B.IA.LEGAL

SCP 0476/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54950-2023-110-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alega la vulneración de su derecho a la propiedad privada; toda vez que el demandado junto a otras personas, el 23 de diciembre de 2022, irrumpieron portando herramientas y material de construcción en el predio de su propiedad, sin respaldo legal ni judicial alguno, motivo por el que el personal a su cargo tuvo que ser retirado del lugar para resguardar su seguridad personal; desconociendo la titularidad que tiene sobre el mismo a partir de la firma de un contrato de compra venta suscrito el 16 de agosto de 2016, con la empresa BOLIVIANA DE BIENES Y RAÍCES S.A., predio en el que realizó trabajos periódicos de limpieza, estudios para la apertura de caminos, perfilado de vías y servicios básicos; por lo que, considera que se intentó tomar posesión del mismo, existiendo una amenaza directa, cierta y latente que pone en riesgo el uso, goce y disposición del indicado bien, dado que el demandado busca ejecutar una medida de hecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; b) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; c) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas de hecho, d) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y just…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 32/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° Llamar la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez Vocales de la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, por no observar rigurosamente la jurisprudencia constitucional en vigencia y suplir los presupuestos en ella establecidos por otros elementos fácticos y probatorios no idóneos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas de hecho
  4. III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia
  5. III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  6. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2025-S1 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54950-2023-110-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jonatan Gabriel Valdivia Laredo en representación de la empresa TERRASUR LTDA. contra Pedro Florencio Condori Mamani.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 14 a 23, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

TERRASUR Ltda. tiene la posesión de un lote de terreno de 20 000 m, derecho emergente de un contrato de compra venta suscrito el 16 de agosto de 2016, con la empresa Boliviana de Bienes Raíces Sociedad Anónima (BBR S.A.), con registro en la oficina de Derechos Reales (DDRR) con la matrícula 2.01.3.01.0007072, ubicado en el ex fundo Amachuma, provincia Murillo del departamento de La Paz, encontrándose pendiente el registro del derecho propietario posterior a la indicada transferencia. En el referido predio, realizaron trabajos periódicos de limpieza y estudios para la apertura de caminos, perfilado de vías y servicios básicos; empero, el 23 de diciembre de 2022, el demandado junto a otras personas no identificadas, haciendo uso de la fuerza, pretendieron tomar el bien inmueble vía avasallamiento, portando herramientas y material de construcción denotando su ingreso para realizar edificaciones, habiéndose retirado del lugar al ver que se convocó a la sociedad propietaria y al personal de seguridad.

De acuerdo al plano del lote, el indicado predio se encuentra identificado, el demandado y otras personas, intentaron tomar posesión del mismo, afectando su derecho de propiedad mediante medidas de hecho, dado que no existe una decisión judicial o precepto legal que respalde sus actos; siendo evidente que existe una amenaza directa, cierta y latente que poner en riesgo el ejercicio del uso, goce y disposición del bien, puesto que el demandado busca ejecutar una medida de hecho.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada; citando al efecto los arts. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga el cese de todo acto e intento de avasallamiento y ocupación ilegal del bien inmueble de su propiedad, garantizándose su posesión y el ejercicio del derecho afectado, más el resarcimiento por los daños ocasionados a la propiedad en $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses), más costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

En la audiencia pública de la presente acción de amparo constitucional celebrada el 27 de febrero de 2023, -siendo lo correcto 9 de marzo- según consta en acta cursante de fs. 41 a 43, se produjeron los siguientes actuados: 1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia ratificó los fundamentos expuestos en la acción de amparo constitucional presentada, exponiendo además lo siguiente: a) TERRASUR Ltda. es una sociedad con actividades inmobiliarias, con oficinas principales en la ciudad de La Paz, con bienes inmuebles en varios departamentos del país, entre estos en el ex fundo Amachuma; b) Una tutela preventiva puede devenir en prohibición de innovar, de ingreso por parte de los demandados, no siendo exigible que el acto ilegal se hubiera consumado, más aún considerando que la existencia de acciones que van a evidenciarse como una amenaza cierta y evidente a consumarse, razón por la que acuden a la justicia constitucional; y, c) La sociedad "BBR" que les transfirió el bien inmueble, también sufrió actos similares por el demandado y otras personas casi una década atrás, habiéndose interpuesto las acciones penales correspondientes.

I.2.2. Informe de la persona demandada

Pedro Florencio Condori Mamani, no presentó informe alguno ni se presentó en la audiencia de garantías, pese a su legal notificación mediante edicto de 7 de marzo de 2023, cursante a fs. 38. Sin embargo, a través de memorial de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 222 a 227, manifestó que: 1) No fue emplazado con la demanda constitucional interpuesta en su contra, razón por la que no hizo valer sus derechos al haber sido notificado mediante edictos que devino en la emisión de una injusta resolución constitucional tramitada con hechos irregulares, motivo por el que se apersonó ante este Tribunal; 2) El 2021 presentó una demanda de nulidad contra Julio Mamani y Yola Poma de Mamani, y la empresa BOLIVIANA DE BIENES RAICES S.A. representada por Ronald Hernan Kempff Bacigalupo y Pedro Pablo Nina Luna., quienes fueron terceros interesados en la presente acción de defensa, por lo que conocían la referida demanda civil -en el que fueron demandados y por ende, afectado su derecho propietario- y sus generales de ley; 3) La declaración judicial de nulidad afectaría los derechos de los ahora terceros interesados, quienes además con base en la resolución constitucional ya emitida dentro de la presente causa constitucional, seguramente le iniciarán un proceso penal por supuesto incumplimiento de resoluciones constitucionales, para luego ser despojado de su terreno, ya que los Vocales Constitucionales reconocieron que la posesión estaría siendo ejercida por el impetrante de tutela; 4) Reiteró que la acción de amparo constitucional resuelta, versa sobre el mismo inmueble que fue objeto de litis en el proceso de conocimiento en la vía ordinaria, aclarando que dicha parcelas las adquirió por dotación que mantuvo su posesión sobre las mismas, con pastoreo de ganado y labores agrícolas; 5) Presentó la citada demanda civil al enterarse que su firma fue falsificada por personas que transfirieron su inmueble en favor de una persona jurídica, empero esta última -durante el citado proceso civil- no activó ningún mecanismo judicial contra los supuestos vendedores, es más, adjuntaron contratos incongruentes y de diferente fecha, a saber, el testimonio 793/2011 de 3 de noviembre referido a la transcripción de una minuta de compra venta de 31 de octubre de 2011, por la suma de Bs30 000 (treinta mil bolivianos) y un contrato privado con reconocimiento de firmas de 30 de mayo de 2011, cuya cláusula cuarta consigna $us.30 000 (treinta mil dólares estadounidenses); 6) La "persona jurídica", en la causa civil, tanto en la contestación y en la reconvención, no citó la supuesta compra venta de 16 de agosto de 2016, expuesta en la presente acción de amparo constitucional-, haciendo incurrir en error a los Vocales Constitucionales; 7) La resolución constitucional 32/2023, refirió que no se conocían sus datos cuando estos -incluso su domicilio real- eran sabidos en la vía penal por un supuesto delito de avasallamiento seguido en su contra; 8) Le llamó la atención la inexistencia de certificación vecinal o comunal, máxima si se tuteló la posesión de una parcela baldía, sin considerar que la posesión la venía ejerciendo por su parte con el cumplimiento de la función social; 9) Conforme a la jurisprudencia constitucional, para alegar avasallamiento es necesario acreditar la titularidad; 10) Existe una contradicción al señalar que se le habría transferido el referido bien inmueble a la empresa TERRASUR SRL. el 2016, empero la "persona jurídica" a tiempo de contestar la demanda civil adjuntó documentos privados con temporalidad en el 2011 y luego legalizadas el 2021, dejando la duda sobre la venta del predio en dos oportunidades; 11) En la reconvención de usucapión decenal dentro de la causa civil, no se mencionó ninguna de las supuestas ventas, sin adjuntar ninguna certificación vecinal o comunal, dejando en evidencia que nunca estuvieron en posesión; 12) Los testigos de cargo son los mismos que declararon voluntariamente en la presente acción de amparo constitucional, quienes no tienen domicilio en Amachuma, sino en Llojeta y Bajo Seguencoma de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; 13) El representante de la empresa BOLIVIANA DE BIENES Y RAICES S.A., que también contestó la demanda civil, al participar como tercero interesado en la presente acción de defensa, no señaló nada sobre la citada causa civil durante su intervención; 14) La "persona jurídica" logró recusar a la jueza de la causa civil, aunque en una segunda oportunidad tal recusación fue rechazada, posteriormente interpusieron una compulsa que fue declarada ilegal, habiendo recusado un un perito, formulando excepciones que no fueron acogidas favorablemente, reconvenciones con usucapión quinquenal y decenal, todo para lograr que se dilate el proceso desde el 2021, aspecto que perjudicó sus intereses, dado que los Vocales Constitucionales reconoció la posesión, elemento que incidirá en el proceso civil de manera negativa a su pretensión; y, 15) Se está ventilando un proceso civil que tiene como objeto de Litis al mismo bien inmueble objeto de tutela de la presente acción de amparo constitucional, por lo que no concurriría la flexibilización del principio de subsidiariedad. Por los motivos expuestos, solicitó que se revoque la Resolución 32/2023 emitida por la Sala Constitucional Tercera de La Paz.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

La empresa Boliviana de Bienes y Raíces S.A., mediante memorial de 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 53, y a través de su representante, en audiencia de la presente acción de defensa manifestó que el 16 de agosto de 2016 suscribieron un contrato de compra y venta con la empresa TERRASUR Ltda., con todas las formalidades de rigor, habiéndose pagado el precio justo y procediéndose a la entrega del bien inmueble; por tal motivo, se allanaron a la acción de amparo constitucional y la petición de tutela formulada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, a través de la Resolución 32/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso el cese de todo acto o intento de avasallamiento de ocupación ilegal del bien inmueble lote de terreno, con una extensión superficial de 20 000m ubicado en el ex Fundo Amachuma, provincia Murillo, registrado con la matrícula 2013010007072, por parte de Pedro Florencio Condori Mamani y otras personas no identificadas, determinando expresamente la prohibición de ingreso del indicado demandado y terceras personas no identificadas al referido bien inmueble, actualmente en posesión de la empresa TERRASUR Ltda. respaldado por el derecho propietario de la empresa Boliviana de Bienes y Raíces S.A.; declarando sin lugar a considerar el pago de costas y costos a los demandados, debido a la naturaleza preventiva de la concesión de tutela; tal determinación, se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Ante la comisión de medidas de hecho, la jurisprudencia constitucional efectuó una flexibilización de del principio de subsidiariedad, pudiendo la justicia constitucional intervenir de forma directa; ii) Conforme a lo antes señalado y en razón a la imposibilidad fáctica para identificar a quienes hubiesen pretendido realizar actos de avasallamiento, pudiendo activarse la acción de amparo constitucional contra personas desconocidas; asimismo, la parte accionante puede acreditar la comisión de medidas hecho a través de cuanto medio probatorio esté a su alcance; en cuanto a la titularidad sobre el bien afectado, se estableció que también es válida la acreditación de cualquier documento público que acredite la traslación del derecho propietario; iii) La empresa accionante sí cuenta con posesión legítima como consecuencia del contrato de compraventa suscrito en la gestión 2016, por el cual adquirió el predio de la Empresa Boliviana de Bienes y Raíces S.A., de ahí que le asiste una pacífica posesión respecto a este derecho propietario sobre el indicado bien inmueble ubicado en el ex fundo Amachuma; iv) La parte accionante presentó las declaraciones voluntarias de Luis Alberto Tito Claure y Juan José Mendoza Quispe, documentación que consideraron idónea, dado que el primero de los nombrados refirió que el 23 de diciembre de 2022, en su calidad de topógrafo, cuando realizaba estudios y análisis de los terrenos de TERRASUR Ltda en el ex fundo Amachuma, aproximadamente a horas 9:20, se acercaron varias personas con materiales de construcción, identificándose uno de ellos como Pedro Florencio Condori Mamani, quienes intentaron ingresar por la fuerza y -se reitera- con materiales de construcción, con la aparente intención de levantar muros o algún tipo de construcción en el indicado terreno, empero aunque luego se retiraron del lugar, lo hicieron vertiendo amenazas y gritos desconociendo el derecho de la citada empresa, razón por la que desde entonces no se pudo concluir los estudios topográficos en dicho terreno; v) Juan José Mendoza Quispe, sostuvo que el mismo 23 de diciembre de 2022, un varón y tres mujeres de los que desconoce su identidad, se acercaron al bien inmueble de propiedad de TERRASUR Ltda. asegurando que dicho lote era de su propiedad y que iban a tomar el predio a como dé lugar; vi) La documentación presentada por la parte accionante, dio cuenta que el 23 de diciembre de 2022 se generaron actos de amenaza respecto al derecho de propiedad y posesión que tiene la empresa accionante, mediante actos de toma de una propiedad privada, prescindiendo de mecanismos institucionales asumiendo actos de hecho que se encuentran en contraposición al orden público; vii) En la vía preventiva y para impedir mayores actos de amenaza, se consideró que los actos desplegados por Pedro Florencio Condori Mamani y otras personas no identificadas, el 23 de diciembre de 2022, suponen una situación de amenaza que, con el tiempo, pueden materializarse en un acto efectivo de avasallamiento; viii) Corresponde acoger la tutela únicamente en la vía preventiva, frente a la existencia de una amenaza cierta respecto del derecho propietario y pacífica posesión que le asiste a la empresa ahora accionante, tutela que requiere de un dimensionamiento a ser determinados; y, ix) La empresa accionante no acreditó un derecho consolidado a partir de la suscripción y registro en la oficina de Derechos Reales, empero ello no resta eficacia al contrato de compraventa suscrito con la empresa Boliviana de Bienes y Raíces S.A. más aún si la indicada empresa se presentó en audiencia de garantías y reiteró la legitimidad del derecho propietario que ostenta la empresa ahora accionante. Mediante memorial de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 389 a 394 vta., Pedro Florencio Condori Mamani, solicitó complementación y enmienda, específicamente pidiendo que no se reconozca la posesión sobre la parcela de terreno al accionante, dado que la misma está en controversia; enmendándose que la prohibición de ingreso a su parcela de terreno se suspende en tanto se resuelva la causa constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de la adopción de otras medidas que se consideren pertinentes. Sobre el particular, el Presidente de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró no ha lugar a la referida solicitud, por extemporánea, disponiendo su remisión a este Tribunal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta el contrato privado de compra y venta de un lote de terreno ubicado en el ex fundo Amachuma, provincia Murillo del departamento de La Paz, con una superficie de 20 000 m2, registrado en la oficina de Derechos Reales con la matrícula 2.01.3.01.0007072; asimismo, adjunta un folio real correspondiente a un lote de terreno ubicado en el ex fundo Amachuma, provincia Murillo del departamento de La Paz, con matrícula 4433360, asiento 2, registrado a nombre de EMPRESA BOLIVIANA DE BENES RAICES BBR S.A.(fs. 9 y vta.; y, 13 y vta.). II.2. Cursa la Declaración Voluntaria 53/2023 de 30 de enero de 2023, realizada por Juan José Mendoza Quispe, quien precisó que: “...aquel día me constituí en el lugar con mis compañeros de trabajo con el objeto de concluir y llevar adelante un análisis topográfico; mientras yo sacaba mis herramientas de trabajo, cuatro personas, un varón y tres mujeres, de los cuales desconozco sus identidades, con carretillas, picos, y palas, se me aproximaron y amedrentaron, asegurando que el lote era de su propiedad y que iban a tomar el mismo a como dé lugar; resaltar que en reiteradas ocasiones ya había realizado trabajos en el lugar junto a otros compañeros y era la primera vez que acontecía tal situación, lo cual intimido a mi persona, por lo que trate de explicarles que yo conocía el lote como propiedad de Terrasur Ltda. y meses antes había realizado trabajos y nunca había sucedido tal situación; sin embargo, aquellas personas continuaron agrediéndome verbalmente e incluso tratando de hacerlo físicamente, tal fue la intimidación hacia mi persona que les dije que llamaría a la policía sin o se retiraban de lugar, en consecuencia se retiraron vertiendo amenazas e indicando que llamaría a otros comunarios; inmediatamente llamé al supervisor del proyecto, quien me indicó que me retirara del lugar a fin de resguardar mi bienestar y que inmediatamente se apersonaría personal de seguridad y analizaría el inicio de las acciones correspondientes" (sic [fs. 11 y vta.]). II.3. A través de los memoriales de 12 de febrero y 19 de marzo, ambos de 2021, Pedro Florencio Condori Mamani, interpuso una demanda ordinaria de nulidad de contrato de 15 de abril de 1998, cursante en la escritura pública 793/2011 de 3 de noviembre de 2011, franqueado por la Notaria de Fe Pública 56 de la ciudad de La Paz y se ordene la cancelación de los asientos 1 y 2 de la matrícula computarizada 2013010007072 debiendo rehabilitarse la partida 01433360 a nombre suyo -un lote de terreno-sobre una superficie de 20 000 m2, más pago de daños y perjuicios (fs. 59 a 68 vta. y 69 a 71.) II.4. Mediante la certificación de 11 de mayo de 2023, Eddy Luis Condori Mamani, Secretario General de la Comunidad Amachuma, provincia Murillo del departamento de La Paz, certificó que Pedro Florencio Condori Mamani es comunario natural de Amachuma y legítimo propietario de la parcela de terreno denominado ex fundo Amachuma, conocido también como Karachamaya sector cementerio Prados de Ventilla, "...en el que trabajo con toda su familia, cumpliendo la función social, asi mismo cumpliendo todas las obligaciones, usos y costumbres de la comunidad" (sic[fs. 216]),

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega la vulneración de su derecho a la propiedad privada; toda vez que el demandado junto a otras personas, el 23 de diciembre de 2022, irrumpieron portando herramientas y material de construcción en el predio de su propiedad, sin respaldo legal ni judicial alguno, motivo por el que el personal a su cargo tuvo que ser retirado del lugar para resguardar su seguridad personal; desconociendo la titularidad que tiene sobre el mismo a partir de la firma de un contrato de compra venta suscrito el 16 de agosto de 2016, con la empresa BOLIVIANA DE BIENES Y RAÍCES S.A., predio en el que realizó trabajos periódicos de limpieza, estudios para la apertura de caminos, perfilado de vías y servicios básicos; por lo que, considera que se intentó tomar posesión del mismo, existiendo una amenaza directa, cierta y latente que pone en riesgo el uso, goce y disposición del indicado bien, dado que el demandado busca ejecutar una medida de hecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; b) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; c) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas de hecho, d) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; e) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; y, f) Análisis del caso concreto.

III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, reiterada por la SCP 0119/2018-S2 de 11 de abril y la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio -entre otras-, sistematizó y desarrolló el siguiente razonamiento:

La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: “...tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/1012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1 expresó que la acción de amparo constitucional:

En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:

Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, activación procede sobre la la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados.

No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.

III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y 1El FJ III.3, expresa: “...debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas).

2El FJ III.1, señala: “... Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (...)”.

3El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: "a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

... sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho" cuya base ideológica es "un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como "Estado de derecho legislativo" o "Estado legal de Derecho", empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “...un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “...no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”.

Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de "Estado de derecho", debido a que en esta última fórmula "Estado Constitucional de Derecho": a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.

De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

...i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema (las negrillas son agregadas). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas servidores públicos a asumir justicia por mano propia; con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos, que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en 4La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “...todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”.

Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras. 5La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble.

6La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “... aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”. Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras. 7Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.

el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.

En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.

En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).

Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única...”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.

En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión (las negrillas son incorporadas). Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril- que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-.

En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: 1) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, 2) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.

En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: i) Preventiva y/o ii) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto.

Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado.

En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.

Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria.

La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad12; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis 11La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: "...la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho".

12En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 13La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 14La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “...el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: "...en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías meses; y, d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

A lo anotado, corresponde señalar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros.

Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina:

Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante alega la vulneración de su derecho a la propiedad privada; toda vez que, el demandado junto a otras personas, el 23 de diciembre de 2022 irrumpieron portando herramientas y material de construcción en el predio de su propiedad, sin respaldo legal ni judicial alguno, motivo por el que el personal a su cargo tuvo que ser retirado del lugar para resguardar su seguridad personal; desconociendo la titularidad que tiene sobre el mismo a partir de la firma de un contrato de compra venta suscrito el 16 de agosto de 2016 con la empresa de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”.

15SCP 0998/2012, FJ III.4.

BOLIVIANA DE BIENES Y RAÍCES S.A., predio en el que realizó trabajos periódicos de limpieza, estudios para la apertura de caminos, perfilado de vías y servicios básicos; por lo que considera que se intentó tomar posesión del mismo, existiendo una amenaza directa, cierta y latente que pone en riesgo el uso, goce y disposición del indicado bien, dado que el demandado busca ejecutar una medida de hecho. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, son presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional para la denuncia de medidas de hecho, no es exigible agotar previamente otras vías, como la ordinaria civil acreditada en la presente causa constitucional mediante los memoriales de 12 de febrero y 19 de marzo, ambos de 2021, que ponen en evidencia que Pedro Florencio Condori Mamani -ahora demandado-, interpuso una demanda ordinaria de nulidad de contrato de 15 de abril de 1998, cursante en la escritura pública 793/2011 de 3 de noviembre de 2011, franqueado por la Notaria de Fe Pública 56 de la ciudad de La Paz, por la que, ciertamente, pidió la cancelación de los asientos 1 y 2 de la matrícula computarizada 2013010007072 debiendo rehabilitarse la partida 01433360 a nombre suyo, sobre un lote de terreno con una superficie de 20 000 m2, más pago de daños y perjuicios (Conclusión II.4). Empero, conforme a la SCP 0998/2012 y 1478/2012, citadas en el referido Fundamento Jurídico III.5, para el caso de vías hecho vinculadas a avasallamiento, al margen de la carga probatoria sobre la efectiva comisión de las mismas, el peticionante dé tutela debe acreditar la titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejercicio vías de hecho, aspecto que debe ser demostrado con el registro de propiedad en mérito al cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; pero además, para los supuestos de avasallamiento u ocupaciones por vías de hecho de predios rurales privados, cuando se denuncia perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial.

Al respecto, se debe tener presente que si bien la citada demanda ordinaria de nulidad de contrato interpuesta por Pedro Florencio Condori Mamani -ahora demandado- contra Julio Mamani, Yola Poma de Mamani y la EMPRESA BOLIVIANA DE BIENES RAÍCES BBR S.A. -que posteriormente transfirió mediante contrato privado de compra venta el mismo lote de terreno a la empresa ahora accionante- no constituye una causal para invocar el principio de subsidiariedad en la presente causa constitucional; empero, su contenido permite advertir que aún no existe una resolución judicial emitida por autoridad competente que permita establecer y acreditar la posesión legal del bien por parte de la citada BBR S.A. -vendedora- ni de la empresa accionante TERRASUR Ltda. -impetrante de tutela-, misma que tampoco acreditó la titularidad oponible frente a terceros mediante un folio real y registro de su derecho propietario en la oficina de Derechos Reales.

Sobre el particular, se debe tener presente que si bien el contrato privado de compra venta de un lote de terreno suscrito el 16 de agosto de 2016 (Conclusión II.1), refiere a una matrícula de Derechos Reales 2.01.3.01.0007072, empero el Folio Real adjunto registra la titularidad del referido lote de terreno a nombre de la EMPRESA BOLIVIANA DE BIENES RAÍCES BBR S.A., pero no a favor de TERRASUR Ltda. -actual impetrante de tutela-. El referido folio real, también cursa a fs. 80 del expediente constitucional, sin que sea posible identificar en el citado documento el número de matrícula referido en el citado contrato de compra venta y en la acción de amparo constitucional; en consecuencia, para solicitar la tutela del derecho propiedad, tal como ha sido planteado en este mecanismo de defensa por la parte accionante, se requiere que acredite la titularidad del invocado lote de terreno mediante la matrícula y registro correspondiente en la Oficina de Derechos Reales, condición que no fue acreditada documentalmente ni cumplida; ahora bien, para el caso de la tutela de la posesión y conforme a los presupuestos del citado Fundamento Jurídico III.5, debió acreditar su posesión legal del bien en relación al que cual se denunció la comisión de vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, de manera que no esté sometida a controversia judicial, aspecto que tampoco fue debidamente cumplido a tiempo de interponer la presente acción de amparo constitucional. Finalmente, se debe tener presente que el motivo principal de la decisión de la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz para conceder la tutela solicitada, fue la existencia de una amenaza cierta y latente de avasallamiento o perturbación de la posesión y propiedad de TERRASUR Ltda., a través de medidas de hecho por parte de Pedro Florencio Condori Mamani y otras personas no identificadas, sin respaldo legal ni judicial. La Sala actuó bajo la premisa de la flexibilización del principio de subsidiariedad en casos de medidas de hecho, permitiendo una intervención directa de la justicia constitucional. Consideró que la empresa TERRASUR Ltda. tendría una posesión legítima derivada de un contrato de compraventa, y que la documentación y los testimonios presentados demostraron que se generaron actos de amenaza que ponían en riesgo el ejercicio de sus derechos de uso, goce y disposición del bien inmueble; por tal motivo, la tutela fue concedida de manera preventiva para impedir que la amenaza se materialice en un avasallamiento efectivo y para proteger el derecho propietario y la posesión pacífica de la empresa, empero, omitió exigir y verificar la acreditación de tales condiciones pues conforme a la jurisprudencia constitucional tantas veces referida y a los presupuestos en ella expuestos para el acceso a la justicia constitucional denunciando medidas o vías de hecho, específicamente, la propiedad con un título oponible frente a terceros y posesión mediante una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no admita controversia judicial pendiente. La referida Sala Constitucional suplió tales exigencias jurisprudenciales con la Declaración Voluntaria 53/2023 de 30 de enero de 2023 realizada por Juan José Mendoza Quispe, empero el contenido de la misma únicamente se refiere a labores topográficas interrumpidas por el demandado y otras personas no identificadas, sin aportar mayores elementos sobre las titularidad o posesión del lote de terreno conforme a las condiciones establecidas en la jurisprudencia constitucional. Por los motivos antes expuestos, corresponde denegar la tutela solicitada. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, no obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 32/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° Llamar la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez Vocales de la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, por no observar rigurosamente la jurisprudencia constitucional en vigencia y suplir los presupuestos en ella establecidos por otros elementos fácticos y probatorios no idóneos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

Notas al pie

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural (las negrillas nos corresponden). ...establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida (las negrillas son nuestras).

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8 EI FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.

9 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: "...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que:`... la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto ́".

10 La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0476_2025-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): ffd3d0f9ec0a846afd6ae1a95891d5f1c8bf6aa30e2a0f2994bc49542a0ccf31

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