravado, a través del Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, se resolvió la solicitud de declinatoria de competencia en razón de territorio, formulada por el Ministerio Público, así como la parte denunciante, declarando probada la excepción de incompetencia y, en consecuencia, se dispuso que por secretaría se remita el legajo procesal ante el Juez de Instrucción Penal de turno de Viacha del departamento de La Paz, previos los trámites de rigor.

Sin embargo, hasta el momento de interposición de la presente acción tutelar, no se remitió el expediente a dicho Juzgado de Instrucción; además, en razón a que el Municipio de Viacha del departamento de La Paz no cuenta con un Fiscal, el 5 de diciembre de 2022, presentó un memorial al Fiscal Departamental del referido departamento, solicitando que se sortee un fiscal asignado al citado Municipio; empero, esa solicitud no fue cumplida, habiendo transcurrido más de treinta días de dilación indebida, sin haberse resuelto su situación jurídica dejándolo en un estado de indefensión; por lo que, ambas autoridades no remitieron los actuados correspondientes al referido Juzgado y a la Fiscalía de Viacha.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad, citando al efecto los arts. 115, 116, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene a la Jueza demandada que en el día remita el legajo de declinatoria de competencia en razón de territorio al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha del departamento de La Paz; así como el Fiscal codemandado remita el cuaderno de investigación a la Fiscalía de Viacha; y, b) Se establezca la responsabilidad administrativa de los demandados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 7 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de abogado, en audiencia virtual ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, en audiencia informó que: 1) Una vez remitida la Resolución de declinatoria de competencia por razón de territorio, se notificó a las partes, quienes por su dejadez no proveyeron las fotocopias necesarias; por ello, el Juzgado tuvo que suministrar las mismas considerando que en esa oficina no existe fotocopiadora. Asimismo, esperó la ejecutoria de la citada Resolución y el procesado no formuló su recurso de apelación incidental; por lo que, realizó los actos correspondientes para que se remita al Tribunal de La Paz, efectivizándose dicho envío el 1 de diciembre de 2022, según comprobante remitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba; y, 2) El encargado de remitir los procesos es el Secretario de su juzgado, no así su autoridad; por lo que, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental ni garantía constitucional. Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia de Tapacari, en audiencia señaló que: i) El 24 de noviembre de 2022, remitió el cuaderno de investigaciones a la Fiscalía Departamental de La Paz -conteniendo el cargo de recepción-; y, en consecuencia se emitió la providencia de admisión de 28 de igual mes y año; ii) De acuerdo al informe emitido por el responsable de la Fiscalía de Viacha, refirió que el cuaderno procesal se encuentra en La Paz y no llegó a dicha Fiscalía para su sorteo; dado que, conforme el comprobante enviado, el 26 de noviembre de 2022, fue remitido a La Paz por intermedio de su asistente, quien tiene la facultad de enviar los cuadernos procesales en casos de declinatoria. En tal sentido, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental ni garantía constitucional del imputado, ya que incluso su autoridad realizó el seguimiento correspondiente, en observancia de los principios de celeridad y objetividad. Asimismo, al inicio de la medida cautelar impuesta al imputado, pidió a la Jueza ahora demandada la declinación de su competencia; en razón de que los actos investigativos debían realizarse en el lugar del hecho; y, iii) Ya no tiene competencia sobre el caso, debido a que según el Sistema JL1, el cuaderno procesal ya no se encuentra con su autoridad al haberse remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz; por ello, solicitó que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 33/22 de 7 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., denegó la tutela solicitada, respecto a la Jueza y Fiscal de Materia demandados, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no demostró de forma documental que hubiera acudido ante ambas instancias, para reclamar la supuesta negativa de remisión de antecedentes del proceso seguido en su contra y que estas autoridades no hubieran atendido su reclamo; y, b) Considerando que las autoridades demandadas han remitido dentro los plazos procesales el cuaderno de investigaciones a la Fiscalía Departamental de La Paz, no es viable conceder la tutela impetrada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el representante del accionante solicitó, se imponga responsabilidad a las autoridades demandadas, por la demora en la remisión, ya que si bien la Jueza demandada, en su informe oral señaló que no ha existió colaboración por parte del hoy solicitante de tutela, no se consideró que el mismo se encuentra con detención preventiva.

En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Juez de garantías, señaló que, de la relación fáctica expuesta en la acción tutelar y los fundamentos vertidos en la audiencia virtual, el abogado no presentó ningún documento, menos mencionó que el accionante estuviera con medidas cautelares personales de detención preventiva y que las autoridades demandadas hicieron ver que fueron ellos quienes proporcionaron todos los recaudos para las notificaciones y la remisión de los antecedentes, considerando que en el distrito judicial de Tapacari no existe el servicio de fotocopiadora y que la defensa del acusado no presentó ninguna solicitud de remisión de las actuaciones procesales, más aún cuando en la acción de libertad no especificó qué tipo de sanción se debe imponer a los demandados, si es con imposición de costa o sanción disciplinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Rolando Mita Jiménez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba -ahora autoridad demandada-, mediante Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022 declaró probada la excepción de incompetencia, formulada por el representante del Ministerio Público y el denunciante Marcos Mendoza Ramírez. En consecuencia, declinó competencia en razón de territorio, disponiendo que por Secretaría se remita el legajo procesal ante el Juez de Instrucción Penal de turno de Viacha de El Alto del departamento de La Paz, previas formalidades de rigor, con nota de atención y notificación mediante orden instruida, al Gobernador del Centro Penitenciario de Quillacollo del departamento de Cochabamba, debiendo cooperar con el traslado del procesado, tanto el representante del Ministerio Público, así como el denunciante (fs. 26 a 29). II.2. A través de nota de atención de 24 de noviembre de 2022, Roberto Calli Roque Fiscal de Materia -ahora codemandado-, remitió ante la Fiscal Departamental de Cochabamba, cuaderno por declinatoria de competencia, a objeto de que la misma sea derivada a la Fiscalía Departamental de La Paz (fs. 19). II.3. Por nota de atención de 26 de noviembre de 2022, a la cual se adjunta fotocopia simple de la guía de courrier 243368, de la misma fecha, la Fiscal Departamental de Cochabamba, remitió ante el Fiscal Departamental de La Paz, el cuaderno de investigación por declinatoria en razón de territorio, dentro del proceso penal seguido contra el accionante (fs. 17). En consecuencia, mediante decreto de 28 de similar mes y año, el Fiscal Departamental de La Paz, dispuso la remisión del cuaderno de investigaciones del caso a conocimiento del Responsable de Plataforma de la Fiscalía de Viacha, con el fin de que proceda al sorteo y la asignación de Fiscal respectiva, debiendo reasignar el caso a nombre del nuevo fiscal asignado (fs. 19 vta.). II.4. Cursa guía de courrier 244214, en la cual, el 1 de diciembre de 2022 el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Tapacari del departamento de Cochabamba, remitió al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el cuaderno procesal (fs. 20). II.5. El 5 de diciembre de 2022, Rolando Mita Jimenez, mediante memorial denunció al Fiscal Departamental de La Paz, retardación de justicia, solicitando que en el plazo de veinticuatro horas se sortee un fiscal con asiento en el municipio de Viacha (fs. 4 y 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad por haber incurrido en dilación indebida en el proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, toda vez que: a) La Jueza demandada a pesar que emitió el Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, que declaró probada la excepción de incompetencia en razón de territorio y a su vez, dispuso la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha del departamento de La Paz, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, no efectuó el envío respectivo; b) El Fiscal codemandado, tampoco remitió el cuaderno de investigación del mencionado proceso penal, a la Fiscalía de Viacha; por lo que, debido a la inacción de ambas autoridades continúa privado de libertad; y, c) No obstante su solicitud presentada ante el Fiscal Departamental de La Paz, para que se sorteé un fiscal asignado al municipio de Viacha, por carecer del mismo, tampoco se realizó dicha asignación. Por lo que; solicitó se conceda la tutela, y consecuentemente: 1) Se ordene a la Jueza demandada que en el día efectúe la remisión del legajo de declinatoria en razón de territorio al Juzgado de Viacha mencionado; así como el Fiscal codemandado remita el cuaderno de investigaciones a la Fiscalía de Viacha; y, 2) Se establezca responsabilidad administrativa de los demandados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal.

Entendimiento extraído de la 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

III.2. La falta de legitimación pasiva en la acción de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril,estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo,se refuerza el entendimiento antes señalado existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 4 En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 5 El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6 El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que éste se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SCP 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.

Dicho entendimiento, fue sistematizado a través de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, relacionada a la falta de legitimación pasiva en la acción de libertad.

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso se evidencia que la parte accionante denuncia que las autoridades demandadas incurrieron en dilaciones indebidas, por la falta de remisión del cuaderno procesal al juzgado competente y la no remisión del cuaderno de investigación a la Fiscalía de Viacha, no obstante, la declaración de incompetencia -en razón de territorio- del órgano judicial, situación que será analizada a continuación. Bajo esos términos, también es importante realizar un análisis individualizado de las actuaciones de cada una de las autoridades demandadas a efectos de responder a cada uno de los actos lesivos denunciados, también es imprescindible pronunciarse respecto a la falta de respuesta del Fiscal Departamental de La Paz ante la solicitud del accionante para la asignación de un fiscal en Viacha, quien no fue demandado en la presente acción tutelar.

a) Respecto a la Jueza demandada De la revisión de antecedentes que cursa en obrados, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado, radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Instrucción Penal Primero de Tapacari del departamento de Cochabamba, a solicitud del Ministerio Público y del denunciante se interpuso incidente de excepción de incompetencia en razón de territorio, el cual fue resuelto mediante Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, declarando probada la excepción de incompetencia en razón de territorio y disponiendo expresamente la remisión del legajo procesal al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha del departamento de La Paz (Conclusión II.1); sin embargo, dicha remisión no se concretó hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad. Si bien cursa en el expediente una guía de courrier 24424, en la cual, se consigna una remisión del Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Tapacari del departamento de Cochabamba, ante el Tribunal Departamental de La Paz (Conclusión II.4), con ello solamente se acreditó el envío del expediente al citado Tribunal, sin tener la constancia de que el cuaderno procesal haya llegado efectivamente al Juzgado de Viacha -tal cual se dispuso-, lo que genera una situación de incertidumbre jurídica sobre el estado actual del proceso, sobre todo en cuanto al lugar donde se encuentra el cuaderno procesal de dicho proceso. En virtud a ello, se evidencia que la Jueza demandada incurrió en una dilación indebida que afecta directamente el derecho a la libertad del accionante, quien permanece privado de libertad, sin que su situación jurídica haya sido resuelta. Esa conducta constituye una omisión puntual en la efectivización de una determinación judicial, cuya consecuencia directa es la demora en la resolución de la situación jurídica del accionante; puesto que, desde la emisión del Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, hasta la interposición de la presente acción tutelar -6 de diciembre del citado año-permitieron que transcurran un mes y nueve días de dilación indebida, sin que se tenga conocimiento que el cuaderno procesal hubiera llegado al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha del departamento de La Paz.

En ese contexto, corresponde la aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a través del cual, se establece que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible y en el caso concreto, ese tipo de acción es entendida como la vía idónea para exigir a las autoridades judiciales que actúen con celeridad frente a trámites procesales, en los cuales su dilación incide directamente en la libertad personal, sobre todo si el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no establece el tiempo para remisión del expediente ante el juez competente; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, respecto a la Jueza demandada, la misma que incurrió en dilación indebida respecto a la remisión del cuaderno procesal por declinatoria de competencia, a la Jueza de Instrucción Penal de turno de Viacha del departamento de La Paz. De igual forma, es necesario precisar que la autoridad demandada, no puede pretender deslindar su responsabilidad en los funcionarios subalternos de su despacho, conforme lo señalado en la audiencia de garantías, al informar que no es la responsable de remitir el citado cuaderno procesal, omitiendo observar que en su condición de directora del proceso, tiene el deber de realizar el control al personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, con el fin de efectuar sus funciones con responsabilidad, más aún cuando se encontraba el cuaderno procesal en su despacho, de un proceso penal en el que determinó su incompetencia en razón de territorio, teniendo conocimiento a su vez, que el imputado se encontraba privado de libertad.

b) En cuanto al Fiscal de Materia codemandado Respecto al segundo acto lesivo denunciado con relación al Fiscal de Materia codemandado, consistente en la falta de remisión del cuaderno de investigación ante la Fiscalía de Viacha del departamento de La Paz, según los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que mediante Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Instrucción Penal Primero de Tapacari del departamento de Cochabamba, declaró probada la excepción de incompetencia territorial, disponiendo que por Secretaría se remita el legajo procesal ante el Juez de Instrucción Penal de turno de Viacha de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.1.). En consecuencia, el Fiscal codemandado, remitió el cuaderno de investigaciones a la Fiscal Departamental de Cochabamba, el 24 de noviembre de 2022, solicitando su derivación a la Fiscalía Departamental de La Paz, en cumplimiento a la declinatoria de competencia (Conclusión II.2). Posteriormente, el 26 de noviembre del citado año, la Fiscal Departamental de Cochabamba remitió el cuaderno de investigaciones al Fiscal Departamental de La Paz, quien, mediante decreto de 28 de igual mes y año, dispuso la remisión del cuaderno de investigaciones del proceso penal seguido contra el ahora accionante, a conocimiento del Responsable de Plataforma de la Fiscalía de Viacha, ordenándose su sorteo y la asignación del fiscal (Conclusión II.3). En ese contexto, se advierte que a pesar que el Auto Interlocutorio se emitió el 28 de octubre de 2022, el Fiscal codemandado, el 24 de noviembre del citado año, recién remitió el cuaderno de investigaciones a la Fiscalía Departamental de Cochabamba, permitiendo que transcurran veintisiete días de dilación indebida, ya que en ese tiempo no inició ninguna gestión efectiva para remitir el citado cuaderno, pese a conocer el contenido del Auto Interlocutorio. En tal sentido, esa inactividad no puede justificarse por trámites administrativos, ya que el deber de actuar con celeridad es para toda autoridad, sea judicial o administrativa, así como de los representantes del Ministerio Público, que conozcan una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de cualquier persona que se encuentre privada de su ejercicio, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Asimismo, se advierte que el Fiscal codemandado, tampoco hizo seguimiento alguno que permitiera asegurar que la reasignación en Viacha se concrete, lo que contribuyó a la prolongación del estado de indefensión del accionante. Bajo esas circunstancias se concluye que el Fiscal de Materia codemandado, incurrió en una demora injustificada en la remisión inicial del cuaderno de investigaciones, incumpliendo con su deber funcional, y su falta de seguimiento posterior mantuvo el estado de incertidumbre jurídica del accionante, que generó la extensión de la privación de libertad sin que se resuelva su situación jurídica; razón por la cual, corresponde la aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con el fin de que la mencionada autoridad adopte de manera inmediata las acciones necesarias para que el cuaderno de investigaciones llegue a la Fiscalía de Viacha; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada con relación al Fiscal de Materia demandado. Finalmente, es necesario aclarar que hasta la presentación de esta acción de libertad -6 de diciembre de 2022- no existía constancia de que el cuaderno de investigaciones hubiera llegado efectivamente a la Fiscalía de Viacha, ni tampoco se había asignado un nuevo fiscal, ni se habría definido la situación jurídica del accionante, quien continuaba privado de libertad, correspondiendo por ello, la aplicación de la acción de libertad traslativa y de pronto despacho.

c) Respecto al tercer acto lesivo denunciado de no designación de fiscal de materia El accionante denunció que, mediante memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, solicitó al Fiscal Departamental de La Paz, que asigne un fiscal para el Municipio de Viacha, en atención a la falta de autoridad fiscal en dicho lugar; sin embargo, esta solicitud no fue atendida ni respondida, situación que, a criterio del accionante, contribuyó a mantener su privación de libertad sin resolución jurídica. En ese sentido, si bien este hecho tiene relevancia material en la situación de indefensión denunciada, es necesario verificar si puede ser objeto de pronunciamiento constitucional dentro de esta acción de libertad; puesto que dicha autoridad no fue formalmente demandada y conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la legitimación pasiva en la acción de libertad exige una coincidencia entre la autoridad que cometió el acto u omisión lesiva y aquella contra quien se dirige la acción, para que se permita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada; en el caso presente, el accionante solamente demandó contra la Jueza demandada y el fiscal de materia codemandado, autoridades que carecen de legitimación pasiva respecto de este acto ilegal denunciado. En ese sentido, se concluye que si bien la falta de designación de Fiscal de Viacha por parte del Fiscal Departamental de La Paz, pudo agravar probablemente la situación procesal del accionante, esta autoridad no fue demandada formalmente en la presente acción de defensa; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada respecto de todos los actos y omisiones denunciados, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 33/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con relación a las autoridades demandadas, conforme a los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer lo siguiente: a) Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, una vez notificada con el presente fallo constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, verifique el destino actual del cuaderno procesal y realice las diligencias necesaria para que se efectivice la remisión de la causa seguida contra el accionante al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha, para que en esta instancia se asuma competencia, valore la situación jurídica del accionante y se resuelva lo que en derecho corresponda, salvo si ese acto procesal ya se hubiera realizado. b) Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia de la localidad de Tapacari del departamento de Cochabamba, una vez notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el plazo de veinticuatro horas, remita el cuaderno de investigaciones o, en su defecto, adopte las acciones necesarias para asegurar su efectiva recepción en la Fiscalía de Viacha, salvo que ese acto procesal ya se habría realizado en el transcurso del tiempo.

3° DENEGAR la tutela con relación a la denuncia de no designación de fiscal de materia, por no haberse demandado al Fiscal Departamental de La Paz situación que imposibilita un análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando

inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

7 El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”.

8 El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0476_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 43bb42eb501f7fc7e7b9f1a9dac4c1b4d5c9a33461b2fda3aa7e01329326d592

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