Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra detenido preventivamente por más de un año, cuatro meses y dieciocho días, al estar latentes los riesgos procesales insertos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP; ante ello, solicitó la cesación de su detención preventiva, empero, los Jueces accionados rechazaron la misma por Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, sin la debida fundamentación ni valoración de toda la prueba acompañada para desvirtuar los referidos peligros de fuga y de obstaculización. Ante ello, la Jueza accionada, que presentó el informe de descargo correspondiente en audiencia, sostuvo que, el impetrante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022 que dispuso mantener latentes los riesgos procesales descritos y rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, determinación asumida con la debida valoración de la prueba. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si los tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/22 de 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 23, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos asumidos en la Resolución remitida en revisión; y, 2° Llamar la atención a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 52362-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/22 de 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Díaz Villarroel en representación sin mandato de Sergio Andrés Parada Siles contra Yanet Noemy Paniagua Villa, Freddy Coronel Alacoma y Claret Llanos Martínez, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 3 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102012105595, el 17 de julio de 2021, se dispuso su detención preventiva por el lapso de noventa días, que fue ampliado por sesenta días más; empero, se encuentra detenido preventivamente ya un año, cuatro meses y dieciocho días, al estar latentes los riesgos procesales insertos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificados por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, ante ello solicitó cesación a su detención preventiva; empero, Yanet Noemy Paniagua Villa, Freddy Coronel Alacoma y Claret Llanos Martínez, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, -hoy accionados- sin la debida fundamentación ni valoración de toda la prueba, determinaron rechazar dicha solicitud. Refiere que, los Jueces accionados incumplieron con la obligación, de analizar, fundamentar y motivar sobre toda la prueba acompañada consistente en: a) Un contrato de arrendamiento a futuro con reconocimiento de firmas y acta de verificación domiciliaria realizada ante Notaría de Fe Pública que se hará efectiva una vez obtenga su libertad; y, b) Una Certificación de flujo migratorio, que desvirtúa los riesgos procesales insertos en los numerales 1 y 2 del art. 234 de la norma adjetiva citada; y la documentación consistente en: 1) Certificación de antecedentes Policiales y de Tránsito; 2) Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de No Violencia (CENVI); 3) La prueba que se encuentra glosada en el cuaderno de investigación del Ministerio Público y legajo procesal; 4) Las declaraciones de dos funcionarios policiales que fueron ofrecidos en calidad de testigos por el Ministerio Público por una supuesta acción directa; y, 5) Las declaraciones de la víctima y otros testigos; pruebas que también desvirtúan los riesgos procesales insertos en los numerales 1 y 2 del art. 234 y 235.2 del mencionado Código, no obstante ello, determinaron mantener latentes los riesgos procesales descritos. Finalmente, las autoridades judiciales accionadas no consideraron que la ampliación de su detención preventiva de sesenta días se encuentra vencida y que no existe una nueva solicitud de ampliación por el Ministerio Público, por lo que se encuentra indebidamente privado de libertad.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad, sin citar precepto constitucional ni convencional que los contenga.
El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia solicitó se conceda la tutela impetrada “…ordenando que sí le dé la valoración necesaria (…) conceda y restituya la libertad (…) ordenen esa correcta valoración al tribunal y que dejen formalismos odiosos…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 20., se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia refirió que: i) Afirmar que no se desvirtuó los riesgos procesales insertos en el numeral 2 del art. 235 del CPP, al estar pendiente la pericia y de influir negativamente en los testigos; no correspondería, ya que no sería su responsabilidad la realización de pericia ni que los testigos no hayan prestado su declaración; ii) Sobre la prueba que no pudo ser revisada hoja por hoja por los Jueces accionados, que se encuentra glosada en el cuaderno de investigación y legajo procesal y al no haberse especificado a qué fojas se encontraba, no sería coherente la observación tomando en cuenta que se encontraban con el expediente original y podían verificar en el momento; y, iii) Se encuentra con detención preventiva por más quinientos días, que no puede ser considerada como una condena anticipada, debiendo permitir defenderse en libertad y demostrar su inocencia.
Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) En la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva se dispuso mantener latentes los riesgos procesales en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 239.1 del CPP, habiéndose valorado la totalidad de la prueba acompañada por el hoy impetrante de tutela; b) El accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el rechazo a la cesación de su detención preventiva; y, c) Se estaría confundiendo la jurisdicción constitucional con la ordinaria, sin considerar que la primera no podría valorar actos propios de la jurisdicción ordinaria. Freddy Coronel Alacoma y Claret Llanos Martínez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia constitucional ni remitieron informe alguno pese a sus legales citaciones cursantes de fs. 10 a 13.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 22/22 de 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 23., denegó la tutela solicitada, con costas a ser “emitidas” en ejecución de sentencia, llamando la atención a la parte accionante por activar un mecanismo equivocado y dilatar el trabajo del “Tribunal de Garantías Constitucionales” (sic). Ello con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme a lo previsto en los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) la acción de libertad es un mecanismo extraordinario que puede ser impetrado por quien considere que se encuentra indebidamente detenido, indebidamente procesado, o indebidamente perseguido, tutela el derecho a la libertad, a la vida, y a la salud; 2) Con relación al acto lesivo el peticionante de tutela refirió que, lleva detenido poco más de un año y cuatro meses, habiendo acudido a la jurisdicción ordinaria, ante el juez a quo solicitando cesación a la detención preventiva, fundado en el art. 239.1 del CPP, la modificación de dicha medida cautelar personal, y que ésta fue denegada el 5 de diciembre de 2022; empero, omitió señalar que, en audiencia de manera oral interpuso apelación incidental de conformidad al art. 251 del citado Código, así, “...este Tribunal de Garantías de la revisión del expediente original, remitido a este tribunal, N° 164/2022 a fojas 320 en original constata que a posterior de dictar el por tanto, el abogado de la defensa hace uso del artículo 251 del Código Procedimiento Penal...” (sic); y, 3) El impetrante de tutela hizo uso del recurso de apelación incidental y sin esperar su resolución, activó este mecanismo constitucional extraordinario.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. No se cuenta con ninguna documentación que hubiera sido presentada por las partes procesales o remitida por la Sala Constitucional que conoció la presente acción de defensa; por lo que, el análisis a realizarse se basará en los argumentos vertidos por dichos sujetos procesales, la verificación y relación procesal realizada por la Sala Constitucional.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra detenido preventivamente por más de un año, cuatro meses y dieciocho días, al estar latentes los riesgos procesales insertos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del CPP; ante ello, solicitó la cesación de su detención preventiva, empero, los Jueces accionados rechazaron la misma por Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, sin la debida fundamentación ni valoración de toda la prueba acompañada para desvirtuar los referidos peligros de fuga y de obstaculización. Ante ello, la Jueza accionada, que presentó el informe de descargo correspondiente en audiencia, sostuvo que, el impetrante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022 que dispuso mantener latentes los riesgos procesales descritos y rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, determinación asumida con la debida valoración de la prueba. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si los tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre el particular, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sostuvo: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (...)
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física” (las negrillas nos corresponden).
Identificado como se tiene el objeto procesal de esta acción de libertad -en el acápite III de este fallo constitucional-, cabe inicialmente precisar que, la acción de libertad se configura como un mecanismo de defensa eficaz para restablecer aquellos derechos lesionados que comprenda su ámbito de protección, en caso además que excepcionalmente no existan medios procesales específicos que sean idóneos, eficientes y oportunos en la restitución de los derechos que se restringen.
En este sentido, es pertinente considerar la jurisprudencia constitucional glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que, dentro sus lineamientos afianzó que, ante la existencia de presuntas irregularidades y/o defectos jurisdiccionales que contendrían las resoluciones dictadas dentro del régimen de medidas cautelares de carácter personal que afecten el derecho a la libertad, resulta necesario que con carácter previo a activar esta acción de defensa se promueva el recurso de apelación incidental, previsto en art. 251 del CPP, a fin de que la instancia superior en grado -de ser viable- corrija las posibles arbitrariedades en las que hubiese incurrido la autoridad judicial a quo, por cuanto este medio impugnaticio procesal penal detenta las condicionantes de rapidez, idoneidad y efectividad, posibilitando que con mayor celeridad se reparen los defectos jurisdiccionales que se hubiesen generado, conforme a lo cual, esta vía de defensa tutelar no puede ser comprendida como un medio alternativo que provoque confrontación con la jurisdicción ordinaria.
En ese orden de ideas y siendo que el cuestionamiento medular planteado en esta acción tutelar versa en el presunto indebido rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva del ahora accionante, tal reclamación no puede ser atendida de forma directa por esta jurisdicción constitucional, dado que como se tiene precisado ut supra el ordenamiento jurídico aplicable prevé y tiene regulado el mecanismo de la impugnación contenido en el art. 251 del CPP, mismo que dentro del diseño procesal penal -en caso de corresponder- posibilita al Tribunal de alzada a reparar las presuntas irregularidades que se hubiesen cometido en instancia inferior; dinámica procesal que además, en el marco de la verificación al expediente original correspondiente al proceso penal del cual emerge esta acción defensa efectuada por la Sala Constitucional, fue activada por la defensa técnica del procesado -hoy peticionante de tutela-.
Bajo tales razonamientos se puede concluir en la aplicación de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, con la consecuente imposibilidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, deviniendo su efecto emergente en la denegatoria de la tutela solicitada.
Resuelta la problemática planteada este Tribunal dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, advierte que, aún de que los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz tuvieron acceso al expediente correspondiente a la causa penal seguida contra el ahora accionante y verificar en sus actuados procesales la interposición del recurso de apelación incidental planteado contra la determinación asumida en el Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, incumplieron su remisión en revisión, inobservando de esta manera el mandato de los arts. 29.4 inc. e) y 38 del CPCo. Razón que impele a emitir la llamada de atención respectiva, a fin de que en posteriores actuaciones cumplan con la remisión íntegra de cada actuado y elemento probatorio inherentes a la acción tutelar y a los cuales hubiesen tenido acceso por inmediación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/22 de 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 23, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos asumidos en la Resolución remitida en revisión; y, 2° Llamar la atención a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0476_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): ace6f70acf7878cd5599dacd7c2561d5d23f73fe071c55cd8d55b060afbe64dc
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